Minería
Revés judicial a la extracción de uranio en la Sierra Suroeste

En una semana de buenas noticias en los tribunales para el movimiento opositor a los grandes proyectos extractivistas en Extremadura, a la resolución en contra de la minera de Valdeflores (Cáceres) se suma la desestimación, por parte del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), del recurso interpuesto por Qbis Resources contra la anulación, por la Junta de Extremadura, del permiso de investigación para su proyectada mina de uranio en la Sierra Suroeste de Badajoz.

La resolución judicial —que implica la paralización de cualquier actividad minera— responde, en concreto, al recurso interpuesto por los ayuntamientos de Higuera de Vargas, Jerez de los Caballeros, Oliva de la Frontera, Villanueva del Fresno y Zahínos, junto a otras asociaciones, después de que la empresa promotora de la mina ganara, en primera instancia, su propio recurso frente a la resolución de la Junta de Extremadura denegando en 2019 el permiso de exploración e investigación.

La sentencia detalla que “se trata de un proyecto mixto de exploración e investigación, donde no se expone ninguna determinación concreta de la única actuación que se puede considerar como de efectiva investigación, la realización de los sondeos, con lo que se incumple la obligación de exponer el plan general de investigación que se prevé realizar”, añadiendo que “como se reconoce expresamente, el número y disposición de los sondeos se proyectará en función de los resultados obtenidos en las anteriores fases de exploración”, y “no se sabe, por tanto, ni el número ni la ubicación de los sondeos que se propone realizar la promotora”. Finaliza señalando cómo «no parece discutible la importancia de estas determinaciones si se tiene en cuenta que casi las dos terceras partes del territorio del permiso es zona protegida por la normativa Red Natura 2000».

La resolución judicial supone un paso muy importante para la paralización del proyecto, a la vez que pone en evidencia a la Junta de Extremadura que, en principio, concedió un permiso de investigación ahora declarado ilegal

La promotora de la mina, como estima el Tribunal, en realidad no presentó en los permisos “un verdadero proyecto de investigación, de modo que debió ser desestimado desde el inicio por la Junta de Extremadura”. Sentencia que lo que se le podría haber concedido era un permiso de exploración y no de investigación, pues no existía “un proyecto de investigación y no se habían llevado a cabo trámites esenciales como la evaluación de impacto ambiental, el informe de afección a Red Natura 2000 y el estudio de impacto radiológico».

La resolución judicial supone un paso muy importante para la paralización del proyecto, a la vez que pone en evidencia a la Junta de Extremadura que, en principio, concedió un permiso de investigación ahora declarado ilegal. Así, no hay que olvidar que fue la Dirección General de Minas de la Junta de Extremadura quien permitió a la empresa, en 2018, realizar catas durante tres años en una superficie de 286 cuadrículas mineras, provocando entonces el rechazo de los vecinos y de los alcaldes de las localidades afectada. Solo tras este movimiento el gobierno extremeño procedió a anular, en julio de 2019, el permiso concedido en 2018. Es decir, la Junta concedió un permiso sobre el que, gracias a la movilización ciudadana y a la acción de los alcaldes de la zona, tuvo que dar marcha atrás y anularlo.

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Posteriormente, el TSJEx estimó el recurso interpuesto por la empresa, confirmando la resolución de la Junta que otorgaba el primer permiso de investigación. Contra dicha sentencia, sólo cabía recurso de casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Ahora, lo que acaba de resolver el TSJEx son los recursos que interpusieron los ayuntamientos afectados (Higuera de Vargas, Jerez de los Caballeros, Oliva de la Frontera, Zahínos y Villanueva del Fresno), además de otros colectivos y personas.

En resumen: autorización inicial de la Junta para unos permisos que no respetaban los trámites preceptivos (la tradicional política extractivista de los hechos consumados con la aquiescencia de la Junta), consecuente periplo judicial de recursos y presiones y una movilización popular activándolos que, de no haber existido, hubiera concluido con una mina de uranio en un espacio de la Red Natura 2.000.