Servicios públicos
Concluye el contrato de ambulancias del Servicio Extremeño de Salud entre acusaciones de improvisación y de adjudicación “a dedo”

Merece la pena, para contextualizar la situación a la que se ha llegado, hacer un breve repaso cronológico de la cuestión. Así, en junio de 2017, y mediante el preceptivo concurso público, el servicio de transporte sanitario en Extremadura pasó a quedar en manos de una empresa de Andalucía, Ambulancias Tenorio e Hijos. Sucedía, de este modo, al Consorcio Extremeño de Transporte Sanitario, antigua adjudicataria. Ya en ese momento saltó la polémica, habida cuenta de que la Junta de Extremadura convocó la licitación del transporte sanitario por 139.635.540 euros (para cuatro años de duración) y primando la oferta económica, que en el caso de Ambulancias Tenorio fue presentada sobre un montante de 122.600.000 euros (el consorcio extremeño lo hizo por 131.676,314 euros). Siendo la oferta más económica la de la empresa andaluza, se hizo con el contrato y empezó a gestionar el servicio de ambulancias de la región, pero levantando todo tipo de dudas al entenderse desde distintas fuentes que recogía un presupuesto considerablemente más reducido que el propuesto por la propia Administración, y bastante lejos del que los antiguos adjudicatarios reconocían básico para poder cubrir todos los compromisos.

Efectivamente, los problemas de todo tipo (de atención y gestión, de derechos laborales, de subrogación contractual de trabajadores...) no cesaron de sucederse provocando numerosas quejas, denuncias y hasta una recogida de 30.000 firmas. Tenorio atribuyó todo ello a una campaña orquestada de boicot a su contrato que focalizó en tres trabajadores, a quienes incluso llevó a los tribunales con el resultado de que, con fecha de 27 de julio de 2018, el Juzgado de Instrucción número 1 de Mérida archivó la denuncia.

Saltamos Extremadura

Continúa polémica servicio ambulancias Extremadura

Abel Álvarez Germán

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Servicios públicos

Continúa polémica servicio ambulancias Extremadura

Abel Álvarez Germán

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SGTEX denuncia que las nuevas ambulancias del SES incumplen muchas de las prescripciones de los pliegos. Desde el inicio de la gestión de Ambulancias Tenorio en Extremadura ha estado envuelta en la polémica.

Esta situación, tildada de caótica desde diversos agentes sociales ―y recordemos que provocada por una adjudicación donde, en contra de numerosas opiniones, se hizo primar estrictamente el apartado económico― afectó profundamente a un servicio que resulta fundamental para una comunidad autónoma geográficamente muy extensa, de comunicaciones complejas y donde un altísimo porcentaje de sus habitantes reside en un medio rural que, ocasionalmente, presenta altas tasas de envejecimiento y dependencia.

Todo debiera haber quedado resuelto para el 28 de enero de 2022 (cuando finiquita el contrato de Ambucoex), algo que evidentemente no ha sucedido y que abre un enorme interrogante acerca del destinatario final de un contrato más que apetitoso y de un servicio fundamental en la región

Así las cosas, a finales de 2020 se produjo la esperable rescisión del contrato de adjudicación y el servicio pasó a manos de Ambucoex, una Unión Temporal de Empresas (UTE). El trámite fue de urgencia y contemplaba un año de duración, virtualmente todo el 2021. En el verano de ese mismo año se puso en marcha el proceso de licitación que debería resolver la situación de forma definitiva (para cuatro años prorrogables a cinco), pero resultó recurrido por sindicatos y empresas, y siendo el pliego declarado nulo por la Comisión Jurídica de la Junta de Extremadura (entre otras cosas, se apreciaba que la oferta económica tenía en el mismo un peso del 52%, cuando no debiera de pasar del 49%). Nada menos que 154 millones de euros en el aire (208 en el caso de darse ese quinto año contemplado de prórroga).

En cualquier caso, todo debiera haber quedado resuelto para el 28 de enero de 2022, cuando finiquita el contrato de Ambucoex, que también ha resultado polémico, como quedaba denunciado por fuentes sindicales, que han hecho públicas numerosas irregularidades: horas extras sin cotizar a la Seguridad Social, contratos sin renovar, falta de reposición de vehículos...  Como quiera que la necesaria sucesión de empresas en la gestión de las ambulancias no se ha dado en tiempo y forma, quedaba abierto un enorme interrogante acerca del destinatario final de un contrato más que apetitoso y de un servicio fundamental en la región. Prisas, imprevistos y tensiones en un marco que ya las arrastra desde hace tiempo han llevado a lo que, desde fuentes jurídicas se ha calificado de “auténtico embrollo normativo y organizativo”.

En el verano de ese mismo año se puso en marcha el proceso de licitación [...] pero resultó recurrido por sindicatos y empresas, y siendo el pliego declarado nulo por la Comisión Jurídica de la Junta de Extremadura

La solución del gobierno regional ha sido salir del paso. Así, mientras la situación no se resuelva la legislación permite que, por motivos de interés público se adjudique el servicio mediante una licitación de urgencia, procedimiento en el que se ampara la Junta de Extremadura y que la oposición ha calificado de “adjudicación a dedo”. Para el SES, “aunque las incidencias relativas al transporte sanitario terrestre han sido numerosas desde el inicio de la ejecución del actual contrato por la empresa Ambulancias Tenorio e hijos, S.L.U., la extraordinaria situación sobrevenida derivada de la pandemia por SARS-CoV-2, ha obligado a esta Administración a intensificar las medidas temporales de carácter extraordinario que buscan adaptar el Servicio de Transporte Sanitario Terrestre, para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud público”. El recurso al covid como argumento para lo que, según la oposición y numerosas voces del sector, no sería sino una injustificable falta de planificación (anteriores procedimientos similares habían llevado, como el de 2017, nada menos que siete meses de tramitación) e incluso presenta dudas normativas puesto que el vigente contrato, que ya es de emergencia, no admite prórroga.

En este aspecto reside también parte del problema puesto que los beneficiarios de la nueva adjudicación serían, virtualmente, los mismos que ya gestionan el servicio, en concreto Ambuvital, presente en la UTE Ambucoex junto al Colectivo Extremeño de Ambulancias (Coexam), que en este caso no seguiría. Como señala desde Unidas por Extremadura Irene de Miguel a El Salto Extremadura, de este modo , “al adjudicarse a la misma empresa, no va a haber de nuevo concurrencia competitiva”. Afirma en este sentido que “entendemos el procedimiento de emergencia hace un año, cuando se fue Tenorio dejando todo un poquito ‘manga por hombro’, pero ahora, ya, un procedimiento de emergencia no ha lugar”.

Irene de Miguel, que formulará una pregunta al respecto en el próximo Pleno de la Asamblea de Extremadura, ha llegado a hablar de “contratos a dedo, al más típico estilo Ayuso”

En sede parlamentaria tampoco tardaron en aflorar las críticas. De nuevo Unidas por Extremadura denunció que la nueva licitación se concedía “sin transparencia”, tratándose además del contrato “más cuantioso de la Junta de Extremadura porque asciende a 207 millones de euros”, en palabras de su diputado Joaquín Macías, quien añadía que este estaría siendo gestionado en la actualidad “por una empresa que no ha pasado por ningún tipo de adjudicación”. Se trataría, en sus propias palabras “de 50 millones de euros anuales que no se han adjudicado a través de un proceso transparente y riguroso”. También se ha advertido, desde el mismo portavoz, que con esta resolución “se mantendrá entonces el recorte en las ambulancias de soporte vital básico que afectan a las zonas rurales” e incidiendo en el aspecto laboral apreciaba que los derechos de trabajadores y trabajadoras se verían, nuevamente, vulnerados dado que “hacen sistemáticamente horas extras todos los meses. Deberían trabajar 160 horas y hacen más de 200”.

“El servicio de las ambulancias en Extremadura debería ser un servicio público porque la privatización de este servicio no ha funcionado”, afirma el diputado, mientras que reclama la internalización del servicio, del mismo modo que ha sucedido en otras comunidades autónomas gobernadas por el PSOE. Irene de Miguel, que formulará una pregunta al respecto en el próximo Pleno de la Asamblea de Extremadura, ha llegado a hablar de “contratos a dedo, al más típico estilo Ayuso”.

Sigue pues, en juego, una adjudicación donde se han sucedido todo tipo de problemas e irregularidades, un contrato millonario empresarialmente irrenunciable y, sobre todo, la prestación de un servicio fundamental en Extremadura, de gran exposición pública y que lleva ya demasiado tiempo en el epicentro de la polémica y la duda.