Fronteras
‘Desert dumps’: cuando Europa paga el abandono de migrantes en el desierto

En julio de 2023, Musa Khalid y sus 28 compañeros fueron arrojados a un desierto situado a unos 150 kilómetros al suroeste de Trípoli (Libia), cerca de la ciudad fronteriza de Al-Assah, tras haber sido detenidos mientras trataban de llegar hasta Europa desde Túnez. Una vez ahí, las fuerzas de seguridad tunecinas les arrebataron con violencia la comida, el agua y todas sus pertenencias, dejándoles a merced de la suerte hasta que varios agentes libios dieron finalmente con ellos. En una grabación sobre el momento del encuentro, difundida por el canal de noticias Euronews, aparecen varias personas de origen subsahariano devoradas por el pánico y en un estado severo de agotamiento y deshidratación.  

Lo que en cualquier otro contexto habría sido calificado de secuestro, con sus correspondientes consecuencias penales, no tuvo excesivas repercusiones legales ni mediáticas. De hecho, desde hace décadas el abandono de personas solicitantes de asilo en el desierto u otras áreas remotas se ha convertido en una cruel pero habitual práctica de control migratorio en el norte de África. Tan habitual que las organizaciones en defensa de los derechos humanos ya le han conferido un nombre específico: desert dumps. 

El abandono de personas solicitantes de asilo en el desierto u otras áreas remotas se ha convertido en una práctica tan habitual que las organizaciones en defensa de los derechos humanos ya le han conferido un nombre específico: desert dumps

Los desert dumps que transcurrieron en Túnez aquel verano de hace ahora más de año y medio —aunque han seguido documentándose hasta 13 casos más hasta mayo de 2024— reflejan el proceder habitual de las autoridades fronterizas contra quienes ejercen su derecho a migrar. Al-Jazeera informó entonces de que las víctimas, entre las que figuraban mujeres y criaturas, fueron conducidas hasta el lugar “en flagrante violación del derecho internacional humanitario”. En países como Senegal o Marruecos, las personas en situación administrativa irregular son a menudo detenidas en las ciudades o puertos, transportadas a la fuerza en vehículos policiales o autobuses y abandonadas a kilómetros de cualquier nucleo de población. Cuando esto ocurre, los migrantes permanecen asustados, deshidratados y desorientados durante días o semanas hasta que son encontrados en el mejor de los casos. 

Estos procesos, a todas luces ilegales, han sido documentados durante años por organismos internacionales como Porcausa o Lighthouse Reports. Según una investigación conjunta entre estas dos entidades junto con medios como The Washington Post, Der Spiegel, El País o Le Monde, decenas de miles de personas son arrestadas por su color de piel y dejadas en el desierto todos los años. Pero el informe más allá de la mera exposición de los abusos policiales y revela también hasta qué punto estas violaciones de derechos humanos se producen con la connivencia de la UE y en particular del Estado español.

Torturas policiales financiadas por la UE 

Los países de la Unión Europea persiguen desesperadamente —y cada vez de forma más descarada— frenar los flujos migratorios desde África hasta nuestro continente. Para reducir al máximo la cantidad de personas migrantes que cruzan las fronteras, los estados establecen marcos de “cooperación” internacional con gobiernos como Mauritania, Marruecos o Túnez con el fin de regular ese tránsito. Ahora bien, esos pactos bilaterales incluyen el envío de recursos económicos destinados a que sean los propios países de origen los que repriman las salidas a través de las detenciones arbitrarias, la violencia física y todo tipo de acciones vulnerantes de derechos humanos. 

De este modo, la UE traslada a estos regímenes la tarea de contener la migración, aun siendo conocedores de que las autoridades locales y nacionales recurren a todo tipo de procedimientos ilegales. Cuando estas prácticas se llevan a cabo, destaca el citado informe, “los migrantes se exponen a un elevado riesgo de secuestro, extorsión, tortura, violencia sexual y, en el peor de los casos, a la muerte. Otros son llevados a zonas fronterizas donde, al parecer, son vendidos por las autoridades a traficantes de personas y bandas”. 

Las operaciones de secuestro y abandono de migrantes se llevan a cabo “gracias al dinero, los vehículos, el equipamiento, los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad proporcionados por la UE” según una investigación

El año pasado 16 de julio, la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, envió a Túnez un paquete de 105 millones de euros para la “gestión de fronteras” y actividades de lucha contra el contrabando. En total, la UE ha proporcionado entre 2015 y 2021 más de 400 millones de euros a África para detener el avance migratorio o al menos intentarlo. Además, las operaciones de secuestro y abandono de migrantes se llevan a cabo “gracias al dinero, los vehículos, el equipamiento, los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad proporcionados por la UE”. Para documentar el vínculo entre las fuerzas policiales del norte de África y la Unión Europea, los medios encargados del informe contaron con el testimonio de más de 50 supervivientes de estas expulsiones en Mauritania, Marruecos y Túnez, así como material visual (grabaciones, fotografías etc.) proporcionado por las propias víctimas. 

En algunos videos grabados por testigos oculares de las detenciones se aprecia el uso vehículos Nissan, normalmente utilizados por la Policía Nacional, en el traslado de migrantes hacia las zonas inhóspitas. La marca y el modelo de estos coches coinciden con los donados por Italia y Alemania. En esta línea, la periodista y directora de Fundación Porcausa, Lucila Rodríguez-Alarcón, publicó recientemente un artículo en el que señalaba directamente al Ejecutivo español por sus políticas de externalización migratoria: “España lleva desde los años 90 soltando pasta y recursos a países del norte de África y del Sahel, empezando por Marruecos, pero siguiendo por Mauritania o Senegal”, apuntaba. 

El colaboracionismo del Gobierno de Pedro Sánchez con sus fuerzas de seguridad se ha materializado ya en la donación de al menos 178 millones de euros entre 2015 y 2022 para la “gestión migratoria”

En el caso de Túnez, el colaboracionismo del Gobierno de Pedro Sánchez con sus fuerzas de seguridad se ha materializado ya en la donación de al menos 178 millones de euros entre 2015 y 2022 para la “gestión migratoria”. Con Mauritania la situación es prácticamente idéntica: En febrero de 2024, la UE y España proporcionó más de 500 millones de euros a este país para la implantación de medidas en materia de “migración, desarrollo, seguridad y energía verde”, es decir, impedir la salida de migrantes de su territorio. 

Pocos meses después, a finales de agosto, Sánchez anunciaba su famosa gira diplomática por países como Gambia, Senegal o la propia Mauritania, manifestando aún más abiertamente sus apetitos de contención migratoria. “Mauritania desempeña un papel fundamental como referente de estabilidad democrática en el Sahel. Compartimos muchos objetivos comunes, como la lucha contra el terrorismo, y nuestro deseo de garantizar flujos migratorios ordenados y seguros”, comunicaba ese verano el presidente socialista a través de su cuenta de X. La razón principal de estos marcos de cooperación bilateral no es otra que poner trabas a que miles de personas puedan solicitar protección internacional en territorio español, algo que por derecho les corresponde. Atendiendo a la Convención de Ginebra, España y el resto de países europeos deben permitir que quienes huyen de violaciones de Derechos Humanos puedan acceder a tus fronteras y entrar. Asimismo, esta obligación es aplicable a todos los Estados Miembros de la Unión Europea bajo el artículo 18 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.

Así las cosas, hoy muchos gobiernos brindan recursos materiales y financieros a dictaduras y regímenes autocráticos para socavar movimientos migratorios desde la más absoluta impunidad. Además, organizaciones como Amnistía Internacional han criticado en varias ocasiones la opacidad que rodea a toda esta financiación: “En el 2016, hicimos un informe en el que tratábamos de ver todo el tema de la gestión migratoria y del dinero de la Unión Europea y cómo se estaba utilizando. Lo que nos encontramos fue un muro de falta de información, empezando por España. España es muy difícil encontrar una información transparente de cómo se está utilizando el dinero que España da a Marruecos, por ejemplo, es muy complicado, por no decir imposible”, cuenta a este medio Virginia Álvarez, responsable del Área de Investigación en Derechos Humanos, Justicia e Interior en esta entidad. 

La Europa fortaleza y el Pacto de Migración y Asilo

Como explica Álvarez, España mantiene actualmente acuerdos de devolución con muchos países africanos y existe “una falta de transparencia absoluta al respecto”. En AI han solicitado, junto a otras organizaciones, acceder a las cláusulas que exigen la protección de los derechos humanos dentro de los acuerdos con terceros países. A día de hoy todavía no han visto satisfecha su petición. Desde Porcausa argumentan que, además, la política migratoria de la UE “ni siquiera genera un beneficio socioeconómico en los países africanos que bloquean la migración”. Ponen el ejemplo de Níger, país que más dinero recibe de los fondos europeos y que ocupa el puesto 187 de 188 en el Índice de Desarrollo Humano (IDH). 

Varios factores actúan a la hora de perpetuar el silencio hacia las prácticas ilegales como desert dumps financiadas por Europa: Por un lado, la ausencia de denuncias a través de mecanismos judiciales por parte de las organizaciones internacionales, si bien muchas de ellas han protestado enérgicamente contra esta situación a través de comunicados, reportes y otros mecanismos. Por otro, el desconocimiento popular de la existencia de estas prácticas y de su frecuencia alarmante, a diferencia de otras expulsiones ilegales algo más difundidas desde los medios como los pushbacks en las costas del Egeo. 

Pero también está presente —y esto es quizás lo más peligroso de todo— la creciente proliferación de narrativas y retóricas del miedo que criminalizan al migrante. El auge de estos discursos ultra de carácter racista y xenófobo favorece la legitimación de las prácticas que reprimen las llegadas de migrantes. En un imaginario colectivo que sitúa como culpable principal de la crisis económica al extranjero, maxime si éste es pobre y racializado, toda práctica que obstaculice su llegada acaba pareciendo justificada. 

El Pacto Europeo de Migración y Asilo ahonda en la externalización de las fronteras y da alas a todo tipo de acciones como las devoluciones en caliente y las expulsiones en el desierto

Bajo esta filosofía proteccionista se forjó el Pacto Europeo de Migración y Asilo, que ahonda en la externalización de las fronteras y se sustenta en la securitización del territorio. Este acuerdo, lejos de promover la llegada segura y la protección internacional efectiva de las personas solicitantes de asilo a nuestro continente, da alas a todo tipo de acciones como las devoluciones en caliente y las expulsiones en el desierto. El informe Externalización de Fronteras, de la Fundación Porcausa, establece que todo ello “no solo consolida regímenes autocráticos, sino que perjudica a su propia ciudadanía” y “debilita la posición de los movimientos democratizadores y por los derechos humanos en el continente africano o de Oriente Próximo”. 

Para Amnistía Internacional, la llamada Europa fortaleza ha fracasado a la hora de garantizar el respeto a los derechos humanos más allá de sus fronteras: “Europa ha querido construir un marco jurídico que permite que en su nombre se hagan cosas que no se atrevería a hacer dentro de sus fronteras. Sabemos que las personas son completamente abandonadas a su suerte, y es su manera de gestionar el fenómeno migratorio”, subraya. De igual modo, los acuerdos entre Italia y Libia llevan décadas posibilitando encarcelaciones, torturas y abandono de personas en el desierto. 

Dónde están los migrantes abandonados en el desierto

Durante estas operaciones ilegales se han podido probar palizas, empleo excesivo de la fuerza, torturas e incluso robo de dinero y pertenencias, algo que se ha intensificado, aseguran, en los últimos años. Human Rights Watch (HRW) y otras organizaciones han llegado incluso a reportar agresiones sexuales y chantajes. Al estar en zonas remotas, corren el riesgo de morir por falta de alimentos, agua o medicamentos, en especial los niños y bebés. “En muchas ocasiones se les deja tirados quitándoles la ropa, los zapatos y dejándoles en una situación de riesgo para sus vidas”, describe Álvarez. Los autores de todas estas atrocidades no son tratantes armados ni mafias organizadas sino los propios agentes de la policía y el ejército. 

Lo que viene después es un número aterrador de personas refugiadas y solicitantes de asilo en paradero desconocido, muchas de las cuales acaban muriendo en condiciones extremas. Según datos del colectivo de defensa de las personas y comunidades migrantes Caminando Fronteras, en 2024 se superaron todos los registros de víctimas en la Frontera Occidental Euroafricana con 10.457 personas muertas o desaparecidas, una media de 30 diarias. El proyecto Missing Migrants se define como una iniciativa de la OIM implementada “para documentar muertes y desapariciones de personas en el proceso de migración hacia un destino internacional” y “denunciar las fronteras como espacios de impunidad”. 

Desde que inició su actividad en 2014, Caminando Fronteras ha llegado a registrar la muerte de más de 2.000 personas en tránsito por el desierto del Sáhara, pero podrían ser muchas más

Desde que inició su actividad en 2014, han llegado a registrar la muerte de más de 2.000 personas en tránsito por el desierto del Sáhara, aunque admiten que la cifra puede ser mucho superior. Tal y como han recabado en todos estos años, la mayoría de las muertes documentadas en el desierto del Sáhara están relacionadas con el calor extremo y la falta de cobijo. Ello incluye deshidratación, inanición y exposición, así como aparición de enfermedades con la consiguiente falta de acceso a la atención sanitaria, que probablemente se ven exacerbadas por el entorno extremo. 

Muchas de estas muertes en lugares desangelados ocurrieron en el transcurso de la masacre de Melilla, de la que el Ministerio del Interior sigue sin responsabilizarse. Además de emplearse una fuerza desproporcionada por parte de las autoridades españolas y marroquíes, muchas personas permanecen todavía desaparecidas después de que se les transportara forzosamente al sur de Marruecos aun estando heridas. Para Virginia, no obstante, “esto no ha pasado una única vez”: “Ya en el 2005 yo recuerdo haber viajado al sur de Marruecos con la frontera con Argelia a buscar a personas que habían sido abandonadas allí por la policía marroquí después de un intento de salto en Melilla”. Muchas ya habían sido tiradas y desnudadas años atrás en el desierto en zonas donde podían hallarse minas y donde las temperaturas bajaban de los cero grados.