Derecho a la vivienda
Rápidos, sin avisar y sin alternativas: así se vive un desahucio cautelar

No es la primera vez que los Mossos d’Esquadra llaman insistentemente a la puerta de una de las viviendas de Bisbe Laguarda 13, en el barrio del Raval. El pasado mayo, una decena de furgones policiales llegaban para desahuciar sin previo aviso y por vía cautelar a tres familias en situación de vulnerabilidad. Una de sus integrantes, una mujer jubilada, intentó suicidarse en el momento. Meses después, otra de sus vecinas, Ana Cortiñas, mujer uruguaya de 65 años con una discapacidad reconocida del 67%, espera a ser desahuciada en pleno invierno.

Cortiñas es acusada de un delito leve de usurpación. Vive en un piso vacío de la inmobiliaria Sanolda Invest S.L., que recalca ofrecer “inmuebles de alto nivel”. Antes, estuvo más de 15 años sobreviviendo en un garaje mientras esperaba un piso de protección oficial. “Yo en ningún momento he querido vivir gratis, quiero pagar lo que pueda y tener un sitio digno para vivir. Pero la propiedad no quiere negociar y no tengo dónde ir”, explica. La Oficina de Vivienda municipal le concedió el informe de vulnerabilidad y el de exclusión residencial, pero esto no impide su temprano desalojo como medida cautelar en mitad de una aguda crisis de contagios de Covid-19.

Pero ¿los desahucios no se habían parado? El caso de Cortiñas es, al igual que muchos otros, evidencia de que la famosa moratoria de desahucios no solo no los ha suspendido, sino que tampoco ha impedido que se ejecuten más y con menos garantías.

La vivienda: un derecho en tela de juicio

Catalunya tiene la cifra más alta de desahucios del Estado. El Consejo General del Poder Judicial certifica en su último informe que en 2021 se han llevado a cabo 1.951 lanzamientos en la comunidad autónoma. Esto es un 74,7 % más que en el mismo periodo de 2020. En el segundo trimestre, los desalojos aumentaron un 1.673% con respecto al año anterior. De la cifra total de lanzamientos, 1.321 se han producido en la Ciudad Condal. Esto, teniendo en cuenta, como declara el Ajuntament de Barcelona, que el “90% de las órdenes de desahucios de familias vulnerables se consiguen parar”, destacando el papel de los movimientos vecinales y la Unidad Antidesahucios. Si no, ¿de qué cifras estaríamos hablando?

“Sí que hemos encontrado un aumento general de adopción de medidas cautelares en casos de personas vulnerables”, afirma Laura J. Díaz, técnica jurídica de vivienda en Barcelona. “Aunque se trate de casos de delito leve de usurpación, la aplicación de estas medidas no está pensada para delitos contra la propiedad privada”, explica. El desalojo por vía cautelar implica una expulsión antes de que finalice el procedimiento. O sea, sin ser juzgado, ni previamente notificado. Dicho de otra forma: la persona denunciada no sabe que hay una orden para expulsarla ni cuándo podrían hacerlo. “Esto hace que sea prácticamente imposible tener una defensa”, explica la jurista. 

Díaz afirma que la campaña mediática contra la ocupación también ha trascendido al ámbito judicial. Y es que la Fiscalía presentó en septiembre de 2020 una instrucción destinada a unificar los criterios para solicitar medidas cautelares con el fin de agilizar los procedimientos de allanamiento de morada y usurpación de bienes inmuebles. La propia circular reconoce la influencia del discurso criminalizador: “La realidad social evidencia que la ocupación de bienes inmuebles constituye un fenómeno que genera preocupación social y una innegable sensación de inseguridad en la ciudadanía”, expone.

El desahucio de Cortiñas demuestra cómo un cautelar puede atravesar la vida de cualquier persona, sin importar su situación. En su caso, y a pesar de la decisión del Juzgado de Instrucción número 8 de Barcelona, no concurren los requerimientos para interponer medidas cautelares, según alega su defensa en un recurso al que ha tenido acceso El Salto. Este escrito certifica que no se acreditan ni demuestran la existencia clara de indicios de criminalidad (fumus bonis iuris), ni un riesgo justificado para el perjudicado antes de que termine el procedimiento (periculum in mora), a falta del juicio oral. Y que, además, la medida es “desproporcionada para una persona en una situación de desamparo absoluto, lo que la conduciría a vivir en la calle”, reza el escrito. La defensa argumenta que es la propiedad, un gran tenedor, quien está obligada a ofrecer un alquiler social a Cortiñas antes de proceder al desahucio, de acuerdo con la legislación aplicable.

Siempre presentamos informes de vulnerabilidad de Servicios Sociales, informes de que no hay ingresos ni alternativa habitacional, decimos que hay menores viviendo… y aun así los desahucios siguen adelante. ¿Para qué sirven los informes entonces?”, señala Francisco González, del Sindicat de Habitatge del Raval

“Cortiñas es una persona vulnerable que siempre ha querido negociar para pagar un alquiler social. Pero la propiedad, lejos de eso, ha pedido una medida cautelar y desde el Juzgado número 8 lo han aceptado, lo cual es incomprensible”, declara Francisco González, del Sindicat de Habitatge del Raval, que acompaña a Cortiñas. “Lo que está ocurriendo es muy grave, siempre presentamos informes de vulnerabilidad de Servicios Sociales, informes de que no hay ingresos ni alternativa habitacional, decimos que hay menores viviendo… y aun así los desahucios siguen adelante. ¿Para qué sirven los informes entonces?”, espeta.

González también coincide en el aumento de la ejecución de medidas cautelares en este tipo de casos. Solo en el bloque de Bisbe Laguarda ya sería la cuarta vivienda desalojada por esta vía en menos de un año. Respecto a esta situación y al caso concreto de Cortiñas, ni fuentes de la Ciudad de Justicia de Barcelona ni los Mossos d’Esquadra han contestado a ninguna cuestión planteada por El Salto.

Organización barrial: la única garantía ante la falta de alternativas habitacionales

Ya al principio de la pandemia se apreciaba la importancia de crear redes comunitarias de apoyo mutuo ante la inacción de las instituciones. A medida que la crisis de desahucios se agudiza en Barcelona, los movimientos sociales han tomado un papel central a la hora de abordar la situación. “La respuesta de las instituciones ha sido nula, si no llega a ser por el Sindicat d'Habitatge del Raval, Ana ya no tendría casa”, expone González. Los recursos de realojamiento de emergencia municipales se han ido precarizando, teniendo que alojar a familias desahuciadas en pensiones.

El sindicat del Raval, barrio donde más se ha llegado a percibir este aumento de desahucios por vía temprana, defiende una respuesta unitaria al problema de la vivienda. “La solución que proponemos en cada barrio es la única que tenemos: juntar nuestras problemáticas y hacer de ello una lucha común, por eso solo en Barcelona hay 30 sindicatos de vivienda”, declara el portavoz. “En cuanto a las soluciones institucionales: no las hay. Aunque realmente nunca hemos confiado en ellas. Sirven como parche temporal, pero forman parte del problema en tanto gestores de la miseria, reproducen nuestra condición. Pero en cambio la organización barrial tiene perspectivas de transformar todo el sistema”, añade.

A nivel institucional, en Barcelona existe en la práctica desplazamiento de responsabilidades políticas. Aunque son la Generalitat y el Estado quienes tienen las competencias de vivienda, el Ajuntament actúa ante una falta de recursos disponibles. Por ejemplo, en vías de realojamiento como la Mesa de Emergencia. “Se trata de un órgano participado al 60% por la Generalitat y al 40% por el Ayuntamiento, pero en los últimos años este ha aportado el 75% de las viviendas adjudicadas, por lo que la deuda de la Generalitat asciende a más de mil pisos. Bastantes más que familias a la espera de vivienda de Mesa, más de 600”, declaran desde el Ajuntament.

Respecto al problema de disponibilidad de vivienda pública como alternativa habitacional, este corresponde a una liberalización de la misma. “Hay que tener en cuenta que las políticas de vivienda en la ciudad y todo el país se han dirigido en las últimas décadas sobre todo a la promoción de VPO [Viviendas de Protección Oficial] de venta, que se han ido descalificando y acabando en el mercado libre”,  certifican estas fuentes municipales. Existen otras vías, aún minoritarias, como el programa Reallotgem, que pretende alquilar pisos privados para las familias solicitantes. “Aquí la decisión de si tenemos o no alternativas habitacionales pasa de la Administración a depender de la voluntad de los propietarios”, explica J. Díaz.

Con la esperanza aún de obtener un alquiler al que poder hacer frente, Cortiñas sigue esperando en su casa con el miedo a despertar y ver su puerta tirada abajo. Pero no está sola. Le acompaña la cohesión de un barrio unido por su concepción de lucha. “Por nuestra parte lo tenemos claro: las casas vienen y van, pero el Sindicat y la organización permanece. Llegará un día en que todos podamos vivir dignamente sin necesidad de sufrir y luchar tanto”, reclama González.