Agricultura
La agricultura ecológica al rescate de un sector en pie de guerra

España es el país de la UE con más tierra destinada a agricultura orgánica. El dato pasó desapercibido ante la situación límite que ha movilizado a agricultores y ganaderos desde el pasado 28 de enero. Las tierras destinadas a agricultura orgánica en la Unión Europea aumentaron un 34% entre 2012 y 2018, y España es el país que más superficie destina a este tipo de cultivos: un 16,7% del total. Una estadística positiva que Eurostat aportaba en medio de la tormenta desatada por la agónica situación de los productores del sector primario, que el miércoles 5 volverán a presentarse en las puertas del Ministerio de Agricultura y Alimentación de Madrid contra los “ataques” que reciben por distintos flancos y con la amenaza que pende sobre ellos en forma de recorte de las ayudas de la Política Agraria Común.

Abel Esteban, de la cooperativa Garúa de educación socioambiental, y miembro de Ecologistas en Acción, resalta cómo se trata de un buen dato dentro de un contexto de macroestadísticas negativas. Frente al abandono del campo —la EPA publicada el 28 de enero muestra que el sector da empleo a 793.900 personas en España, menos del 5% de la población— y la reducción de productores agrícolas profesionales, “el hecho de tener estadísticas positivas en crecimiento de productores, de superficie, en ecológico, es una buena noticia, porque parece una de las pocas tendencias en el sector que van en contra de esa inercia en la que cada vez hay menos gente de la agricultura, generando menos economía”.

La coordinadora de Política Agraria y Desarrollo Rural de WWF España, Celsa Peiteado, recuerda que las buenas prácticas no se circunscriben sólo a las explotaciones que la Unión Europea avala con sus sellos y controles, si no que hay una parte del sector formado por agricultores y ganaderos que “no necesariamente tienen certificados pero también apuestan por esas buenas prácticas y que encabezan esa transición agroecológica que necesitamos”.

Con sello o sin sello, lo cierto es que la agroecología crece, mientras el modelo industrializado está en discusión por los objetivos sobre cambio climático marcados por el nuevo Gobierno de coalición. Mientras, como ya sucedió en Francia con el surgimiento de los Chalecos Amarillos, se reproducen las protestas de trabajadores del campo que no quieren “pagar el pato” de los mecanismos de control de las emisiones contaminantes, el sector agroecológico discute la Política Agraria Común vigente y trata que la próxima PAC incremente sustancialmente las ayudas a las explotaciones de mayor valor socio-ambiental, como defiende Celsa Peiteado, coordinadora de la plataforma “Por otra Pac”, que agrupa a 37 entidades de distintos campos: ganaderas en red, productores ecológicos, asociaciones de consumidores y ONG ambientales.

La clave de la política común

En diciembre de 2018, la web Agroinformación.com se hacía eco de un informe de la Universidad de Oviedo que ha calculado que en el periodo de 2007 a 2014, y como consecuencia de la reducción de ayudas de la Política Agraria Común, se perdieron en España 11.000 explotaciones agrarias cada año. La controvertida PAC, el eje del sistema de integración europeo, ya que condiciona la gestión del 80% del suelo de la UE y acumula casi un 40% del presupuesto total de la Unión, se encuentra ahora mismo en fase de renovación. Se negocia con un año de retraso debido a los cambios que va a producir el Brexit, y aún no se han cerrado los borradores definitivos de los distintos reglamentos, que marcan cuestiones fundamentales para el agro como la adaptación, o no, a la crisis climática, el uso, o no, del agua de regadío y un largo etcétera.

Si se cumplieran los plazos, en 2021 debe entrar en vigor la política para los siguientes siete años y confirmarse si los borradores propuestos inicialmente por la Comisión Europea que, según recuerda Peiteado sí introdujeron novedades que podían ayudar a “un giro hacia una transición ecológica”. Los problemas han venido, no obstante, en las negociaciones con los ministros comunitarios de Agricultura, que han desdibujado, en palabras de esta responsable de WWF, los cambios introducidos en un comienzo.

“El principal indicador para saber si se reorienta la PAC es si se acaba o no con los derechos históricos”, indica Celsa Peiteado. Los llamados “derechos históricos”, que se calculan en función de lo producido en el periodo de 2000 a 2003 consisten en ayudas directas que priman un modelo de producciones intensivas, tabaco, algodón o remolacha y que distorsionan el valor añadido real de las explotaciones inclinando la balanza a favor de la agricultura intensiva y los grandes tenedores de la tierra.

Las cifras provisionales muestran hasta qué punto la disputa es importante. La nueva PAC puede suponer una provisión de 10.000 millones de euros para el sector primario solo en España —62.000 en el conjunto de la UE— pero el reparto tradicional asociado a esos derechos históricos indica que pocos salen beneficiados. Un estudio de septiembre de 2019 de Alan Matthews para Agricultural and Rural Convention mostraba que la concentración de las ayudas de la PAC en España es la tercera mayor de la Europa occidental, solo por detrás de Portugal e Italia. El 80% de las ayudas en el conjunto de la UE va a parar a un 20% de las explotaciones. Siete de cada diez beneficiados recibe, por el contrario, menos de 5.000 euros anuales.

Una investigación del New York Times reflejó como en Europa del Este, estos grandes terratenientes beneficiados por el actual estado de las cosas en la PAC son figuras como el primer ministro checo, Andrej Babis, que obtuvo 42 millones de euros en subsidios en 2018. En el caso del premier húngaro, Viktor Orban, los periodistas Selam Gebrekidan, Matt Apuzzo y Benjamin Novak sostienen que utiliza las ayudas de la PAC para beneficiar a su familia y a sus fieles, así como para castigar a sus rivales políticos.

“Necesitamos que la PAC asegure que estas explotaciones pueden seguir siendo viables”, recalca Celsa Peiteado

España no es una excepción en la colección de apellidos ilustres asociados al reparto de la PAC. El modelo de derechos históricos ha favorecido desde su implantación a la casa de Alba —la primera terrateniente de Andalucía—, los Domecq, o las compañías de distribución Mercadona y Don Simón han sido beneficiados por el modelo de ayudas seguido hasta ahora.

El objetivo, señala Peiteado, es que la futura PAC incline la balanza hacia otro modelo agrícola, que sea “justa con las personas que nos alimentan de manera responsable, sana para los consumidores, respetuosa con la naturaleza y que tenga también en cuenta sus impactos fuera de Europa”. El peso específico de la PAC y las ayudas es tan significativo que implica al menos a dos Ministerios, Agricultura y Transición Ecológica que, desgajados, tienen distintos objetivos. El dirigido por Luis Planas intentará satisfacer al sector, el segundo, ve en la PAC una oportunidad para revitalizar la Ley de Desarollo Rural, sin dotación presupuestaria desde 2011, y una ventana para comenzar a echar a andar dos de los objetivos más ambiciosos del Ejecutivo: la transformación verde y el reto de revitalizar la llamada “España vaciada”.

Soluciones y batallas

Con las imágenes del enfrentamiento entre la policía nacional y los trabajadores del campo y dueños de explotaciones agrícolas del pasado 29 de enero en Don Benito (Badajoz) se estableció un nuevo debate en las redes sociales de la izquierda española realmente existente. El runrún acerca de las ayudas de la PAC, la sensación de que el sector está siendo manipulado contra el Gobierno de Sánchez —y el uso de la subida del SMI por parte de algunos medios para apuntar a una revuelta del campo contra PSOE y Unidas Podemos— y la indistinción entre pequeños propietarios y grandes terratenientes que tiende a darse en los entornos metropolitanos, generó cierta corriente de hostilidad ante unas manifestaciones que, en líneas generales, apuntaban al problema básico: el circuito de distribución y la diferencia entre los costes de producción y los precios finales, que no repercuten en los trabajadores agrícolas.

¿Es la agroecología una posible solución a la crisis que vive el sector? Puede comenzar a serlo si la futura PAC da el espaldarazo a este modelo, sostiene Celsa Peiteado, a través de la dotación adecuada y del refuerzo “verde” de las condiciones para acceder a las ayudas. “Muchos agricultores están pasando a este modelo por convicción, porque están viendo cómo estaban agotando el suelo, cómo se está perdiendo por erosión, cómo cada vez tienen más problemas para adaptarse a los impactos del cambio climático. Otros lo hacen por la demanda de los consumidores, especialmente los europeos”.

“En la medida en que no haya una transformación del consumo autóctono y se produzca un crecimiento por ese lado, es normal que haya un peso importante de explotaciones orientadas a la exportación”, resalta Abel Esteban. Los nuevos hábitos de consumo están influyendo decisivamente en la especialización de cultivos y la ganadería. España es, por superficie de tierra, el país que más hectáreas destina, pero actualmente solo nueve de cada cien hectáreas están dedicadas a este tipo de cultivos. Esteban explica que se trata de una tendencia consolidada, que en el ámbito agroecológico sí se ha corroborado un aumento del número de operadores con un perfil determinado, pequeño y con poca capacidad de inversión.

La compra pública responsable es otro de los frentes abiertos para conseguir que el trabajo del campo se vea reconocido social y económicamente

Eliminar del menú los fertilizante de síntesis química, preservar la fertilidad del suelo mediante el uso de restos de poda, de cosechas o el compostaje. Crear refugios para la biodiversidad. Terminar con las plagas mediante sus predadores naturales. Aprovechar el agua de riego de manera eficiente, respetando el agua de los ríos y los humedales. Son prácticas que devuelven al campo un enfoque global que confronta con un enemigo demasiado poderoso: el sistema de precios de bajo coste de las grandes superficies y los intermediarios que, por una parte, no está beneficiando a los consumidores y, en segundo lugar, perjudica a los ecosistemas.

“Necesitamos que la PAC asegure que estas explotaciones pueden seguir siendo viables”, recalca Celsa Peiteado, pero también, indica, son necesarias otra serie de políticas internas, herramientas más allá de la Política Agraria Común, entre las que destaca una “fiscalidad ambiental” que profundice en una línea que ya ha trazado el nuevo Gobierno: gravar en mayor medida la alimentación “basura” o la llamada “comida chatarra” definida por el uso de azúcares, grasas saturadas y sal.

Para Peiteado, como medida complementaria se puede plantear que se desgraven los productos ecológicos, los panes con harinas integrales y los alimentos más saludables. Asimismo, se pueden tomar decisiones que supongan una subida de impuestos para el uso de productos químicos y una bajada para quienes fertilicen la tierra con materia orgánica, señala Peiteado, para quien la clave está en reequilibrar, redistribuir y rediseñar las políticas fiscales para acometer la transición ecológica: “No se trata de poner más impuestos, si no de rediseñarlos para que realmente consigamos el objetivo que buscamos, en este caso un sistema alimentario justo para los agricultores, sano para los consumidores y respetuoso con el medio ambiente”, apunta.

La compra pública responsable es otro de los frentes abiertos para conseguir que el trabajo del campo se vea reconocido social y económicamente y se integre en el circuito de las grandes y medianas ciudades. Como señalaba el profesor de ecología política Ángel Calle en un artículo a raíz de las protestas de Don Benito, hoy los alimentos viajan, de media 4.000 kilómetros hasta llegar a nuestras mesas. El Estado, las Comunidades Autónomas y los municipios tienen en su mano priorizar que los alimentos que se sirven en escuelas, hospitales, centros penitenciarios y otros comedores públicos prioricen que la materia prima provenga de circuitos cortos de distribución, que sean ecológicos o de temporada”.

Se trata, de nuevo, de evitar la oferta “low cost” y baremar esas otras características. “Un derecho a tener una dieta saludable conllevaría que los ‘mercados’, es decir seis o siete distribuidoras en el sector hortofrutícola y otro tanto de grupos inversores, no especularían a su favor con la alimentación.”, señalaba Ángel Calle en el diario Hoy, “insistir en una economía extractiva y beneficiosa para intermediarios de la ‘globalización’ no ha traído un reparto global de beneficios”.

Consumo, Agricultura y Transición Ecológica son los tres ministerios señalados para aterrizar algunas de estas propuestas con el fin fortalecer al sector agroecológico, una realidad que aumenta de año en año su peso en el conjunto de Europa y en el que España, por sus circunstancias históricas, tiene la capacidad reinventar su sector primario antes de que este termine de explotar.