Opinión
El trile de los desahucios

El 28 de octubre de 2020 el Ministro José Luis Ábalos firmó una de las intervenciones más bochornosas de los últimos tiempos. Según Ábalos, Ministro responsable del área de vivienda, los desahucios en España no estaban permitidos gracias a los decretos del gobierno. Estas afirmaciones se produjeron a raíz de un desahucio en el madrileño barrio de Carabanchel y en el contexto del debate sobre la aprobación de un decreto de paralización de desahucios hasta el mes de mayo, que no acaba de llegar.

Mientras el gobierno progresista se amilana ante los fondos de inversión y el poder financiero y rentista, las cifras del Consejo General del Poder Judicial siguen desacreditando al señor Ministro. Así, una vez abierta la posibilidad de desahuciar tras el parón judicial entre marzo y junio que provocó la pandemia, se ejecutaron —según los datos del tercer trimestre de 2020— más de 6.200 desahucios en España.

Con los datos en la mano, se puede asegurar que la lluvia de decretos que tanto celebró el gobierno antes del verano, no tuvieron mucho efecto. Ante esto, debemos preguntarnos ¿qué podemos esperar para los próximos meses?

De cara al futuro inmediato, el gobierno progresista se maneja en el marco de una nueva Ley por el derecho a la vivienda. Esta ley, de la que por el momento no se conocen los detalles, debería tener el objetivo de superar —como mínimo—, la nula efectividad de las medidas tomadas por el gobierno durante los primeros meses de la pandemia.

El plan para la construcción de 20.000 viviendas, encubre bajo el supuesto intento de garantizar un parque público de viviendas, un nuevo plan de rescate para el sector de la construcción e inmobiliario

Tras el fracaso del llamado escudo social, llega una nueva fase donde el gobierno ha recogido tres grandes líneas de actuación, todas ellas tomadas de las propuestas abiertas por los movimientos sociales y de vivienda. Estas medidas, englobarían los más de 2.250 millones de euros que se han asignado a la partida de vivienda en los Presupuestos generales del Estado. En segundo lugar se incluye la promesa de aprobar la regulación de los precios de alquiler tomando como referencia la ley catalana y en tercer lugar se baraja la posible prohibición de los desahucios hasta el mes de mayo. Pero, ¿realmente estas políticas producirán un cambio sustancial en el ámbito del derecho a una vivienda digna?

Un presupuesto dirigido al sector inmobiliario y las constructoras

En lo que se refiere al presupuesto en materia de vivienda, nos tememos que quienes han celebrado los titulares del gobierno no han tenido la oportunidad de leerlo en detalle. Sin duda, la cifra global impresiona, solo el Programa 260A de acceso a la vivienda y fomento de la edificación está dotado con la astronómica cifra de 1.651 millones de euros, cantidad prácticamente inexistente en el pasado.

Este dinero, que se repartirá mayoritariamente (1.580 millones) en transferencias de capital a las Comunidades Autónomas es, de llegarse a ejecutar, una buena inversión desde el punto de vista de la sostenibilidad en materia energética y de mejora del parque de vivienda. No en vano, se incluye en el denominado Renovation wave que la Comisión europea impone al modelo inversor de esta crisis, donde se dice que el sector constructor es uno de los que más energía consume y donde se señala que la rehabilitación de edificios es una línea prioritaria de inversión para el European Green New Deal.

Sin embargo, con las políticas de rehabilitación se debe ser muy cuidadoso. Es cierto que producen un alto impacto en materia de sostenibilidad en lo que se refiere a la eficiencia energética, también mejoras sociales para quienes disfrutan de esas viviendas en materia de accesibilidad y ahorro. Pero socialmente, el modelo de rehabilitación subvencionado, sin contrapartidas sociales puede tener sus trampas. Cuando se producen revalorizaciones del patrimonio inmobiliario con dinero público, se debería obligar a que esas viviendas —en caso de ser alquiladas—, tuviesen un estricto control y tasación de sus precios de alquiler o —también en el caso de las viviendas vacías—, que la rehabilitación conllevase la cesión de la vivienda tempralmente para el parque público de viviendas. De lo contrario, la revalorización que produce la inversión pública podría alimentar la especulación urbana y una suerte de subvención verde a las economías rentistas, especialmente de los grandes tenedores.

Junto a esta astronómica partida de rehabilitación, que ocupa la práctica totalidad del presupuesto de vivienda y que anuncia la creación de 370.000 puestos de trabajo y la rehabilitación de más de 120.000 viviendas al año, nos encontramos la segunda gran línea estratégica del presupuestos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), el conocido como Plan 20.000.

El presupuesto público no pondrá solo el suelo y avalará la financiación de toda la operación sino que asume los gastos del suelo y su urbanización

Este programa, que se basa en la construcción de 20.000 viviendas, encubre bajo el supuesto intento de garantizar un parque público de viviendas, un nuevo plan de rescate para el sector de la construcción e inmobiliario. El mecanismo es sencillo, el Estado pondrá suelo público gratuito, facilitará y avalará la financiación para construcción de esas 20.000 viviendas y a cambio, las promotoras se encargarán de construir viviendas en alquiler a precios reducidos y gestionarán los beneficios de esos alquileres durante 75 años. Todavía nadie ha dado datos de cual es la referencia a partir de la cual se consideran alquileres asequibles, pero sí sabemos que los pliegos de contratación de este plan los redactará un gabinete de abogados vinculado al sector inmobiliario, como es el caso de Gómez-Acebo y Pombo.

También sabemos que en el presupuesto de 2021 aparecen los primeros 140 millones de euros para la sociedad pública de suelo (SEPES) y para diversos ayuntamientos, como los 11,7 millones del Ayuntamiento de Barcelona, que se destinarán a sufragar el “coste del suelo, la urbanización y la posible colaboración público-privada mediante la constitución de derechos de superficie”. De esta manera, el presupuesto público no pondrá solo el suelo y avalará la financiación de toda la operación sino que asume los gastos del suelo y su urbanización, un negocio redondo para quienes participen de este plan.

Además, en los Presupuestos generales del Estado se anuncia que estas viviendas van a construirse en las zonas de mayor tensión: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Islas Canarias e Islas Baleares. Efectivamente, espacios que a su vez coinciden con la apuesta por reflotar un nuevo ciclo inmobiliario basado en grandes desarrollos urbanos y que tendrán en esta colaboración público-privada su mejor detonante. 

Una democracia de propietarios

Pablo Carmona

1

Opinión

Una democracia de propietarios

Pablo Carmona

1

La democracia de propietarios tiene su base social y electoral entre las clases propietarias. La nueva economía-política del ladrillo no se podrá medir únicamente por el nivel de precios o el coste rebajado de las nuevas viviendas, sino en base a los nuevos modelos de formación del beneficio inmobiliario.

Una realidad explosiva

Mientras tanto, han pasado 10 meses desde que el inicio de la pandemia aceleró la crisis del modelo capitalista español (y global). Una vez fracasada la lluvia de decretos del escudo social, entramos en una nueva fase donde se anuncian políticas públicas de mayor calado. En concreto, las medidas de regulación de alquileres y el decreto de paralización de desahucios hasta mayo de 2021. De estos dos temas, aún no sabemos el desenlace, pero el problema es que —incluso en el caso de salir adelante en sus mejores condiciones—, podemos anticipar que no van a significar más que un alivio temporal de la situación.

Lo cierto es que la realidad social y sus necesidades más básicas a medio plazo caminan muy lejos de estas propuestas. Unas medidas que tendrán un alcance muy limitado si no entran en el fondo del problema. En consecuencia, la necesidad de bajar por ley los precios de los alquileres, especialmente en aquellas viviendas que están siendo financiadas o rehabilitadas con dinero público, debe acompañarse de medidas para frenar los desahucios mientras no existan alternativas de vivienda suficientes.

No se puede negar, que si finalmente el gobierno no cede a las presiones del sector financiero-inmobiliario y aprueba estas medidas, contaremos con nuevas herramientas para ralentizar los desahucios y controlar las subidas de precios. Pero lo cierto es que los datos de los que empezamos a disponer nos anuncian que la sangría de desahucios y expulsiones de viviendas por la imposibilidad de pagar las rentas de alquiler, van a continuar con fuerza ahora y en el futuro.

Si atendemos a los datos del Consejo General del Poder Judicial, lo podremos ver con claridad. A día de hoy nos encontramos que entre junio y septiembre se han presentado más de 31.000 nuevos juicios verbales por arrendamiento, cifra que se añade a los más de 43.119 casos arrendaticios pendientes de finalizar. Este dato, sumado a los 7.096 nuevos lanzamientos que se han recibido en los juzgados de primera instancia en el tercer trimestre de 2020, nos indican que el problema sigue creciendo. Así, tras el parón judicial de la pandemia, en el tercer trimestre de 2020 se han ingresado un 30,5% más de procedimientos de alquiler que el tercer trimestre de 2019.

A la espera de los datos del último trimestre, todo indica que el nivel de deterioro social camina a una velocidad infinitamente mayor que la batería de políticas públicas que se están barajando desde el gobierno. La gran contradicción es que mientras se proponen medidas de protección tibias, el gobierno y el sector inmobiliario-financiero ya han apostado fuerte por un nuevo ciclo especulativo bajo el mantra de la cooperación público-privada y el capitalismo verde.

No cabe duda de que la presión institucional debe seguir con fuerza, pero una vez más hay que tomarse muy en serio que las alternativas reales van a pasar más por la generación de instituciones autónomas y propias que garanticen los derechos más básicos, que por las medidas públicas que se puedan tomar. Los grandes retos del futuro pasan por estabilizar centros sociales, escuelas populares y despensas solidarias. Pero también pasan por reforzar los mecanismos de organización y desobediencia, tanto para escalar conflictos que permitan sacarles a los grandes propietarios alquileres sociales, como para ocupar viviendas de esos mismos grandes propietarios que sirvan para afrontar y denunciar desde posiciones de mayor fuerza la falta de alternativas.