Paro Nacional en Ecuador junio 2022 - 1

América Latina
El movimiento indígena ecuatoriano arrincona al presidente neoliberal Guillermo Lasso

El Paro Nacional liderado por la confederación indígena ecuatoriana cumple diez días y compromete la aplicación de la agenda privatizadora del Gobierno.
@MartinCuneo78
@martincuneo.bsky.social
23 jun 2022 16:16

El levantamiento indígena contra las políticas neoliberales del presidente Guillermo Lasso cumple diez días y las protestas se acentúan ante la escalada represiva. Una vez más, el Paro Nacional está protagonizado por el movimiento indígena, organizado en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), una histórica organización que nuclea a millones de ecuatorianos y ha conseguido con su movilización decenas de cambios legislativos en sus tres décadas de historia y la caída de dos presidentes: Abdalá Bucaram, en 1997, y Jamil Mahuad, en 2000. La Conaie también protagonizó la rebelión más importante contra el expresidente Lenin Moreno, en octubre de 2019, que estuvo cerca de generar la caída del Gobierno. Entonces, una enorme movilización indígena, sindical y universitaria consiguió hacer caer el decreto 883, que eliminaba el subsidio a la gasolina.   

Ecuador
El movimiento indígena enfila hacia Quito y pone en jaque al Gobierno de Lenin Moreno

La Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) se suma a las movilizaciones y amenaza la continuidad del presidente Lenin Moreno. La participación del movimiento indígena ya ha provocado la caída de dos presidentes en las últimas décadas.

Desde el inicio de las protestas en la noche del 12 de junio, más de 90 personas han sido detenidas, un centenar han resultado heridas y al menos dos personas han muerto a causa de las cargas policiales. Entre ellos, Byron Guatatuca, de nacionalidad kichwa, residente en la comuna de San Jacinto, fallecido por un disparo a quemarropa de la policía en Puyo, en la provincia amazónica de Pastaza. El ejército ha desplegado más de 2.000 efectivos armados alrededor del Palacio de Carondelet, sede del Gobierno, con un plan trazado para evitar que los manifestantes traspasen los controles de acceso a las principales instituciones del Estado. 

La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos denunciaba este 23 de junio la utilización de bombas lacrimógenas a las afueras de los centros de ayuda humanitaria “sin importar que hubiera mujeres con niños en brazos”. La plataforma exige la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “ante las graves violaciones de derechos humanos cometidas por agentes estatales” durante el Paro Nacional. Según denuncian, “la fuerza pública detiene a manifestantes y no los entrega a la justicia”. Además de apuntar a la violencia policial que ha causado dos muertos y ha dejado tres heridos en estado crítico, desde la alianza señalan que las diez demandas presentadas por los manifestantes al Gobierno nacional “constituyen exigencias legítimas de cumplimiento de derechos económicos sociales, culturales y ambientales gravemente vulnerados, demandas que han sido constantemente ignoradas por el Gobierno nacional”.

La Conaie acusa al Gobierno de Lasso de “imponer el neoliberalismo y cumplir la agenda del FMI de manera recia, ciega, como un dogma, golpeando sistemáticamente a la población con medidas de ajuste”

Desde estas coalición acusan al presidente Guillermo Lasso de ser “responsable de la injusticia social, del alza de los precios de la canasta básica, la precarización laboral y el desempleo”, así como de los recortes en educación, sanidad y de la imposición violenta de megaproyectos de minería y petróleo que ponen en “grave riesgo” la vida de los pueblos y nacionalidades indígenas de Ecuador.  

La diez exigencias

La Conaie acusa al Gobierno de Lasso de “imponer el neoliberalismo y cumplir la agenda del FMI de manera recia, ciega, como un dogma, golpeando sistemáticamente a la población con medidas de ajuste”. Al alza del precio de los combustibles, que “repercute en una economía inalcanzable para la mayoría de las familias”, se le suman los despidos masivos en el sector público, la falta de medicinas y de “infraestructura educativa” y la “imposición del extractivismo” en los territorios indígenas. Además, la Conaie denuncia una campaña represiva contra los movimientos sociales, con “hostigamientos, persecución, criminalización” en una “guerra contra el pueblo movilizado”. 

La detención del presidente de la Conaie, Leonidas Iza, el segundo día de movilización, es buena prueba de ello. Las imágenes del momento fueron captadas por integrantes de la confederación indígena. La intensificación de las protestas llevaron a su liberación 24 horas después. 

El levantamiento indígena llega cuando se cumple el primer año de gobierno de Guillermo Lasso, un banquero ultraconservador, miembro del Opus Dei. Según cuenta Pablo Dávalos, investigador cercano a la Conaie, en cuanto Lasso llegó al poder “aceleró las reformas neoliberales”, comenzando por un programa “agresivo” de privatizaciones en diversas empresas del Estado, entre ellas la empresa pública de seguros y el mercado eléctrico. A la vez que daba parte del pastel a las empresas privadas, bloqueó cualquier tipo de regulación de las actividades financieras para ofrecer cierto alivio ante el shock económico producido por la pandemia, explica Dávalos.

Desde el inicio de las protestas en la noche del 12 de junio, más de 90 personas han sido detenidas, un centenar han resultado heridas y al menos dos personas han muerto a causa de las cargas policiales

Para “ampliar el horizonte de las privatizaciones, la desregulación, la apertura de la economía y la flexibilización laboral”, en el primer trimestre de 2022 lanzó un proyecto de ley a la Asamblea Nacional con más de 400 artículos para reformar más de 30 leyes, entre ellas una reforma neoliberal del mercado de trabajo. 

Entre las diez exigencias de la Conaie figuran la paralización de las privatizaciones de los sectores estratégicos, la congelación del precio de los combustibles, precios justos para los productos del campo, políticas de control de los precios de los productos de primera necesidad o un alivio económico para más de cuatro millones de familias con una moratoria de las deudas. 

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