Personas desaparecidas
Paco Lobatón: “Es un déficit democrático enorme que no se haya aprobado la ley de bebés robados”

Su cara se convirtió en el rostro visible de un tema hasta entonces invisible en televisión: la desaparición de personas. Con el programa Quién sabe dónde, Paco Lobatón (Jerez de la Frontera, 1951) alcanzó un éxito sin precedentes tratando un asunto muy delicado para el prime time. Sin embargo, contra todo pronóstico, el espacio emitido en la televisión pública entre 1992 y 1998 resultó un fenómeno de audiencia y cumplió con la función de servir a la sociedad, resolviendo gran parte de los casos de desapariciones que trataron y poniendo en el escaparate una realidad durísima, la del abandono que sufren las familias que buscan a uno de sus miembros. Lobatón, presentador y director del programa desde su segunda temporada, estrenada en octubre de 1992, no volvió a ser el mismo tras conocer de cerca esta problemática. Treinta años después, sigue implicado a través de la fundación QSDGlobal y celebra los avances que se han logrado.

¿Qué se le debe decir a la familia de una persona desaparecida sin causa aparente?
Lo primero, antes de decirle nada, es estar a su lado, acompañar. Es la premisa. Y a continuación decirle que está en su derecho de demandar ayuda porque cuando una persona desaparece no desaparecen sus derechos, y los portavoces de esos derechos son sus familiares. En eso se han producido algunos avances significativos, en el sentido de que ya está perfectamente asumido por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que cualquier familiar o allegado próximo que quiera presentar una denuncia, tiene derecho a hacerlo. Y sin ese mito que, durante un tiempo, causó mucho daño, que era la supuesta espera de 24 o 48 horas antes de denunciar. No, si hay indicios suficientes para temer por la integridad de la persona desaparecida, se tiene que hacer de manera inmediata.

¿Por parte de la Policía? Está habiendo un progreso importante desde los años 90, cuando yo tomé el primer contacto con esta realidad y conocí el trabajo de las primeras asociaciones de familiares, por ejemplo Inter-SOS, creada por los padres de Cristina Bergua, Juan y Luisa, hasta hoy, que existe un verdadero movimiento asociativo, en el que está inserta la fundación QSDGlobal en la que trabajamos desde 2015. Han cambiado cosas, se han logrado cosas. Y las ha logrado la lucha de las familias y del movimiento asociativo.

Se pueden referir, en un recorrido de hitos: el primero lo puso Inter-SOS consiguiendo que el Congreso aprobara en 2010 la creación del Día de las Personas Desaparecidas, el 9 de marzo. En 2014, el Senado creó una comisión especial, que redactó un informe muy contundente dando cuenta del caos legislativo en el que estaba inmerso el fenómeno de las desapariciones de personas y apelando a la sociedad y a los poderes públicos para que se pusieran medios y remedios. Nuestra fundación nace al año siguiente y empieza a trabajar, primero con un convenio a tres bandas con los ministerios de Interior, Justicia y Asuntos Sociales para promover diferentes iniciativas. En 2017 se publica el primer informe anual de personas desaparecidas. Un año después lo asume el Centro Nacional de Desaparecidos, otra herramienta muy significativa. En 2019 se renueva el protocolo para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sobre cómo actuar en las desapariciones de personas. Justo antes de la pandemia, desde la fundación promovimos un encuentro de las familias en la sala Ernest Lluch del Congreso en el que se presenta la Carta de Derechos y Demandas que habían redactado en encuentros previos. Es la semilla de una demanda, el Estatuto de la Persona Desaparecida, que es el siguiente gran hito al que nos encaminamos. En marzo de este año ha habido un paso sin precedentes, la aprobación de un Plan Estratégico Nacional, con una dotación económica de 2.200.000 euros.

¿Cómo lo valoras?
Tiene una importancia estratégica. Para empezar, reconoce la existencia del fenómeno y su envergadura, el hecho de que haya más de 20.000 denuncias anuales, casi un cuarto de millón desde que existen registros en 2010. También reconoce una serie de necesidades: la primera, la atención a las familias, luego la formación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el reconocimiento como interlocutores de las entidades del tercer sector, asociaciones y fundaciones. Hay mimbres suficientes para que, a partir de ahora, las cosas cambien de manera sustancial. Se están cumpliendo los primeros pasos de forma efectiva pero hay que estar muy atentos para que este ambicioso plan se cumpla.

¿Es correcto usar la denominación personas desaparecidas sin causa aparente?
Es correcto, pero se hace casi por exclusión. En principio, las desapariciones no tienen un motivo conocido. Otra cosa son las desapariciones que responden a un secuestro parental, que ya no es sin causa aparente. Quizá se ha hecho un uso demasiado generalizado de esta denominación y habría que matizarla.

Engloba una cantidad de casuísticas muy grande. Todas las desapariciones que tienen que ver con desencuentros en el ámbito de la comunicación familiar, quizá desencuentros es un eufemismo y hay que hablar de conflictos abiertos, cuando conllevan separación, divorcios y puede haber un secuestro parental. Otro orden son las acciones de naturaleza criminal, también las relativas a la violencia de género, que no siempre se refleja en estos términos. Ahora empieza a haber casos en los que a raíz de la denuncia por vía judicial de la violencia de género se acaba identificando una desaparición.

Sigue habiendo más de 400 ancianos desaparecidos desde 2010 que no han sido rescatados

Hay un ámbito que me importa mucho, que es todo lo que tiene que ver con la salud mental. Afortunadamente, ahora ha salido de un territorio tabú y se habla con claridad, por ejemplo, del número de suicidios. Relacionado con los procesos de salud mental, las enfermedades diagnosticadas, no diagnosticadas o mal diagnosticadas hay un segmento importante de las desapariciones, en personas de toda edad. A partir de los 65 años, hablamos de nueve millones de personas, entre las que me cuento, que por edad entramos en el ámbito de las enfermedades neurodegenerativas. Solo de alzheimer hay 800.000 enfermos, que comportan un riesgo casi asociado a la enfermedad de deambulación errante, desaparición, accidentes. Sigue habiendo más de 400 ancianos desaparecidos desde 2010 que no han sido rescatados.

¿A quién recurre una familia con un familiar desaparecido?
La familia recurre a la Policía, y lo hace sin tantas reservas como pudo haber en otro tiempo. Afortunadamente, la respuesta que reciben por parte de la Policía es más acogedora, más acorde a los derechos que asisten a estas personas, pero sigue habiendo todavía casos de algún puesto de la Guardia Civil, de alguna comisaría, donde sigue prevaleciendo el peso de las viejas rutinas. Es una alerta que hay que tener siempre encendida. No es la posición oficial, sino que son residuos, restos de hábitos.

¿Qué hábitos son esos, ridiculizar la denuncia o culpar a la familia?
No ridiculizarla pero sí minimizarla. Por ejemplo, si se trata de una mujer, se dice “hombre, dele un poco de tiempo”, o si es un adolescente, “estará con sus amigos, espere 24 o 48 horas”. Cuando una familia da el paso de denunciar, no lo hace alegremente. Cada familia tiene su sensor y sabe cuándo un comportamiento rompe un modo de estar y relacionarse y puede representar una preocupación con base cierta. Y no se suelen equivocar con las intuiciones. Quien quiere poner una denuncia tiene derecho a ello y ha de ser atendido.

¿Qué significa que desde 2010 haya un cuarto de millón de denuncias por desapariciones?
Significa, y en esto no somos muy distintos de los países de nuestro entorno, que estamos en una sociedad donde los procesos de incomunicación por las casuísticas que hemos comentado siguen prevaleciendo. La dinámica de las desapariciones no se ha visto alterada o rebajada, solo durante la pandemia hubo un descenso drástico por motivos obvios. Son razones sociológicas profundas que tienen que ver con que vivimos en una sociedad que es poco sociedad en el sentido de que una sociedad es una agrupación de ciudadanos que comparten preocupaciones y se protegen recíprocamente. Cuando vemos estas cifras, se constata que estamos ante un fenómeno que escapa a este principio. Hay una percepción de que la solidaridad es la respuesta a, cuando en realidad la solidaridad es el principio mismo de la ciudadanía, no el remedio sino el medio de relacionarse.

¿En España hay un déficit de atención y cuidado a los casos de desaparición?
Creo que lo ha habido históricamente y que empieza a haberlo un poco menos, pero es una tarea que todavía llevará tiempo.

Hay un déficit legal muy grande que afecta al sustento económico de la familia cuando quien desaparece es quien aporta los medios de supervivencia de la familia

¿Qué respuestas legales se dan?
Hoy por hoy son la denuncia, el derecho a la búsqueda, la pelea —y esto ya no es legal sino social— por que los medios se hagan eco y, por tanto, haya la posibilidad de que los ciudadanos puedan contribuir a resolver la búsqueda, a dar con el paradero, a colaborar con las fuerzas policiales que tienen el encargo profesional de hacerlo. Hay, sobre todo, un déficit legal muy grande que afecta al sustento económico de la familia cuando quien desaparece es quien aporta los medios de supervivencia de la familia. Se produce una quiebra que hoy no está cubierta y que no debería ser considerada como un infortunio desgraciado. No existen coberturas que atiendan a las familias en estos casos.

También hay un déficit en las declaraciones de ausencia y fallecimiento. Las de ausencia están establecidas por la ley vigente, la de enjuiciamiento criminal, y en algunos casos es un plazo excesivo, innecesariamente largo. Mucho más la llamada declaración de fallecimiento, ante la que, además, se da un hecho absolutamente denunciable y denunciado por las familias, que es que se les impone el pago de unas cuotas para culminar el proceso administrativo y declarar administrativamente fallecida a la persona y permitir que la herencia o el patrimonio familiar pueda distribuirse sin que quede congelado por la ausencia de la persona. En el borrador del Estatuto de la Persona Desaparecida hemos planteado que desaparezcan esos pagos y que se modifique la propia denominación de esa declaración y se cambie por Desaparecido sin Retorno porque la declaración de fallecido contraviene un sentimiento general en las familias que es que si no hay una evidencia de muerte, hay esperanza de vida. Hay que reivindicar una ley que no hiera.

¿Se podría hacer más desde las instituciones?
Se puede hacer más. La prueba está en que desde 2010 el Congreso se ha ido implicando. El Senado también nos ha acogido, en el ámbito parlamentario está empezando a moverse el borrador del Estatuto de la Persona Desaparecida y esperamos que se incluya en las reformas legislativas de la actual legislatura, estamos peleando por ello.

En 2011, el Gobierno prometió al movimiento de las asociaciones de bebés robados una serie de medidas y atenciones que no han tenido una aplicación práctica, nada más que algo simbólico

En España hay una categoría particular de personas desaparecidas, los bebés robados durante la dictadura y en algunos años posteriores. El proyecto de ley lleva cuatro años paralizado en el Congreso. ¿Crees que llegará a aprobarse?
Creo que sí, pero sobre todo deseo que llegue a aprobarse. Es un déficit democrático enorme que no se haya hecho. Creo que la institución parlamentaria, el Congreso y el Senado, debería reparar lo que en el plano Ejecutivo fue un tremendo fiasco. Fui testigo de cómo en 2011 el poder Ejecutivo, el Gobierno de entonces, prometió al movimiento de las asociaciones de bebés robados una serie de medidas y atenciones que no han tenido una aplicación práctica, nada más que algo simbólico. Hay una reivindicación básica, esencial, que es la eliminación de la prescripción del delito en los casos de bebés robados porque afecta a la naturaleza misma del delito que hay detrás de esa realidad.

¿El final de Quién sabe dónde en 1998 tuvo que ver con que empezasteis a investigar los casos de bebés robados?
No tengo prueba documental que lo acredite, pero los indicios apuntan a eso. Habíamos empezado a investigar sobre bebés robados y algunos temas de memoria histórica, que no eran gratos para el Gobierno de entonces. Fue algo sibilino, aprovecharon un parón que necesitábamos después de un programa especial en Cuba que requirió mucho trabajo y que coincidió con el final de temporada. Lo que hicieron fue no renovarnos, entonces hacían contratos muy cortos, de tres meses. Y no volvimos después de ese verano.

Siempre he creído que los medios de comunicación, tanto los públicos como los privados, deben mantener el principio de que a mayor influencia, mayor responsabilidad

¿Cómo se ha tratado el tema de las personas desaparecidas en los medios de comunicación?
Mi mirada está muy condicionada porque yo he tenido una implicación muy activa. Siempre he creído que los medios de comunicación, tanto los públicos como los privados, deben mantener el principio de que a mayor influencia, mayor responsabilidad. Mi experiencia fue que si se ponía a disposición de la sociedad, de la ciudadanía, la información para que la gente ayudara, la gente ayudaba. La disposición está, falta la propuesta. La calidad de la respuesta está claramente en relación con la calidad de la propuesta.

¿Cómo lo abordó Quién sabe dónde?
Había detrás un trabajo documental importante, con 68 personas. En el principio de cada programa se ponían unos anuncios de las familias y gran parte de los casos que se resolvieron, que fueron unos siete de cada diez, lo hicieron durante la emisión de los programas. Te voy a contar una cosa: una vez presenté la dimisión. Cuando todavía era presentador, pero no director, pusieron al vidente Octavio Aceves para resolver un caso de desaparición del padre de un chico de 14 años. Hicimos el programa y después presenté la dimisión. En televisión, la búsqueda de personas desaparecidas no puede pasar por un vidente en el plató.