Galicia
La Xunta maniobra para ampliar la balsa de lodos rojos de Alcoa pese a los riesgos medioambientales

La Xunta concederá en las próximas dos semanas la autorización para ampliar la balsa de lodos rojos de la planta de Alcoa en San Cibrao, situada en Cervo (Lugo). Así lo ha comunicado la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, durante el encuentro celebrado el pasado lunes con representantes del comité de empresa y algunos alcaldes de la zona de A Mariña.

Lo que no se dice sobre Alcoa: un destrozo político y ambiental

Pablo Santiago

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Industria

Lo que no se dice sobre Alcoa: un destrozo político y ambiental

Pablo Santiago

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Alcoa se va. La Xunta de Galicia no tiene planes y las trabajadoras, la comarca de A Mariña y el planeta sufren las consecuencias de un destrozo político y ambiental que dura décadas. De fondo, la necesidad de una transición hacia una industria gallega, sostenible y respetuosa con el medio.

Al término de la reunión, las partes informaron a los medios de que la Administración autonómica se ha comprometido a dictar la autorización para la ampliación de la balsa dentro de la primera quincena de febrero.

Según recoge un comunicado de la Xunta, Lorenzana ha destacado “la importancia” de esta ampliación, que en octubre superó el trámite de impacto ambiental, para una infraestructura “clave para la actividad del complejo industrial”.

El encuentro entre la titular del área económica del Gobierno gallego y los trabajadores de Alcoa se ha producido una semana después de la firma del protocolo entre el Gobierno central, la Xunta, Alcoa e Ignis sobre el futuro de la planta mariñana.

En esta línea, ha instado a la convocatoria “urgente” de la mesa de seguimiento de Alcoa, en la que la Xunta “seguirá reclamando” el cumplimiento de las inversiones comprometidas en el acuerdo de viabilidad firmado en 2021, en el que la multinacional estadounidense se comprometió a construir un horno de ánodos.

La alerta perenne del ecologismo

La llegada de Alcoa se llevó a cabo con la expropiación de 3.700 fincas a un precio irrisorio, con algunas valoradas en apenas 60 pesetas por metro cuadrado, y se generaron impactos ambientales que aún persisten, como esta balsa que estuvo 32 años sin un plan de emergencia exterior —problema todavía sin resolver—, vertidos de sosa cáustica al mar y emisiones de flúor, entre otros.

Las emisiones han afectado durante décadas a los habitantes de la zona, así como al ganado y los cultivos. Alcoa ha sido condenada al menos en diez ocasiones a pagar indemnizaciones que superan los cuatro millones de euros a particulares que presentaron demandas, respaldados por la asociación vecinal Airiños do Lago, la cual incluso llevó el asunto al Parlamento. Desde 1981, esta organización ya denunciaba la muerte de animales y reclamaba compensaciones económicas para poder abandonar la zona.

Desde la Sociedade Galega de Historia Natural llevan años señaland que el flúor es un elemento clave en la producción de aluminio. Informes diversos evidenciaban que los niveles permitidos eran rebasados con creces. Un estudio de la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (Aedga) concluía incluso que la contaminación se extendía en un radio de tres kilómetros alrededor de la fábrica, afectando a suelos, vegetación y fauna. Además, el informe señalaba que “la factoría de Alcoa es la principal responsable de esta contaminación, cuya intensidad aumenta cuanto más cerca se encuentra de la planta”.