Feminismos
2022, el año en que dejamos de mirar al dedo

Irene Montero apunta desde su escaño al ángulo superior izquierdo de la foto. Si se sigue la línea que marca su dedo se llega hasta la bancada de Vox. Una diputada de este partido le acaba de decir: “Hay que tenerla de cemento armado para insultar a profesionales que se han pasado años de su vida estudiando Derecho y una oposición cuando el único mérito que tiene usted es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias”. También la ha llamado “libertadora de violadores”.

Pero a ese clímax de violencia política no se llega desde cero. Antes han tenido que ocurrir muchas cosas. Esa misma semana, a Irene Montero le han dedicado insultos desde el PP —“inútil”, “soberbia”— y Ciudadanos —“está donde está porque la ha fecundado el macho alfa”—.

Antes de esos insultos, varios eventos han puesto en el foco a la ministra de Igualdad con reseñables esfuerzos por denostar o ridiculizar su trabajo. En julio, Montero es preguntada por su posición sobre los hechos sucedidos en un salto a la valla de Melilla el 24 de junio en el que murieron varias personas. Pese a que se pronuncia pidiendo una “investigación independiente”, lo que circula durante días es un fragmento en el que ella repite en varias ocasiones “siempre van a conocer mi opinión”, dando entender que no se ha pronunciado. 

Poco después llega el episodio de Nueva York: Montero y varias personas de su equipo hacen un viaje oficial para participar en diversos actos. El hecho de que usaran el Falcon desata un aluvión de críticas e insultos, pese a que el uso de este medio del Gobierno está previsto para viajes como ese.

Hay más. El 22 de septiembre, una asociación interpone una denuncia contra la ministra de Igualdad por “apología de la pederastia” después de una intervención en la Comisión de Igualdad en la que Montero defendía la necesidad de impartir educación sexual en respuesta a una pregunta de Vox. Tras un tuit viral que sugería esta “apología”, entran en juego HazteOír y Vox. La máquina estaba en marcha y se producen varias denuncias —sin mucho fundamento jurídico pero con gran alcance mediático— contra Montero. 

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Patricia Reguero Ríos

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Irene Montero

Violencias machistas Rolex, vuittons y niñeras: así es el acoso sistemático a Irene Montero y su equipo

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Las denuncias contra la ministra por “apología de la pederastia” basadas en un bulo ilustran cómo funciona el engranaje contra el Ministerio de Igualdad. Quienes trabajan en el ministerio lo hacen bajo un escrutinio sin precedentes como consecuencia de lo que Montero ha calificado como “violencia política”.

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Las polémicas fabricadas en torno al Ministerio de Igualdad se repiten desde su creación en enero de 2020, pero este cúmulo de acontecimientos desde el verano de este año elevan el tono y crean el caldo de cultivo perfecto para intensificar los ataques cuando, a principios de octubre, entra en vigor la ley de libertad sexual y se conocen las primeras rebajas de condenas por delitos contra la indemnidad sexual mediante la aplicación de esta ley.

Sin embargo, se produce un giro de guion ese 23 de noviembre en el que Montero levanta el dedo hacia los fascistas de Vox y pide que no se borren del diario de sesiones los insultos que se han producido contra ella.

El apoyo que recibe después no tiene precedentes en la legislatura: el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz y la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, son solo algunos ejemplos de ese apoyo. Al día siguiente, diputadas de todos los grupos parlamentarios —a excepción de PP y Vox— se hacen una foto juntas en los pasillos del Congreso para denunciar la violencia política. El apoyo traspasa fronteras y Montero recibe mensajes de apoyo del presidente chileno, Gabriel Boric, del presidente y la vicepresidentade Argentina, Alberto Fernández y Cristina Fernández, o del líder de Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, entre otros.

Se acabó mirar al dedo de Irene Montero y hacer girar la conversación en torno a ella cuando su dedo apunta la violencia política de la extrema derecha contra mujeres en la esfera pública.

Pero la violencia política no es el único tema que ha marcado el 2022 en el ámbito de los feminismos y los movimientos LGTBQI+, que ha mirado con atención a varios procesos legislativos liderados por el Ministerio de Igualdad.

Feministas ante la ley de libertad sexual

A finales de agosto de 2022, el Congreso de los Diputados daba el visto bueno definitivo a la Ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual, conocida como “ley del solo sí es sí”, cuya aprobación se vio frustrada el 19 de julio, cuando estaba previsto que el Senado diera luz verde sin cambios al texto. La aprobación de una enmienda de manera inesperada en un pleno extraordinario obligó a devolver el texto al Congreso. 

La ley respondía a una proclama feminista (“no es abuso, es violación”). Y, aunque incluye una batería amplia de medidas que justifican que sea una ley integral, lo que ha centrado el debate es la reforma del Código Penal que ha supuesto su entrada en vigor. La ley reforma los tipos delictivos y establece horquillas amplias para castigar los delitos. Este sistema es el que ha permitido que algunos condenados se hayan visto favorecidos —la aplicación de la norma más favorable es un principio constitucional— y hayan visto rebajadas sus condenas, lo que dio lugar a una de las peores semanas para el Ministerio de Igualdad, ya que lo que se ponía en duda era su ley más emblemática.

La rebaja de condenas por la ley del ‘sí es sí’ desata la peor semana para el Ministerio de Igualdad

Patricia Reguero Ríos

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Violencia sexual

Ley del ‘solo sí es sí’ La rebaja de condenas por la ley del ‘sí es sí’ desata la peor semana para el Ministerio de Igualdad

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El Ministerio de Igualdad ha vivido su peor semana por las rebajas de condena concedidas a condenados por delitos sexuales por algunos tribunales amparándose en la ‘ley del solo sí es sí’. ¿Por qué se han producido esas rebajas? ¿Se podría haber evitado? ¿Qué dicen las feministas?

La polémica servía también para que los sectores del feminismo críticos con Igualdad dispararan de nuevo, poniendo de manifiesto que sus diferencias van mucho más allá de la ley trans. Amelia Valcárcel, una de las referentes de este feminismo, se pronunciaba así en Twitter: “La ciudadanía española, a raíz del juicio de la Manada, reclamaba figuras delictivas más claras y penas más disuasorias. Lo que tenemos son rebajas de pena y delincuentes excarcelados. Que se asuma la responsabilidad es lo lógico. Escucha y aprende... o vete”. Los hashtag #dimite o #IreneDimisión se posicionaban entre los trending topic en Twitter gracias a esa cada vez menos extraña coreografía que ejecutan en redes las feministas anti-Montero y la extrema derecha mientras otras pedían una reflexión más profunda y señalaban la incongruencia de que pensadoras feministas se alineen con discursos punitivistas más propios de sectores conservadores, como la petición de endurecimiento de las penas en el Código Penal. 

Lay trans: retrasos y reacciones

El año 2022 ha estado marcado también por el Proyecto de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, que ha sufrido sucesivos retrasos que tienen su origen en los desacuerdos entre los dos partidos del Gobierno de coalición. Si en 2021 se consiguió parar el bloqueo renunciando a la idea original del Ministerio de Igualdad de desarrollar una ley trans específica y otra LGTBIQ+, este 2022 ha venido marcado por el endurecimiento de las posturas de algunos integrantes del PSOE contra la autodeterminación de género, es decir, el reconocimiento del derecho de las personas trans a adecuar sus documentos a su identidad sin informes ni diagnósticos, que es el principio vertebrador de la ley.

La postura del PSOE motivó la baja de militancia de Carla Antonelli a mediados de octubre y después de que se prorrogara el plazo de enmiendas, algo que ponía en peligro que el debate se pudiera producir antes de que acabara el año, tal y como quería Igualdad. “Prefiero ir por la calle y mirar de frente a mis compañeras/os/es trans que agachar la cabeza de la vergüenza por haberles traicionado”, explicaba en sus redes.

El 31 de octubre de 2022, el PSOE presentó una serie de enmiendas, algunas de ellas dirigidas a limitar la autodeterminación de género —en concreto, en lo relacionado a las personas menores de edad y en lo que tiene que ver con la reversibilidad del proceso—. Sus enmiendas no tuvieron el apoyo suficiente en la Comisión de Igualdad que aprobó el dictamen el 12 de diciembre, paso previo a su debate en Pleno, que se produciría el 21 de diciembre.

De este proceso cabe destacar la fuerza mostrada por los colectivos, que han protagonizado tres convocatorias seguidas desde verano: el 22 de octubre para protestar por los retrasos en la tramitación de la ley, el 12 de noviembre contra las enmiendas del PSOE y de nuevo el 10 de diciembre por los mismo motivos. 

Sí a la reforma de la ley del aborto, no a la violencia obstétrica

El 15 de diciembre, el Pleno del Congreso daba luz verde a la reforma de la ley del aborto que ha impulsado el Ministerio de Igualdad, con medidas como las destinadas a garantizar la Interrupción Voluntaria del Embarazo en centros del sistema público de salud, mediante la regulación de conciencia, la reversión de las reformas a la ley del aborto introducidas en 2015 por el Gobierno de Mariano Rajoy que obligaban a las mujeres de 16 y 17 a obtener el consentimiento de sus tutores legales para acceder a la interrupción, medidas sobre salud menstrual o destinadas a implantar la educación afectivo sexual. 

En el texto hay una omisión: el binomio “violencia obstétrica” no existe por no haber llegado Igualdad a un acuerdo con Sanidad. La propuesta del Instituto de las Mujeres, que lideró los debates que abrieron paso a la reforma, de abordar este tipo de violencia provocó una enconada reacción desde los estamentos médicos.

Familias monomarentales, nada que celebrar 

El Salto ha seguido este año con especial interés las demandas de equiparación de permisos de las familias monomarentales. Desde que entró en vigor la equiparación de permisos para ambos progenitores, varias organizaciones vienen denunciando el agravio que supone para niños y niñas nacidos en familias con un solo progenitor o progenitora. La Asociación Madres Solteras Por Elección (AMSPE) inició ya entonces la vía judicial para reclamar la ampliación de permisos. Esta vía dio frutos ya en 2021, año en el que se conocieron diversos pronunciamientos judiciales que avalaban la petición de estas organizaciones.

Sin embargo, la esperada Ley de Familias, que vendría a resolver esta situación evitando el trago de tener que recurrir a los juzgados, no llegaba, haciendo perder la paciencia a estas familias. Y, pese a que el Ministerio de Derechos Sociales contemplaba la acumulación del permiso del segundo progenitor para familias monomarentales en esta ley, el texto que finalmente pasó por el Consejo de Ministros el 13 de diciembre renuncia a esta equiparación. “Nada que celebrar”, reaccionaba AMSPE en Twitter. La decepción en el colectivo es profunda.

Las familias monomarentales pierden la paciencia mientras empeoran sus condiciones de vida

Sarah Babiker

Maternidad

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Exigen una respuesta urgente ante la situación del colectivo, con más de la mitad de los hogares monomarentales en riesgo de pobreza y exclusión social.

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Trabajadoras sexuales ante la ofensiva abolicionista 

Las trabajadoras sexuales también han sido protagonistas de los titulares de 2022 en El Salto, sobre todo a raíz de dos asuntos de actualidad.

El primero, la aprobación de la ley de libertad sexual. Tras las negociaciones entre grupos, y las tensiones por las medidas de corte abolicionista de la prostitución, la penalización de la tercería locativa —una figura jurídica que serviría para multar a los propietarios de inmuebles donde se ejerza la prostitución— quedó fuera. Pero sí se incluyó en el articulado la referencia a la publicidad de prostitución como “ilícita”. 

“Se considerará ilícita la publicidad que utilice estereotipos de género que fomenten o normalicen las violencias sexuales contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como las que supongan promoción de la prostitución en los términos establecidos en la Ley 34/1998, de 11 de noviembre, General de Publicidad” es lo que dice textualmente el artículo que las trabajadoras señalan como abolicionista. Las activistas hacen notar que son las trabajadoras independientes las que se verán más afectadas y que esta prohibición las aboca a depender de terceros que se lucren de ellas.

Así afecta a las trabajadoras sexuales la norma que considera ilícitos sus anuncios

Patricia Reguero Ríos

Trabajo sexual

Trabajo sexual Así afecta a las trabajadoras sexuales la norma que considera ilícitos sus anuncios

Patricia Reguero Ríos

Algunas webs ya advierten de que tendrán que cerrar o reformular sus anuncios por la ley del solo sí es sí. Las prostitutas que trabajan de forma independiente son las más perjudicadas.

En segundo lugar, las trabajadoras sexuales están a la espera de ver cómo se resuelve la Proposición de Ley para Prohibir el Proxenetismo en todas sus formas, presentada el 19 de mayo por el PSOE, un día después de que la tercería locativa no encontrara apoyo suficiente para ir en la ley de libertad sexual. Lo hace como proposición desde el grupo socialista —y no como proyecto del Gobierno— y pretende combatir el proxenetismo y castigar a los clientes de la prostitución.

Las madres protectoras siguen desprotegidas

En mayo, el Gobierno concedía un indulto parcial en el Consejo de Ministros a María Sevilla y le rebajaba la pena de prisión en cuatro meses después de que Sevilla hubiese entrado en prisión en febrero condenada por un delito de sustracción de menores en una sentencia de octubre de 2020, una situación que enfrentan otras madres que han tratado de apartar a sus hijos de exparejas acusadas de malos tratos o de abusos.

La situación de desprotección de las madres protectoras ha sido detallada por Beatriz Gimeno en su libro Misoginia Judicial. La guerra jurídica contra el feminismo (Catarata, 2022) y ha sido reconocida por la ministra de Igualdad, Irene Montero mientras se siguen conociendo casos que ejemplifican esta desprotección, como el del hombre que  solicita que se modifiquen las medidas por las cuales no puede ver a su hijo de diez años tras cumplir una pena por un delito de abusos continuados a la infancia contra una hermana del niño —hijastra del condenado— mientras se mantiene vigente la pena de inhabilitación para trabajar con niños.