Gobierno de coalición
El bloque de investidura se adentra en un huracán legislativo hasta el verano

El Gobierno y sus socios en el Congreso deberán surfear en los próximos meses una marea de proyectos que pondrá contra las cuerdas la mayoría parlamentaria: presupuestos, reducción de jornada, ley Mordaza, reforma de migración en Catalunya y condonación de deuda autonómica, entre otros.
Sesion control Congreso 22-05-2024 - 2 Gobierno coalición
Pedro Sánchez y diputadas del gobierno de coalición, en una sesión de control parlamentario. David F. Sabadell

“Sí, es gordo lo que viene. Pero no son cosas que decidimos el momento nosotros”, comenta a El Salto uno de los diputados socialistas más influyentes del grupo parlamentario y de la confianza de Pedro Sánchez. Se refiere a los meses por transcurrir hasta el receso de verano. Un cuatrimestre intenso.

Piensa en voz alta y añade: “Va a haber que currarse todo mucho. Pero no lo decidimos, es así: lo de Junts (de migración) lo acordamos porque sino no se podía avanzar en el resto. Lo de (el gasto) defensa es un pedido de Europa, y así…”.

Con una mezcla de resignación, cansancio y voluntad, el grupo Socialista se aboca en las próximas semanas a un período de negociaciones frenéticas y en paralelo para poder aprobar una potente serie de medidas que, se prevé, vayan cayendo en modo cascada en el hemiciclo, especialmente entre el receso de Semana Santa y agosto. Y siempre con la Mesa del Congreso como malabarista principal, decidiendo qué se lleva al hemiciclo o qué se puede o no admitir a trámite.

Congreso de los Diputados
Congreso Sumar hace malabares con el debate de la defensa y apunta contra la “izquierda frívola”
El grupo que lidera Yolanda Díaz se reacomoda al compás de los nuevos hitos en la geopolítica, no sin contradicciones y con Podemos en colisión. Desde el PSOE advierten que será un debate “no de semanas sino de meses”.

Pero el bloque de investidura es el que es: un conglomerado de partidos que van desde la derecha vasca y catalana hasta la izquierda más disruptiva de Podemos y el BNG, e incluyendo a una veintena de legisladores independentistas. Muchas sensibilidades para poner de acuerdo bajo un solo paraguas.

Heterogeneidad a prueba

Quizás el proyecto que más exhibirá cómo se agudizan las contradicciones al interior del bloque que invistió a Sánchez es el de la reducción de la jornada laboral. Aquí, como en casi todos los casos, sobrevuela la dificultad para que el partido que lidera Carles Puigdemont dé su voto positivo. Junts representa en esta legislatura el recordatorio permanente de que la mayoría que sostiene a Sánchez no es de izquierdas sino transversal y plurinacional (más que el PNV, que por sus pactos con el PSOE en Euskadi y Navarra está más obligado a ceder en la agenda progresista).

En la reducción de jornada se yuxtapone otro elemento clave: ese proyecto representa la bandera principal de la coalición Sumar. No sólo porque fue la iniciativa más innovadora en su campaña electoral sino porque la ministra de Trabajo ha decidido que sea el terreno en el que sí acepta subir el tono y plantar cara al PSOE.

En Sumar creen que para mediados de mayo se podrá votar en el hemiciclo la reducción de jornada  y, recalcan, eso es gracias a que se exigió que haya tratamiento por vía de urgencia

En Sumar hacen el cálculo y creen que para mediados de mayo se podrá votar en el hemiciclo y, recalcan, eso es gracias a que se exigió que haya tratamiento por vía de urgencia (el famoso “es de mala persona” que Yolanda Díaz espetó al ministro Cuerpo). Desde el PSOE ya han digerido el enfrentamiento que les depara esto con la CEOE e intentarán buscar acuerdos.

La gran pregunta para algunos diputados de Sumar es si Sánchez va a implicar los esfuerzos necesarios para alcanzar una mayoría. La última conversación institucional que tuvo Junts en este tema, que fue en la comisión de Trabajo en la que Díaz presentó el proyecto, no augura éxito: el gironés Josep María Cervera le anunció el voto negativo de su formación y le dijo en la cara a Díaz que la iniciativa de llevar la semana a 37,5 horas laborables máximo era “una necesidad de ella” y que, a su juicio, “no era una prioridad” de los trabajadores.

Otro test pero en el flanco izquierdo será la proposición de delegación de facultades en materia migratoria para Catalunya, registrada por PSOE y Junts y denostada ya por la derecha españolista, que acusa a Sánchez de poner en riesgo las fronteras. Aquí es Podemos la fuerza que pone en jaque al Ejecutivo: su secretario de Organización, Pablo Fernández Santos, dijo desde el primer momento que la única vía para evitar un ‘no’ rotundo de los cuatro diputados morados sería que los posconvergents aprobaran la Iniciativa Legislativa Popular sobre regularización de migrantes, la cual está en trámite parlamentario vigente pero aún en período de enmiendas (sin fecha prevista por la Mesa del Congreso).

Fronteras
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El acuerdo sobre transferencia de las competencias en materia de migración entre PSOE y Junts encuentra el 'no' de Podemos y de organizaciones de migrantes y el 'sí' con matices de la izquierda independentista y de Sumar.

Ante la pregunta de El Salto, un dirigente relevante de Junts con peso territorial en una de las provincias catalanas ha respondido frunciendo el ceño: “Pero eso no podrá ser…”. ¿Y entonces? “Se lo deberá currar el PSOE, depende de ellos. Está difícil pero no es imposible, cosas más raras han pasado”, añade. Un inciso recordatorio: la ley de delegación facultades es considerara orgánica, por tanto requiere para ser aprobada de una mayoría especial, que son 176 votos positivos (la mitad más uno de los escaños, no de los presentes). Por tanto, aquí las abstenciones causan más dolor de cabeza. Sánchez y Puigdemont precisan de Podemos sí o sí para alcanzar ese número.

También con eje en el debate territorial e impulsado por Catalunya, esta vez por Esquerra Republicana, está en la lista de espera la condonación y reestructuración de la deuda de todas las comunidades autónomas con el Estado. El grupo que conduce Gabriel Rufián lo pidió para su región pero Sánchez lo lleva a todas las comunidades para que su partido no salte por los aires y también para agudizar las contradicciones dentro del Partido Popular.

De todas las medidas en danza estos meses, la de la condonación es factible de ser la que más fácil tenga su aprobación

Esto último es así porque el proceso de esta condonación tiene su primera parada con las autonomías: según fuentes del Ministerio de Hacienda, el esquema a seguir será primero la firma de convenios bilaterales con los presidentes autonómicos, luego el proyecto en el Consejo de Ministros y una vez conseguido eso, llevarlo al hemiciclo. La vicepresidenta María Jesús Montero se lo dijo sarcásticamente al líder del PP en la última sesión de control: palabras más palabras menos, dijo que sus barones iban a criticar en los medios para desgastar el Gobierno “pero prácticamente todos van a acabar firmando y lo sabemos”.

De todas las medidas en danza estos meses, la de la condonación es factible de ser la que más fácil tenga su aprobación. Un gesto para ello es el anuncio formal que hizo la ministra de Hacienda también este miércoles: en respuesta a la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, Montero le prometió que las haciendas forales no se van a ver perjudicadas por la condonación y que el incremento de los tipos de interés (por la nacionalización de la deuda) se tendrá en cuenta a la hora de recalcular el Concierto Económico de Euskadi y Navarra. Los votos abertzales y jeltzales, garantizados.

Mordaza, al fin

La izquierda institucional, los movimientos sociales, oenegés como Amnistía y muchos sectores sociales esperan con ansias que finalmente logre ver la luz la reforma a la ley de Seguridad Ciudadana aprobada por el PP de Rajoy, tras el fallido intento sobre el final de la legislatura pasada. Tanto fuentes del PSOE como de Sumar y también otros aliados del Gobierno consideran que están dadas las condiciones para que esta vez sí pueda ser aprobada. La reforma 2.0 ahora sí cuenta con el respaldo de EH Bildu (y por tanto, de Esquerra). Seguramente Podemos y Junts soliciten algún cambio pero es posible que antes de agosto ocurra la votación que, por supuesto, las derechas tacharán de traición a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Un debate que promete ser de los más calientes del año.

También la temperatura va a subir en el Congreso aunque no sea por votaciones: el aumento del gasto en defensa y seguridad y la recientemente aprobada comisión de investigación de la gestión de la emergencia de la DANA en València serán dos constantes polos de atracción y discusión álgida. Sobre la primera, ell 26 de marzo comparecerá Sánchez en la cámara tras el Consejo Europeo. Se espera que para fines de abril o comienzos de mayo la comisión que pondrá el foco en la labor de la Generalitat empiece a recibir a los comparecientes.

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Y como telón de fondo, los presupuestos generales del Estado: Sánchez no desea una nueva prórroga en 2025 y la extrema paciencia con Junts se debe a ese objetivo final. Si los resultados acompañan, y Puigdemont mantiene el talante actual, es posible que pueda haber PGE. Aquí la negociación es algo más sencilla, porque si bien es considerada la ley de leyes, constitucionalmente es una ley ordinaria, no orgánica, por tanto si Junts vota a favor se puede prescindir de Podemos y Coalición Canaria. O con el ‘sí’ de estos dos últimos se puede pedir una abstención de Junts.

“Sí, es mucho lo que habrá que negociar. Pero está bien, aquí se viene a trabajar”, comenta con una sonrisa irónica una diputada soberanista. Los meses venideros darán todo menos respiro.

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