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Uranio
Hacia el fin de la minería de uranio en nuestro país
Como consecuencia de la tramitación en el Congreso de los Diputados del Proyecto de Ley del Cambio Climático y Transición Energética se ha anunciado el fin de la minería de uranio en nuestro país. De aprobarse la enmienda al artículo 8 de esa ley, consensuada entre el Partido Socialista y el grupo de Unidas Podemos, se prohibiría “la investigación y el aprovechamiento de minerales radiactivos, tal y como se definen en la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear, cuando tales minerales sean extraídos por sus propiedades radiactivas, fisionables o fértiles, en todo el territorio nacional”.
Con esta ley se pone fin a 70 años de búsqueda de mineral uranio para alimentar la energía nuclear y crear la bomba atómica, como soñaba el dictador Franco. No podemos olvidar que el desarrollo de ese tipo de energía ha estado indisolublemente unido a la consecución de armas atómicas por los países que iniciaron ese proceso a mediados del siglo pasado.
La minería de uranio en España tuvo un fuerte desarrollo en la segunda mitad del siglo XX, siendo la empresa pública ENUSA la encargada de su investigación y explotación desde el año 1972 (anteriormente era la Junta de Energía Nuclear la encargada de buscar y explotar uranio en España).
En la provincia de Salamanca hemos sido candidatos preferentes a albergar minas de uranio en nuestro territorio, pues evidentemente nuestro suelo alberga ese mineral. La mina española más importante ha sido la de Saelices El Chico, que funcionó desde el año 1974 hasta el año 2000, en el que cerró por falta de rentabilidad.
Posteriormente, una multinacional australiana se fijó como objetivo abrir minas de uranio en Salamanca ante el aumento del precio del uranio antes del desastre de Fukusima. La empresa Berkeley Minera España S.L. lleva década y media intentando poner en valor una mina de uranio, con planta de tratamiento y depósito de residuos radiactivos en Retortillo. Ahora parece que la enmienda citada a la Ley de Cambio Climático les puede afectar de lleno, pues en la misma se introduce este texto: “Se procederá al archivo de cualquier procedimiento relacionado con la autorización de instalaciones radiactivas del ciclo de combustible nuclear para el procesamiento de tales minerales”.
Esto nos da a entender que esta enmienda está pensada para ahorrarle a la Ministra Teresa Ribera el engorro de autorizar o no la planta de tratamiento de uranio de Retortillo, pendiente de la renovación de la autorización previa que ahora caduca a los 5 años de su concesión, y también de conceder la autorización de construcción de la planta de tratamiento de uranio.
No podemos olvidar que el desarrollo de ese tipo de energía ha estado indisolublemente unido a la consecución de armas atómicas por los países que iniciaron ese proceso a mediados del siglo pasado.
En la Plataforma Stop Uranio, que llevamos 7 años luchando para que no se autorice el proyecto de Retortillo, vemos con enorme alegría la posibilidad de poner fin a nuestra pesadilla. Pero lo que no podemos admitir es que la manera elegida para rechazar el proyecto de Berkeley dé lugar a una posterior reclamación patrimonial por parte de la empresa minera. Es de imaginar que la multinacional australiana no se va a quedar de brazos cruzados ante la situación creada por la Ley de Cambio Climático, pendiente de aprobación por las Cortes españolas.
Seguro que va a pretender sacar una buena tajada de dinero público vía indemnización millonaria por el perjuicio causado por la futura ley. Esperemos que nuestros próceres consigan atar bien la situación que se va a dar e impedir que Berkeley se llene los bolsillos con dinero de los contribuyentes.
Berkeley ha hecho un enorme daño a nuestra tierra. Ha emponzoñado las relaciones entre vecinos, impulsando las posturas favorables a su dañino proyecto en contraposición a los que nos oponíamos a su objetivo. Contrató personas de los pueblos cercanos a la mina para que le sirvieran de escudo frente a los que nos oponíamos a sus pretensiones. Ha llenado la comarca de pancartas con el lema “Si a la mina, Si al trabajo”. Se anuncia constantemente en los medios locales con la falacia de los futuros puestos de trabajo que se iban a crear, fomentando unas falsas expectativas que se van a ir al garete si finalmente se aprueba la nueva ley anunciada.
Pero lo peor es el daño ambiental que ha provocado en la zona. Se talaron casi 2000 encinas centenarias con la única pretensión de hacer publicidad de la mina. Se ha realizado el desdoblamiento parcial de una carretera sin tener los permisos necesarios para ello, creando una balsa de enormes proporciones que va a quedar para siempre como una herida en nuestra tierra.
Por el daño causado no se puede permitir que Berkeley consiga el objetivo por el que viene luchando desde que fue consciente que el uranio que alberga nuestra tierra no era lo suficientemente rentable para su negocio: una indemnización millonaria para lavarse la cara ante los inversores que han apostado por la mentira del resurgimiento de la minería de uranio en Salamanca.