Pobreza
Récord de personas acogidas a la Ley de segunda oportunidad

“Superar una situación de endeudamiento” y “volver a empezar” fueron las dos expresiones clave con las que se presentó la Ley de segunda oportunidad. Han pasado ya casi siete años desde que el Consejo de Ministros del Gobierno de Mariano Rajoy aprobó esta ley, por demanda de Europa, con la que se ampliaba la posibilidad de presentarse a concurso de acreedores a trabajadores autónomos y personas particulares, y el número de personas que han acudido a los juzgados de lo civil para acogerse a esta ley se han multiplicado por cuatro en sus primeros cuatro años en funcionamiento y se prevé que, en 2021, el total suponga cinco veces más que en 2016, primer año con estadísticas.

Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, en su informe trimestral Efecto de la crisis en los órganos judiciales, de los 1.579 casos de concursos de acreedores de personas físicas contabilizados en los juzgados de lo civil en 2016 se han pasado a los 6.874 en 2020 y en los primeros tres trimestres de 2021 ya se llevan contabilizados 7.402 concursos de acreedores, casi mil más que concursos de acreedores presentados por empresas ante los juzgados de lo mercantil. 

Sin embargo, son cifras que muestran cómo, a pesar de que esta ley se presentara como una vía para superar deudas por parte de las familias, sigue sin solucionar el problemas de las deudas hipotecarias. Y, como ejemplo, un dato: en 2020 se contaron 34.750 ejecuciones hipotecarias, y en los primeros meses de 2021 se han ya más de 23.000.

“Fue una ley de cara a la galería”, señala Paco Morote, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). “Nosotros, en el momento en el que la ley se publicó, ya dijimos que dejaba fuera a mucha gente, es una ley totalmente orientada a trabajadores autónomos que han perdido el negocio”, lamenta en relación a las miles de personas que, tras perder su casa, siguen afrontando una deuda ya que es un tipo de deuda para la que esta ley no contempla una rebaja.

¿Cómo funciona la Ley de segunda oportunidad?

La  Ley de mecanismo de segunda oportunidad ofrece su oportunidad de hacer una quita sobre deudas de hasta cinco millones de euros siempre que estas actúen de buena fe, es decir, que hayan intentado pagarlas pero no les sea posible. Pero también hay otra condición: no haber sido condenado en los últimos diez años por delitos como falsedad documental, contra la Hacienda Pública, la Seguridad o por delitos socioeconómicos, y en este último grupo se encuentra el delito de usurpación de inmuebles o ocupación, al que muchas familias se han visto abocadas tras perder su vivienda. 

La Ley de segunda oportunidad deja fuera a las personas condenadas por delitos contra el orden socioeconómico como el de usurpación, a pesar de que miles de familias que han perdido su vivienda se han visto abocadas a ocupar

Una vez pasada la criba, la ley establece una serie de fases que comienza con la presentación de un formulario para pedir un acuerdo extrajudicial de pagos ante un notario, lo que, según la orden que lo regula, no debería conllevar ningún coste. Este notario nombrará a un abogado que haga de mediador para negociar con los acreedores, y a esta figura sí que hay que pagarle según el importe del patrimonio que se tenga y de las deudas —lo que ha ocasionado la aparición de un sinnúmero de despachos de abogados dedicados a este negocio—. El mediador es el encargado de enlistar las deudas y el patrimonio y ofrecer a los acreedores un acuerdo para saldar la deuda con rebajas, y si estos no lo aceptan, se pasa a la siguiente fase, que será ya el concurso de acreedores ante un juzgado de primera instancia, que embargará los bienes —exceptuando los ingresos que no superen el salario mínimo interprofesional— para pagar las deudas siguiendo un orden que dependerá del origen de estas: primero las generadas durante el proceso —como el pago al mediador—, después los créditos de privilegio especial —como las hipotecas—, después las de privilegio general —deudas con trabajadores, Hacienda o administraciones— y ya los créditos ordinarios. 

Sin embargo, para poder olvidar las deudas, tras pagar lo que se haya podido con el patrimonio embargado, la ley obliga a que sí hayan quedado saldadas las deudas generadas durante el proceso y las privilegiadas. “Seguimos estando en la misma situación que cuando nació la PAH en 2009: te quedas sin casa y con una deuda de por vida”, denuncia Morote, quien lamenta que, tras tantos años, la dación en pago —proceso por el cual entregar la vivienda a cambio de la anulación de la deuda hipotecaria restante— sigue siendo una vía de segunda oportunidad que depende de la voluntad de los bancos. “El Gobierno del PSOE que salió de la moción de censura lo ha mantenido, y el actual tampoco ha hecho nada al respecto”, añade.

La Ley de Vivienda pactada por PSOE y Unidas Podemos deja fuera la dación en pago, que sí fue incluida en la  Ley de Garantía del Derecho a la Vivienda Digna y Adecuada, la propuesta de ley de vivienda elaborada por más de 120 entidades sociales

Desde la PAH subrayan que la Ley de Vivienda pactada por PSOE y Unidas Podemos deja fuera la dación en pago, que sí fue incluida en la  Ley de Garantía del Derecho a la Vivienda Digna y Adecuada, la propuesta de ley de vivienda elaborada por más de 120 entidades sociales y que fue presentada el pasado 14 de diciembre en el Congreso de los Diputados con el apoyo de los 63 escaños de Unidas Podemos, ERC, EH-Bildu, JuntsxCat, Más País, CUP, Compromís, Nueva Canarias y BNG. Ese día, el “no” de los 120 diputados del PSOE la dejó en vía muerta.

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“Nosotros echamos mucho en falta que desde el gobierno progresista hubiera una iniciativa en esta dirección”, señala Morote sobre la dación en pago. “Han tenido dos oportunidades: una con la Ley de crédito impositivo, que mantuvo como estaba, y otra con el acuerdo de gobierno para la Ley de vivienda, que no hace mención a este tema. Nosotros hemos elaborado sobre el texto del acuerdo de gobierno un bloque de enmiendas y estamos tratando que los partidos que nos apoyaron metan también enmiendas sobre segunda oportunidad, que es sobre dación en pago, pero con cancelación total de deuda”, concluye.