Medio centenar de asociaciones de mujeres ha hecho público un comunicado para denunciar la violencia institucional que sufren algunas madres y sus criaturas dirigido a las y los responsables de todas las instancias judiciales y administrativas. Lo hacen en apoyo a R. A. y tras la actuación del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Cambados (Pontevedra), donde este miércoles se celebraba una vista para valorar la posible retirada a la madre de la patria potestad y la suspensión del régimen de visitas de sus hijos de 10 y 7 años, que le fueron arrancados el pasado 10 de enero.

Ese día, la Policía autonómica, acudió a la puerta del colegio de Ferrol al que asistían los niños para llevarlos contra su voluntad al progenitor, sin conocimiento de la madre, que ha estado un mes sin verlos y ahora solo tiene contacto con sus hijos en visitas muy restringidas y sin pernoctas, pese a ser su cuidadora principal y pese a haber denunciado malos tratos de él hacia los niños y haber puesto en conocimiento de las autoridades sus sospechas de abuso sexual hacia las criaturas.

La mujer también ha aportado un informe pericial que da cuenta de la oposición firme del hijo a irse con su padre, observada en varias salidas del colegio en las que él debía recogerle. El informe de este experto recoge la ansiedad del niño y la pasividad de la niña y recomienda cambios para evitar el desarrollo de posibles trastornos.

Para alejar a los niños de su madre, el juzgado ha estimado un informe del Imelga que  contiene varias alusiones de los postulados del falso Síndrome de Alienación Parental

Para alejar a los niños de su madre, el juzgado estimó un informe del Imelga (Instituto Gallego de Medicina Legal) que, como ha podido comprobar El Salto, contiene varios alusiones de los postulados del falso Síndrome de Alienación Parental (SAP). En primer lugar, insinúa que la opinión del niño ha sido implantada por su madre. Además, muestra un claro sesgo cuando evalúa a los progenitores: pone en duda a la madre y refuerza la postura del padre. El broche a este informe lo pone la amenaza, que es la prescripción que se impone ante el acientífico SAP: “En el caso de que la progenitora siga obstaculizando la relación paterno filial, se podría recomendar un cambio de custodia”.

El Síndrome de Alienación Parental es rechazado por su acientifidad y su aplicación está prohibida de forma expresa por el Consejo General de Poder Judicial y por la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia aprobada en 2021.

“Desgraciadamente, este sesgo patriarcal y misógino de la justicia está muy arraigado en nuestro sistema judicial y casos como este se vienen repitiendo a lo largo y ancho de todo el territorio del estado español”, denuncia el comunicado

“Desgraciadamente, este sesgo patriarcal y misógino de la justicia está muy arraigado en nuestro sistema judicial y casos como este se vienen repitiendo a lo largo y ancho de todo el territorio del estado español”, denuncia el comunicado. 

Las asociaciones que apoyan el escrito impulsado por la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas del País Valencià señalan “el problema de los arrancamientos y de la revictimización de las madres protectoras” y recuerdan que casos como el de R. A. contravienen el Convenio de Estambul, la Ley Orgánica de protección de la infancia y la adolescencia contra la violencia y las recomendaciones del CEDAW, que han alertado del problema de la aplicación de estereotipos de género en el sistema judicial. Además, señalan se contraviene el artículo 92 del Código Civil, que prescribe la escucha a los hijos e hijas cuando se está decidiendo sobre su cuidado y educación.

Entre las asociaciones firmantes están plataformas como la Coordinadora Feminista de Valencia, Plataforma Feminista Galega o el Consejo de Mujeres Resilientes de Violencia de Género, además de asociaciones como Alanna, Petra Maternidades Feministas o Stop Violències Andorra.