Pobreza
“Soy el felpudo de la sociedad”: arruinadas por el IMV y abandonadas ante la justicia

Sus ingresos son exiguos, la administración les reclama miles de euros y los abogados de oficio las rehúyen.
16 dic 2024 05:09

E.M recibió una carta en primavera. No traía buenos augurios. Le reclamaban 5.000 euros que no tenía. Se pasó tres días llorando, y aunque no entendía de dónde venía la suma, solicitó que se le fraccionara el pago. E.M se convertía así en una más de las miles de personas que cada año reciben una carta de la administración en las que se les pide que devuelvan miles de euros. Cobraron el Ingreso Mínimo Vital, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) hizo sus cálculos y reajustes años después, y estima que se pasaron del límite. A veces el INSS se equivoca, denuncian las personas afectadas, otras no sabrían decir si se equivoca o no porque nunca hay cuentas que acompañen a sus decisiones. E incluso si no se equivocaran, hasta los desajustes pequeños entre lo que se cobró y lo que según el INSS se debería haber cobrado, devienen catástrofe cuando se acumula. Pues quienes deben devolver ese dinero son personas en situación de pobreza. 

Al cuarto día, E.M dejó de llorar y se puso a investigar qué hacía otra gente cuando se veía ante esta situación. Navegó en internet en busca de otros afectados, de organizaciones que acompañaran a las personas en una situación como la suya. Y dio con ATD Cuarto Mundo. Fue convocada por esta organización a una reunión digital en junio, con otras personas afectadas y desde ahí empezaron a organizarse. “Hicimos un taller de cobros indebidos que es casi nuestra Biblia. Y a raíz de ahí pues ya fuimos sabiendo cómo enfocarlo”. 

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Hontanares Arranz forma parte de ATD Cuarto Mundo, una asociación radicada en Madrid. Habituadas a las salvajadas de las rentas mínimas en esta comunidad autónoma, llevan más de cuatro años siendo testigo de los desmanes del IMV. Si algo cabrea a Arranz no es solo que apenas se hable de ello en los medios, sino que además la administración nunca admita sus errores y siga presentando este subsidio como un gran avance.

“Elma Saiz se despacha diciendo otra vez que el ingreso mínimo vital es la caña de España”, recuerda enfadada la trabajadora de los servicios sociales Hontanares Arranz

Le ha tocado verlo recientemente en dos actos en los que comparecía la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el que organizó la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-es) en ocasión del Día Internacional por la Erradicación de la Pobreza, el pasado 17 de octubre, y en la Comisión de seguimiento interministerial del IMV en Navarra, algunas semanas más tarde, después de que emergieran críticas a la medida: “Elma Saiz se despacha diciendo otra vez que el ingreso mínimo vital es la caña de España. Es más, que es marca España, que lo van a llevar como ejemplo a no se cuántos organismos internacionales”, recuerda enfadada esta trabajadora de los servicios sociales.

Las personas afectadas, junto a la organización, esperan que el Comité Europeo de Derechos Sociales admita a trámite la denuncia que presentaron el pasado junio, mientras el gobierno “mantiene un silencio sepulcral frente a sus reclamos". Hay una novedad que les tiene particularmente indignadas: ahora que se han organizado para reclamar ante la justicia por las reclamaciones de cobros indebidos, se multiplican los casos de abogados de oficio que se niegan a llevar sus casos. “En junio hicimos un taller para que las personas se pudieran defender judicialmente”, indican.

Partiendo de un caso en el que un afectado por una deuda del servicio de empleo había ganado un juicio a la administración basándose en una normativa europea, tomaron este precedente como estrategia en la defensa ante los cobros indebidos de personas más vulnerables. Y funcionaba: a principios de curso, un ciudadano al que se reclamaban cobros indebidos del IMV ganó ante el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja basándose en esa primera sentencia. Esta victoria marcaba un hito: “cambia todos los cobros indebidos cuando hay buena fe, cuando ha sido un error de la administración y cuando las personas además están en situación de vulnerabilidad”. 

La confusión que siembran entre las personas afectadas es total: de un lado les reclaman deudas, y del otro lado, a veces reciben en sus cuentas sumas importantes en concepto de atrasos

Sobre esta estrategia se trabajó en el mencionado taller de junio. Prepararon también un kit de herramientas para que la gente las usara en la fase prejudicial, la presentación de reclamaciones previas que se hacen sin necesidad de asistencia letrada. El vídeo de ese taller tiene 4.000 visitas, entre las que, deduce Arranz, habrá muchas personas que han seguido el recorrido de reclamar y denunciar. “La gente puso las reclamaciones y en septiembre-octubre  han estado pidiendo los abogados de oficio. Ya tenemos varias situaciones en las que los letrados han pedido al colegio de abogados que se pronuncie sobre la inadmisibilidad de los casos”. En distintos lugares de España, las personas deben afrontar una nueva espera, a que los colegios de abogados se pronuncien sobre si sus denuncias merecen ser tomadas en cuenta. 

Caos en la gestión

Arranz explica hasta qué punto llega la desesperación respecto a las fallas del IMV, no solo no parece haber avances en su problemas de gestión, y en particular en las actualizaciones con años de retraso que dejan a la gente endeudada, sino que una reciente disposición permite descontar a las personas, cuando siguen percibiendo la ayuda, hasta un 70% de la misma, para saldar la deuda. “Cualquier otra prestación de la Seguridad Social tiene unos cobros mucho más llevaderos”, denuncia. Por otro lado la confusión que siembran entre las personas afectadas es total: de un lado les reclaman deudas, y del otro lado, a veces reciben en sus cuentas sumas importantes en concepto de atrasos, que no saben muy bien de dónde salen. “Igual que les piden cobros indebidos también les dan cobros atrasados, en vez de cobrarse la deuda con ese atraso”, intenta explicar la activista. 

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Esto le paso a K. P. En pocos meses, le exigieron devolver más de 5.000 euros y le ingresaron 5.000 euros en la cuenta. En mayo le llegó la primera carta, la de cobros indebidos. Ya había algo que no le cuadraba; le pedían que devolviera cantidades desde 2021. Residente en Ciudad Real, K.P no sabía aún nada de grupos de afectados ni de colectivos que ayudan. Desesperada, solo alcanzó a pedir que le fraccionaran la deuda: “No estoy trabajando, no tenía como devolverlo. Mi marido es autónomo, es sastre. Apenas llegamos a fin de mes”. Pronto llegó la respuesta: tenían 30 días para proceder con la devolución. Puso la reclamación previa y está en silencio administrativo, no le contestan.

“Los abogados están dejando los casos nuestros por desconocimiento, creo yo. Es algo nuevo y estamos dejados de la mano de Dios”, explica K.P

Mientras tanto, K.P. se puso a buscar un abogado de oficio. No ha tenido suerte tampoco en eso. "El primer abogado de oficio me dejó y el segundo abogado de oficio me ha dicho que mi caso no era admisible, que se lo iba a pasar al Colegio de Abogados”. Ahí está la pelota, en un colegio de abogados que tiene que decidir si ella puede servirse de la jurisprudencia para intentar evitar pagar un dinero que no tiene, o una vez más, está abocada a la impotencia y el empobrecimiento de su familia. 

“Los abogados están dejando los casos nuestros por desconocimiento, creo yo. Es algo nuevo y estamos dejados de la mano de Dios”, explica K.P. Y mientras, en su familia piensan desesperados, cómo van a hacer para devolver esos más de cinco mil euros que se les reclaman. Pocos meses después de reclamarles esa cifra, una cantidad similar les fue ingresada en el banco, “ni lo hemos querido tocar. ¿Cómo es que si yo les debo me están pagando esto?”. Han llamado y preguntado esto mismo a la Seguridad Social; “nos dicen que si nos la han dado es porque nos corresponden”. Y K.P ya no sabe qué creer. 

Parece que le quitaron la ayuda porque se pasaban del mínimo, su marido estaba trabajando. “Pero es que cuando yo solicité la ayuda ya mi marido estaba trabajando, ya no sé si me explico. Lo más fácil era 'mira, no te corresponde. No te la damos porque te vas a pasar'”. Pero se la dieron y tres años después, cuando su situación es aún peor, se la reclaman. Si el colegio de abogados dice que no, K.P afirma que se defenderá sola. No será la primera. “Iré porque no estoy de acuerdo. Me parece injusto. Es una ayuda que se pide porque se necesita. Si tú me dices que es un préstamo desde el principio, pues ya veré yo si tomo o no el dinero”.

A esta mujer le consta que hay más gente en su entorno que está pasando por esto, familias como las del colegio de su hijo, que apenas salen adelante y a las que se les está reclamando un dinero que la administración les ingresó y que ahora se ha convertido en deuda. “Pienso que la Administración no lo está haciendo bien, que realmente nos está dejando peor que estábamos antes de recibir la ayuda. Te vuelven esclavo de ella”.  

“He vivido del subsidio de desempleo y algún trabajo eventual que voy consiguiendo. No volví a solicitar el ingreso mínimo vital porque me pareció que era un poco tramposo”

E.M., la mujer que lloró durante tres días al recibir la carta, es una de las personas que empezó con el grupo de Afectados por el IMV. Con toda la información recopilada tras el taller con 4TD Cuarto Mundo, intentó ponérselo fácil a su letrado, pero no resultó. “De los abogados de oficio, el mío creo que se llevó la palma”, explica cáustica por teléfono. Pasaron unos cuantos días hasta que consiguió contactar con él, después de que se lo hubiesen asignado, pero las primeras impresiones fueron muy buenas. “Me pareció muy majo. Dije 'jolín, qué suerte tuve'”. Y es que ya sabía de la suerte que habían corrido otras personas afectadas. La mujer quiso que estuviera bien familiarizado con el tema, y le mandó toda la documentación, e incluso sentencias previas que ella pensaba que consolidaban jurisprudencia a su favor. Hasta la reclamación al Comité Europeo de Derechos Sociales le mandó, con los párrafos relacionados con lo que le había pasado a ella, bien subrayados. El abogado dijo que todo esto le venía bien, y le pidió los datos fiscales de 2021. Ese año E.M cobraba la RAI —Renta Activa de Inserción, le habían dicho que era compatible— y trabajó un par de meses. Insiste en que fue comunicando formalmente cada uno de sus cambios de situación.

A partir de ahí, el abogado desaparece, pero el tiempo corre para E.M. se le va a acabar el plazo para presentar su demanda. Se pone nerviosa, intenta contactarle de todos los modos posibles pero no hay respuesta. Unos días después, el abogado le comunica por correo a E.M. que ha presentado la inadmisibilidad de su caso ante el colegio de abogados. A E.M. le duelen especialmente los tiempos, esa comunicación llega en efecto varios días después de que el abogado presentara la inadmisibilidad, dejándole pocos días para reaccionar. Y encima, se indigna: el abogado se centra en la inadmisibilidad de la extinción, algo que ella no ha reclamado. Lo que denunciaba eran que se le reclamasen los cobros indebidos. “Si se hubiera leído simplemente mis reclamaciones o el correo donde yo le explique el caso, sabría que reclamar por la extinción del IMV no era mi intención”. 

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Si no reclamó la extinción fue porque entendía que había pasado el umbral, como se le indicaba. Pero la carta de la deuda, que vino después, ignoraba que ella había comunicado en tiempo y forma todos los cambios. Como a miles de personas, el retraso en años a la hora de actualizar la prestación les aboca a una situación en la que sin tener prácticamente ingresos debe devolver una suma, para ella, desorbitada. “He vivido del subsidio de desempleo y algún trabajo eventual que voy consiguiendo. No volví a solicitar el ingreso mínimo vital porque me pareció que era un poco tramposo”.

E.M reclamó al Colegio de Abogados, que se ha de pronunciar, pero sus tiempos discurren lentamente, y ella no puede esperar. Siguió investigando en las redes y encontró a alguien que hacía este tipo de demandas, le pasó toda la información, y con la demanda redactada, ella misma la presentó ante la justicia.  Si la aceptan a trámite, probablemente tenga que defenderse a sí misma. Sabe que no es la primera. No tiene mucha fe. 

Ayuda para los vulnerables (en teoría)

“En teoría, el IMV es una ayuda para los vulnerables. Yo sigo siendo vulnerable. El ingreso mínimo vital este año está para una sola persona en 604€ y mis ingresos ahora son de 480 porque yo cobro el subsidio para mayores de 52, o sea, no llego ni al mínimo que ellos consideran”. Ese es el panorama, y lo que hace afirmar a esta mujer, desde Asturias, que quienes gestionan este subsidio: “no solamente no nos ayudan sino que nos endeudan”.

Si está “obsesionada” con esta lucha no es por la deuda en sí, quizás podría pedir el dinero prestado, “es por la indignación, por la rabia, por la injusticia. No quiero pagarlo sin protestar, no quiero permitir que sigan pisoteándonos”.  La mayoría de personas afectadas con las que se organiza E.M. son mujeres. “Un 90%”, estima. No le sorprende: está la feminización de la pobreza, están las situaciones en las que se encuentran, “La mayoría somos mujeres separadas o divorciadas. Muchas víctimas de malos tratos. Todo eso hace que tu vida laboral quede en un segundo plano”. Encontrarse en esta situación le genera una gran rabia: “Soy el felpudo de la sociedad”, transmite. Espera que la demanda europea ponga a la administración en su sitio después de años de violencia burocrática contra tantas personas, especialmente mujeres. 

“Voy a ver si no supero el límite de la cantidad que el ingreso mínimo vital solicita, para solicitarlo de nuevo, es la única ayuda que me queda, yo ya no tengo derecho a nada”

P.M. fue una de las personas a las que prácticamente obligaron a pasar de la renta autonómica al Ingreso Mínimo Vital. El paso de la renta garantizada de ciudadanía de Castilla León a la nueva ayuda estatal demoró varios meses, una primera espera en la incertidumbre como la que vivieron tantas personas allá en el 2020. Una suspensión de ingresos a la que sobrevivió con la ayuda de familia y amigos. Cuando le llegó por fin el IMV, lo hizo con atrasos. 

En algún momento esta vecina del Valle del Tiétar se puso a trabajar e informó: “yo comuniqué mis contratos de trabajo, lo comuniqué todo y lo hice todo bien”, insiste enfadada. Meses después le llegó una carta de extinción de la prestación y le pareció normal: la consecuencia de haberse puesto a trabajar, no reclamó nada, “era lo que yo estaba solicitando en su día, que me lo paralizasen o que me lo actualizasen. Hablé con Seguridad Social y me dijeron que estaba todo bien”.  P.M. explica que no fue hasta que llegó a ATD Cuarto Mundo que se empezó a enterar bien de las cosas. Llegó ahí tras un hecho abrupto: una segunda carta le reclamaba una deuda de casi 5.500 euros. 

“Fui a la Seguridad Social, al municipio que me corresponde en Arenas de San Pedro y se lo comenté a la persona que estaba allí y me dijo que qué alegaba. Y yo claro, en mi ignorancia dije: vamos a ver, que yo no tengo esa cantidad de dinero para devolver, en todo caso que me lo fraccionen. Y esas fueron mis alegaciones”. Tras informarse empezó con las reclamaciones, los escritos a la Seguridad Social, que le mandaba cartas de pago único. Cuando ya le habían denegado todas las reclamaciones, solicitó un abogado de oficio. Tardaron y cuando finalmente le concedieron uno, era en Ávila capital. “Yo no vivo en Ávila, con lo cual fue un trastorno desplazarme hasta allí porque no tenemos transporte”.

Mucho viaje para nada, la mujer le contó al abogado de las cartas que les llegan, de los cobros indebidos, de la demanda europea. Él quiso ver la primera carta. La de extinción. “'¿La reclamó usted, ¿hizo algo?', me dice. Y digo, 'pues no', porque me estaban diciendo que me extinguirían el ingreso mínimo vital, con lo cual yo estaba de acuerdo. Y me dijo 'vale, pues entonces ya no hay caso'. Le dije: '¿que ya no hay nada que hacer?'”, la respuesta fue un rotundo no, recuerda indignada P.M., ni siquiera, afirma, miró las reclamaciones que ella había presentado después. Le volvió a preguntar qué podría hacer al abogado. Y este se limitó a decir: “Nada, usted ha cobrado un dinero que no le pertenece, y tiene que devolverlo”, explica. Para el abogado, el hecho de que, aunque reclamase tras la carta por cobros indebidos, también solicitara asustada el fraccionamiento del pago, la hacía "culpable”. “Así están tratando a la gente”, clama.

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P.M. ha solicitado un cambio de abogado, después de que otra letrada amiga de ella, le dijera que sí que veía una causa, que no tenía que ver con la extinción, sino con el reclamo de la deuda. La espera se alarga, pues no le han aceptado sus razones para solicitar cambio de abogado a la primera y ha tenido que presentar otro escrito. Mientras espera, P.M. apenas tiene ingresos, cobra la RAI pero se le acabará en primavera. Volvió a solicitar el IMV este año, pero se lo denegaron, porque el año pasado trabajó: “no entro dentro de sus márgenes para que me lo concedan”.

Este año también ha trabajado: tres meses, con un contrato de discapacidad, cuatro horas al día, barriendo para el Ayuntamiento. “Voy a ver si no supero el límite de la cantidad que el ingreso mínimo vital solicita, para solicitarlo de nuevo, es la única ayuda que me queda, yo ya no tengo derecho a nada”. No es la única que pide la misma ayuda que las ha dejado endeudadas, la deuda es con Tesorería y no las impide pedir el subsidio. Y a pesar de todas sus fallas hay quienes vuelven a solicitarlo porque no están en condiciones de elegir. 

Tiene 57 años, y aunque empezó a trabajar desde bien joven la mayoría han sido empleos sin contrato. No llegó a cotizar lo suficiente para la ayuda de mayores de 52 años. En el pueblo en el que vive, donde tiene su casa y su vida, a veces la llaman del ayuntamiento para trabajar, pero ahora muchos de esos servicios municipales los van a privatizar. El horizonte no se presenta nada fácil, y ahora tiene una deuda de más de 5.000 euros con la administración, y hasta el momento, ningún abogado que la quiera representar.

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