Especulación urbanística
Podem y colectivos ecologistas piden en Europa acabar con los “atentados ecológicos” del País Valencià

Representantes de ocho colectivos y asociaciones ecologistas valencianas implicadas en la defensa del territorio se han reunido en Bruselas con la Comisión Europea y con miembros del Parlamento Europeo para exigir que las instituciones comunitarias actualicen las directivas medioambientales y garanticen el cumplimiento de las declaraciones de impacto ambiental. Junto a los colectivos han estado la eurodiputada valenciana de Podemos, Esther Sanz, la coordinadora de Podem, María Teresa Pérez y el coordinador de Alianza Verde del País Valenciá, Julià Álvaro.

Entre las asociaciones que han acudido esta semana a Bruselas, invitadas por la europarlamentaria Sanz, están Acció Ecologista Agró; Salvem Cala Mosca; Salvem la Vall; Acció Ecologista Agró Marina Baixa; Associació Veïnal Barri antic d'Alfafar; Coordinadora per a la Protecció de Les Moles; Plataforma Salvem la Vall i Cuidem Godella

Los ecologistas han elevado a la Comisión Europea proyectos urbanísticos que tienen su origen en la burbuja inmobiliaria y que han sido reactivados contraviniendo objetivos de protección de la biodiversidad y la lucha contra la crisis climática

Las organizaciones han instado a las instituciones europeas a seguir de cerca y fiscalizar las estrategias de los estados miembros para proteger hábitats y espacios de interés comunitario, garantizar la supervivencia de especies protegidas, favorecer la máxima transparencia y participación ciudadana o blindar la independencia de los técnicos que aprueban las declaraciones de impacto ambiental.

Los ecologistas han elevado a la Comisión Europea un listado de los proyectos urbanísticos que tienen su origen en la época de la burbuja inmobiliaria y que han sido reactivados contraviniendo los objetivos de protección de la biodiversidad y de la lucha contra la crisis climática de la Unión Europea, según denuncian. En este sentido enumeran el PAI del Puig (Horta Nord), el PAI Medina de Llíber (Marina Alta) o el de la Torreta del Pirata, en Godella (Horta Nord), y el de la Serreta en la Nucia (Marina Baixa).

La Nucia: estafas, megalomanía y destrucción del territorio

Llorenç Saval Devesa

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La Nucia (Alacant) está siendo testigo de una serie de transformaciones que cambiarán profundamente su fisonomía en los próximos años.

Acció Ecologista Agró, uno de los colectivos presentes, ha puesto el foco en este último PAI, donde se pretenden construir 3.800 casas y una piscina a nueve kilómetros del mar, entre otras infraestructuras. Andrea Márquez, portavoz de Acció Ecologista Agró, denuncia que estas obras “se están haciendo en plena situación de emergencia por sequía decretada en la comarca, con una declaración de impacto ambiental caducada y sin haberse designado previamente en el área de actuación una zona de especial conservación a incluir dentro de la Red Natura 2000, porque presenta especies vegetales de interés comunitario como por ejemplo lo teucrium lepicephalum”.

Además indican que estas actuaciones podrían ser contrarias a la directiva 92/43/CE relativa a la conservación de hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, así como a la directiva 2001/42/CE de evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. También apuntan a la directiva 2000/60/CE, por la cual se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.

La Vall del Pop y la lucha interminable por paralizar el PAI de Llíber

Ismael Cirujeda

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Un proyecto de 488 chalés unifamiliares en la Marina Alta (Alacant) que ocuparían una superficie de más de 400.000 metros cuadrados en la montaña encuentra la oposición social y ecologista y una batalla judicial.

El caso del PAI de Medina de Llíber, un proyecto de 488 chalés unifamiliares en la Marina Alta (Alacant) que ocuparían una superficie de más de 400.000 metros cuadrados en la montaña, se encuentra actualmente en medio de una batalla judicial. Otro de los proyectos de urbanización que se ha puesto sobre la mesa es el de Cala Mosca. Este enclave, uno de los últimos tramos sin urbanizar de la costa alicantina, pertenece al municipio de Orihuela. No obstante, el juzgado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) desestimó el pasado noviembre un recurso judicial interpuesto por la formación municipal Cambiemos y el proyecto continúa su desarrollo.

Sobre el proyecto de la Torreta del Pirata, en Godella, las organizaciones denuncian que detrás del PAI existen negligencias políticas que ponen en riesgo el medioambiente. En el caso del PAI del Puig, incluso la Dirección General de Política Territorial y Paisaje, emitió el pasado mayo una contundente resolución en la que instaba a la Abogacía de la Generalitat a interponer  recurso contencioso-administrativo contra la aprobación del proyecto.

La ejecución de este PAI implicaría la construcción de entre 400 y 450 viviendas, de las cuales 200 irían en torres, 200 en adosados y unas 25 unifamiliares. La resolución acusaba al Ayuntamiento del Puig, gobernado por el PSPV, de haber realizado una aprobación exprés del PAI incurriendo en posibles irregularidades con el objetivo de anticiparse al plazo que establece el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel).

María Teresa Pérez, ha destacado la necesidad de tomar “medidas urgentes que garanticen una ordenación del territorio planificada. En el País Valencià estamos cansadas de proyectos que llevan décadas depredando nuestro territorio"

En declaraciones a los medios, la Coordinadora de Podem, María Teresa Pérez, ha destacado la necesidad de tomar “medidas urgentes que garanticen una ordenación del territorio planificada. En el País Valencià estamos cansadas de proyectos que llevan décadas depredando nuestro territorio. Desde Podem continuaremos trabajando en Europa porque la voz de la sociedad civil sea escuchada, frente a los quienes solo quieren usar nuestra tierra para lucrarse”.

Según Acció Ecologista Agró, “el encuentro sirve para exigir responsabilidades en el ámbito europeo ante la incapacidad de los gobiernos español y valenciano para hacer cumplir la normativa traspuesta y velar por el beneficio general en vez del de grandes multinacionales, en algunos casos causantes de muchos de los problemas medioambientales que con estas legislaciones se pretenden combatir”.

Por su parte, la eurodiputada de Podemos, Esther Sanz, considera que “no podemos continuar consintiendo políticas que arrasan con el territorio para enriquecer a los de siempre. Europa no puede permitir que se continúan llevando a cabo proyectos sin escuchar la ciudadanía y la sociedad civil”. Según la portavoz de Acció Ecologista Agró “estos proyectos van a causar un expolio de recursos imprescindibles para la vida y vulneran normas como la directiva hábitats o la directiva de aves”.