Parques naturales
Despedida por denunciar la mala gestión del Parque Regional del Guadarrama

El Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama, un espacio natural protegido de la Comunidad de Madrid que ocupa 22.656 hectáreas y se extiende desde el término municipal de Galapagar hasta el de Batres, en el límite con la provincia de Toledo, no tiene desde hace más de un año ningún tipo de vigilancia los fines de semana y festivos. Lejos de solventarse, el problema se ha incrementado, ya que desde diciembre se ha eliminado también la vigilancia en los días laborales. Es una de las denuncias públicas que Soledad Pacho, vigilante del parque y delegada sindical de CGT, realizó el pasado 3 de febrero. Cuatro días después fue despedida, un hecho que desde el sindicato tildan de “un claro ejercicio de represión sindical”.

“Es una persecución del Conservador del Parque, José María González Alcalde, hacia los vigilantes que estamos molestándole”, señala Pacho desde la protesta que el sindicato organizó en la mañana del miércoles frente a la sede de la Consejería de Medio Ambiente para exigir la readmisión de la despedida. La afectada llevaba siete años y medio trabajando para las diferentes empresas a las que la Comunidad de Madrid subcontrata la gestión del espacio natural.

El pasado diciembre la adjudicación de la gestión pasó de manos de Tragsa a AEMA Hispánica SL, un proceso que, según señalan desde CGT, la Administración regional ha aprovechado para cambiar el pliego de condiciones técnicas. “Desaparece la figura de celador, que era como estábamos, aunque en el convenio de Jardinería somos vigilantes. Lo hacen para ponernos como otra cuadrilla porque ya no quieren un equipo de vigilancia, alegando razones presupuestarias, pero lo que están encubriendo es que el conservador es un cacique y el parque regional es su cortijo”, indica la afectada.

La denuncia de la falta de vigilancia en el parque se suma a otras como, según señala la sindicalista, “la existencia de varios puntos negros de residuos, asentamientos ilegales, campos de golf que están invadiendo el río Guadarrama o celebraciones en fincas no autorizadas”. A estas se añaden viejas reivindicaciones como la inexistencia de un plan de uso y gestión o la falta de un centro de educación ambiental, además de otras denuncias como, según plantean desde Ecologistas en Acción, el uso de motos y quads, vertidos de residuos, ocupación de dominio público hidráulico, plantaciones abandonadas o vertidos de aguas residuales”. “Mi despido es el menor de los males que tiene el parque”, remarca la afectada, quien recuerda que con la última modificación del pliego se ha eliminado el Área de Uso Público.

La gestión del parque, en entredicho

La suma de todos estos hechos ha llevado a que no solo CGT ponga en duda cómo la Comunidad administra el espacio natural. Ecologistas en Acción ha cuestionado la gestión del conservador señalando el “mal estado” en que se encuentra el parque regional y su entorno. Asimismo, el colectivo apunta que “los vigilantes del parque son utilizados por la concesionaria como jardineros para un Ayuntamiento de la zona” y exigen a la Consejería de Medio Ambiente que “vuelvan a los trabajos de vigilancia, control e información ambiental”.

Es el caso del equipo de vigilantes de seis personas en el que se integraba Pacho. “De los seis, cuatro han firmado las nuevas condiciones, ser jardineros, y están haciendo tareas de jardinería para en un parque urbano de Moraleja de Enmedio, que es un municipio que pertenece al parque”, señala la afectada. El quinto es un compañero que se encuentra actualmente de excedencia.

“O aceptaba el cambio de categoría laboral de vigilante a jardinera o me despedían”, señala la delegada sindical, algo que finalmente sucedió el pasado 7 de febrero. La categoría laboral correcta es una vieja reivindicación del colectivo laboral que trabaja en el parque. CGT exige desde hace años “la adecuación de categorías profesionales del grupo de vigilantes, ya que la actividad y funciones que realizan no se ajusta ni a esta categoría profesional, ni en la formación requerida, según el convenio de aplicación”, remarcando que “en realidad realizan las tareas propias del grupo profesional técnico”.

Esta petición no ha sido atendida ni por la Comunidad ni por las diferentes empresas que han ido subrogando al personal del parque. De hecho, en septiembre del pasado año el sindicato presentó una demanda en el juzgado de lo social, por falta de adecuación de las categorías profesionales contra Tragsa, anterior concesionaria de una encomienda temporal para este servicio”, una demanda que han extendido ahora a AEMA.

“La Consejería”, denuncia el sindicato, “en un intento para no atender las reclamaciones de los trabajadores de este servicio, ha procedido a eliminar las funciones que venían ejerciendo los vigilantes de Uso Público y estudio y control de fauna en la última licitación para crear otra cuadrilla y tener a doce personas con las mismas funciones y nadie haciendo las labores que realizaban antes el equipo de vigilantes”.

Petición de cese

Tanto la afectada como el sindicato y Ecologistas en Acción apuntan al conservador del parque como el responsable de estas modificaciones. “Nosotros amamos este parque, y vamos a destaparlo todo. Queremos que este hombre deje de ser el conservador del parque y que la gestión sea de calidad”, expone Pacho.

Ecologistas en Acción remarca además que las últimas medidas tomadas por la dirección del espacio natural “afectan gravemente al mantenimiento de los ecosistemas” con toda una lista de labores que ya no se realizarán como “comprobación de pruebas y eventos deportivos, estudios de fauna, control de vehículos a motor no autorizados, realización de incidencias y propuestas de resolución, vigilancia de nidos de especies protegidas, etc”. Asimismo, el colectivo denuncia que se han eliminado las funciones de educación ambiental que antes ejercían los vigilantes, algo para lo que habrá que subcontratar a otra empresa.

Por ello, desde la organización ecologista apuntan que “el abandono de la protección y conservación del parque regional hacen sospechar del intento de desproteger el espacio para facilitar su urbanización”. Una presión urbanística sobre la que CGT coincide: “Queremos que este espacio natural protegido, con tanta presión urbanística y de población, pueda llegar a ser un Parque Regional conocido por su valor natural y paisajístico, que a duras penas se mantiene”, algo que, según denuncian, puede ser obstaculizado con “un servicio público privatizado, de conservación ambiental y mantenimiento, que padece los graves recortes de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid”.