Bebés robados
Bebés robados: 81.000 firmas para desatascar una ley que lleva parada desde hace más de cuatro años

“Tenemos grandes esperanzas de que la ley salga adelante”. Soledad Luque, presidenta de 'Todos los niños robados son también mis niños', organización integrada en CEAQUA, ha acudido este martes al Congreso de los diputados junto a otras víctimas con unas pesadas cajas en las que se reúnen 81.000 firmas. Piden que se desbloquee la ley de bebés robados, una norma que entró en el Congreso hace más de cuatro años pero que lleva paralizada desde entonces, primero por el adelanto electoral y después por 146 ampliaciones del periodo de enmiendas. Pero Luque es optimista. El pasado 18 de enero se reunieron con el Ministerio de Derechos Sociales, capitaneado por Ione Belarra (Unidas Podemos) y arrancaron un compromiso: el texto se va a tramitar por la vía de urgencia. O eso es lo que intentarán.

Mientras el socio minoritario del gobierno negocia con el PSOE para que el texto, que establece el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de este crimen del franquismo, avance en la comisión del Congreso y pueda alcanzar el Senado en unos meses para ser aprobado de manera urgente, representantes de las organizaciones promotoras de la proposición de Ley (Todos los niños robados son también mis niños – CEAQUA) junto con representantes de otras organizaciones que apoyan e impulsan esta iniciativa legislativa, han subido este martes las escalinatas del Congreso para hacer más presión en este sentido.

Derechos Sociales se compromete a aprobar la ley de bebés robados, paralizada desde hace más de cuatro años

Redacción El Salto

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La norma, que entró en el Congreso en 2018 y volvió en 2020, ha visto ampliado hasta 146 veces su periodo de enmiendas, lo que impide su aprobación final y la consiguiente reparación a las víctimas.

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Una norma que ha seguido un lento camino y, según asegura Luque, las víctimas son conscientes de que es ahora o nunca ya que las últimas tramitaciones han de realizarse antes de junio. Con un escrito y las rúbricas, dirigidas a la presidenta de la Mesa del Congreso, Meritxell Batet, para que cierre el trámite de enmiendas, esperan reactivar la maquinaria burocrática. “Esta entrega de firmas no es el primer intento para pedir a la mesa del Congreso que desbloquee la ley. El 25 de enero de 2022 varios grupos políticos —CUP, Más País, ERC, Compromís, Junts per Catalunya, Bildu y el BNG— ya lo pidieron sin obtener respuesta. Un año después hacemos lo mismo las asociaciones”, explica Luque.

“Las miles de denuncias emitidas entre 2011 y 2019 provocaron la apertura de 2.136 diligencias de investigación en Fiscalía y todas están archivadas”

El acceso a la justicia, el principal escollo

La presidenta de 'Todos los niños robados son también mis niños' recuerda que el principal escollo está en el acceso a la justicia de las víctimas. Así, unas valoraciones realizadas por el Ministerio de Justicia suponían bloquear el derecho a la tutela judicial efectiva de las víctimas, que refuerza esta ley, indicando que estos delitos no son de lesa humanidad y, por tanto, han prescrito; además de eliminar la obligatoriedad del Estado a participar en la búsqueda de familiares.

“Unas valoraciones que no aceptamos ni nosotras ni Unidas Podemos”, añade Luque. “Hay cosas que se deberán negociar, no solamente por los grupos de gobierno, sino por todos los grupos políticos, conocemos la labor democrática. Lo que pretendemos es que el trámite de enmiendas se cierre porque si no no se puede trabajar ese texto”, añade.

La ley paralizada de bebés robados: “No ven necesario juzgar a los culpables”

Sara Plaza Casares

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Hace cuatro años la norma entraba en el Congreso. Después de que se haya aprobado su toma en consideración por dos legislaturas con mayoría política, la única promesa que tienen las víctimas es la creación de una ponencia en el Senado que presentará este miércoles el PSOE.

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En este sentido, la proposición de ley de bebés robados incluye la creación de una unidad policial y una fiscalía especializada para investigar la trama, además de otros aspectos como levantar la protección de datos, desclasificar y abrir los archivos para conocer la filiación biológica de los afectados, crear un banco de ADN e impulsar encuentros interfamiliares apoyados por equipos profesionales.

En cuanto al número de víctimas que se verían beneficiadas por esta norma, Luque es clara al afirmar que no existen cifras fiables, pero aporta unos datos que aproximan a la magnitud del crimen: “Las miles de denuncias emitidas entre 2011 y 2019 provocaron la apertura de 2.136 diligencias de investigación en Fiscalía y todas están archivadas. Pero seguramente habrá más víctimas.”