Fiscalidad
¿Empieza la UE a tomarse en serio la elusión fiscal de las empresas multinacionales?

En este comienzo de 2021 se están produciendo tales avances hacia una mayor justicia fiscal global que, conocida la tenaz resistencia de las grandes multinacionales y sus lobbies empresariales, muy pocos se hubieran atrevido hace escasos años a pronosticar las actuales iniciativas en materia fiscal.

El más reciente de estos avances se ha producido en junio cuando el Parlamento y el Consejo de la UE han llegado un acuerdo de mínimos para exigir a las grandes empresas multinacionales que operan en el espacio europeo una mayor transparencia fiscal gracias a la presentación periódica de los largamente demandados informes país por país (CbCR en la terminología anglosajona). Gracias al acuerdo alcanzado, las empresas que operan en Europa con una facturación total consolidada de más de 750 millones de euros en los dos últimos ejercicios financieros consecutivos deberán hacer pública una información que incluya sus ventas netas, el número de empleados, los beneficios o pérdidas antes de impuestos, los impuestos devengados y pagados a Hacienda y los beneficios acumulados en cada uno de los países de la UE en los que mantienen actividad. Así será posible conocer si los impuestos que pagan estas entidades en los países europeos en los que operan se corresponden con el alcance de las actividades económicas desarrolladas en ellos.

A partir de ahora será posible conocer si los impuestos que pagan las multinacionales en los países europeos en los que operan se corresponden con el alcance de las actividades económicas desarrolladas en ellos

Es cierto que el Parlamento, para hacer posible el acuerdo, ha tenido que renunciar a su propuesta de que los informes país por país tuviesen un ámbito mundial y no restringido a los países miembros de la UE donde operan. Pero, y esto es muy importante, la Comisión ha aceptado finalmente que la obligación de informar se aplique igualmente a la actividad desarrollada en los territorios y jurisdicciones no cooperantes incluidos en la lista negra de la UE (por ejemplo Panamá o las Islas Vírgenes), así como a los Estados y territorios pertenecientes a la denominada lista gris, o que hayan estado en ella durante dos o más años consecutivos.

Ya en 2016, y a raíz del escándalo de los Papeles de Panamá, la Comisión elaboró una propuesta de directiva encaminada a conseguir mayor transparencia fiscal en las grandes empresas multinacionales, propuesta que aunque fue respaldada por países como España, Italia y Francia fue rechazada a finales de 2019, dada la oposición de 12 países, entre ellos Luxemburgo, Irlanda, Chipre y Malta. Pero al final, los cambios introducidos tras año y medio de negociaciones han hecho posible su aprobación este 1 de junio de 2021.

Un logro importante del Parlamento europeo ha sido incluir la exigencia de que los informes de las multinacionales para cada país estén disponibles de forma gratuita en una de las lenguas de la UE y de acuerdo a un formato común. Esto permitirá que los datos sean lo más accesibles posible para periodistas, investigadores y público interesado.

La creación del Observatorio Fiscal de la UE constituye el segundo de los avances destacables de 2021, igualmente encaminado a conseguir una mayor justicia fiscal en la Unión Europea. Se trata de un consorcio de docentes e investigadores universitarios al que se ha concedido un presupuesto en forma de subvención de la UE de 1,2 millones de euros disponibles en el período 2020-2021 y que desarrollará con sus investigaciones, análisis e intercambio de datos, las bases de una renovada lucha contra el fraude fiscal en el ámbito europeo. De acuerdo con lo establecido en su constitución, el Observatorio Fiscal será plenamente independiente a la hora de llevar a cabo su investigación, informar objetivamente a los responsables políticos y sugerir iniciativas que puedan contribuir a combatir mejor la evasión fiscal, la elusión fiscal y la planificación fiscal abusiva. Estará dirigido por el profesor universitario Gabriel Zucman, y tendrá sede en la Escuela de Economía de París, buscando convertirse en una referencia internacional para el estudio de la fiscalidad en un mundo globalizado.

Pues bien, el Observatorio se ha estrenado ya con un informe en el que realiza una estimación de los ingresos fiscales que proporcionaría un impuesto mínimo sobre los beneficios de las empresas multinacionales.

En la UE las multinacionales en su conjunto (todos los sectores combinados) tendrían que pagar alrededor de un 50% más en impuestos. 

Resumiendo mucho las conclusiones del trabajo, la investigación introduce y valora el déficit fiscal de las empresas multinacionales, definido como la diferencia entre lo que las entidades pagan actualmente en impuestos, y lo que pagarían si estuvieran sujetas a una tasa impositiva mínima en cada país. Así, basándose en una metodología transparente que combina los nuevos datos macroeconómicos sobre la ubicación y las tasas impositivas efectivas de las ganancias multinacionales, concluyen que los bancos europeos tendrían que pagar un 44% más en impuestos si estuvieran sujetos a un 25% de impuesto mínimo país por país. Esta estimación está en consonancia con nuestra conclusión de que en la UE las multinacionales en su conjunto (todos los sectores combinados) tendrían que pagar alrededor de un 50% más en impuestos, lo que sugiere que este número es de hecho el orden de magnitud correcto. Empresas como Shell, Iberdrola y Allianz, que divulgan voluntariamente sus ganancias y los impuestos país por país tendrían que pagar entre un 35% y un 50% más en impuestos si estuvieran sujetos a un impuesto mínimo del 25%.

Soplan vientos favorables a una profunda reforma del sistema tributario en la UE y en el mundo. A organizaciones como Attac y muchas otras coordinadas en España en la Plataforma por la Justicia Fiscal, nos toca intensificar la presión social para favorecer el proceso.