Salud laboral
El Congreso vuelve a aprobar resarcir a los enfermos por el amianto mientras sigue sin indemnizarles

El Congreso de los Diputados volverá a aprobar hoy, previsiblemente por unanimidad, una proposición no de ley (PNL) con el fin de recordar la obligación que tiene el Gobierno de ultimar y ratificar el reglamento que regulará el Fondo de Compensación para las víctimas de amianto, pendiente desde 2022. Todos los partidos afirmaron el martes en el debate parlamentario estar de acuerdo en votar positivamente. La votación se aplazó al jueves por el rifirrafe que hubo sobre la senda del déficit. Ha tenido lugar minutos antes de las 16h y, tal y como estaba previsto, la PLN se ha aprobado por unanimidad: 346 votos afirmativos, 340 emitidos presencialmente y los seis restantes, vía telemática..

Mientras las votaciones de resarcimiento se aprueban —una detrás de otra—, los sucesivos gobiernos posponen una y otra vez hacerse cargo de la responsabilidad económica que tiene el Estado con los afectados. Según los cálculos del Ministerio de Seguridad Social, organismo a quien le compete indemnizar, anualmente fallecen 4.582 personas debido a la exposición con el amianto. 

Una víctima del amianto recibiría una indemnización siete veces menor que una víctima del terrorismo

Sara Plaza Casares

Amianto

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Organizaciones de afectados y sindicatos denuncian que las indemnizaciones recogidas en la propuesta de fondo de compensación para víctimas del amianto se quedan cortas.

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Según la estimación del portavoz de la Federación Estatal de Asociaciones de Víctimas del Amianto (Fedavica), Jon Garcia, esa cifra subestima el número de afectados reales. Acorde al dato del Ministerio—, el Estado se está ahorrando 50 millones de euros cada año en indemnizaciones. Si se incluyeran a todas las víctimas, la cifra podría ascender a 300 millones. Garcia recuerda que Francia presupuestó para 2023 un total de 347 millones para las indemnizaciones del ejercicio pasado. El fondo de compensación francés (FIVA) lleva gastado desde su nacimiento, hace veinte años, 6.626 millones.  

Amianto, un genocidio laboral

Pablo 'Pampa' Sainz

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Enfermedades laborales

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La presencia de amianto en los vagones de varias líneas del Metro de Madrid y Buenos Aires resucita la polémica sobre los peligros del amianto y la falta de control que persiste.

En 2022, el Congreso de los Diputados aprobó el Real Decreto para hacerse cargo de esta reclamación histórica, que partió de un consenso insólito en el Parlamento Vasco en 2015. La ley estableció un plazo de 90 para la redacción y aplicación del reglamento que desarrolle el funcionamiento del Fondo de Compensación. El borrador del reglamento llegó en verano de 2023, y fue un chasco: no evitaba la judicialización de las víctimas y, en el caso de recibir indemnización, esta debía tributar, a diferencia de otras víctimas, como las de terrorismo.

El borrador del reglamento llegó en verano de 2023, y fue un chasco: no evitaba la judicialización de las víctimas y, en el caso de recibir indemnización, esta debía tributar, a diferencia de otras víctimas

Sobre la aprobación de hoy, “una proposición no de ley no sirve de nada”, recuerda Garcia. Es una iniciativa parlamentaria sin valor jurídico alguno. A sus 70 años realiza seguimientos médicos periódicos para detectar cáncer de mesotelioma el cual, cuando aflora, es implacable. Trabajó 45 años en la empresa CAF de Beasain (Gipuzkoa), cinco de sus compañeros más cercanos han fallecido. En el resto de la planta, el número de casos reconocidos asciende a 61.

Para acceder a una indemnización económica, debido a la dejadez política en materia de salud laboral durante la década de los 80 y 90 del siglo pasado, cuando ya estaba científicamente probado que el amianto era un peligro para la salud y el Estado no prohibió el uso del amianto, los enfermos deben iniciar un periplo judicial para el que necesitan dos cosas: dinero ahorrado para sufragar el proceso legal y el reconocimiento previo de la enfermedad profesional. En el caso de que fallezcan, que sus familiares se hagan cargo del proceso vuelve a complicarlo.

CC OO y UGT han exigido la aprobación del reglamento y denuncian los “veinte meses de retraso” que lleva. Desde la Mesa de Diálogo Social, la creación del fondo de compensación no ha tenido cabida. En el atril del Congreso, el diputado de EH Bildu Oskar Matute recordó que el “Estado español tiene una deuda histórica con los afectados por el amianto, porque es mucho lo que pudo hacer y no hizo. Porque son muchas las veces que en el Estado español, diferentes gobiernos, miraron para otro lado y fueron diletantes para no hacer lo que podían hacer con el conocimiento que tenían sobre los peligros del amianto”. 

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Histórico sindicalista y trabajador de los astilleros de Ferrol, Rafael Pillado, que sufre un cáncer terminal, consigue una indemnización de 127.905 euros por parte de Navantia. Asegura que seguirá batallando por una cantidad mayor por él y por todos sus compañeros.

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