País Vasco
Verter Recycling aumentó su beneficio en más de un millón de euros dos meses antes del derrumbe del vertedero de Zaldibar

La auditoría interna de la empresa que gestiona el vertedero de Zaldibar, fechada en diciembre del 2020, muestra que Verter Recycling 2002 S.L. alcanzó un beneficio neto de 3,8 millones dos meses antes del derrumbe, más de un millón de euros respecto al ejercicio anterior. Por otro lado, los documentos a los que ha accedido Hordago-El Salto señalan que la empresa había aprovisionado una cantidad de dinero para la futura rehabilitación del vertedero antes de que se produjera el derrumbe y reconocía la sobreexplotación de su vida útil.

El alud en Zaldibar se vendió como un accidente, pero los datos muestran que se trata de una negligencia de la que el Gobierno vasco tenía constancia con anterioridad y sobre la que no llevó a cabo actuaciones para evitar el desastre. Entre los datos que se desprenden de este documento está que la empresa Verter Recycling se enfrentaba a tres expedientes sancionadores, un expediente de exigencia de responsabilidad ambiental y dos diligencias judiciales por distintos delitos. A lo largo de su actividad, la empresa superó los 15 millones de euros en beneficio neto.

Informe de gestión Verter R... by Hordago El Salto

Estas informaciones se suman a las revelaciones de un informe interno de Verter Recycling, publicado por El Diario en marzo de 2021, en el que se constataba que una de las víctimas del derrumbe, Joaquín Beltrán (Zalla, 51 años y que había alertado días antes del riesgo que corría la instalación), había detectado grietas en la zona y que la empresa no lo advirtió a los empleados.

La auditoría interna de la empresa que gestiona el vertedero de Zaldibar, fechada en diciembre del 2020, muestra que alcanzó un beneficio neto de 3,8 millones dos meses antes del derrumbe.

La gestión de las instituciones vascas

El Gobierno vasco decretó a principios de febrero la clausura definitiva del vertedero de Zaldibar cuando se iban a cumplir dos años del derrumbe y fallecimiento de Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán. Meses antes, en septiembre del 2021, los responsables del vertedero alcanzaron un acuerdo con la Fiscalía y las familias de los fallecidos para reducir su condena y evitar la cárcel. A cambio, asumieron las responsabilidades y negligencias en relación al delito contra los trabajadores.

Los imputados por el juzgado de Durango fueron José Ignacio Barinaga, dueño de Verter Recycling, Arrate Bilbao Barinaga, gerente de la compañía y sobrina del primero, así como Juan Etxeberria, ingeniero que ejercía de responsable técnico. Los tres admitieron que conocían el riesgo de derrumbe, pero no actuaron. De hecho, el propio Joaquín Beltrán fue el que dio la voz de alarma 24 horas antes de ser sepultado. Por ello, en el acuerdo con la Fiscalía los acusados aceptan dos “homicidios por imprudencia grave”. 

Por su lado, a petición de la oposición, el lehendakari Iñigo Urkullu realizó en febrero de 2020 una comparecencia parlamentaria en la que ha defendido la “responsabilidad subsidiaria” del Gobierno vasco, frente a la empresa gestora del vertedero de Zaldibar, cerrando filas sobre su gestión en el accidente ambiental más grave de la década. En esa misma línea, el consejero de Medio Ambiente, Iñaki Arriola, ofreció un dato preocupante: al ritmo actual del vertedero, le quedaba una vida de “dos o tres años”.

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La investigación en torno a un posible delito contra el medioambiente sigue abierta. La Consejería de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, encabezada por Arantxa Tapia, conocía los antecedentes del vertedero de Zaldibar y había sancionado a Verter Recycling en 2012. Sin embargo, los controles de la administración no fueron eficientes porque no funcionaron. Pese a detectar deficiencias graves en las últimas inspecciones, el Gobierno vasco no llegó a sancionar a la empresa ni a ordenar la paralización de la actividad del vertedero antes del derrumbe.

La investigación en torno a un posible delito contra el medioambiente sigue abierta. La Consejería de Arantxa Tapia conocía los antecedentes del vertedero de Zaldibar y había sancionado a Verter Recycling en 2012.

Hasta 2021, el Gobierno de Iñigo Urkullu destinó 23,6 millones de euros para afrontar los gastos generados por el operativo de rescate, búsqueda y estabilización del vertedero de residuos industriales de Zaldibar.

Un millón más tras el colapso

Otro aspecto significativo del informe al que Hordago-El Salto ha tenido acceso consiste en la valoración, dentro de la misma auditoría, de compensar a las familias de Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán. Se recoge que “los administradores sociales, a través de los abogados defensores designados, han iniciado negociaciones con las familias de las dos personas desaparecidas a fin de valorar la posibilidad de concluir una transacción para la liquidación de las hipotéticas responsabilidades civiles dimanantes del derrumbe del vertedero, lo que igualmente comportaría la asunción de obligaciones de desembolso”.

Antes del derrumbe, la empresa había guardado una cantidad de dinero para la futura rehabilitación del vertedero y reconoce, por ello, la sobreexplotación de su vida útil. Debido a su frenética actividad, el vertedero agotaría su vida útil 27 años antes del tiempo estimado. Por este motivo, en el balance del 2019, la empresa ya había registrado la dotación de una provisión por importe de 9.481.892,54 euros destinada a la rehabilitación del vertedero. Aunque la propia auditoría advierte que la empresa “no dispone de un estudio que le permita cuantificar de forma objetiva dicho importe y, en consecuencia, no hemos podido verificar la razonabilidad de dicho importe”.

El beneficio neto de Verter Recylcing durante el año 2019 fue de 3,8 millones, una diferencia de un millón de euros más que en el ejercicio anterior. Las cifras exactas equivalen a 3.844.401,24 euros en 2019 y a 2.722.375,15 euros en 2018. A lo largo de su actividad, entre 2012 y diciembre del 2019, la empresa superó los 15,13 millones de euros en beneficio neto. Por otro lado, las arcas de la Hacienda de Bizkaia recaudaron 961.100,30 euros de los beneficios brutos de Verter Recycling en 2019. La cifra de negocio de la empresa en 2019 ascendió a 10.268.662,68 euros, superando la del año 2018 que se situaba en 9.534.427,25 euros.

La empresa inició los trámites legales para su disolución en octubre del 2021. Los documentos a los que ha accedido este medio de comunicación, no obstante, muestran que existían indicios de un camino hacia el cierre del espacio, destinando parte de la auditoría interna a poner de manifiesto la necesidad de una rehabilitación futura del vertedero.

La sobreexplotación del vertedero de Zaldibar, un “homicidio por imprudencia grave”, otorgó 15 millones de euros en beneficio neto a la empresa gestora.

Los expedientes abiertos de Verter Recycling

El Ejecutivo reclama a Verter Recycling 28,7 millones de euros por distintos trabajos tras el derrumbe y le ha concedido un periodo voluntario para el pago de dicha deuda. El informe que ahora conocemos, con fecha 8 de diciembre del 2022 y presentado por Verter Recycling, reconoce que se enfrenta a tres expedientes sancionadores, dos de ellos iniciados por la Consejería de Arantxa Tapia (ES-IPPC-2020-002 y ES-IPPC-2020-003) y otro procedente de la Diputación Foral de Bizkaia (R 2020/00017).

Respecto a la vía judicial, Verter Recycling también reconoce en el documento que se enfrentaba a las diligencias previas número 79/2020, seguidas ante el Juzgado de Instrucción nº 1 de Durango por un delito contra los trabajadores, pero añade que “la sociedad no ostenta la condición procesal de investigada en dicha causa, sino de eventual responsable civil”. La empresa, del mismo modo, admite la existencia de las diligencias previas número 301/2020, seguidas ante el Juzgado de Instrucción nº 1 de Durango, señalando que “se trata de un procedimiento judicial autónomo del anterior, cuyo origen se encuentra en igual hecho si bien se investiga la actuación de la sociedad desde la óptica de un eventual delito contra el medio ambiente”.

La auditoría interna de Verter Recycling también advierte que la empresa tiene abierto un expediente de responsabilidad ambiental (ERM 2020-001) por parte de la Consejería de Medio Ambiente. En palabras de la consejera Arantxa Tapia: “El procedimiento de exigencia ambiental atribuye a Verter Recycling la responsabilidad correspondiente al daño ambiental derivado del deslizamiento, por lo que no se contempla la posibilidad de que la empresa se exima de su responsabilidad, siempre desde el respeto a las decisiones que se pueden adoptar por las autoridades judiciales en el procedimiento contencioso-administrativo incoado por la mercantil al respecto”.

Conexiones de los responsables del vertedero con cargos políticos

A modo de contexto, Verter Recycling presentó un aval de Bankoa por 1.136.135,00 euros ante el Gobierno vasco para la autorización ambiental integrada necesaria a fin de iniciar la actividad de vertedero de residuos no peligrosos en Zaldibar. Juan José Etxeberria, hijo del director técnico del vertedero y presidente de Bankoa entre 1975 y 1988, presidió Juan José Echeberría y Asociados. Esta empresa fue registrada por la Ertzaintza durante la investigación por el derrumbe del vertedero de Zaldibar. Además, el director técnico del vertedero es sobrino de un exdiputado del PNV que preside una polémica empresa de gestión de residuos, denominada Indumetal.

En las juntas de accionistas de la empresa que gestionaba el vertedero, Verter Recycling, llegó a participar Francisco Javier Sánchez, exsecretario de la alcaldía de Eibar durante la etapa de alcalde de Iñaki Arriola, quien fuera consejero de Medio Ambiente del Gobierno Vasco en el momento del derrumbe. Cuando se produjo la tragedia en Zaldibar, el entonces director de la Agencia Vasca del Agua, Ernesto Martínez de Cabredo, presidía una empresa creada por el responsable del vertedero de Zaldibar.

La directora de Medio Ambiente de la Diputación de Gipuzkoa, Mónica Pedreira, también había presidido una empresa privada creada por la gerente del vertedero de Zaldibar. El hermano de la directora, Iván Pedreira, era el director de Administración Ambiental del Gobierno vasco cuando se produjo el derrumbe del vertedero.

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