Castilla-La Mancha
La Junta intenta vaciar Fraguas por vía administrativa tras la paralización de la demolición por el informe del CSIC

“Parece que quieren librarse de nosotros rápido, antes de que lleguen las elecciones, que están ya a la vuelta de la esquina, dentro de un año”, explica a El Salto Lalo Aracil, uno de los repobladores de Fraguas.

La batalla judicial por el pueblo reconstruido en la sierra norte de Guadalajara sigue con un nuevo capítulo, ahora por la vía administrativa, después de que un informe elaborado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y presentado en abril de 2021 provocara que la Audiencia Provincial ordenara paralizar la demolición del poblado. 

En junio de 2018, el Juzgado número 1 de Guadalajara condenó a seis de las personas que desde 2012 trabajaban para recuperar el pueblo de Fraguas a un año y seis meses de cárcel por delitos contra la ordenación del territorio, además de al pago de una multa de 1.080 euros por el mismo delito y a otra multa de un año —2.160 euros— por usurpación. La condena, que fue confirmada en enero de 2019 por la Audiencia Provincial, ordenaba además que los seis jóvenes condenados corrieran con los gastos de la demolición, valorada por Tragsa en más de 32.000 euros, por lo que la condena a cárcel de los jóvenes podría aumentarse a dos años y seis meses ya que estos afirman que se negarán a pagarla. 

Pero, dos años y medio después de la condena, según adelantó El Salto, un informe elaborado por el Instituto de Ciencias del Patrimonio, organismo que forma parte del CSIC, alertaba al juzgado de que todo el conjunto del pueblo de Fraguas es susceptible de estar protegido por la Ley de Patrimonio de Castilla-La Mancha. El informe del CSIC provocó que la Audiencia Provincial paralizara la demolición de Fraguas, rechazando el estudio realizado por la Junta, a través de Tragsa, y ordenando que se realice un nuevo estudio imparcial con el que ambas partes, Junta y repobladores, estén de acuerdo.

El diciembre, la Junta aprobó una resolución administrativa para recuperar Fraguas y dio diez días de plazo para que sus repobladores la abandonaran voluntariamente

Pero el pasado diciembre, desde la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha emprendieron una vía, esta vez administrativa. El pasado 7 de diciembre, el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, firmó una resolución administrativa con el objetivo de recuperar la zona y daba un plazo de diez días a los habitantes de Fraguas para abandonar la zona de manera voluntaria. Los repobladores, que recibieron la notificación de la resolución el 13 de diciembre, recurrieron la resolución administrativa y ahora será la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha la que resuelva sobre la resolución de la Junta, aunque el plazo dado para que se fueran de Fraguas ya ha expirado. 

“Estamos pendientes de que nos notifiquen para el nuevo juicio que vamos a tener de aquí a un par de meses”, señala Aracil sobre el recurso presentado ante la resolución de la Junta que pretende echarles de Fraguas

Será el tercer juicio al que se enfrenten los repobladores de Fraguas, que desde su primera condena en 2018 han tenido que acudir de nuevo a los juzgados por un nuevo juicio de usurpación.

“Estamos pendientes de que nos notifiquen para el nuevo juicio que vamos a tener de aquí a un par de meses”, señala Aracil. “Están intentando echarnos rápido con este nuevo proceso administrativo”, concluye.