Minería
El fantasma de la megaminería de tierras raras se aleja del Campo de Montiel

Ha sido una larga lucha, pero los vecinos de los municipios de Torre de Juan Abad y Torrenueva, en el Campo de Montiel (Ciudad Real), lo han conseguido. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) ha desestimado el recurso contencioso-administrativo de Quantum Minería SL contra la Declaración de Impacto Ambiental Negativa para el megaproyecto minero de tierras raras en la zona. La decisión del tribunal supone que la minera prácticamente se despida del proyecto, aunque aún puede presentar un recurso extraordinario ante el Tribunal Supremo.

El plan de minería a cielo abierto, que inicialmente estaba pensado para cuatro de las cinco comarcas de Ciudad Real —La Mancha, los Montes de Toledo, Campo de Calatrava y, especialmente, al Campo de Montiel— iba a afectar a 27.500 hectáreas de tierras agrícolas y puso en pie de guerra a los vecinos de 23 localidades de la zona, donde se realizaron manifestaciones y tractoradas. A las protestas se sumó el sector agropecuario, y cinco sociedades agroganaderas se presentaron como codemandadas para defender la Declaración de Impacto Ambiental negativa que dictó la Junta de Castilla-La Mancha en octubre de 2017.

Las tierras raras es un grupo de 17 compuestos químicos que van asociados a una serie de minerales, entre ellos la monacita, que contiene elementos radiactivos como el uranio y el torio y se emplea en la fabricación de móviles, ordenadores, led y aerogeneradores, e incluso armas. Siendo China el principal productor mundial y teniendo Europa un déficit de esta materia prima, desde sectores especuladores se había puesto el ojo fijo en el Campo de Montiel como un nuevo dorado, aunque el proyecto solo implicaba la creación de  algo más de un centenar de puestos de trabajo en una década.

Jurisprudencia para el futuro

Desde las organizaciones contrarias al plan denuncian que el proyecto fue dividido intencionadamente en varias fases para evitar la evaluación ambiental estratégica. Ahora, Ecologistas en Acción señala que la sentencia es “especialmente importante al evidenciar que las actividades mineras no solo provocan impactos ambientales insalvables cuando se pretenden implantar en espacios naturales protegidos, sino también cuando se sitúan en zonas próximas, como era el caso de este proyecto que hubiera afectado a la ZEPA Áreas Esteparias del Campo de Montiel”. Además, la sentencia asienta jurisprudencia sobre los impactos de la minería en espacios protegidos, lo que podría ser positivo para el medio ambiente en futuros procesos judiciales similares.

En el proceso que ahora culmina, ha tenido especial relevancia el informe proporcionado por la Fundación Internacional para la Restauración de Ecosistemas (FIRE), que alertaba de los impactos del proyecto minero sobre el águila imperial, el águila azor-perdicera y el lince ibérico, ya que habría destruido parte de sus hábitats y fragmentado una superficie mucho más amplia. El documento señala, además, la desaparición de uno de los últimos núcleos relevantes de aves esteparias en la comarca, con importantes poblaciones de sisón común, ganga ibérica, ganga ortega y aguilucho ceniza, especies con un acusado declive poblacional.

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Una treintena de colectivos de Bosnia, Finlandia, Grecia, Irlanda, España, Portugal y Eslovaquia denuncia que las tres comunidades autónomas, sujetas al deber de imparcialidad, realizaron un mapeo de conflictos mineros con tres millones de euros a cargo de un proyecto europeo.

Desde Ecologistas en acción señalan que la sentencia “supone un claro ejemplo de los frutos de la lucha común de ecologistas, propietarios rurales y personas que viven de la agricultura y la ganadería a la hora de defender el territorio y la economía rural sostenible frente a los intereses espurios de mineras transnacionales como Quantum”. La compañía ya fue señalada en el informe Minería especulativa en España por sus vinculaciones con Star Petroleum, implicada en supuesto tráfico de influencias en Sudán del Sur y controlada por el empresario hispano-iraní Massoud Zandi, según denuncian los ecologistas.