Comunidad de Madrid
Advierten de la desmovilización en la universidad pública tras el anuncio de Ayuso de aceptar la ayuda estatal

“Ha sido un espectáculo clásico de negociación: me niego en banda primero, luego cambio, digo que subo la financiación un poco, acepto el programa pero no cambio una coma más del acuerdo”, eso es lo que opina Luis Lloredo, profesor de filosofía del derecho de la Universidad Autónoma de Madrid respecto a lo que ha pasado estas semana con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. La líder del Partido Popular en la Comunidad de Madrid y su consejero de Educación rechazaron el ingresos de 169 millones de euros para contratar profesores que se hace desde el gobierno estatal dentro del programa María Goyri, ya aceptado por otras comunidades. Este martes, cambiaba de parecer y aceptada dicha financiación, aunque bajo el argumento de que presentarían una “propuesta alternativa”.

Se trata de un balón de oxígeno para unas universidades, las públicas, que los últimos años están advirtiendo que la reducción de los presupuestos autonómicos “asfixian” la enseñanza superior de estos centros. De hecho, los rectores piden un presupuesto de 200 millones, frente a los 42 que el Gobierno autonómico ha presupuestado. Centros como la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Politécnica de Madrid o la Universidad Carlos III, todas ellas dentro de los 500 primeros puestos del ranking mundial donde no aparece ninguna privada española. Desde que se conoce la partida presupuestaria para enseñanza superior, a finales de octubre, los rectores de las seis universidades públicas madrileñas han calificado de “insuficientes” estos fondos, asegurando que “no contemplan las transferencias necesarias para afrontar el impacto de la inflación en los suministros, cubrir íntegramente el incremento salarial acordado por el Gobierno central, ni financiar las exigencias de la nueva Ley de Universidades”.

"Parece que se quiere supeditar la financiación a objetivos, lo que supondrá el cierre de carreras, de institutos, de grupos de doctorados, o de investigación que no son rentables económicamente por tener pocos alumnos”, opina un profesor universitario

El Gobierno central, como ha hecho en otras ocasiones como las becas para investigadores Margarita Salas, ha concedido un programa para incorporar 1.100 profesores en total: 656 financiados por el Estado y 435 por la comunidad. Algo que para muchas autonomías ha sido un desbloqueo, en Madrid ha supuesto una nueva polémica: Ayuso y su gobierno rechazaban aceptar el programa ya que suponía que Madrid adelantara los fondos hasta dentro de seis años. Un postura que se vió rectificada por la presión de la comunidad universitaria el pasado martes, cuando, con condicionantes, Ayuso acabó aceptando.

Guerra a la Universidad Pública en la Comunidad de Madrid

Antonio José Ramírez Melgarejo

Opinión

Presupuestos insuficientes Guerra a la Universidad Pública en la Comunidad de Madrid

Antonio José Ramírez Melgarejo

El gobierno del PP ya ha aprobado imponer con su mayoría absoluta unos presupuestos para el próximo año totalmente insuficientes para mantener un mínimo de calidad exigible. Han proyectado una subida del presupuesto de apenas un 0,9%.

“Ojalá me equivoque, pero esto solo servirá para desmovilizar a las universidades públicas”, opina el Luis Lloredo, cuya universidad se mueve en asambleas con un objetivo claro: seguir peleando por unos presupuestos justos y estar muy atentos a la futura Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia de la Comunidad de Madrid. “Esta maniobra acallará a los rectores, lo que será una muerte más lenta”, opina este profesor, que denuncia la poca transparencia del anteproyecto y que se quiera sacar en plena época de exámenes para evitar reclamaciones: “Casi no sabemos nada de esta ley, porque cuando se sacó a audiencia pública solo se publicó una página diciendo que la actual ley de universidades, la LOSU, era nefasta y que iban a mejorar las condiciones con la suya autonómica”. "Parece que se quiere supeditar la financiación a objetivos, lo que supondrá el cierre de carreras, de institutos, de grupos de doctorados, o de investigación que no son rentables económicamente por tener pocos alumnos, no ser mercantilizable”, concluye.

Movilización en las universidades

Frente a esta situación, la comunidad universitaria apuesta por seguir con la movilización. “La universidad es un espacio donde no se moviliza, mucha connivencia, muchos profesores que están con Ayuso, pero ahora la situación era de estrangulamiento total”, opina Lloredo. En esa línea, el pasado miércoles, en la Complutense se celebraba una asamblea con presencia de miembros de otras universidades como la Carlos III y la Autónoma donde han querido manifestar su rechazo os presupuesto de la Comunidad de Madrid para 2025 para los centros educativos de enseñanza superior, han pedido su modificación y piden que la negociación del anteproyecto de Ley de Universidades no se de sin “la participación de la comunidad universitaria”. Por eso, a través de la CRUMA -compuesta por los seis rectores de las universidades públicas madrileñas- quieren hacer llegar la exigencia de interponer “una demanda en relación con la restitución de los presupuestos que se deberían recibir para garantizar la realización de sus funciones con la calidad debida, así como avanzar en la reducción de los precios públicos a la que se refiere la LOSU”.

La universidad pública como bien común que tenemos que defender en la Comunidad de Madrid

Luis Lloredo Alix

Opinión

Educación en Madrid La universidad pública como bien común que tenemos que defender en la Comunidad de Madrid

Luis Lloredo Alix

En un marco de agonía económica es donde se insertan los presupuestos de la Comunidad de Madrid, que prevén dar 40 millones de euros a las universidades públicas, frente a los 200 que éstas demandaban.

También piden una reunión urgente con la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, “para trasladar de primera mano la preocupación por dicha situación y para solicitar su amparo en este difícil contexto”. Esta asamblea también anuncia la creación de la Plataforma en Defensa de la Universidad Pública, para agrupar a profesorado, personal técnico, de gestión, administración y servicios de estos centros, así como a los y las estudiantes de todas las universidades públicas madrileñas.

“Decir ahora que se necesita revisar un convenio que ya han firmado 16 comunidades autónomas , y que además fue negociado de forma conjunta, incluida la Comunidad de Madrid, resulta llamativo", opinan desde el PSOE

Desde la oposición al gobierno de Ayuso en la Asamblea de Madrid también exigen más apoyo a la universidad pública. “Esto parece un intento de captar titulares y mantenerse en el foco de la actualidad pública”, explica a El Salto Esteban Álvarez, portavoz de educación del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid. “Decir ahora que se necesita revisar un convenio que ya han firmado 16 comunidades autónomas , y que además fue negociado de forma conjunta, incluida la Comunidad de Madrid, resulta llamativo. Lo que en su momento consideraron adecuado como contenido del convenio, ahora, al parecer, ya no les convence”, añade.

Más Madrid cree que esto no hace más que afianzar que “Madrid va a seguir siendo la comunidad que menos euros invierte en sus universidades por alumno; la que menos presupuesto para infraestructuras tiene; la que menos becas para alumnos desfavorecidos y la temporalidad del profesorado más alta”. Su portavoz de Universidades, Antonio Sánchez, cree que “Ayuso ha intentado engañar a los rectores, acercando el encuentro, que siempre ha esquivado, al debate de los presupuestos, para así generar una sensación de urgencia que pudiera llevar a pactar lo mínimo”. “Pero la comunidad universitaria ha empujado y respaldado la petición original que los rectores hicieron a Ayuso. Sin esa presión no habría sido posible ni siquiera este pequeño medio paso”.

Desde Más Madrid creen que todavía hay tiempo de cambiar este apoyo a la universidad: “Nuestras enmiendas a los presupuestos tienen ese sentido, asumen la propuesta de los rectores y suman más; añadiendo 100 millones a los 200 que pedían los rectores para salvar los muebles”, comenta Sánchez que recuerda que son 42 los millones que reciben actualmente. “Estamos presenciando un proceso de demolición de la educación pública: primero se las insulta y desacredita, después se las asfixia económicamente, y finalmente se las pone en desventaja frente a las universidades privadas, bajo la excusa de la ‘libertad’. Claro, una libertad reservada para quienes puedan permitírselo”, opina el portavoz socialista.

Mientras en la comunidad hay seis universidades públicas, la Comunidad de Madrid ha aprobado ya la apertura de 14 privadas y al menos dos más se podrían sumar a la lista próximamente.

Mientras esto ocurre, la Comunidad de Madrid se ha consolidado como la que menos invierte en alumno en los centros públicos mientras no para de aprobar la apertura de nuevos centros privados. Mientras en la comunidad hay seis universidades públicas, la Comunidad de Madrid ha aprobado ya la apertura de 14 privadas y al menos dos más se podrían sumar a la lista próximamente. Desde la CRUE, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, advierten que sus fondos dependen en un porcentaje altísimo del dinero público, al tener regladas las matrículas o bien otros fondos, mientras recuerdan que la Ley de Universidades exige que se llegue en 2030 a tener de presupuestos el 1% del PIB.