Centros de Internamiento de Extranjeros
La reforma del CIE de Aluche afianza el énfasis en la seguridad mientras se siguen vulnerando derechos

El Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche lleva casi dos semanas vacío. El pasado 13 de enero se anunció su cierre. No se trata, obviamente, de la clausura definitiva que vienen reclamando los movimientos de personas migrantes y las organizaciones y colectivos que las apoyan, si no de una pausa de cinco meses para acometer obras de rehabilitación.

“Sustitución de puertas existentes e incorporación de rastrillos de apertura automatizada. De igual modo, se procede a la soldadura de determinado número de puertas con el fin de aumentar la seguridad y control tanto en el interior como en el exterior del edificio”, así empiezan a enumerarse las actuaciones previstas en el Proyecto Básico de Ejecución de Acondicionamiento del Centro de Internamiento de Extranjeros de Madrid, que entre reorganizaciones del espacio y otras reformas, se centra ampliamente en fortalecer los dispositivos de seguridad y sumar puestos de control a las instalaciones.

“Las obras que se pondrán en marcha no resuelven las deficiencias que se llevan detectando desde hace años ni la problemática que se ha estado denunciando desde su apertura”, afirmaban en un comunicado del pasado 17 de enero entidades en defensa de los derechos de las personas migrantes, un documento rubricado por 39 colectivos y organizaciones de todo el estado, entre las que se incluyen APDHA, Caminando Fronteras, Cies no Valencia, Sintrahocu, o Sos Racisme Catalunya. Las firmantes recordaban así mismo, que este cierre tendrá repercusiones en el resto de centros de internamiento.

El CIE de Aluche es de momento el de mayor capacidad del estado,  con 206 plazas, 172 hombres y 34 mujeres, aunque en el momento de su cierre temporal los protocolos covid lo mantenían con un número reducido de internos e internas, personas que para desalojar las instalaciones “han sido trasladadas a otros centros, puestas en libertad o expulsadas del territorio nacional sin las garantías debidas”, por otro lado, “se ha seguido internando a nuevas personas hasta el día anterior a su cierre”, denunciaban en el comunicado. Por otro lado, este centro de internamiento es el único que cuenta con un módulo de mujeres, a la espera de la apertura del otro módulo femenino, en el CIE de Zona Franca en Barcelona.

Los espacios penitenciarios son norma en las políticas migratorias, una tendencia que va en aumento, siendo la construcción del mayor centro de extranjeros previsto en Algeciras —con capacidad para medio millar de personas— una muestra más de se avanza en dirección opuesta a la demanda de los colectivos

Para María Paramés Bernardo, de Mundo en Movimiento, una de las organizaciones firmantes, esta gestión de las personas, cambiándolas de CIE, deportándolas para agilizar el desalojo, o internarlas en un centro aunque su cierre sea inminente, no tiene nada de nuevo y denota el lugar de desamparo de las personas migrantes frente a unas instituciones que se asientan en la vulneración de derechos como práctica normalizada. Es en este marco en los que encuadra unas obras que, señala “se van a dirigir concretamente a mejorar la privación de libertad en términos de seguridad”. Una privación de libertad que se da en espacios penitenciarios y que resulta incompatible “con que se puedan respetar el resto de derechos fundamentales de una persona, como puede ser el derecho a la intimidad, el derecho a la comunicación, los derechos de visitas”, denuncia Paramés.

Y es que, recuerda Paramés, que las personas internas se encuentran en un régimen similar al penitenciario —aunque la infracción cometida sea administrativa— con el agravante de que la Policía Nacional es la que gestiona este espacio bajo un reglamento escasamente desarrollado. Mientras, lamenta, los jueces de control, herramienta que comprende dicho reglamento, carecen de potestad para tomar decisiones como “por ejemplo, una puesta en libertad por una cuestión sanitaria”.

Los espacios penitenciarios son norma en las políticas migratorias, una tendencia que va en aumento, siendo la construcción del mayor centro de extranjeros previsto en Algeciras —con capacidad para medio millar de personas— una muestra más de que se avanza en dirección opuesta a la demanda de los colectivos, que impugnan la misma existencia de estos espacios. “Insistimos en que la única opción viable es el cierre de estos centros, la privación de libertad en CIE es incompatible con el respeto a la dignidad y a los derechos fundamentales de las personas”, denuncian en su manifiesto.

Para Paramés, el hecho de que el cierre de estos centros no esté en la agenda política, y que las denuncias de abusos no tengan prácticamente con fuera de los espacios activistas, tiene que ver con la consolidación de una mirada respecto a las migraciones, centradas en la gestión de los flujos “implique lo que implique”. Se trata de un planteamiento en el que dispositivos como el CIE son fundamentales, aún cuando son ineficaces “en términos económicos, o en los términos para los que han sido finalmente creados, que al final es hacer efectivas las expulsiones del territorio de personas irregulares”. 

Los datos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura revelan una realidad distante de ese propósito. “Todos los años informan de que las expulsiones no se hacen desde el CIE”, apunta Paramés, resultando liberadas la mayor parte de las personas tras su paso por estos centros, donde son internadas sin que se den las condiciones previstas por la ley, que prevé el paso por estos centros como una medida cautelar excepcional. “Lo que se está es internando a gente en su mayoría única y exclusivamente en situación administrativa irregular, con una orden de expulsión, pero que no cumple con esos motivos extraordinarios para los que se crea el CIE para asegurar la expulsión en esos 60 días”.

Los CIE pues operan, considera esta activista, como “un espacio de generación de orden social que está mandando un mensaje muy claro de que puedo desposeer de derechos a determinadas personas, puedo hacer con ellos un montón de cosas y además de todo eso, puedo después de ello expulsarlos y que no se lleve a cabo una investigación efectiva sobre todas las vulneraciones de derecho que han sucedido dentro”.

Avances que no se ejecutan

En los últimos meses se dieron avances destinados a garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas migrantes internadas en los CIE a la hora de denunciar agresiones sufridas, o mejorar las condiciones sanitarias de los centros, “por primera vez, los tres jueces a cargo del control del CIE de Madrid reconocieron graves deficiencias en la gestión sanitaria y en los procedimientos de denuncia por malos tratos”. En este marco, los jueces “requirieron a la Dirección General de Policía la modificación de las condiciones que rigen el servicio sanitario para el cumplimiento de la legislación vigente y a la dirección del CIE la creación de un protocolo para la gestión de denuncias por malos tratos que garantice el respeto a la tutela judicial efectiva”, recuerdan en su comunicado las organizaciones firmantes.

Las medidas aspiraban a solventar la dificultad de denunciar agresiones por parte de las mismas fuerzas de seguridad que tutelan los centros, que incluyen impedimentos a que se realicen partes de lesiones o al acceso a estos partes por las personas que denuncian.  A estas dificultades se añade la amenaza de deportación tras haber denunciado, imposibilitando que se concluyan las pesquisas y se realicen los procesos pertinentes. La atención sanitaria, insuficiente y con prácticas ilegales, como la administración de estupefacientes sin receta a internos, es otro de los grandes problemas que el pronunciamiento conjunto de los jueces buscaba afrontar.

Los colectivos manifiestan su decepción a la hora de trasladar las resoluciones de los jueces a las prácticas en el CIE, donde se ha informado además de un suicidio en 2022, “en los días previos al cierre, más de cinco personas internadas han denunciado haber sufrido agresiones por parte de agentes de policía”

Sin embargo, los colectivos manifiestan su decepción a la hora de trasladar las demandas de los jueces a las prácticas en el centro, donde se ha informado además de un suicidio en 2022, “en los días previos al cierre, más de cinco personas internadas han denunciado haber sufrido agresiones por parte de agentes de policía. Estas denuncias están siendo investigadas por los juzgados de control e instrucción y dieron lugar a una visita del Defensor del Pueblo la tarde anterior al cierre”, recordaban en su comunicado.

Estas últimas agresiones, denuncia Paramés, han permitido comprobar una vez más la ineficacia del protocolo para facilitar las denuncias de malos tratos: “Los partes de lesiones no han sido elaborados aparentemente, no han sido entregados a las personas internas y al no haber sido entregados a las personas internas, no se han podido presentar en las denuncias, teniendo que ser solicitadas por los jueces”.  Los protocolos, denuncia la portavoz, no han sido capaces de garantizar que tanto el personal sanitario como el personal social de la Cruz Roja, hicieran su labor correctamente: “no aparecen informes del personal sanitario y tampoco se ha derivado a la gente a los hospitales o al juzgado para que haya una valoración forense”. 

Cerrar los CIE

Ni rehabilitaciones de edificios ni protocolos de actuación, “la única opción viable es el cierre de estos centros”, exigen los colectivos en el comunicado pues, apunta Paramés, los métodos que intentan paliar las realidades denunciadas en los CIE, “siguen siendo insuficientes, como lo van a ser esas obras que solamente van a aumentar la seguridad y no van a proteger en ningún momento los derechos”.

Pero el cierre de estos centros no parece estar en el horizonte político, aún cuando uno de los partidos en el gobierno ha reivindicado esta demanda en el pasado. “Al final, lamentablemente, lo que ha pasado es que Unidas Podemos ha aceptado la agenda política migratoria del PSOE”, expresa Paramés, recordando que el cierre de los CIE solo fue circunstancial durante la pandemia, o, como en este caso, por obras. “Los CIE forman parte de la política migratoria que ha venido haciendo el PSOE históricamente, sus socios de gobierno no se han rebelado contra ello”.

Melilla, lamenta Paramés, es un ejemplo muy claro de cómo se han acabado aceptando las políticas del ministerio de interior. Las vulneraciones de derechos en los CIE mostrados en los acuerdos gubernativos de los jueces de control, “podrían haber generado un pronunciamiento por parte de este socio de gobierno que tanto se había pronunciado anteriormente”, ironiza la integrante de Mundo en Movimiento, este desistimiento para dar la pelea contra los CIE, desarrolla Paramés, abunda en la derechización de la política, que normaliza la existencia de estos centros y en la privación de libertad de las personas migrantes como un elemento necesario en las políticas migratorias.