Burorrepresión
Los “8 de Caixabank” mantendrán su insumisión judicial tras la condena

El pasado 12 de febrero se celebró en la sala número uno del Juzgado de lo Penal de Guadalajara el juicio que enfrentaba a ocho activistas del movimiento por la vivienda local con Caixabank. La jueza tenía que dirimir una acusación de allanamiento de morada y resistencia a la autoridad que la entidad financiera presentaba contra estos activistas por haber realizado una protesta en una de sus oficinas.

La sentencia les absuelve del delito de allanamiento que la acusación pretendía imputarles por permanecer en la oficina el día de los hechos exigiendo una reunión para parar un desahucio inminente de una mujer con dos menores a cargo. Pero les condena por resistencia a la autoridad, basándose en el testimonio de los Guardias Civiles que les desalojaron de la oficina y les llevaron al calabozo.

Caixabank pide tres años de cárcel para ocho activistas de la PAH Guadalajara por una sentada

Ter García

Derecho a la vivienda

Desobediencia Caixabank pide tres años de cárcel para ocho activistas de la PAH Guadalajara por una sentada

Ter García

Ocho activistas van a juicio mañana por una sentada que hicieron en la oficina de Caixabank en Cabanillas del Campo en diciembre de 2017 para reclamar que la entidad no desalojara a una madre y sus dos hijos menores de edad.

El juicio se ha celebrado nueve años después de los hechos, aunque la jueza considera que eso no es condición suficiente para que el delito por el que se les condena, resistencia a la autoridad, haya prescrito. La condena establece seis meses de multa, o tres meses de cárcel si no la hacen efectiva, además de hacer frente a las costas judiciales. Los activistas tendrían que hacer frente además de los 7.200 euros en multas, a los honorarios de los abogados de Caixabank, pero ya han anunciado que no van a pagar.

Los “8 de Caixabank”, como así quieren que se les identifique, decidieron colectivamente empezar una estrategia de insumisión judicial y no se presentaron a la vista. “Nuestra intención es seguir apostando por esta estrategia porque creemos que es la única forma que funciona, en el sentido de cuestionar el sistema, cuando le enfrentas de forma organizada, empieza a perderse y empieza a tener miedo, y el objetivo es que el miedo cambie de bando”, explica Gustavo, uno de los condenados.

Gustavo explica que su intención es “continuar con la insumisión judicial, no pagar ni multas, ni pagar costas por que estos son los mismos abogados que a nuestros compañeros de Zaragoza o Lleida les están pidiendo lo mismo en un procedimiento muy similar”

Gustavo explica que su intención es “continuar con la insumisión judicial, no pagar ni multas, ni pagar costas por que estos son los mismos abogados que a nuestros compañeros de Zaragoza o Lleida les están pidiendo lo mismo en un procedimiento muy similar”. El activista explica que está preparado para asumir las consecuencias de esta estrategia, que podría llevarle a tener que cumplir privación de libertad por tres meses.

La sentencia, que no es firme, va a ser recurrida por la defensa de los activistas. Primero al Tribunal Superior de Castilla-La Mancha y si este ratifica la decisión, irán al Supremo. “Vamos a intentar agotar todas las vías porque los culpables no somos nosotros por hacer una sentada pacífica, aunque su intención sea hacernos parecer culpables de cara a la sociedad durante estos siete años de procedimiento judicial, que nos hayan presentado peticiones de cárcel súper exageradas por una simple sentada, el problema es suyo, no nuestro”, argumenta el activista.

El apoyo del activismo

Los “8 de Caixabank” han impulsado una red de activistas que están involucrados en procedimientos judiciales similares, “ante la situación de que hay de represión, de policías infiltrados, seguimientos telefónicos o persecuciones para entregar notificaciones, como por ejemplo, el otro día que detuvieron a una compañera de Futuro Vegetal en Jaca para tomarle una declaración que no la habían notificado”. 

Gustavo explica que, esta red de apoyo, “que estamos construyendo, está creciendo cada vez más, con activistas de Futuro Vegetal en Barcelona, de los ocho de la Macarena en Sevilla o  los seis de Zaragoza de la PAH, un caso igual que el nuestro, en el cual se aplicará el Código Penal agravado y en vez de tres años y medio le piden seis años y medio”. Para el activista, esta represión sistemática y judicial, “lo que está haciendo es que nos organicemos y es lo que el Estado a lo mejor no quería. que nos vayamos a reforzar más en la línea de la autodefensa y de la insumisión judicial y lo decimos abiertamente porque no somos delincuentes”.