Análisis
La reestructuración sanitaria en el País Valencià beneficia a las concesionarias privadas

La sanidad pública en el País Valencià está atravesando un proceso de reestructuración que amenaza con desmantelar servicios clave, mientras las concesionarias privadas consolidan su posición como beneficiarias directas de estas reformas. Bajo el paraguas de la “optimización de recursos”, se están cerrando unidades de alta especialización que garantizaban una atención cercana y de calidad, especialmente en áreas periféricas.

La creación de las Áreas Sanitarias Interdepartamentales (ASI), plasmada en los decretos ley 2/2024 de 21 de febrero y 121/2024 de 24 de septiembre, está dando lugar a modificaciones sustanciales en la organización del sistema sanitario valenciano. Estas reformas, presentadas a priori como parte de una estrategia para mejorar la eficiencia en la atención sanitaria y optimizar recursos, han generado un profundo debate. Tanto profesionales sanitarios como usuarios observan con preocupación la desaparición de estos servicios que antes garantizaban una atención geográficamente accesible, pública y de calidad.

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Fuerzas políticas, trabajadores y la mayoría de la población han reivindicado su preferencia por la reversión, pero la llegada al poder del PP con VOX vuelve a crear incertidumbre.

Una de las decisiones más polémicas ha sido el cierre de la Unidad de Cirugía Cardíaca del Hospital Universitario de la Ribera en Alzira, confirmado en diciembre de 2024. Esta unidad prestaba un servicio esencial en una especialidad de alta complejidad, y su cierre afectará no solo a la población local, sino también a la de comarcas vecinas como la Costera, la Vall d´Albaida y la Safor.

Los pacientes de estas comarcas ya no podrán acceder a este servicio en el Hospital de la Ribera y serán derivados al Hospital General de Valencia, aumentando considerablemente las distancias y los tiempos de respuesta en caso de precisarse intervenciones cardíacas urgentes. La Consellería de Sanitat asegura que la decisión responde a una estrategia de “concentración de servicios de máxima especialización”, una explicación que no convence ni a los profesionales ni a la ciudadanía.

“La realidad es que el cierre de esta unidad no obedece a criterios clínicos, sino a decisiones políticas que favorecen la transferencia de recursos públicos hacia hospitales privados”, han denunciado especialistas sanitarios

El cierre de la Unidad de Cirugía Cardíaca del Hospital de la Ribera ha generado una fuerte oposición entre representantes políticos municipales, sindicatos, profesionales sanitarios y población local. La eliminación de este servicio, esencial para el tratamiento de patologías cardíacas complejas supone un paso más hacia el desmantelamiento progresivo que sufre nuestro sistema sanitario.

“La realidad es que el cierre de esta unidad no obedece a criterios clínicos, sino a decisiones políticas que favorecen la transferencia de recursos públicos hacia hospitales privados”, han denunciado especialistas sanitarios que han elegido guardar el anonimato por temor a represalias. Buena parte de estos pacientes serán derivados al Hospital Vinalopó, gestionado por la concesionaria privada Ribera Salud, lo que supone un evidente conflicto de intereses. En este contexto, las ASI no sólo contribuyen a la precarización de los servicios públicos, sino que favorecen a las grandes concesionarias de la sanidad privada.

En el caso del Hospital de Dénia la administración pretende suprimir el servicio de Cirugía Torácica, “precisamente recortado tras la reciente reconversión del hospital a gestión pública en febrero de 2024”, explican fuentes internas

Lo mismo puede suceder en el caso del Hospital de Dénia, a más de 100 km de los centros de referencia de Valencia y Alicante, donde la administración pretende, según un borrador pendiente de aprobarse, suprimir el servicio de Cirugía Torácica, sin ofrecer una alternativa pública viable, alegando falta de “entidad” por la escasa dotación de personal, “precisamente recortado tras la reciente reconversión del hospital a gestión pública en febrero de 2024”, explican fuentes internas de Sanitat.

El servicio de Cirugía Torácica del Hospital de Dénia, cuenta con años de experiencia y con profesionales altamente capacitados, cuya reubicación forzosa ha provocado además, una profunda incertidumbre a nivel laboral, residencial y familiar entre estos trabajadores sanitarios que están sintiéndose impotentes y frustrados en un entorno cada vez más adverso y desvirtuado de su función pública.

El Hospital de Torrevieja, recientemente revertido a gestión pública y con tres profesionales en su servicio de Cirugía Torácica (uno más que en Vinalopó), ha sido relegado a un segundo plano como centro de apoyo

Por otra parte, el Hospital Vinalopó, gestionado por la concesionaria privada Ribera Salud, ha sido designado como el hospital principal del ASI Alicante Sur, a pesar de que su servicio de Cirugía Torácica también cuenta con solo dos profesionales, el mismo argumento con el que se pretende justificar el cierre de este servicio en el Hospital de Dénia.

La contradicción se hace aún más evidente cuando se observa que el Hospital de Torrevieja, recientemente revertido a gestión pública y con tres profesionales en su servicio de Cirugía Torácica (uno más que en Vinalopó), ha sido relegado a un segundo plano como centro de apoyo, en lugar de asumir el liderazgo del área.

El impacto es innegable: mientras el sistema público se reduce, el privado sigue ganando terreno a costa de los recursos públicos y en detrimento de los intereses de pacientes y profesionales

Además, la decisión de potenciar el Hospital Vinalopó, también incluye la asignación de la atención de la población de Orihuela, lo que sumará unos 200.000 pacientes. Este traslado, además de cuestionable desde el punto de vista clínico, incrementará los costes de la gestión pública, ya que cada paciente derivado al Hospital Vinalopó representará un coste adicional para la administración, mientras que esa misma atención podría ofrecerse en los hospitales públicos de Torrevieja y Dénia.

El impacto es innegable: mientras el sistema público se reduce, el privado sigue ganando terreno a costa de los recursos públicos y en detrimento de los intereses de pacientes y profesionales. Las derivaciones a hospitales privados no solo incrementan los costes, sino que generan desigualdades territoriales y ponen en riesgo la equidad en el acceso a la sanidad.

El resultado es un modelo sanitario en el que las prioridades no están en la mejora de la atención a la ciudadanía, sino en garantizar el máximo beneficio para las concesionarias privadas

Es imposible no ver en esta reforma, un claro movimiento por parte del gobierno valenciano para poner los recursos públicos al servicio de empresas privadas. El resultado es un modelo sanitario en el que las prioridades no están en la mejora de la atención a la ciudadanía, sino en garantizar el máximo beneficio para las concesionarias privadas, mientras se debilita la capacidad de los hospitales públicos para ofrecer un servicio adecuado a la población.

Lo que está en juego no es solo la supervivencia de determinados servicios, sino el modelo de sanidad pública en su conjunto. Cada cierre de unidad, cada derivación innecesaria y cada concesión a las empresas privadas es un paso más hacia un sistema, donde la calidad de la atención dependerá del lugar de residencia y del nivel socioeconómico del paciente.

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