Sector Público
Los más precarios del sector público salen a la calle contra el “fraude de ley” de la temporalidad

Una movilización que se reclama “horizontal y plural” plantea este sábado 15 de febrero la primera manifestación estatal para exigir una “solución definitiva a la precariedad y temporalidad” en la que viven más de 900.000 empleados públicos temporales.

No hay grandes sindicatos detrás, ni partidos políticos, ni abogados, sostienen desde el Colectivo de Empleados Públicos Temporales en Fraude de Ley. Detrás de la manifestación que recorrerá el centro de Madrid desde la plaza de Cibeles hasta la Puerta del Sol se encuentra una miríada de asociaciones profesionales, colectivos, plataformas y coordinadoras de empleo precario, así como pequeños sindicatos independientes.

Todos con un reclamo central: terminar con la temporalidad en el empleo público, una modalidad que ha ido en aumento —aunque con altibajos— en las últimas décadas, y que lleva siete años batiendo récords. La temporalidad en el empleo público no ha dejado de crecer desde 2013 y en 2019 se ha producido el sorpasso: ya hay más empleo temporal en el sector público —un 27,8%, según la Encuesta de Población Activa del cuarto trimestre de 2019— que en el sector privado.

En 1987 uno de cada diez empleados públicos tenía contrato temporal, pero actualmente es uno de cada cuatro. Colectivos denuncian que esta situación supone un “fraude de ley”

En 1987, solo uno de cada diez empleados públicos tenía contrato temporal. Actualmente, uno de cada cuatro. Este colectivo de empleados públicos temporales denuncia que esta situación supone un “fraude de ley”, ya que la Administración encadena contratos precarios a cientos de miles de trabajadores que realizan “tareas estructurales”.

Si un hecho así se diera en la empresa privada, señalan en un comunicado, “la judicatura se llevaría las manos a la cabeza y lo sancionaría duramente, procediendo a compensar el abuso y a restituir los derechos laborales de quien los ha visto pisoteados. El mismo injustificable abuso es contemplado con una indiferencia profundamente dolorosa cuando se da en las Administraciones Públicas”.

80 contratos en 20 años

Las situaciones personales son variadas: desde trabajadores que llevan décadas encadenando contratos sucesivos de corta duración a personal laboral o interinos que llevan “media vida” en el mismo puesto y cuya plaza jamás ha sido ofertada; desde opositores “eternos” que nunca han obtenido plaza pese a superar una y otra vez los exámenes a personas que llevan décadas ocupando un puesto y “diversas circunstancias vitales” hacen imposible estudiar unas oposiciones mientras realizan el trabajo.

“El compañero que ocupa la mesa al lado de mi oficina lleva 36 años como interino”, cuenta a El Salto Israel Fulgencio, portavoz de este colectivo de empleados públicos temporales. Otros, relata, llevan más de 20 años encadenando contratos cada tres meses, coleccionando cerca de 80 contratos sucesivos para hacer el mismo trabajo.

“En nuestro caso el despido es libre, porque si a nosotros nos cesan no nos indemnizan, no nos pagan por los años trabajados, nos vamos a la calle con una mano delante y la otra atrás”

Cuando la población piensa en empleo público le viene a la mente aquello de “un trabajo para toda la vida”, dice Fulgencio. De hecho, fue el argumento principal para justificar la reducción de un mes de sueldo en los peores momentos de la crisis económica. “Mentira: somos temporales un 28% de la administración”, contrasta. Una temporalidad que supera en algunos sectores el 40% y el 50%.

La precariedad que conlleva esta situación se ve agravada por la ausencia de indemnizaciones de despido. “En nuestro caso el despido es libre, porque si a nosotros nos cesan no nos indemnizan, no nos pagan por los años trabajados, nos vamos a la calle con una mano delante y la otra atrás. Eso se llama despido libre y gratuito y eso está pasando en la administración”, cuenta.

Según denuncia Fulgencio, el nuevo Ejecutivo todavía no ha ofrecido ninguna respuesta a sus peticiones. “Este Gobierno que quiere mejorar las condiciones de despido para los trabajadores en las empresas privadas, debería pensárselo para ellos mismos”, denuncia.

La principal demanda del Colectivo de Empleados Públicos Temporales es que “se aplique la ley y se “conviertan en indefinidas las relaciones laborales que han sufrido abuso de temporalidad”.

“Aquello que se exige cumplir a las empresas privadas, la Administración lo incumple de modo contumaz”, denuncian desde el Colectivo de Empleados Públicos Temporales

Según los más de 75 colectivos y asociaciones convocantes, este “abuso de la temporalidad” por parte de las administraciones públicas infringe la Directiva europea 1999/70 CE. Una disposición de obligado cumplimiento para España desde 2001 que se aplica al sector privado, pero no al sector público, una omisión que supone una “una clara negligencia” que afecta a cientos de miles de trabajadores. “Aquello que se exige cumplir a las empresas privadas, la Administración lo incumple de modo contumaz”, denuncian.

Si una empresa privada, recuerda Fulgencio, encadena dos o más contratos temporales sucesivos, está obligado de forma automática e inmediata a transformarlo en fijo. Sin embargo, España no aplica esta directiva europea al sector público, algo que el portavoz de este colectivo califica de “aberración”.

La traición de los sindicatos mayoritarios

Los convocantes dicen sentirse “traicionados por los sindicatos tradicionales” y reniegan del acuerdo firmado por CC OO, UGT y CSIF con la Administración Pública en marzo de 2017, en tiempos del ministro Cristóbal Montoro. El llamado “acuerdazo” preveía convocar oposiciones para 250.000 plazas en tres años y teóricamente convertir interinos en fijos. Sin embargo, según denuncia Fulgencio, en la mayoría de los casos no se tiene en cuenta la antigüedad y la experiencia acumulada y en la práctica supone la expulsión de trabajadores que llevan décadas en el mismo trabajo en la función pública. Todo esto sin tener en cuenta, por supuesto, el hecho de que la administración ha cometido “fraude” con cientos de miles de trabajadores temporales, algo que obligaría por ley a convertirlo en fijos. 

Para esta organización de empleados temporales el “acuerdazo” es un “carnaval de supuestas consolidaciones y estabilidades, con pirueta final: largar por la puerta de atrás al personal temporal longevo, mientras hacen creer a la opinión pública que tenemos oportunidades reales de vivir por fin con el más elemental de los derechos laborales, la dignidad en el puesto de trabajo”. Frente a este “carnaval”, reclaman que se aplique la ley y que los afectados por este “fraude de ley” sean contratados como personal fijo.