Contaminación
La mitad de las depuradoras del litoral presenta insuficiencias en el tratamiento de agua

Hoy, 22 de marzo, es el Día Mundial del Agua, una efeméride que las organizaciones ecologistas aprovechan para recordar los principales problemas relativos al medio líquido. En el Estado español existe una histórica asignatura pendiente en materia de depuración del agua, una situación que llevó a España a pagar la mayor multa de su historia frente a la UE en febrero del pasado año: 32,7 millones por la falta de depuración de sus aguas residuales urbanas. Un importe que, además, crece, ya que el proceso sancionador incluye penalizaciones semestrales  de 10,95 millones de euros a medida que pasa el tiempo y las administraciones no hacen sus deberes; esto es, devolver el agua que utilizamos limpia a ríos y mares. En total, son cinco los procedimiento de sanción que España tiene abiertos al respecto en Europa. Dada la situación actual de las instalaciones sancionadas, las administraciones estiman que, por lo menos, España pagará multas hasta el año 2023.

En este Día Mundial del Agua, Ecologistas en Acción (EeA) ha presentado unas cifras preocupantes respecto a las aguas que vertimos al medio tras ser utilizadas: 144 estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) del litoral y del Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT) de todo el Estado español presentan “insuficiencias o incumplimientos en el tratamiento de las aguas residuales o en la cantidad de muestras anuales analizadas”. Son exactamente la mitad —288 del total de 394 existentes en el litoral y en el DPMT de municipios de más de 2.000 habitantes— de las analizadas en el estudio Saneamiento y depuración en el litoral del Estado español. Análisis del año 2019.

El informe viene dado porque “si bien era conocido que España estaba siendo sancionada reiteradamente por la Comisión Europea por el incumplimiento de la Directiva de Aguas residuales, por lo que tenemos cinco procedimientos de instrucción abiertos, había otra pata de ese problema, que es que muchas de las infraestructuras que estaban funcionando no estaban cumpliendo con la normativa”, señala Antonio Amarillo, coordinador del Área de Agua de Andalucía de EeA.

El grado de incumplimiento tiene lugar en 36 instalaciones —el 12,5% de las analizadas— donde las insuficiencias se registran en al menos uno de los tres valores parámetro para medir la contaminación que generan según la normativa vigente, el Real Decreto 509/1996: sólidos en suspensión (SS), demanda bioquímica de oxígeno a cinco días (DBO5) y demanda química de oxígeno (DQO), estos dos últimos relativos a la materia orgánica existente en el agua. “Incumplen tanto en concentración como en rendimiento en uno, dos o tres parámetros característicos del vertido”, especifica Clara Megías, coordinadora del informe. 

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El Grande America se hundía el 12 de marzo en el golfo de Bizkaia, provocando la mayor marea negra desde el Prestige. A vertidos accidentales como este se unen los estructurales. Los de mayor volumen son las aguas residuales mal depuradas, por las que España acaba de pagar su primera multa millonaria a Bruselas.

Además, 15 EDAR muestran una insuficiente depuración a pesar de que cumplan con la normativa y/o su autorización de vertido, y 12 presentan datos incompletos. 

“Estas 51 depuradoras —las 36 que presentan insuficiencias junto a las 15 que realizan una insuficiente depuración a pesar de cumplir con la legalidad— más el tanto por cien que no presentan datos de incumplimientos nos hacen pensar que la mitad de las depuradoras presentan algún tipo de incumplimiento”, denuncia Megías.

Falta de información

La falta de transparencia es especialmente recurrente en Catalunya, Murcia y Baleares, donde se encuentran 81 de las 288 depuradoras analizadas, regiones donde EeA solo ha conseguido muestran medias anuales o valores cualitativos derivadas de informes. Las dos últimas no han respondido a las peticiones de información de EeA, aunque la confederación defensora del medio ambiente ha obtenido datos de los resultados analíticos presentados la Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental, en el caso de las Illes, y la entidad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales, en el caso de la Región de Murcia.

Si bien en Catalunya la Agència Catalana de l’Aigua ha respondido a las peticiones de los ecologistas, los datos entregados son medias anuales, con lo que “no se puede obtener una estimación real del funcionamiento de dichas EDAR, pese a que sus valores medios anuales entren dentro de los límites de cumplimiento”, señalan desde EeA. Por su parte, Galicia y Canarias han facilitado un bajo porcentaje de datos, aportando solo información del 40% y 16% de sus EDAR, respectivamente.

A pesar de que la mayoría de las EDAR del litoral analizadas en el informe vierten las aguas al medio natural cumpliendo la normativa, Ecologistas en Acción ve con preocupación que “la contaminación producida por las aguas residuales es muy superior a la permitida por la normativa que está en vigor desde hace 25 años”. Además, desde el colectivo matizan que la información obtenida de Catalunya, Balears y Murcia “no permite extraer una conclusión equivalente al resto de EDAR”.

Los datos no muestran las depuradoras de los municipios de menos de 2.000 habitantes —un 72% del total de municipios del Estado—, para los que la directiva establece que deben tener “un tratamiento adecuado” y donde la falta de saneamiento es un problema histórico. En la Cuenca del Tajo, por ejemplo, solo la mitad de los municipios cuenta con instalaciones de saneamiento de agua.

Al informe hay que sumar además la existencia de grandes aglomeraciones donde no hay EDAR en funcionamiento. Es el caso de Gijón Este, donde las aguas se vierten sin depurar al mar. “Tampoco quedan reflejados los eventos puntuales de vertidos por mal funcionamiento de las EDAR o por el uso de aliviaderos en casos de grandes eventos de fuertes lluvias, con lo que se pierde información muy valiosa de los tiempos en los que no se han realizado muestreos al conjunto de las aguas residuales”, señalan desde EeA.

Problema creciente

Lo sucesivos informes anuales Banderas Negras, realizados también por Ecologistas en Acción y relativos a los problemas del litoral, recogen un aumento de las denuncias por saneamiento y depuración de aguas residuales urbanas. “De la cifra que ofrecemos de 48 Banderas Negras anuales, pasaron de ser 8 en el año 2015 por este problema a alcanzar las 19 en el año 2020”, concretan.

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El informe Banderas Negras 2020 analiza los puntos negros de los 8.000 kilómetros de costa española. El Mar Menor, la ría de Pontevedra, las playas de Gijón y Salobreña o Fonsalía, en Tenerife, repiten galardón por amenazas que van desde la contaminación industrial o por falta de depuración de aguas residuales al impacto urbanístico o los proyectos portuarios.

La coordinadora del informe presentado hoy y portavoz de Ecologistas en Acción ha querido resaltar que “este primer informe es una llamada de atención a las administraciones por una doble vía: la exigencia del cumplimiento adecuado de aquellas EDAR que muestran incumplimiento, y la solicitud de transparencia que permita a la ciudadanía tener acceso a dicha información de una forma clara y sencilla”.