Industria
La política industrial ha vuelto, ¿cómo debe posicionarse la izquierda?

Durante los últimos años, los discursos sobre el “retorno de la política industrial” y la “política industrial verde” han alimentado múltiples discusiones en distintos países. Lejos de representar la atrevida decisión política de un gobierno en particular, esta receta se encuentra, si bien con variaciones, en las principales economías mundiales: Made in China 2025, Make in India, Inflation Reduction Act (Estados Unidos), Plan Industrial del Pacto Verde Europeo, etc. El ingrediente común de estos planes está claro, intervención de los gobiernos en sus economías a través de controles de precios, restricciones comerciales, subsidios industriales e inversiones específicas para transformar su estructura productiva. De fondo, otro cambio estructural en la economía mundo capitalista: la transición energética y la reducción de emisiones de CO2, que coloca el foco sobre la capacidad de fabricación doméstica de las tecnologías requeridas para sustituir a los combustibles fósiles.

Este golpe de timón en la gobernanza neoliberal ha colocado a las fuerzas políticas de izquierdas, los sindicatos y las organizaciones ecologistas en una coyuntura. ¿Acaso no era eso lo que se llevaba décadas reclamando?, ¿una mayor intervención estatal sobre la economía? Por eso, la confusión política ha dado lugar a un crisol de posiciones, desde la aceptación con matices de las soluciones de los mercados para después influir en las políticas públicas hasta el rechazo frontal sin siquiera responder a los conflictos políticos intermedios que se abren.

En el estado español, las críticas más desarrolladas se han centrado en los proyectos financiados y las derivas extractivas sobre el Sur global, en la subordinación al poder corporativo y la condicionalidad a contrarreformas de ajuste (fiscal, laboral y pensiones), y en el refuerzo militarista y neocolonial.

Otras voces en la Unión Europea critican la actual política industrial apuntando al agravamiento de las desigualdades con el retorno de la austeridad, a la escasa efectividad para disciplinar al capital que tienen las políticas de reducción de riesgos a la inversión privada, o al fortalecimiento del capitalismo rentista y de un régimen de acumulación basado en la deuda. 

Si bien todas estas aportaciones alumbran diferentes ángulos, quizás están demasiado centradas en las consecuencias que acompañan la aplicación de estas políticas públicas. O quizás no alcanzan a responder a dos preguntas esenciales para delimitar una posición y estrategia política: ¿Por qué se produce el retorno de la política industrial? ¿Realmente cumplirá los objetivos que enuncia?.

Para intentar abocetar un mural más amplio, recogeremos algunas aportaciones de la discusión en la izquierda estadounidense a lo largo de varios artículos de la New Left Review, recopilados en el libro Sobre el capitalismo político: el nuevo debate Brenner (Traficantes de Sueños), donde más allá de las tesis originales que motivan la discusión (vinculadas con los resultados de las mid-term election de 2022 y cambios en el régimen de acumulación) se apunta hacia elementos de carácter estructural que nos pueden ayudar a responder esas dos preguntas esenciales.

El retorno viciado de la política industrial

Cédric Durand

Sidecar

Sidecar El retorno viciado de la política industrial

Cédric Durand

Los nuevos tiempos hablan de un nuevo impulso a la política industrial pero los requerimientos medioambientales exigen una planificación diferente a la habitual.

Estancamiento económico y exceso de capacidad productiva

La lógica subyacente del retorno de la política industrial es clara: un estímulo económico público orientado hacia los sectores de crecimiento verde puede generar una expansión económica duradera. Thomas Meaney describe esta operación como una “subvención pública de la rentabilidad del capital privado”, que induce a las empresas a invertir en industrias ambiental y geopolíticamente estratégicas mediante la socialización de los riesgos de dicha inversión por parte del Estado. Dicho en palabras de Tim Baker, la política industrial “esencialmente soborna a las empresas para que realicen un tipo específico de inversión fija que de otro modo no harían”.

Sin embargo, el contexto económico en el que se produce estos procesos sistémicos es tremendamente importante. Nos encontramos en un periodo de “larga recesión”, o “estancamiento secular”, marcado por el anquilosamiento de los salarios reales, el bajo crecimiento de la productividad, las tasas de acumulación deprimidas y un sector financiero hipertrofiado. Es ahí donde se deben situar las preguntas sobre la causa y la efectividad del retorno de la política industrial.

La política industrial vuelve en un periodo de “larga recesión” marcado por el anquilosamiento de los salarios reales, el bajo crecimiento de la productividad, las tasas de acumulación deprimidas y un sector financiero hipertrofiado.

Según argumentaba Aaron Benanav citando el análisis económico de Robert Brenner, es improbable que el estímulo keynesiano vuelva a poner en marcha el motor del crecimiento de la inversión privada. La explicación se encontraría en la noción de “exceso de capacidad crónico”: dado que demasiados productores intentan vender en los mismos mercados, los precios tenderán a ser más bajos, al igual que las tasas de beneficio, se producirá una reducción de la inversión y, por tanto, un descenso en  las tasas de crecimiento económico.

El resultado es que las empresas con mayor capital fijo invertido (maquinaria, instalaciones) se resisten a abandonar el sector a pesar de sus altos costes, mientras que otras empresas con una estructura de costes más bajos aprovechan para expandirse y competir en los mercados mundiales. Esta tendencia se inició en la década de 1970, y ha sumergido al sector industrial en una intensificación de la competencia intercapitalista con crisis crónicas de exceso de capacidad y débil demanda agregada.

Además, las sucesivas crisis de sobreproducción y estímulos keynesianos desarrollados desde los Estados en las décadas posteriores, lejos de eliminar el capital improductivo y restaurar las tasas de beneficio, han ayudado a atrincherar a las empresas con estructura de costes más elevada y han afianzado dicho exceso de capacidad. 

En una situación de estancamiento donde la redistribución del capital al trabajo se hace casi imposible, una política industrial verde que fomente la relocalización no lograría una expansión económica duradera sino que agravaría los problemas de exceso de capacidad a escala mundial.

Siguiendo el argumento de Brenner, las caída en la tasa de beneficio en el sector industrial explicaría la actual situación de bajas tasas de inversión, bajo crecimiento de la productividad, bajo crecimiento salarial y bajo crecimiento económico. Una situación de estancamiento en el que la redistribución del capital al trabajo se hace si no imposible, extremadamente difícil. En este contexto, una política industrial verde que fomente la relocalización de proyectos, no lograría una expansión económica duradera sino que agravaría los problemas de exceso de capacidad a escala mundial. En lugar de estimular un ciclo de inversión productiva por parte del capital, se obtendría una exigencia cada vez un mayor de apoyo estatal en forma de inyecciones monetarias o garantías directas de rentabilidad.

Este análisis también explica la guerra comercial que acompaña al retorno de la política industrial. En palabras de Grey Anderson, “contemplada desde los pasillos del poder, la orientación antichina de la política industrial estadounidense no es un subproducto desafortunado de la “transición” verde, sino su propósito motivador”. Para muestra, un botón: la aplicación de aranceles a la importación de vehículos eléctricos chinos es del 100% en Estados Unidos y del 38% en la Unión Europea.

Es probable que los verdaderos perdedores globales del retorno de la política industrial verde sean los países en vías de desarrollo, excluidos de sectores de alto valor agregado y que no pueden auto-subvencionarlos como las grandes potencias.

Sin embargo, como señalan Alyssa Battistoni y Geoff Mann, China goza de una posición tan predominante en la cadena de valor que no es posible proceder a una rápida descarbonización prescindiendo de la tecnología china. Por tanto, señalan, es probable que los verdaderos perdedores globales de este retorno de la política industrial sean los países en vías de desarrollo, excluidos de sectores de alto valor agregado y que no pueden competir con la capacidad de auto-subvencionar de las grandes potencias.

Jamie Merchant trata de arrojar luz explicativa a esta situación afirmando que la política industrial es una estrategia que los países capitalistas se ven obligados a adoptar para derrotarse unos a otros en el cambiante escenario de la competencia mundial. Sostiene que “a medida que el crecimiento se agota, los Estados se verían obligados a abandonar los lugares comunes habituales sobre el libre comercio, pidiendo abiertamente el tipo de políticas agresivamente nacionalistas y de empobrecer al vecino”. En este contexto, llevar a cabo una política industrial simplemente significa destruir a los competidores, generando unos peligrosos efectos desestabilizadores en la política exterior.

La burbuja de la guerra energética

Isidro López

Suma Cero

Análisis La burbuja de la guerra energética

Isidro López

La Unión Europea ha lanzado el mensaje de que, para derrotar a Putin, va a encajar la recesión económica asumiendo como propia una inflación de dos dígitos. No es una mala noticia para los mercados de Wall Street, Londres o Chicago.

Crisis ideológica del Estado

Ahora bien, la velocidad con la que se abandonan algunos paraguas ideológicos que han acompañado al neoliberalismo durante las últimas décadas deja a la vista algunas grietas que merece la pena apreciar. Bajo la justificación de responder al programa de subvenciones masivas implementadas por China, se extiende el consenso sobre el desarrollo económico dirigido por el Estado como única opción disponible para que las potencias occidentales mantengan su competitividad.

Este giro ideológico, sin embargo, parece más adaptativo que causal, apunta Merchant en otro artículo. La exageración oficial de la política industrial sería así un reconocimiento a posteriori de un proceso que ya se encuentra en marcha. Pero la novedad no radica en la intervención estatal, pues los gobiernos de los países capitalistas intervienen constantemente en la esfera económica para disciplinar a la fuerza de trabajo, asegurar la reproducción social y mantener un entorno rentable para la inversión. El elemento distintivo está en la transparencia con la que se muestra y reivindica dicha intervención, lo cual puede contribuir a abrir algunos conflictos de carácter político. 

Explicaba Simon Clarke en 1988 que las crisis periódicas exigen una intervención sustancial del Estado para restaurar las condiciones de la acumulación capitalista. Sin embargo, la implicación directa del Estado en la producción traspasa la separación entre el Estado y la sociedad civil, integrando el poder del capital y el poder del Estado. Esto pone encima de la mesa cuestiones como la neutralidad del Estado y la responsabilidad democrática del capital, además de sentar un precedente para futuras intervenciones.

A medida que aumentan las presiones económicas y políticas sobre el Estado bajo la crisis ecológica surge un espacio para librar batallas políticas sobre la naturaleza y el propósito de la inversión y la intervención.

En otras palabras, a medida que aumentan las presiones económicas y políticas sobre el Estado, la crisis política da lugar a una crisis ideológica. Es en ese momento cuando nace una nueva cobertura que articule y legitime las políticas e instituciones dictadas por las nuevas circunstancias derivadas del desarrollo capitalista.

En un debate de la misma época, James O’Connor llegaba incluso a afirmar que las crisis conducen a nuevas formas de planificación y formas más sociales en las relaciones de producción. Además, sugería que los problemas ecológicos podrían ofrecer una “segunda vía” hacia el socialismo, pues el capitalismo exige respuestas cada vez más socializadas a la destrucción capitalista.

Alyssa Battistoni y Geoff Mann han seguido esta línea de pensamiento para señalar las medidas de los Estados para estimular la inversión verde como esfuerzos contradictorios por coordinar una respuesta a las tendencias autodestructivas del capital. Consideran que la creciente intervención estatal para garantizar las condiciones de acumulación ofrece oportunidades para la contestación desde la izquierda.

En otros términos, los escenarios en los que el papel del Estado crece a medida que se intensifican las crisis ecológicas podría generar tensiones productivas y un espacio para librar batallas políticas sobre la naturaleza y el propósito de la inversión. Así lo reconoce también Lola Seaton cuando pone el foco en la relación entre inversión, beneficios y Estado. Al fin y al cabo, ¿la dependencia que en la actualidad tiene el capital de medidas políticas para obtener beneficios no recalibraría el equilibrio de poder entre el capital y el Estado?

La desvinculación entre rentabilidad capitalista y los intereses de los trabajadores puede ampliar la autonomía del Estado en lugar de erosionarla más. Y lo que es más: ante el uso abusivo de la huelga de capital, con rentistas que se abstienen de invertir para engordar un sector financiero hipertrofiado y obtener rentabilidad, incluso podría disminuir su relevancia política. 

La Plaza

Lecturas ecosocialistas para ganar un planeta

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Un repaso sobre los libros de reciente publicación que no te puedes perder para seguir el debate ecosocialista.

Disputar el propósito y el control de la inversión

En definitiva, el propósito principal de la política industrial verde es el de estimular la inversión de capital en determinadas esferas productivas (llamémosle estimular, subvencionar, o sobornar). Pero para ello debe superar dos obstáculos nada despreciables. 

Por un lado, tal y como hemos visto, la actual situación económica está marcada por un bajo crecimiento y una baja inversión. Ello ha llevado a algunos economistas marxistas a preguntarse cuál es la explicación a una caída en la inversión a pesar de los incrementos en la rentabilidad del capital.

Mientras que Costas Lapavitsas apunta hacia una financiarización sostenida gracias al incremento de deuda pública y el suministro de liquidez desde los bancos centrales, Javier Moreno Zacarés argumenta que, dado el estancamiento de las tasas de crecimiento, “la acumulación de capital se convierte en gran medida en un conflicto redistributivo de suma cero en el que la inversión huye a la seguridad del rentismo”. En este escenario, la política industrial encontrará serias dificultades para ser lo suficientemente persuasiva y acabar con la huelga de capital en la inversión productiva.

Por otro lado, la propia estrategia de estimular la inversión define sus propios límites. El éxito de esta apuesta está marcado por la expectativa de beneficio que tenga el capital ante la inversión en diferentes esferas. Sin embargo, tal y como señala Dylan Riley, “lo que el planeta y la humanidad necesitan es una inversión masiva en actividades de baja rentabilidad y baja productividad: cuidados, educación y restauración medioambiental”. En este sentido, el capital sería incapaz de invertir en la escala necesaria en dichos sectores.

Como indica Daniela Gabor, la reducción de riesgos por parte de los Estados (conocido en inglés como derisking) como fórmula para realizar este estímulo de la inversión amenaza con desencadenar un proceso de descarbonización desordenado controlado por los intereses del sector privado y no por las prioridades públicas. De nuevo, en un momento en el que los Estados destinan importantes esfuerzos a orientar y estimular la inversión hacia una transformación productiva, el retorno de la política industrial abre un potencial marco de conflicto en torno al propósito y el control de la inversión, e inaugura la oportunidad de tener una discusión democrática sobre dichas decisiones.

Como dice Aaron Benanav, ningún proyecto de inversión a gran escala es puramente técnico: la inversión socialista, en manos de organismos democráticos de trabajadores, debería orientarse a satisfacer las necesidades humanas y transformar el proceso de aprovisionamiento social.

Pero, de nuevo con Benanav, ningún proyecto de inversión a gran escala es puramente técnico. Toda inversión en líneas socialistas debería estar orientada hacia la satisfacción de necesidades humanas al tiempo que transforma nuestro proceso de aprovisionamiento social. Según el discípulo de Brenner, es necesario crear consejos de inversión plurales, a saber, organismos democráticos en los que sean los trabajadores y trabajadoras, y no las élites tecnocráticas, quienes decidan sobre las propuestas de inversión.

En un plano más cercano podemos intuir decenas de conflictos en los que disputar el destino y las condiciones de la inversión pública que acompañaría a esta política industrial verde. No dar esa batalla, no exigir siquiera unas mínimas condicionalidades sobre la propiedad o las condiciones laborales, supone no poner freno a la exacerbación de desigualdades y resentimiento de la que advierte Cédric Durand.

Cómo puede decrecer el sector de la automoción: “El conflicto es inevitable, hay que lanzarse”

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Industria automovilística

Transición ecosocial Cómo puede decrecer el sector de la automoción: “El conflicto es inevitable, hay que lanzarse”

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El investigador ecosocial Martín Lallana ha plasmado un posible plan de acción para reconvertir el sector de la automoción en Euskal Herria, que representa entre el 25% y el 30% del PIB, sin perder puestos de trabajo.

Reorganización verde del capital en la práctica

Este repaso a las discusiones sobre política industrial en la izquierda estadounidense puede resultar un tanto abstracto y lejano, pero en este territorio , podemos encontrar en la práctica múltiples consecuencias del mural esbozado. Nos centraremos en dos casos prácticos y en un caso teórico-práctico.

En primer lugar, la automoción. La multinacional Stellantis decidió cerrar su matricería Mecaner en Urduliz (Bizkaia), despidiendo a más de 140 personas trabajadoras. La justificación del cierre por parte de la empresa incluyó: cambios legislativos que fuerzan una transición productiva hacia el vehículo eléctrico; obligación de asumir unas elevadas inversiones productivas; contexto de estancamiento económico y caída en la venta de vehículos; reorganización productiva para ajustar costes; exceso de capacidad productiva en el área de matricería.

Stellantis ha recibido ya 100 millones de euros del PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado, el cual no tiene ninguna condicionalidad de mantenimiento de empleo.

En segundo lugar, el cemento. La multinacional Heidelberg Materials despedió a la mitad de la plantilla de su planta de cemento en Añorga (Gipuzkoa) como parte de su reorganización productiva para reducir sus emisiones de CO2 y concentrar la producción de clinker en un horno. La justificación del despido colectivo por parte de la empresa incluye: estancamiento de la demanda de cemento en la región; nueva fase en el régimen europeo de comercio de emisiones de CO2 y elevados precios de la tonelada de carbono; rango máximo de emisiones para solicitar ayudas públicas para la transformación productiva.

Tras esta reorganización la multinacional espera recibir inversiones millonarias del PERTE de Descarbonización Industrial y del Fondo de Innovación de la Unión Europea.

En tercer lugar, el acero. Recientemente, ArcelorMittal renunció a operar con hidrógeno verde sus instalaciones de Xixón (Asturies) a pesar de disponer de 450 millones del PERTE de Descarbonización Industrial para la transformación hacia la reducción directa de hierro (DRI) alimentada con hidrógeno verde.

Al respecto, Jack Copley ha descrito cómo los cambios tecnológicos en el sector del acero a lo largo de la historia se han visto condicionados por sucesivas crisis de sobreacumulación y reestructuración. Ante la actual situación de exceso de capacidad siderúrgica mundial y los bajos márgenes de rentabilidad, las empresas no se encuentran en una situación favorable para asumir las elevadas inversiones ni el aumento de costes de producción asociados a la transformación hacia un acero bajo en carbono. Además, no está claro que este cambio tecnológico hacia el acero bajo en carbono pueda prometer un salto positivo en la productividad, dificultando su justificación financiera. Y en el caso de que lo lograra, esa mejora en la productividad empeoraría las pautas de sobreacumulación, haciendo necesario un doloroso proceso de reestructuración.

Estos tres casos muestran el tipo de conflictos que se abren bajo la reorganización ecológica del capital. Obviamente, las empresas mienten y deforman la realidad para aplicar ajustes, cierres y despidos con los que aumentar sus beneficios. Pero no podemos ignorar que el estancamiento económico y la transformación industrial darán lugar a despidos colectivos que serán justificados apelando hacia las causas económicas, técnicas, organizativas y productivas que en ese momento dicte el mercado. La política industrial verde puede actuar y moldear en ese confuso terreno donde orientarse adecuadamente es urgente y prioritario.

Fuerzas políticas de izquierdas, sindicatos y organizaciones ecologistas deben asumir una posición y estrategia política que les permita sumergirse en esos conflictos que están emergiendo y que sin duda se intensificarán. Introducir en el debate cuestiones como la planificación, la propiedad pública y la participación de las personas trabajadoras en las decisiones de la transformación industrial es fundamental para plantear la batalla.

Salir con todo, ¿cómo y hacia dónde?

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Opinión

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Joana Bregolat ,  Martín Lallana

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Hay que plantear batallas políticas que saquen al ecologismo de ser un nicho sectorial y lo pongan en el núcleo de la combinación de luchas que hará posible una alternativa a un sistema que nos oprime. Una respuesta al llamamiento lanzado por el divulgador Antonio Turiel.