Medio ambiente
Cazar en zonas protegidas o modificar parques regionales: las agresiones ambientales de la Ley Ómnibus

Maquillar toda una remodelación del ordenamiento jurídico de una región para favorecer una serie de intereses y la desregulación medioambiental, calificándolo de simplificación y modernización de la administración y de impulso de la actividad económica, no es una práctica nueva en España. Si bien así es como se presenta la Ley Ómnibus, un anteproyecto de ley que modifica 33 leyes y cinco decretos regionales que afectan a multitud de ámbitos —y que cuatro decenas de organizaciones han calificado de “otra vuelta de tuerca en la privatización y la liberalización de la gestión de múltiples servicios públicos y áreas de gobierno en la región afectando negativamente a los derechos colectivos y bienes comunes”—, el Gobierno andaluz ya convalidó el llamado “decretazo” en abril de 2020.

Este modificaba 21 leyes, seis decretos y otras 10 normas legales andaluzas, y reducía controles en sectores tan sensibles como urbanismo, turismo, medio ambiente, comercios y medios de comunicación públicos. Lo llamaron Decreto de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva, y fue calificado de “atentado a los andaluces” por la oposición. De hecho fue recurrido ante el Constitucional por el Gobierno, a petición de casi un centenar de organizaciones. Como el que ahora pretende sacar adelante la presidenta madrileña, también llegó por la vía de urgencia.

Prisas y opacidad

En Madrid, el nuevo paquete legislativo, aún en fase de anteproyecto, se llama Ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la modernización de la administración de la Comunidad de Madrid —Ley Ómnibus, en adelante— y Ayuso lo presentó en plena Nochebuena, con tramitación urgente en medio de las fiestas y con solo siete días de trámite de audiencia e información pública, suprimiendo el de consultas.

“No tenemos nombres y apellidos, pero estamos convencidos de que detrás de cada una de estas modificaciones hay unos intereses muy concretos de personas muy ligadas al Partido Popular”, denuncia Urquiaga

A pesar de que desde casi cuatro decenas de organizaciones sociales ven en esta forma de proceder “un acto de opacidad y vulneración de las obligaciones de facilitar la participación pública que tienen la Administración regional”, el Grupo de Acción para el Medio Ambiente (Grama) y Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid (EeA Madrid) han presentado decenas de alegaciones in extremis referidas al ámbito del medio ambiente, ya que el proyecto ayusista incorpora importantes efectos en esta materia.

Raúl Urquiaga, portavoz de Grama, denuncia que, de aprobarse, la Ley Ómnibus facilitaría la caza en zonas de máxima protección: “Hasta ahora, en las zonas de mayor protección de los tres parques regionales no se permitía la caza, pero ahora, tanto en el Parque Regional del Sureste como en el Parque Regional del Curso Medio del río Guadarrama, ya no existe esta limitación”. El objetivo de Ayuso es que, una vez se apruebe un plan cinegético, la práctica de la caza sea legal en la totalidad de ambos espacios protegidos. Además, en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, el restante de los tres espacios naturales protegidos de este tipo que contiene la Comunidad de Madrid, “únicamente dejan sin cazar las zonas de reserva integral”, explica el ecologista.

“Si las posibilidades para cazar y los abusos de la caza que se daban dentro de los espacios protegidos ya eran muy amplios, a partir de ahora los parques regionales se convierten en cualquier otra zona del territorio solo sujetos a la existencia de un coto y de un plan cinegético”, denuncia, remarcando que se trata de un nuevo guiño de los conservadores —y sus socios ultras— al sector cinegético. “Están desatados y ahora mismo todo vale”, lamenta, agregando que “es una cuestión de favorecer sin ningún tipo de trabas a los cazadores y de una cuestión ideológica del Gobierno regional de aplicar unas medidas neoliberales hasta sus máximos niveles”.

De parque natural a recurso

Los ecologistas alertan de que el proyecto de ley favorece el uso urbanístico y comercial de los parques regionales. “Mete un artículo que dice que se van a poder hacer infraestructuras y obras asociadas a los usos forestales, silvícolas e incluso cinegéticos, y eso te da la posibilidad de que una finca de caza, por ejemplo, pueda hacer una instalación para reunirse en una montería”. Así, según denuncia el portavoz de Grama, “lo que tendrías ahí realmente es una especie de uso hostelero camuflado como ya existe en algunos sitios de caza en el Parque Regional del Sureste o en el del río Guadarrama”.

La rehabilitación de construcciones para darle un uso turístico o incluso residencial es otro de los aspectos que preocupan a las organizaciones sociales. “Hablamos de lugares que son suelos no urbanizables de protección, en los que ahora meten turismo rural e incluso residencial, lo que es realmente peligroso”, apunta Urquiaga. 

“En la justificación de la ley hablan del impulso de la economía y evitar cargas innecesarias y favorecer que los trámites sean mucho más rápidos, pero de todo eso prácticamente no hay nada”

Además, otra modificación que incluye el paquete legislativo es que se permitirán en los parques regionales —a excepción de sus zonas de máxima protección— construcciones para usos recreativos o educativos como podría ser un albergue con uso de pernocta. “Creemos que ya hay suficientes espacios dentro de los parques regionales donde se podría meter este tipo de usos y actividades”, señala Urquiaga, remarcando que “muchas veces detrás de estos establecimientos con usos educativos lo que hay son usos hosteleros y hoteleros encubiertos, usos que les dan más dinero que un campamento de niños que les puede venir de vez en cuando”.

Mover los parques

Una de las denuncias que, desde posiciones ambientalistas, consideran más graves es el hecho de que la nueva ley permitiría modificar los límites de los tres parques regionales “sin control”. En concreto, la ley señala que se podrán cambiarse los límites de las tres áreas protegidas regionales “y ajustar sus límites a la realidad de los valores naturales presentes en el territorio, de conformidad con lo establecido en la legislación básica estatal al respecto”.

Esa última coletilla es la que preocupa a EeA Madrid y Grama. “Da la posibilidad de modificar los límites del parque en función de si ese espacio está más o menos degradado, y eso es un peligro, porque estás dando la información a quienes degradan el espacio de que si degradas la zona donde tienes un terreno, a la larga te van a cambiar los límites y vas a poder estar fuera del parque regional para hacer tus negocios”, explica Raúl Urquiaga.

En lo relativo al uso privado de los montes de utilidad pública, la ley elimina la obligación de que ciertas actividades estén sometidas a autorización. Asimismo, se amplía el plazo de las ocupaciones temporales en los mismos de 15 a 75 años. Se trata, para ambas organizaciones, de una desprotección y privatización encubierta de los montes de utilidad pública. “75 años es el plazo de vida una persona que puede hacer lo que le dé la gana en ese lugar, y con qué control vas tú después de 75 años a hacer que ese terreno se revierta al patrimonio público. No tiene sentido”, denuncia el portavoz de Grama. Este recuerda situaciones como las de la urbanización del puerto de Navacerrada, un espacio en el que a pesar de que hay viviendas y edificaciones construidas sobre suelo público en régimen de concesión vencida, aún no se han derribado.

“Si las posibilidades para cazar y los abusos de la caza que se daban dentro de los espacios protegidos ya eran muy amplios, a partir de ahora los parque regionales se convierten en cualquier otra zona del territorio”, denuncia Urquiaga

Por último, las organizaciones ecologistas denuncian que la Ley Ómnibus supondrá la reducción de la protección de las especies vegetales de flora silvestre, tanto las especies incluidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Comunidad de Madrid como de las que no lo están, y la desprotección del arbolado de especies no protegidas. Según denuncian, “en la práctica lo que se persigue es eliminar la supervisión por parte de la administración competente en el caso de talas en obras o aprovechamientos”. Así, los ejemplares arbóreos de las especies vegetales de flora silvestre no protegidas, por el mero hecho de serlo, se considerarán como especies de interés forestal y podrán ser sometidos a un aprovechamiento comercial, advierten.

Nombres y apellidos

Detrás de todos estos cambios legislativos, lejos de simplificar normativas o impulsar la actividad económica, los colectivos que han presentado alegaciones ven personas e intereses concretos: “No tenemos nombres y apellidos, pero estamos convencidos de que detrás de cada una de estas modificaciones hay unos intereses muy concretos de personas muy ligadas al Partido Popular”, denuncia Urquiaga. “Seguramente están haciendo modificación de las leyes ad hoc para favorecer a estos intereses o a estas personas”.

Asimismo, el portavoz ve en el movimiento de Ayuso “una cuestión ideológica de llevar el neoliberalismo a sus máximos niveles”. De hecho, denuncia, “en la justificación de la ley hablan del impulso de la economía y evitar cargas innecesarias y favorecer que los trámites sean mucho más rápidos, pero de todo eso prácticamente no hay nada. Lo que se hace es que todo sea con menor supervisión de la administración para favorecer los negocios a costa del medio ambiente”.