Libertad de expresión
El número de seguidores, un motivo para condenar al tuitero Fonsi Loaiza

El juez del caso indica que el periodista y tuitero Fonsi Loaiza, el único condenado de los tres acusados de denunciar racismo institucional tras la muerte de Mame Mbaye en 2018, no es "un mero ciudadano que contacta con sus amigos, sino alguien que difunde sus mensajes a miles de personas”.
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Protesta por la muerte de Mame Mbaye el 16 de marzo de 2018 en la Plaza Nelsón Mandela, en Lavapiés. Dani Gago

Tres acusados de delitos de injurias contra la Policía Municipal por relacionar con distintos grados y a través de distintos canales la muerte de Mame Mbaye en 2018 con la actuación policial… Y un condenado. 

“Hoy he sido juzgado y me he sentado en el banquillo por denunciar el racismo institucional”, decía el periodista y tuitero Fonsi Loaiza el 1 de octubre. Dos semanas después, el 13 de octubre, el acusado se enteraba por la prensa que había sido condenado a 14 meses de pena de multa, es decir, a pagar 2.100 euros por un tuit: “Hoy no se me ha condenado solo a mí por denunciar el racismo institucional, se condena a todas y todos, se condena la libertad de expresión”.

El 15 de marzo de 2018, el joven senegalés Mame Mbaye moría a causa de un infarto de miocardio que le provocó una parada cardiorrespiratoria después de una persecución policial en el barrio de Lavapiés. La muerte del mantero produjo una ola de indignación en las calles y en las redes, con miles de mensajes en diferentes canales que relacionaban la muerte de Mbaye con la persecución previa, sin la cual su fallecimiento probablemente nunca se hubiera producido. Entre ellos, estaban las afirmaciones de los tres acusados por la Fiscalía: Fonsi Loaiza, Malick Gueye, portavoz del Sindicato de Manteros y Lateros de Madrid y Asunción G. R., dueña de una tienda de ropa en el barrio.

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En el caso de Loaiza, el único condenado, no se trataba solo de la frase incluida en un tuit lanzado ese día —“La policía lo ha asesinado”—. Según la sentencia del juez José Enrique Sánchez-Paulete, a la que tuvo acceso Europa Press, era igual de importante quién lanzaba el mensaje y cuánta gente le llegaba. 

La sentencia indica que Loaiza no es “un mero ciudadano que contacta con sus amigos (...) sino alguien que difunde sus mensajes a miles de personas”. Según señalaba ayer Loaiza, con 56.000 seguidores en Twitter entonces, la condena no está justificada por sus declaraciones sino por “ser influyente y tener seguimiento y difusión en redes”. 

El magistrado interpreta que, por el hecho de ser periodista, “lo expresado no es una opinión, sino un hecho” y que lo que hizo Loaiza con ese tuit es “informar de un asesinato y de su autoría”. Bajo ese prisma, acusar a la policía de asesinato “no es veraz y se expresa con temerario desprecio hacia la verdad”.

No se trataba solo de la frase incluida en un tuit lanzado ese día —“La policía lo ha asesinado”—. Según la sentencia del juez, era igual de importante quién lanzaba el mensaje y cuánta gente le llegaba

Para el abogado del acusado, Andrés García Berrio, su defendido no estaba ejerciendo en ese momento como periodista y por tanto la frase solo se puede entender como una opinión. Según sostiene, la condena es contraria a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Lo que hizo Loaiza, indica, es señalar que lo que le había pasado al joven mantero “no era una muerte natural”, de la misma forma, prosigue, que se habla de asesinato “cuando una persona se suicida antes de un desahucio o cuando una persona muere en el mar fruto de la falta de vías legales y seguras”.

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Para García Berrio, la utilización del “concepto asesinato” por la ciudadanía sin toga muchas veces quiere señalar “que hay causas detrás”, que no se trata de una muerte casual y aleatoria. De la misma forma, “considerar que los tuits realizados en un momento de rabia es un delito coloca nuestra democracia en un mal lugar”, añade.

Existen precedentes en la justicia europea, dice este abogado, y dan la razón a su defendido: “El TEDH ha manifestado en varias sentencias que un ciudadano no tiene el deber de hablar de ‘asesinato’ o ‘torturas’ encajando con la categoría legal. Los usos sociales van mucho más allá y hacer este análisis estricto es absurdo”.

Malick, absuelto

Como contrapunto, el portavoz del Sindicato de Manteros y Lateros, Malick Gueye, y Asunción G. R., dueña de una tienda de ropa, fueron absueltos de acusaciones similares. En una entrevista en el diario 20Minutos, Gueye se preguntaba “¿cómo no protestar si delante de nuestros ojos han matado a una persona?” a la vez que pedía que “paguen por la muerte de Mame los policías responsables y el Ayuntamiento”. 

Asunción G. R. publicó en Facebook un post en el que denunciaba que “los guindillas son responsables de esta muerte y de muchas más”. En el caso del portavoz del Sindicato de Manteros, el juez justifica la absolución por unas expresiones “excesivas o desafortunadas” pero que se producen “en el contexto de un mensaje de denuncia de la realidad social de un grupo de personas, que entiende se les condena a la marginalidad, siendo objeto principal de su crítica el comportamiento de las autoridades y su insensibilidad ante dicha situación”.

Como atenuante, el juez señala que la entrevista se produce en un cruce de versiones sobre “si el fallecido escapaba o no de una intervención policial represiva de la venta ambulante”, el mismo contexto en el que se produce el tuit de Loaiza. Por ello, “no puede afirmarse su intencionalidad vejatoria hacia la Policía Municipal”. La tercera imputada fue absuelta ya que ni siquiera podía confirmarse que había sido ella quien había escrito el mensaje ya que más gente de la tienda tenía acceso a la cuenta de Facebook.

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