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Crisis energética
La calefacción de Ana Botín y otras formas de bajar el precio de la electricidad
La guerra en Ucrania ha llevado el precio del petróleo a niveles que no se veían desde 2008, con un barril cerca de los 130 dólares. Y algunos actores del mercado, como Rystad Energy, pronostican que puede doblar su valor antes de verano, hasta los 240 dólares, si el veto al crudo ruso se amplía a otros países occidentales. Los 4,3 millones de barriles rusos “no pueden simplemente ser reemplazados por otras fuentes de suministro”, según esta empresa noruega.
El precio de la electricidad, impulsada por el gas, también alcanzaba máximos históricos tras la invasión de Ucrania, con valores superiores a los 500 euros el megavatio hora (mw/h), cinco veces más que durante el temporal de Filomena en enero de 2021. Las opciones de una guerra corta se han diluido y un escenario de inflación superior al 10% —en febrero fue del 7,6%— ya no resulta tan lejano. Las primeras escenas de racionamiento de aceite de girasol y de pasta en los supermercados españoles han recordado que Ucrania es uno de los principales productores de grano del mundo.
Guerra en Ucrania
Consecuencias de la escalada La guerra en Ucrania dispara el precio del gas y el petróleo y agrava la crisis energética
Además de las facturas de la luz más altas de la historia —un 44% más caras que hace un año—, la subida de los precios ya se están notando en la lista de la compra —el aceite de oliva ha subido un 30%— o a la hora de llenar el depósito, que cuesta hoy un 44,6% más que hace un año.
La subida del precio de la electricidad ha multiplicado los problemas de las pymes y de la gran industria, que ya venía sufriendo la crisis de suministros. “El horizonte no es que que sea negro, es peor que negro”, señalaba Fernando Soto, director general de Asociación de Empresas Grandes consumidores de Energía. Quejas semejantes vienen desde las patronales del transporte. El empobrecimiento progresivo de la población —en febrero los salarios bajo convenio subieron cinco puntos menos que la inflación— auguran una primavera de conflictos laborales.
El empobrecimiento progresivo de la población —en febrero los salarios bajo convenio subieron cinco puntos menos que la inflación— auguran una primavera de conflictos laborales
El veto de Estados Unidos y Reino Unido al crudo ruso y la decisión de Bruselas de desligarse a medio plazo de la dependencia energética de Rusia fue respondida por Moscú con la amenaza de nacionalizar las empresas que han abandonado el país. Además, Rusia anunció la creación de una lista negra de países a los que no exportará determinadas materias primas todavía por definir. El pánico ante una crisis energética aún más profunda ha estallado. Especialmente en Europa, donde el 26,9% del petróleo, el 45,3% del gas y el 46,7% del carbón que se consume provienen de Rusia. El 8 de marzo, el ministro ruso de Energía, Alexander Novak, amenazaba con cerrar el gasoducto Nord Stream I, que suministra a Alemania la mitad del gas que quema. Otros países, como República Checa, Letonia o Hungría, reciben hasta el 100% del gas desde Rusia.
Un plan “tímido” y que llegará tarde
La Comisión Europea ha reaccionado con un plan para hacer frente a la dependencia de los combustibles rusos y atenuar el impacto de la crisis energética en la economía de los países miembros. “Toda esta crisis, al final va a traer una cosa buena”, dice el analista de Nuevo Modelo Energética Mario Sánchez Herrero, en referencia a la decisión de acelerar la transición hacia las energías renovables y la desconexión de los combustibles fósiles. Otro aspecto positivo, añade, es el giro en el discurso de Bruselas, que hasta ahora defendía sin fisuras el funcionamiento del mercado europeo de electricidad.
Por primera vez, la Comisión Europea ha admitido la existencia de los beneficios caídos del cielo, es decir, una grieta en el modelo que hace que los altos precios del gas y de los derechos de emisión de CO2 generen un beneficio injustificado en las instalaciones eléctricas que no utilizan gas y no deben pagar por estos derechos de emisión
Por primera vez, la Comisión Europea ha admitido la existencia de los beneficios caídos del cielo, es decir, una grieta en el modelo que hace que los altos precios del gas y de los derechos de emisión de CO2 generen un beneficio injustificado en las instalaciones eléctricas que no utilizan gas y no deben pagar por estos derechos de emisión. Para la economista y experta en temas energéticos Natalia Fabra, se trata de un primer paso hacia un cambio de mayor calado en el sistema de fijación de precios de la energía en la UE.
La situación de crisis generada por la guerra en Ucrania también ha llevado a la Comisión a confirmar “la posibilidad de regular los precios para ayudar a proteger a los consumidores y la economía”, según el texto de la propuesta presentado el 8 de marzo. Según esta economista y profesora de la Universidad Carlos III, si no se produce un cambio urgente en este sistema de fijación de precios, la espiral inflacionista llevará sin remedio al Banco Central Europeo a una subida de tipos de interés que solo podría redundar en problemas económicos mucho más serios.
En materia de Energía, la Comisión Europea 🇪🇺 avanza lenta, pero avanza
— Natalia Fabra (@NataliaFabra) March 9, 2022
La comunicación #REPowerEU da un paso muy importante en relación con el funcionamiento de los mercados eléctricos
Lo mejor siempre está en los Apéndices
Abro Hilo 🧵https://t.co/I262iVMDS2
Pero la Comisión Europea no parece tener excesiva prisa y el plan presentado apenas contiene “orientaciones” y una “caja de herramientas” de medidas temporales a las que pueden recurrir los Estados miembros para atajar el precio de la electricidad. El alcance de estas medidas —todavía sin desarrollar— es incierto y la propia Comisión reconoce que ahora toca “estudiar todas las opciones posibles” a la espera del informe final de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía, algo que puede durar semanas.
Las opciones de excluir el gas del mercado marginalista para evitar las distorsiones del precio o una reforma integral del sistema de fijación de precios no están entre la ‘caja de herramientas’ que la Comisión Europea ofrece a los países de la unión. En todo caso, los cambios legales necesarios deberían aprobarse en el próximo Consejo Europeo a finales de marzo. A partir de entonces, los Estados miembros podrán comenzar a tramitar y aplicar la normativa en sus respectivos territorios, informa El periódico de la energía. Según este medio, otras medidas en las que está trabajando el Gobierno, la reforma del bono social, nuevas subastas para sacar grandes cantidades de energía nuclear, hidráulica y eólicas fuera del pool energético y una nueva vuelta de tuerca al recorte de los beneficios caídos del cielo no llegarían hasta abril o mayo.
El 9 de marzo, la ministra Teresa Ribera no descartó adelantarse a la deliberación de la UE e intervenir el mercado eléctrico “si es imprescindible” con topes al precio de la electricidad. La ministra de Transición Ecológica tampoco desechó la posibilidad de dejar fuera el gas del mercado eléctrico y que se pague “a través de un mecanismo que reconozca el coste real” o a través de topes a las ofertas que se pueden presentar en el mercado mayorista.
La petición de los gobiernos de España y Francia de reformar el mercado eléctrico europeo parece que empieza a ser escuchada, aunque la respuesta no deja de ser “tímida”, señala a El Salto Pedro Fresco, director general de Transición Ecológica en la Generalitat catalana
“La inflación y los precios de la energía son única responsabilidad de Putin y de su guerra ilegal en Ucrania”, declaraba el presidente del Gobierno en el Congreso ese mismo 9 de marzo. En respuesta, el portavoz de la organización de consumidores Facua, Rubén Sánchez, le pidió que se dejara de “excusas” e intervenga ya el precio de la electricidad poniendo un tope como el que existía en España hasta julio de 2021, momento en el que el precio mayorista comenzó una escalada que continúa hasta hoy. “O se impone esa cifra [un tope de 50 euros el mw/h] en la subasta o se obliga a las eléctricas que no queman gas a devolver todo lo que la supere. ¿A quién va a defender este Gobierno?”, declaró.
Un día después, el líder de la CEOE, Antonio Garamendi, se mostraba contrario a cualquier tipo de “intervencionismo” en el mercado eléctrico. Según defendió Garamendi, el mercado es europeo y no español, por lo que el Gobierno “no puede tomar ninguna decisión de intervención de precios, salvo que Europa permita abrir espacios para equilibrar ese terreno”, en referencia a la falta de concreción del plan de Bruselas.
“Una aberración económica y ambiental”
La petición de los gobiernos de España y Francia de reformar el mercado eléctrico europeo parece que empieza a ser escuchada, aunque la respuesta no deja de ser “tímida”, señala a El Salto Pedro Fresco, director general de Transición Ecológica en la Generalitat catalana y autor de El nuevo orden verde. Para este experto en energía, la excepcionalidad del momento tendría que haber llevado a adoptar “soluciones radicales porque si se mantiene en el tiempo este precio de la electricidad va a hacer que parte de las actividades económicas sean inviables”.
La crisis de Ucrania ha llevado a reconocer que algo no funciona en el mercado marginalista que obliga la UE y a estudiar “cómo modificar e intervenir de una manera más decidida en el mercado eléctrico, algo que hace poco la Comisión se oponía frontalmente”, dice Sánchez Herrero.
Sin embargo, casi todas las opciones señaladas tienen problemas asociados si no se ataca la raíz del problema, admite este analista de Nuevo Modelo Energético. Fijar un precio máximo de la electricidad en un contexto de 500 euros el mw/h puede llevar a que las centrales de ciclo combinado decidan no ofertar y no se cubra la demanda de energía dando lugar a “cortes de suministro y apagones”. El otro problema de los precios máximos, sin cambiar el actual sistema que remunera a todas las tecnologías con la más cara, dice Sánchez Herrero, es que llevaría a sobrerretribuir a otras energías con muchos menos costes, como las renovables o la nuclear.
Un sistema de topes máximos que funcione en un sistema como el actual, explica Sánchez Herrero, normalmente implica la generación de una deuda con los operadores eléctricos, que suelen pagar los consumidores en sus facturas de los siguientes años. Así ocurre actualmente con el gas regulado para pequeños consumidores, cuyo incremento fue limitado por el Gobierno a un 5% en septiembre. De no haber tomado esa medida, explica este analista, el recibo del gas sería ahora un 80% más caro. “Si ese sistema se implementa, mañana mismo podríamos volver a tener precios de la electricidad razonables”, dice.
Las opciones de generar un impuesto a los beneficios caídos del cielo u otras fórmulas de distribuir entre los consumidores ese ingreso injustificado de las eléctricas también presentan también problemas. Estos sistemas chocan una y otra vez con las “complejidades de tasar un beneficio extraordinario, tal como se pudo comprobar en septiembre en España”, sostiene Fresco.
Para el responsable de Transición Ecológica de la Generalitat, opciones mucho más lógicas, simples y eficientes serían extirpar directamente el gas del mercado marginalista o fijar los precios de cada tecnología por separado en función de sus costes
Sin embargo, el plan de Bruselas permitiría ampliar el alcance de este tipo de medidas, defiende la economista Natalia Fabra. El Real Decreto que limitaba la sobrerretribución de las eléctricas lanzado en septiembre por el Gobierno de Sánchez quedó desvirtuado tras la publicación de un nuevo decreto poco después. Las presiones de Iberdrola y del PNV llevaron al Gobierno a excluir de la medida los beneficios vinculados a contratos a precio fijo, independientemente de cuál fuera su precio. Ahora, el plan de Bruselas “permite que se detraigan los beneficios excesivos, independientemente del tipo de contrato, en la medida que el vendedor se haya beneficiado”, sostiene Fabra.
Para el responsable de Transición Ecológica de la Generalitat, opciones mucho más lógicas, simples y eficientes serían extirpar directamente el gas del mercado marginalista o fijar los precios de cada tecnología por separado en función de sus costes. “Intervenir el precio de la electricidad es urgente, pero cambiar estructuralmente la forma como se fija es lo esencial”, resume Fresco.
Las opciones de la UE para intervenir el mercado eléctrico no están todavía claras. Este 9 de marzo, el ministro francés de Finanzas, Bruno Le Maire, definía el sistema de fijación de precios de la UE como una “aberración económica y medioambiental”. Las declaraciones de Le Maire chocaron con la comisaria europea de Energía, Kadri Simson, quien reconoció que hay que tomar medidas inmediatas por el carácter “excepcional” de la situación, aunque recomendó “prudencia” ya que sigue habiendo, “un número importante de Estados miembros que apoyan nuestro mercado tal y como está”. Más allá de las declaraciones, desde la Comisión Europea solo hay un compromiso de estudiar las opciones. Mientras tanto, el comisario de Exteriores, Josep Borrell, pedía a los europeos que “bajen las calefacciones de sus casas y recorten el consumo de gas”. La banquera Patricia Botín aceptó el envite y declaró que bajará su calefacción a 17 grados.
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La comisión europea supone un ente lejano, abstracto, contra el que el tenemos poco margen de maniobra: ni siquiera podemos presentarnos en su puerta para protestar.
La UE, esclerótica perdida cuando le conviene, se mueve al ritmo de una babosa -y muy frecuentemente se comporta como tal-. Solo podemos esperar soluciones imperfectas, parciales y limitadas en el tiempo.
En resumen: podemos darnos por jodidxs.