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Junta de Andalucía
La Junta de Andalucía deja sin utilizar 120 millones de euros para prevenir incendios forestales
El Gobierno andaluz ha dejado sin utilizar 154 millones de euros destinados a la “gestión del medio natural” en Andalucía durante el año 2023, según los datos presentados por el propio Ejecutivo autonómico en sus documentos en torno al cumplimiento de los presupuestos del año pasado. De esos 154 millones de euros, 120 tenían como objetivo la prevención de incendios forestales, lo que supone la puesta en marcha de tan solo el 80% del presupuesto aprobado, una ejecución desigual según la procedencia de las partidas presupuestarias. Por poner un ejemplo: de las transferencias del Estado, más de 48 millones de euros del total, solo se han ejecutado el 12%.
Desde la Plataforma Defensa del Monte andaluz han denunciado esta situación exponiendo que “supone un alto grado de ineficiencia en la gestión forestal y dejación de responsabilidades, cuando tantas necesidades hay en nuestros montes y bosques”. Desde la organización, además, se denuncia la falta de interés del Ejecutivo andaluz en este servicio público: “La gestión que se hace de los montes en Andalucía es bastante mala, se tienen olvidados”, sostiene Joaquín Vega, representante de la organización. El año pasado se puso en marcha el Plan Forestal Andaluz, una propuesta que debería haber sido puesta en marcha en 2020 pero “ha salido prácticamente con 4 años de retraso”, se queja Vega, que insiste en que la política forestal andaluza “se encuentra en un cajón”.
Especialmente preocupante es la situación de la prevención de los incendios forestales en el territorio. Según los datos de la propia Junta, la plantilla de trabajadoras del Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) ha disminuido en un 44% desde 2008. “Es la dinámica del PP en estas cosas quiere utilizar el Infoca como herramienta política, pero sin la inversión que necesita”, sostiene Antonio Castellano, trabajador y secretario de Organización de CGT en la Agencia de Medio Ambiente y Agua de la Junta (Amaya).
“La gestión que se hace de los montes en Andalucía es bastante mala, se tienen olvidados”, sostiene Joaquín Vega, representante de la Plataforma Defensa del Monte andaluz
Castellano explica que la plantilla de Infoca lleva más de 18 años perdiendo capacidad adquisitiva, con inestabilidad laboral y una reducción en número que afecta a la presión laboral de las trabajadoras y a la calidad de un servicio esencial. El sindicalista, además, pone el foco en que “somos los únicos funcionarios públicos que no tienen reconocida la antigüedad desde el año 2007”.
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“Es la dinámica del PP en estas cosas quiere utilizar el INFOCA como herramienta política, pero sin la inversión que necesita”, sostiene Antonio Castellano, trabajador y secretario de Organización de CGT en Amaya (Agencia de Medio Ambiente y Agua)
Durante los últimos años la plantilla de Infoca ha realizado diversas huelgas y manifestaciones para exigir sus derechos laborales. En abril de 2023 la Junta de Andalucía aprobaba por decreto la creación de la Agencia Andaluza de Emergencia, donde incluían al Infoca. En este anuncio, según indica Castellano, “el consejero se comprometió a recuperar la antigüedad y estabilizar la plantilla y no ha pasado nada de nada”.
Independientemente del anuncio de la nueva agencia, hasta ahora la situación para estas trabajadoras y para el servicio público sigue en su precaria situación. Además, desde CGT han hecho una denuncia a la Junta de Andalucía por “vulnerar el derecho a la libertad sindical” al ser excluidos de la negociación de la recuperación de la antigüedad en el sector a pesar de que, según indica, son el sindicato con mayor afiliación dentro de Amaya, ya que 1.200 personas —es decir, el 20% de las 5.500 trabajadoras del servicio público— se encuentran sindicadas a la CGT.
La situación de los bosques y los montes en Andalucía se encuentra muy lejos de mejorar, según los planes que, según apunta Joaquín Vega, tiene la Junta al respecto: “Prevé la externalización de servicios en vez de aumentar el personal, es decir, la misma línea de privatización de servicios públicos que lleva la Junta desde hace tiempo”.