Análisis
¿Es la inflación igual para todos?

La forma más común de medir la inflación anual es a partir del IPC. Este índice es una media ponderada de los gastos en un conjunto de bienes y servicios, agrupados en doce partidas o rubros de gasto que se supone forman parte de los distintos presupuestos familiares o individuales de la población. En el caso de nuestro país se ha venido elaborando mediante encuestas ciudadanas periódicas separadas en cinco quintiles representativos de los distintos estamentos sociales.

En principio, cada país puede elegir el número de grupos que utiliza para la estimación del IPC, así como aquellos bienes y servicios que están incluidos o excluidos en cada uno de ellos. Pero en general, el número de grupos considerado oscila alrededor de una decena, incluyendo conceptos como alimentación, vestido y calzado, vivienda, mobiliario, sanidad, transporte, educación, ocio y cultura, comunicaciones, etc. A veces se agrupan de formas algo distintas, que no suelen variar mucho de unos países a otros. Los que sí pueden variar y sustancialmente son los precios asignados a cada partida de gasto, así como los factores de ponderación resultantes que las encuestas atribuyen a cada uno de ellos según el país o área geográfica donde se lleven a cabo y también el estrato social considerado. Resulta, por tanto, difícil establecer un único IPC agregado, que sea representativo de todas las clases sociales, incluso dentro de un mismo país.

Pero, además, se ha establecido un mismo IPC armonizado (IPCA) con factores de ponderación propios como modo de homogeneizar el cálculo de la inflación en el conjunto de países de la Unión Europea, lo que distorsiona la representatividad de este índice atribuida a cada país. Sin embargo, muchos contratos que afectan en gran medida a la economía del ciudadano, entre los que se encuentran la actualización de salarios y pensiones, se suelen referenciar a este IPCA.

El cuadro anexo recoge en su parte superior los presupuestos familiares en euros estimados para 2022 a partir de las encuestas del INE y su ponderación resultante para los cinco niveles económicos en que se ha dividido la población. En la última línea figuran las ponderaciones que atribuye el IPCA.

No tiene en cuenta la diferencia que puede haber en calidad y prestaciones de estos bienes y servicios

Dos objeciones básicas pueden hacerse a la utilización de un único índice como representativo de las pautas de consumo de los distintos quintiles de población de un mismo país: no tiene en cuenta la diferencia que puede haber en calidad y prestaciones de estos bienes y servicios y no todas las familias o individuos tienen las mismas posibilidades económicas de acceso a algunos de ellos, como los del capítulo 11.

El caso del capítulo 04 (vivienda) merece mención especial porque el exiguo factor de ponderación del 12,7% que le asigna el IPCA, no es en absoluto representativo de la situación y circunstancias de la mayoría social de nuestro país, ni por supuesto de los jóvenes en edad de independizarse, que tienen que dedicar más de un 40% de sus ingresos para poder tener acceso a una vivienda digna. La razón de esta flagrante disfunción estriba principalmente en que en nuestro país las clases acomodadas son generalmente propietarias de las viviendas, mientras que los niveles más desfavorecidos se ven forzados a vivir de alquiler o bajo la pesada carga de una hipoteca. A este respecto, un eventual aumento del precio de la vivienda afecta de forma opuesta a aquél que ya tiene una vivienda en propiedad o incluso dispone de otra para alquilar, que se beneficiaría de ese aumento de precio, y a un arrendatario que saldría claramente perjudicado.

En cambio en otros grupos, como el 07, el 09 y el 11, los factores de ponderación de los quintiles 1 y 2 son claramente inferiores a los atribuidos por el IPCA, que son más parecidos a los correspondientes de los quintiles 4 y 5, con lo cual se aprecia también un claro sesgo del factor de ponderación favorable a las clases acomodadas de estos quintiles, que resultan así sobrerrepresentadas respecto a las clases populares, entre otras razones, porque éstas no tienen posibilidad de acceso a muchos de los bienes y servicios que incluyen dichos grupos.

Como al final todos los factores han de sumar 100 o 1, según se expresen en porcentajes o tantos por uno, estas sobrerrepresentaciones o partidas distorsionadas como la 04 que no discriminan entre ingreso en unos casos y gasto en otros, repercuten en el resto de los factores de ponderación y desvirtúan completamente al IPC como índice de referencia para actualizar salarios y pensiones.

Los salarios se negocian, cuando es posible hacerlo porque exista convenio, con al menos un año de retraso

A este respecto, tampoco se puede perder de vista que los salarios se negocian, cuando es posible hacerlo porque exista convenio, con al menos un año de retraso. En cambio, los precios no se negocian, sino que dependen básicamente de las expectativas económicas, que van siempre por delante de los hechos. Estas perspectivas son también mucho más inciertas por depender de diversos factores, unos exógenos, como el precio de la energía o de otros productos importados, y otros endógenos como las políticas económicas del gobierno, los tipos de interés, los márgenes empresariales o la propia tasa de desempleo. De manera que, en cierta medida, estas expectativas supuestas son las que condicionan los precios, convirtiéndose así en autocumplidas.

Como colofón a todo lo expuesto, habría que añadir que los bancos centrales, en consonancia con sus atribuciones y con la más pura doctrina neoliberal para combatir la inflación cualquiera que sea su origen, proponen sistemáticamente una contención salarial, que en época de inflación supone de facto recortes para la clase trabajadora, como única forma de evitar la llamada “inflación de segunda ronda”. Con estas premisas, utilizados así el IPC y la inflación para el cálculo del incremento de salarios y de pensiones, son ambos un continuo y acumulativo vector de desigualdad social.