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Sector Público
Sueldos públicos y mangoneo del oligopolio eléctrico
En la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022, presentada por el autodenominado gobierno más progresista de la historia de España, se prevé una subida salarial del 2% para las y los empleados públicos. Esta subida quedará sobrepasada por una inflación que alcanzará a final de año el 6%. Esto supone una pérdida de poder adquisitivo del 4%. A esta pérdida hay que añadirle todo lo sustraído desde el año 2010, de un 13 a un 18% según niveles, que no ha sido compensado con los reducidos aumentos de sueldo de los últimos años. Esta situación chirría más cuando el presupuesto del Ministerio de Defensa se ampliará un 7,8% y el sueldo de las fuerzas de seguridad del estado ha crecido un 21,5% de 2018 a 2021.
“El mangoneo eléctrico favorece una pérdida de poder adquisitivo de las y los trabajadores que no puede seguir financiando el lucro desmedido de unos pocos”
El incremento de la inflación se debe en gran medida a la subida desorbitada de los precios de la energía, especialmente de la eléctrica, y del efecto dominó que genera sobre la mayoría de productos y servicios. Resulta curioso que el gobierno estatal aduzca que no tiene margen de maniobra, ya que, según dice, debe respetar la directiva europea que regula el mercado eléctrico y, por ello, debe pagarse toda la electricidad al precio de la producida en las centrales de ciclo combinado de gas, que es la más costosa.
Energía
Energía El Gobierno mantiene la rebaja fiscal a la luz ante el irresistible aumento del gas natural en toda Europa
El celo en cumplir la directiva contrasta fuertemente con el incumplimiento durante más de 22 años de la directiva que regula el empleo temporal, que ha provocado tasas de interinidad escandalosas. Mientras la precariedad y la pérdida de poder adquisitivo siguen aumentando en la clase trabajadora, los beneficios del oligopolio eléctrico se han multiplicado. Así, el presidente del consejo de administración de Iberdrola ganó 12,2 millones de euros en 2020, casi 33.500 euros al día, un 16,9% más que en 2019. En 2021 se ha producido un incremento todavía más obsceno, mientras la pobreza energética no deja de agravarse.
El gobierno estatal, a pesar de declaraciones vacuas, no ha puesto coto a estos beneficios desmedidos y únicamente ha bajado el IVA y otros impuestos del recibo de la electricidad, reduciendo sus ingresos y ahondando en una política fiscal regresiva, que siempre beneficia a las empresas del Ibex 35. La política sistemática y corrupta de puertas giratorias engrasa bien el sistema para que los intereses del oligopolio eléctrico, los bancos y los fondos buitre de inversión prevalezcan a costa de las condiciones de vida de la clase trabajadora.
Por si esto fuera poco, dicho oligopolio trata de sustituir los menguantes combustibles fósiles por energías renovables, con proyectos de instalación de grandes polígonos eólicos y fotovoltaicos, que depredan el territorio y que causarán gravísimos impactos medioambientales y socioeconómicos en muchas zonas rurales. Desean impedir un modelo energético distribuido, que la energía sea un servicio público y se contemple como un derecho humano.
“Un gobierno verdaderamente de izquierdas debería restituir lo robado a las y los empleados públicos, a través de la publificación y transformación del sistema energético”
La crisis climática y el agotamiento de los combustibles fósiles nos conducen inevitablemente al decrecimiento; por ello, se debe replantear totalmente el modelo energético y productivo, para alcanzar un modelo más justo desde los puntos de vista social y medioambiental. El mangoneo eléctrico de las élites va en contra de los intereses de la mayoría y por ello debemos combatirlo. La pérdida de poder adquisitivo de las y los trabajadores no puede seguir financiando el lucro desmedido de unos pocos. Un gobierno verdaderamente de izquierdas debería restituir lo robado a las y los empleados públicos, a través de la publificación y transformación del sistema energético.