Especulación urbanística
Iglesias se compromete ante los sindicatos de inquilinos a sacar adelante la regulación de los alquileres

Pedro, Pablo, tenemos que hablar. La carta que enviaron los sindicatos de inquilinos de Catalunya, Madrid, Málaga, San Sebastián, Zaragoza y Baleares ha servido para conseguir la “reunión de urgencia” que pedían con el vicepresidente social del Gobierno, Pablo Iglesias. También para que el líder de Unidas Podemos se comprometa a presentar de forma urgente una propuesta para regular los precios de los alquileres tomando como referencia la reciente experiencia catalana, “el camino a seguir”, según declaró Iglesias tras el encuentro.

“Queremos que extiendan la ley catalana de regulación de alquileres, traerla a Madrid y al resto del Estado. Venimos legitimados porque hay un acuerdo de legislatura que incluye esto”. Con estas palabras, el portavoz del Sindicato de Inquilinos, Fernando Bardera, explica a El Salto la principal demanda de la reunión que tuvo lugar este 16 de octubre a las 9:30h en la Vicepresidencia de Gobierno.

La otra gran demanda, dice Bardera, es que el Gobierno “blinde políticamente” esta ley catalana que congela los precios y obliga a reducirlos en las zonas más tensionadas por la burbuja de los alquileres. Un apoyo que Bardera ve necesario ante la intención del lobby inmobiliario y de los partidos de derecha de tumbarla a través del Tribunal Constitucional. “Estamos en un país que basa históricamente su economía en el ladrillo y esta ley ha movido los cimientos de muchas élites económicas. La van a llevar seguro al Constitucional”, dice este activista a El Salto. 

A la salida de la reunión, Bardera comentaba a El Salto que los principales objetivos del encuentro se han cumplido: “Hemos salido muy contentos, esta parte del Gobierno está muy interesada y sensibilizada por la cuestión, nos han dicho que ya están trabajando en ello, han reconocido el contexto de lo que se nos viene encima con la pandemia y ven la necesidad de blindar la ley catalana y extenderla a todo el Estado. Nos han reconocido que está en el plan de investidura, por lo que no es negociable”.

El vicepresidente social trasladó a los sindicatos de inquilinos, según cuenta Bardera, que el Gobierno ya está trabajando en un texto que se debería aprobar antes de la votación de los presupuestos generales. “Entendemos, y esto lo comparte parte del Gobierno, que esto hay que hacerlo antes de que se aprueben los presupuestos, no solo por la urgencia de la situación social, sino porque se abre una ventana. Después, será mucho más difícil”, dice Bardera. Esta posición es compartida, según cuenta este portavoz del sindicato de inquilinos, por otros grupos políticos “claves en la aprobación” de las cuentas del Estado y que ya han manifestado su apoyo a la propuesta del sindicato de inquilinos.

El ejemplo catalán

Como el Gobierno central no mostraba especial interés en la regulación de los alquileres prometida en el pacto de investidura, el Govern catalán se adelantó con su propia normativa. La Ley, que entró en vigor el 22 de septiembre, fue impulsada por el Sindicat de Llogaters de Catalunya y apoyada por más de 4.000 organizaciones sociales, sindicales y culturales. 

Entre las principales novedades de la ley 11/2020, que sitúa a Catalunya entre las regiones más avanzadas de Europa en este tema, figura la congelación del precio del alquiler en la ciudad de Barcelona y otras 59 localidades catalanas especialmente afectadas por la especulación inmobiliaria. La norma también obliga a bajar los alquileres cuando los precios superen los índices de referencia de cada localidad. 

Día histórico en la lucha por la vivienda: Catalunya aprueba la ley que regula los alquileres

Martín Cúneo

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Catalunya

Día histórico en la lucha por la vivienda: Catalunya aprueba la ley que regula los alquileres

Martín Cúneo

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Después de más de un año de trabajo legislativo y muchos más años de presiones desde la calle, Catalunya se suma a los territorios europeos más avanzados en la regulación del precio de los alquileres. Tras el bloqueo inicial de JxCat, las negociaciones de última hora han dado resultado y la ley ha sido aprobada este 9 de septiembre.

Según estas organizaciones de inquilinos, la ley catalana “coincide plenamente” con las propuestas del pacto de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos, especialmente en los puntos referentes a "poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado” y a habilitar que las administraciones locales puedan establecer sus propios índices de referencia que les permitan declarar “tensas” determinados municipios o barrios y aplicar medidas de regulación de los precios de los alquileres. 

PP, Vox, Ciudadanos y el lobby inmobiliario están aprovechando su mayoría en diferentes tribunales para torpedear las reformas legales que quieren garantizar el derecho a la vivienda por encima de los intereses de las promotoras, los bancos y los fondos de inversión

Sin embargo, reconoce Bardera a este periódico, la propuesta de extender la regulación catalana al resto del Estado se encontrará con la oposición de una parte del Gobierno: “Hay un sector en el PSOE que aboga por construir más vivienda e ignora que hay vivienda vacía, que ignora que el problema son los precios y un mercado en el que se está generando una falta de oferta que es artificial, porque las casas están ahí”. Para este portavoz del sindicato de inquilinos, la construcción de viviendas no puede ser una solución en el corto ni en el medio plazo. “Estamos hablando de un tiempo muy extenso para generar ese parque de vivienda que no tenemos. Ya estábamos antes del covid-19 en una situación en la que no podíamos esperar. Ya con la pandemia estamos rematados”, dice.

La regulación de los precios, aunque sea una medida transitoria, es para los sindicatos de inquilinos la única solución factible para “dar respuesta a las necesidades de miles de personas y familias que ven atropellados sus derechos”. En los últimos siete años, señalaban en la carta al Gobierno, el precio medio del alquiler ha crecido un 50% y en los últimos cinco los alquileres han aumentado 30 veces más que los sueldos. Las consecuencias están a la vista: decenas de miles de familias, especialmente en las grandes ciudades, se ven obligadas a destinar más de la mitad de sus ingresos al pago del alquiler y los desahucios de alquiler ya suman siete de cada diez casos. Un “contexto de emergencia social que se ha visto agravado por la pandemia y las consecuencias derivadas de ella”, resumen en la carta.

La batalla judicial

La guerra entre los principales partidos por controlar el poder judicial toca de lleno el derecho a la vivienda. PP, Vox y Ciudadanos, de la mano del poderoso lobby inmobiliario, están aprovechando su mayoría en diferentes tribunales para torpedear las reformas legales que quieren garantizar el derecho a la vivienda por encima de los intereses de las promotoras, los bancos y los fondos de inversión. 

Semanas antes de la entrada en vigor de la ley catalana de alquileres, el PP anunciaba que si el Gobierno no lo hacía, elevaría un recurso de amparo al Tribunal Constitucional. 

Una batería de decisiones sobre leyes garantistas de vivienda se juega en el Constitucional, un tribunal controlado por jueces conservadores, cuya renovación bloquea el PP desde noviembre de 2019

No mucho antes, en julio, el Constitucional admitía el recurso del PP al Decreto Ley de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda. Una ley impulsada en 2019 por el Govern catalán que obliga a los grandes tenedores a ofrecer alquileres sociales a las familias en situación de vulnerabilidad o exclusión, entre otros avances conquistados por el movimiento catalán por la vivienda. Según el recurso del PP, el Decreto Ley “vulnera el derecho a la propiedad privada”. 

Otra victoria de este movimiento, en este caso en el País Valencià, también está en la mira de la derecha y del alto tribunal. El 30 de septiembre, el Constitucional admitía el recurso de inconstitucionalidad presentado por senadores del PP contra el Decreto Ley para la ampliación del parque público de vivienda a través de los derechos de tanteo y retracto, promovido por el vicepresidente y consejero de Vivienda de la Generalitat valenciana, Rubén Martínez Dalmau, de Podem. Una ley especialmente pensada para dar ventajas a las administraciones locales para adquirir vivienda, frenar la especulación y contener los precios, explicaba Martínez Dalmau en El Salto.

Una batería de decisiones sobre leyes garantistas de vivienda se juega en el Constitucional, un tribunal controlado por jueces conservadores, cuya renovación bloquea el PP desde noviembre de 2019.

Martínez Dalmau, sobre el decreto valenciano de vivienda: “A quienes especulan no les va a gustar”

Martín Cúneo

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Especulación urbanística

Martínez Dalmau, sobre el decreto valenciano de vivienda: “A quienes especulan no les va a gustar”

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Las Cortes valencianas convalidan este 15 de julio la ley que permite a la Generalitat intervenir en el mercado inmobiliario y ejercer los derechos de tanteo y retracto para aumentar el parque público de vivienda. El vicepresidente valenciano, Rubén Martínez Dalmau, relata a El Salto los intereses que están juego.

“Que el Poder Judicial está politizado es algo que asumimos con normalidad, con lo que que convivimos, pero dentro de eso, en temas tan visibles y tan complicados, aunque intenten atender a intereses económicos lo tienen que argumentar muy bien, ya no lo pueden decidir como si estuviéramos en la Edad Media”, sostiene Bardera.

El índice de precios, un jarrón chino

De los acuerdos derivados del pacto de investidura, el Gobierno solo ha presentado el índice estatal de precios del alquiler. Un herramienta que puede convertirse en “un mapa de los alquileres abusivos”, según denunciaron desde los propios sindicatos de inquilinos, si no se utiliza para regular los precios.

Pese a que esta era su misión original según el pacto de investidura, la posibilidad de usar este índice de referencia para regular los precios no fue mencionada en su presentación pública por parte del ministro de Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos. Tampoco se mencionó esa posibilidad en el Real Decreto de marzo de 2019 en el que se ordena la creación de esta herramienta. Para Ábalos, el objetivo de este índice es ofrecer información “fiable y contrastada” sobre el mercado del alquiler residencial para “reducir el margen de error en la toma de decisiones” por parte de Gobiernos, empresas y particulares.

¿Un índice de precios para regular los alquileres o solo “un mapa de los alquileres abusivos”?

Martín Cúneo

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Derecho a la vivienda

¿Un índice de precios para regular los alquileres o solo “un mapa de los alquileres abusivos”?

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El Gobierno presenta el primer índice estatal de precios del alquiler, una iniciativa que debería servir, según el pacto de Gobierno, para regular el precio de la vivienda en las zonas declaradas como tensionadas. Los sindicatos de inquilinos exigen que este índice se actualice con la crisis sanitaria y social y que se aplique para garantizar el acceso a la vivienda.

Para el portavoz del Sindicato de Inquilinos de Madrid, si no se utiliza para regular los precios este índice de referencia se convierte en un “brindis al sol”, un “jarrón chino”, caro e inútil. El 12 de octubre, el secretario general de Vivienda, David Lucas, declaraba en una entrevista en infolibre que era necesaria “una radiografía clara antes de limitar los precios máximos del alquiler”. Fernando Bardera no comparte la visión del secretario: “Esa radiografía no hace falta hacerla, se hace una radiografía cuando te rompes algo y no se ve, pero aquí tenemos una fractura abierta, ya sabemos lo que está pasando”. 

Para el portavoz del Sindicato de Inquilinos de Madrid, si el índice de precios presentado por el Gobierno no se utiliza para regular los precios se convierte en un “brindis al sol”, un “jarrón chino”, caro e inútil

Lo que se necesita, continua Bardera, es un Real Decreto de urgencia que extienda la ley catalana a todo el Estado y advierte sobre los trucos que pueden encontrarse para desvirtuar la iniciativa. Uno de ellos es incluir el debate sobre la regulación de los precios en una futura ley de vivienda “para la que no se está articulando nada de momento”. La ley de vivienda es necesaria, dice, “pero esto no puede esperar”. El otro truco es dejar la aplicación de la normativa en manos de comunidades autónomas y ayuntamientos: “Ya sabemos lo que va a pasar en Madrid si es así”. Para los sindicatos de inquilinos, la regulación de los precios de los alquileres no puede esperar ni depender de los intereses económicos y cálculos políticos de las entidades locales y los gobiernos autonómicos.