Sevilla
Ilegalidades pasadas y peligros futuros de la mina que la Unión Europea quiere revivir en Sevilla

Este martes, la Comisión Europea ha publicado una lista de “proyectos estratégicos” en el marco de las materias primas y ha seleccionado entre ellos a la mina sevillana de Las Cruces, en el municipio de Gerena. El respaldo del Ejecutivo europeo, que cuenta con el apoyo del Gobierno español, supone que el proyecto podrá acceder a mecanismos como la aceleración de permisos administrativos o tener prioridad en la financiación pública. Especialistas en recursos naturales ven con preocupación el espaldarazo a una mina que tiene en su historial condenas por sobreexplotación de recursos hídricos o envenenamiento de aguas subterráneas.

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Sevilla

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Las Cruces está tratando de reinventarse en plena crisis. La empresa matriz propietaria de la mina, First Quantum, lleva un año tratando de vender las instalaciones. Mientras, el director de la empresa que gestiona la mina quiere realizar una “transformación integral” de las operaciones para pasar de la minería a cielo abierto a la subterránea y además integrar en el mismo emplazamiento varias fases de la cadena productiva.

La explotación minera de Las Cruces es una vieja conocida para activistas ecologistas y personas trabajadoras del sector primario en Andalucía. Desde su puesta en marcha en 2009 y entre otras malas prácticas, ha extraído agua de un acuífero del que tenía prohibido sacar este recurso y ha contaminado el estuario del Guadalquivir, con el consiguiente daño a peces y al sector primario de la zona.

Desde su puesta en marcha en 2009, la mina ha extraído agua de un acuífero del que tenía prohibido sacar este recurso y ha contaminado el estuario del Guadalquivir

La consideración de proyecto estratégico para la mina le otorga varias ventajas. La principal puede ser la inyección de financiación pública, pero una más sutil, la aceleración de trámites, puede suponer un peligro para el entorno si las evaluaciones de impacto ambiental no se realizan correctamente.

El objetivo de la Unión Europea con la lista de proyectos estratégicos, que se enmarca en el Reglamento de Materias Primas Fundamentales, es acelerar la obtención de minerales considerados clave para la transición energética y digital y otras industrias como la armamentística en el contexto del rearme europeo.

Un impulso para una mina condenada por malas prácticas

El director general de Cobre Las Cruces, Pedro Soler, ha valorado el apoyo de la Comisión Europea a la planta de procesamiento de cobre como un impulso a su apuesta “por una minería de nueva generación” en la que resalta la posibilidad de hacer Europa más “sostenible”.

Isidoro Albarreal, responsable del área de Minería de Ecologistas en Acción, no comparte el optimismo medioambiental del director de la explotación minera: “No existe la minería sostenible y no existe la minería verde”. “Es mentira, se lo inventan las empresas mineras porque la actividad minera, por definición, agrede al medio ambiente. Se puede discutir si es necesaria o en qué grado, pero agrede al territorio y a las aguas”, añade el especialista.

Isidoro Albarreal (Ecologistas en Acción): “No existe la minería sostenible. La actividad minera, por definición, agrede al medio ambiente”

El historial del proyecto no habla de sostenibilidad. Las Cruces acumula más de 6,5 millones de euros en sanciones e indemnizaciones, alertan organizaciones ecologistas, por extracciones ilegales de aguas del acuífero de Gerena y Guillena-Cantillana, masas de agua consideradas como reserva estratégica de emergencia para consumo humano. Además, en 2016 la Fiscalía de Medio Ambiente condenó a tres directivos de la mina después de que estos reconocieran haber contaminado deliberadamente el acuífero del que se abastece el proyecto con arsénico al extraer más agua de la permitida.

La contaminación del agua del acuífero y del Guadalquivir

La mina de Las Cruces comienza su andadura en 2009 con una premisa: no dañar el acuífero subyacente, que es reserva estratégica en caso de sequía para la ciudad de Sevilla y su área metropolitana. Con este fin, la empresa diseñó un sistema novedoso calificado de “drenaje y reinyección”: la explotación extraería agua del acuífero y la reinyectaría a kilómetros de distancia para que no se viese perjudicada por su actividad, explica Albarreal, que aclara que este proyecto “nunca ha funcionado”.

Las Cruces, según se estableció en un primer momento, debería abastecerse de aguas residuales provenientes de la depuradora sevillana de San Jerónimo. “La realidad es que han cogido agua del acuífero y la de la depuradora la han cogido puntualmente”, dice Albarreal. Las sentencias lo avalan: la condena de la Fiscalía de Medio Ambiente de 2016 se produjo tras el reconocimiento por parte de directivos de Las Cruces de que habían estado extrayendo agua del acuífero.

En 2016, la Fiscalía de Medio Ambiente condenó a tres directivos de la mina después de que estos reconocieran haber estado extrayendo agua del acuífero subyacente

También está demostrado, mediante informes de la Universidad de Sevilla y otras instituciones académicas andaluzas, que la mina ha contaminado el estuario del Guadalquivir con sus vertidos —vertidos que se triplicarán con el nuevo proyecto de minería subterránea, en caso de ponerse en marcha—. El especialista de Ecologistas en Acción advierte que las aguas residuales de la mina afectan y afectarán a las plantaciones de arroz y la crianza de marisco de la desembocadura del Guadalquivir.

“Es increíble que Europa considere estratégico un proyecto que daña las reservas de agua para épocas de sequía y produce un vertido demostradamente tóxico al principal río de Andalucía”, opina Albarreal.

Trámites administrativos pendientes

La inclusión de la mina de Las Cruces en el listado de “proyectos estratégicos” de la Comisión Europea supone, entre otros, una aceleración de los procesos administrativos. Este aspecto no debería tener un gran impacto para la explotación porque, al ser un proyecto en activo, ya tiene aprobadas la mayoría de las licencias. Sin embargo, Albarreal cuenta que aún tienen un par de trámites pendientes.

Por un lado, está el relativo a la autorización para la ubicación de la nueva planta de refinería polimetalúrgica. La empresa consiguió el permiso para edificar en una zona cercana a la mina a cielo abierto, pero, ahora, una sentencia ha anulado parte del plan que permitió en un primer momento construir en esa zona al ver riesgo de derrumbe. Ecologistas en Acción sostiene que la empresa debe reiniciar el proceso de evaluación de impacto ambiental, aunque Cobre Las Cruces niega que eso sea necesario.

Por otro lado, también se está tramitando el permiso de uso de aguas. La última autorización enunciaba que el 50% del consumo de agua de la mina debía provenir de las aguas residuales de la depuradora sevillana de San Jerónimo. Esta instalación, sin embargo, se ha cerrado, por lo que habrá que tramitar un nuevo lugar de procedencia del suministro de agua.

El peligro de acelerar las evaluaciones de impacto ambiental

Los trámites tanto para el nuevo suministro de agua como para la declaración de impacto ambiental para la zona donde se construiría la refinería polimetalúrgica podrían verse afectadas por la declaración de la mina como proyecto estratégico. Adriana Espinosa, responsable de recursos naturales y residuos de Amigas de la Tierra, explica que la Comisión Europea ha ordenado “acelerar, agilizar y facilitar” los procesos administrativos y ha establecido un máximo de 27 meses para otorgar o negar las autorizaciones.

Este límite hace una excepción con las evaluaciones de impacto ambiental y no debe aplicarse a estos procesos, pero Espinosa se muestra preocupada: la Comisión Europea está presionando a las administraciones y la especialista teme que estas ignoren la letra pequeña de que el tope no se aplica a los estudios de impacto ambiental. “El mandato general es ‘acelerar’”, recuerda la experta.

Las evaluaciones de impacto ambiental sirven para identificar riesgos y prevenirlos. Aunque estos procesos no deberían verse afectados por el mandato europeo (sobre el papel, al menos), acelerarlos pondría en riesgo el entorno

Espinosa explica que los procesos de información pública en evaluaciones de impacto ambiental ya dan “muy poco tiempo” para que las comunidades locales afectadas o las organizaciones puedan estudiar las evaluaciones y acelerar los procesos podría complicar todavía más su tarea: “Si además de este punto de partida nos encontramos con un mandato por parte de la Comisión de acelerar, agilizar y facilitar los proyectos, la situación va a ser más difícil”. “Si simplificas la evaluación de impacto ambiental, debilitas la protección medioambiental”, añade la experta.

Las evaluaciones de impacto ambiental se realizan para identificar riesgos y prevenirlos. De no hacerlas con tiempo, es posible que no se tengan en cuenta todos los impactos de un proceso sobre el medio ambiente. En el caso de Las Cruces, Espinosa explica que ya hay estudios que alertan de que los estudios de impacto ambiental que se han hecho para autorizar los vertidos de la mina sobre el Guadalquivir no están teniendo en cuenta los efectos acumulativos de sustancias tóxicas en el río. “Esto, con una orden de acelerar, agilizar y facilitar, solo puede ir a peor”, advierte la especialista de Amigas de la Tierra, que pone el desastre de Aznalcóllar —que vertió 6 millones de metros cúbicos de desechos tóxicos en el Guadiamar, en las inmediaciones de Doñana— como ejemplo “paradigmático” de una declaración de impacto ambiental mal hecha.

Falta de transparencia en la adjudicación de los proyectos estratégicos

Ecologistas en Acción, Amigas de la Tierra y SEO/Birdlife han señalado en nota de prensa la “opacidad” del Gobierno de España y la propia Comisión durante el proceso de selección de los proyectos que se considerarían estratégicos. “Esta falta de transparencia arroja incertidumbre sobre los criterios aplicados para otorgar a determinados proyectos una calificación que les otorgará privilegios económicos y administrativos”, sentencian las organizaciones, que califican esta falta de transparencia de “vulneración” del Convenio de Aarhus sobre información, participación y justicia ambiental.

“A pesar de las advertencias reiteradas, se ha atribuido la consideración de estratégicos a proyectos cuyos impactos previos y potenciales son evidentes e incluso han sido objeto de sanciones y procesos judiciales” como la mina de las Cruces, señala Cristóbal López, responsable del área de minería de Ecologistas en Acción.

Cristóbal López (Ecologistas en Acción): “Se ha atribuido la consideración de estratégicos a proyectos cuyos impactos previos y potenciales son evidentes e incluso han sido objeto de sanciones y procesos judiciales”

“Para que la política minera de la UE sea creíble y sostenible, debe basarse en una planificación estratégica que defina qué materias primas se necesitan, en qué lugares pueden extraerse sin poner en riesgo al medio ambiente ni a las comunidades y bajo qué condiciones pueden desarrollarse”, apostilla Juan Carlos Atienza, de SEO/Birdlife, que apunta que la planificación debe construirse “con criterios de interés general y con participación pública real y reforzada”.