Frontera sur
Imprevisión y billetes de autobús: así gestiona España el aumento de llegadas por la costa

Al menos 2.000 personas han llegado en la última semana a costas andaluzas, tanto en la vertiente atlántica como en la mediterránea, en un goteo que pone a prueba todos el sistema de acogida y retención. A las denuncias de migrantes y grupos pro derechos humanos, que señalan el enfoque casi exclusivamente policial de los protocolos de actuación, se suman ahora llamadas más desesperadas: todos los dispositivos están colapsados, desde Salvamento Marítimo hasta las comisarías, los centros de acogida a menores y los centros de internamiento de extranjeros (CIE), donde se retiene de forma cautelar a las personas en situación irregular hasta 60 días hasta su expulsión o su puesta en libertad.

“Yo he estado de visita en CIE en condiciones bastante malas y lo que he visto ayer me ha dejado hecho polvo”, señala por teléfono a El Salto uno de los acompañantes de la visita a la localidad granadina de Motril que el miércoles hicieron la senadora de Podemos Maribel Mora y el senador de EH Bildu Jon Iñarritu. Este acompañante se refiere al centro de acogida temporal (CATE) de Motril, donde los recién llegados permanecen hasta 72 horas. En condiciones normales permanecen allí y después se procede a su internamiento en un CIE o, por otras circunstancias -como ser menor, o víctima de trata- se les envía a un centro de acogida. Pero las actuales no son “condiciones normales”.

“Todo el sistema está colapsado y la solución que se está dando es pagar un billete de autobús y acercar a la gente a la frontera”, señala Maribel Mora. Para quienes hayan logrado hacer su solicitud de asilo —algo nada sencillo—, se trataría de una práctica irregular, según el Convenio de Dublín, el acuerdo europeo sobre asilo que establece que los demandantes de asilo deben permanecer en el país de entrada. Mora también alerta de que “hay mucha gente en situación de calle, porque después de las 72 horas no acceden a ningún recurso y se están quedando en la calle, eso en Andalucía y fuera”.

Las organizaciones sociales, tanto más profesionalizadas como más activistas, que trabajan sobre el terreno, confirman a El Salto que la saturación de todos los dispositivos de acogida y de detención en la costa andaluza está llevando a esta práctica —por parte de Cruz Roja— de fletar autobuses hacia otras regiones. “Sin embargo, son trasladadas sin coordinación con los lugares de llegada y sin contactar con otras entidades. Además son trasladadas sin atender a sus circunstancias particulares y sin valorar si tienen contactos de familiares o conocidos”, señalan estas fuentes.

Solo en Barcelona han llegado 350 personas en los últimos diez días desde costas andaluzas “sin que el Ayuntamiento tenga notificación oficial u oficiosa de estas llegadas”. En el caso de Madrid, se encontrarían ya saturados tanto los albergues del Samur Social como las escasas plazas disponibles gestionadas por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

Los grupos de apoyo formados por personas voluntarias se encuentran también sobrepasados, y la previsión, según señala una activista a El Salto, es que las llegadas semanales de entre 200 y 300 personas se mantengan hasta el otoño. “El Gobierno tiene que intervenir y poner recursos en serio para garantizar una acogida, aunque muchas de estas personas tengan pensado salir de España a otros países europeos”, señala esta activista. “Se sabe hace meses que esto iba a pasar, y aun viendo lo que está ocurriendo tampoco se están tomando grandes medidas”, concluye.

Según el informe Frontera Sur, que evaluaba recientemente los dispositivos de acogida y atención a las personas que llegan de manera irregular a las costas españolas, una de las fallas de la primera atención es la falta de garantías y la rapidez con la que se determinan circunstancias que luego pueden ser decisivas, como la edad, el ser posible víctima de trata o el poder efectuar una solicitud de asilo.

La falta de medios y de previsión han hecho que esta primera acogida resulte todavía más precaria. “Nada más bajarte de la patera atienden en media hora a todos en bloque, y a las mujeres se les da una hora más”, señala Mora.

En el caso de Motril, las escenas más extremas se viven en el CATE. “Se llama centro de acogida, pero en realidad son calabozos pegados a la comisaría”, explica Mora a El Salto. El centro se encontraba el miércoles (día de la visita de la senadora) al doble de su capacidad, con 132 personas internas distribuidas en celdas de hasta 25 personas.

“En esas celdas la gente está hacinada, y hay niños y bebés encerrados”, relata Mora. Las duchas se encuentran en las mismas celdas, y al no haber más desagüe que un pozo ciego, este pronto rebosa hasta empapar todo el suelo donde se encuentran las colchonetas. La Policía Nacional impide hacer fotos del interior del CATE. Por estas condiciones, el Defensor del Pueblo ha pedido repetidas veces el cierre de este centro. El proyecto para un centro más grande, iniciado por el Gobierno anterior, se encuentra paralizado por la negativa del Ayuntamiento de Motril a conceder la licencia de obras.

Pocas manos en salvamento marítimo

La situación no es mejor en las patrullas de Salvamento Marítimo. Los dispositivos de rescate de las pateras y otras embarcaciones a la deriva están funcionando, en algunos casos, con el mínimo de personal permitido por la ley —patrón, marinero y mecánico—. Descontado el patrón, que tiene que gobernar la embarcación, “eso deja a dos personas para hacer un remolque o para llevar a bordo a pasajeros de pateras que pueden tener hasta 50 personas”, explica a El Salto Manuel Capa, tripulante en una de los buques de Salvamento Marítimo con base en Almería y delegado sindical de CGT.

Las patrullas del Estrecho que, por su proximidad con la costa marroquí, hacen trayectos más cortos, realizan varios servicios diarios, en idas y venidas que Capa define como “agotadoras”: “Podemos recibir una llamada y salir a las cuatro de la mañana a rescatar una patera, desembarcar a la gente a las ocho y hacer luego otra salida”, describe.

Para las patrullas que salen de Almería o Motril y trabajan en mar abierto, los trayectos son más largos. “Las pateras las cogemos cada vez más al sur, bajando incluso a aguas marroquíes. El otro día tuvimos un servicio de 12 horas navegando con un patrón solo. El patrón está a los mandos y hace las maniobras. Esto supone un desgaste físico, no es un día puntual, esto es todos los días. La carga psicológica es muy fuerte”, resume. Algunas de las patrullas con embarcaciones pequeñas sí han conseguido ya un cuarto tripulante, una de las reivindicaciones mínimas de las plantillas de Salvamento Marítimo, pero no es una situación generalizada.

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