Cuidados
La quimera del sistema de cuidados público-comunitario

El Ministerio de Igualdad prevé presentar la Estrategia de Cuidados Estatales a mediados de marzo. Lo hará en colaboración con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 (ambos en manos de Unidas Podemos). Esta es la última baza de las fuerzas progresistas para dar a conocer la hoja de ruta del sistema de cuidados antes de terminar la legislatura. No obstante, el debate sobre esta cuestión no se agota en las instituciones, ya que desde diferentes movimientos políticos también se han subrayado las políticas de cuidados como eje transformador del sistema. Algunas a nivel estatal, otras a nivel nacional o autonómico, todas se diluyen en un planteamiento de impulsar un Estado de Bienestar que  se encuentra en plena descomposición y que deja más en evidencia cada día la falsa ilusión de que existe una alternativa bajo el capitalismo.

La cuestión del trabajo doméstico y de cuidados ha sido un punto central respecto al planteamiento de la liberación de la mujer trabajadora y, por lo tanto, resulta innegable la importancia que adquiere su resolución. Comprenderla, no obstante, dentro de la relación social capitalista y encauzar procesos de lucha capaces de revertirla emerge como una tarea de primer orden.

Mediante este texto abordamos los límites de las distintas propuestas sobre el cuidado, provengan estas de políticos profesionales o de los movimientos sociales. No es nuestra intención entrar demasiado en debates teóricos, pero trataremos desde una posición crítica la estrategia y formas organizativas que se asientan en torno a la demanda de un sistema de cuidados de carácter público y comunitario.

El contexto de crisis se caracteriza por la dificultad de los capitalistas de mantener sus abultadas ganancias. Esta situación que aflora en determinados momentos es una tendencia inherente de la sociedad capitalista, a la cual se enfrentea la burguesía con sus harbituales armas: absorbiendo al resto de capitalistas y sobre todo exprimiendo aún mucho más a la clase trabajadora. Este último mecanismo se traduce en un saque de los salarios (del directo como del indirecto) que nosotras identificamos como ofensiva económica de la burguesía. Esa reestructuración del sistema, también implica reformas que se imponen mediante diversas instituciones políticas, como el Estado, las cuales devalúan a la clase trabajadora y generalizan así la condición proletaria como existencia de vida dentro de la misma.

En materia de trabajo doméstico y de cuidados, este proceso pone de relieve dos cuestiones: la primera, la tendencia declinante de las condiciones de trabajo del sector, mayoritariamente femenino y de la calidad de los mismos servicios; y la segunda, la gradual privatización de los servicios de cuidados y limpieza por parte de las empresas privadas (Clece, Urgatzi, Zaintzen… y otras cuantas en Euskal Herria), dependientes en última instancia de la inversión económica de las instituciones públicas. Y es importante señalar la colaboración de las instituciones en este proceso, ya que cumplen una función esencial: subcontratan a esas empresas, establecen las condiciones de trabajo, reforzando así su privatización.

El derecho colectivo al cuidado se convierte así en la consigna estratégica; y su fundamento, en una simbiosis entre el Estado y la comunidad, que se da siempre bajo las coordenadas del capital y que, en definitiva, es la que dicta la naturaleza de toda relación social.

Dada esta situación, donde resulta imposible satisfacer las mejoras salariales y garantizar el acceso y la calidad de los servicios, genera una creciente preocupación social por el deterioro de aquellos servicios que han resultado primordiales para la reproducción de la clase trabajadora. En ciertos sectores de la izquierda, esta impotencia se traduce en una propuesta programática para abordar la cuestión del trabajo doméstico y de cuidados. Indiferentemente de la forma organizativa que adopten, estas posiciones abogan por el reconocimiento y garantía de los cuidados como motor para transformar lo que a la postre se expresa como decadencia social. Esta se vertebra mediante tres ejes: el derecho a recibir cuidados, a cuidar en condiciones de igualdad y trabajar en condiciones dignas. Con ello procuran la construcción de una nueva cultura de cuidados, a saber, un cambio sustancial en la organización de la vida que traería consigo la transformación gradual hacia una sociedad más justa y decente. El derecho colectivo al cuidado se convierte así en la consigna estratégica; y su fundamento, en una simbiosis entre el Estado y la comunidad, que se da siempre bajo las coordenadas del capital y que, en definitiva, es la que dicta la naturaleza de toda relación social.

Por otro lado, desde un punto de vista comunitario, la reestructuración del cuidado implica la participación de diferentes agentes en el proceso entre los cuales existiría una relación de cooperación. Desde instituciones que recurren al refuerzo de las prestaciones públicas, cooperativas que trabajan en aras de una economía social transformadora, comprometidas con mantener contratos sociales y condiciones laborales justas, así como colectivos procedentes de la sociedad civil que serían la base social de todo este engranaje. Todos ellos promulgan, en mayor o menor medida, una respuesta desde abajo a la crisis de los cuidados, demandando la ampliación de los derechos por parte del Estado, lo que vendría a ser profundizar en políticas públicas y complementar aquellas mediante redes locales voluntarias, basadas en la solidaridad.

Se podría entender con las ideas expuestas, que existen capitalistas en los que podemos confiar y pensar que su bondad los llevará a tomar la decisión de repartir sus beneficios y salvaguardar los intereses del proletariado, dejando sus privilegios de lado y, a propósito, negando su propia existencia de clase.

Este planteamiento presenta al Estado como agente neutral, con capacidad de decisión sobre la economía y la financiación. El problema, por lo tanto, no reside en su carácter clasista, sino en una mera cuestión técnica, que podría solventarse con un cambio de voluntad. Dicho de otra forma, reforzando las posiciones de algún partido institucional que planteara estas mismas políticas y gestionara su aplicación, las cuales se mantendrían en este hipotético caso gracias a la presión social de la calle. Al mismo tiempo, afirman estas posiciones, reforzar las políticas públicas necesita de financiación económica que las sustente. Por lo que se plantea una redistribución equitativa de los beneficios mediante una suerte de reforma fiscal progresista. Se podría entender con las ideas expuestas, que existen capitalistas en los que podemos confiar y pensar que su bondad los llevará a tomar la decisión de repartir sus beneficios y salvaguardar los intereses del proletariado, dejando sus privilegios de lado y, a propósito, negando su propia existencia de clase.

En conclusión, todas las respuestas provenientes de esta concepción terminan siendo, por un lado, reivindicaciones a las instituciones y, por otro, medidas locales de carácter asistencial que terminan complementando las carencias que las administraciones públicas presentan en su labor. Además, en tiempos de crisis la proyección del deseo formal encuentra mayores límites en la falta de aplicabilidad, ya que mantener los beneficios de la clase poseedora exige recortar las inversiones de la reproducción social del mismo sistema y, en concreto, de la clase trabajadora: sanidad, educación, servicios de cuidados...

Esta retórica discursiva, además, se completa con la creación de redes comunitarias de cuidados, por ejemplo, las vecinales o de los pueblos. Apuestan por la construcción desde los márgenes como una forma de resistencia que en última instancia plantea crear pequeños oasis de no-capitalismo. La revolución, la socialización de los medios de producción —también de los cuidados, que permitiría terminar con la mercantilización de estos procesos de trabajo, como con la división sexual del trabajo— queda olvidada en favor de una estrategia para impulsar los bienes comunes, las cuales serían actividades autoorganizadas de construcción de lo común que tratan de pensar fuera del capital. Es decir, aunque entiendan la producción capitalista como causa del problema, no tienen una propuesta estratégica que plantee superar esta forma de organización social y, por lo tanto, se limitan a ser experiencias concretas y parciales. No promueven la construcción de un sujeto capaz de confrontar con el poder del capital, y en consecuencia, iniciar un proceso emancipatorio para toda la humanidad.

No promueven la construcción de un sujeto capaz de confrontar con el poder del capital, y en consecuencia, iniciar un proceso emancipatorio para toda la humanidad.

Desde las propuestas que se sitúan en la posibilidad de cambio dentro del capitalismo se suelen vincular los intereses inmediatos con reivindicaciones formales. Esto es, se plantean soluciones institucionales para los problemas y las necesidades del día a día, por lo que la acción política y la posibilidad de lucha quedan relegadas a los límites del Estado, entre lo que este permite y lo que no. Ello borra cualquier indicio de respuesta organizada que identifique la necesidad y voluntad de revertir la situación bajo los parámetros de la independencia de clase. Esto es, de trabajar fuera de la agenda institucional y con independencia ideológica, política y organizativa. A tal efecto, la reforma deja de ser un espacio de educación política para aumentar nuestras capacidades y se convierte en un medio para mantener las condiciones existentes: misma miseria y subordinación del proletariado.

Toda la actividad política que se enmarca dentro de esta lógica, aunque genere un marco de comprensión a priori de rechazo o alternativa, carece de una hoja de ruta revolucionaria, puesto que no llegan a asumir las implicaciones prácticas de su análisis. En última instancia, el trabajo que realizan estas expresiones políticas es capitalizado por partidos políticos profesionales y su ala izquierda, que no tienen mayor objetivo que el de mantener su posición en la gestión del capital mediante una estrategia electoral de acaparamiento de votos.

La cuestión del trabajo doméstico y de cuidados exige adoptar un enfoque integral que encauce la lucha política bajo unos conceptos estratégicos claros. Entendemos que su solución implica, por un lado, terminar con la división sexual del trabajo, que requiere a su vez acabar con la división social del trabajo, basada en el beneficio económico. Por otro lado, la socialización universal del trabajo doméstico, a diferencia de las propuestas de estatalización o publicación de los servicios —que seguirían estando subsumidos a la dinámica del capital, y, por consiguiente, no pueden garantizar una atención de calidad y gratuita para todas las personas—,  implicaría dejar su privilegio de clase de lado por el bienestar general.

La organización y la lucha socialista no cristaliza simplemente la indignación social como denuncia, sino que articula la potencia del proletariado en su conjunto para plantear una solución.

Esas líneas estratégicas son fundamentales para garantizar unas condiciones de vida y de trabajo de calidad e iguales condiciones para todas las personas, terminando así con la jerarquía de los procesos de trabajo en función de la cualificación y garantizando el mismo reconocimiento social para todos ellos. También son premisa para asegurar en términos reales el derecho a ser cuidados y a cuidar de manera digna y humana, así como garantías para mejorar las condiciones de las personas que lleven a cabo estos procesos y aquellas las que las reciban. El objetivo es terminar con la carga que muchísimas mujeres proletarias llevan encima debido a los trabajos que realizan en sus familias y en otras familias en las que las mujeres de clase media han podido liberarse de esas funciones delegándolas en mujeres proletarias o migrantes. De igual modo, permitiría proteger los servicios necesarios a todas las familias proletarias para que pudieran tener una vida de calidad, ya que a día de hoy muchas de ellas no pueden hacerlo por falta de medios, tiempo y fuerza.

El estudio crítico de las experiencias anteriores en materia de cuidados puede servir como punto de partida para concretar posibles iniciativas e instituciones al servicio de la construcción del socialismo. Casas cuna, jardines de infancia, comedores, lavanderías, organizaciones deportivas o de tiempo libre… son ejemplos de diferentes procesos socialistas en la historia que dieron un primer empujón a la socialización de estos trabajos y facilitaron la integración de la mujer trabajadora como agente político en el trabajo militante. Sin embargo, es importante enmarcar la lucha política desde el presente momento histórico. La organización y la lucha socialista no cristaliza simplemente la indignación social como denuncia, sino que articula la potencia del proletariado en su conjunto para plantear una solución. Para este fin es necesario plantear procesos de lucha en el ámbito del trabajo de cuidados. Deben ser luchas y experiencias que permitan garantizar la supervivencia del proletariado en las mejores condiciones para desarrollar la lucha política y deben servir de experimentación para un poder socialista, siempre y cuando sean complementarias al proceso de destrucción del capitalismo. Por eso, todo este planteamiento tiene que traer consigo una activación política de la mujer trabajadora y, a su vez, un avance en la construcción de un poder  independiente, a favor de una sociedad que garantice el bienestar de todas y todos.