Activistas afganas protestan contra el régimen Talibán
Activistas afganas protestan contra el régimen Talibán. Foto cedida por la RAWA

Afganistán
Mujeres afganas: vetadas de la vida pública, expuestas a la violencia sexual

La extensión de los matrimonios forzados por razones económicas especialmente en las áreas rurales, la disolución del Ministerio de la Mujer y el desmantelamiento de los albergues que daban protección a las víctimas han propiciado que estos crímenes se cometan cada día con mayor impunidad.
22 sep 2024 08:33

El 15 de agosto de 2021 marcó un nuevo hito en la opresión de las mujeres en Afganistán tras el retorno al poder del régimen talibán en el país y con él la regresión progresiva de los derechos de las mujeres a golpe de restrictivos dictados legislativos. Desde la prohibición de salir sin ir cubiertas enteramente por el burka para evitar ser objeto de la mirada masculina (mismo motivo por el que no está permitido el maquillaje o llevar colores vistosos) hasta la necesidad de ir acompañadas por un mahran (compañero varón) para poder acceder a la vía pública. El regreso y recrudecimiento de las políticas de los talibanes contra las mujeres se traduce en un cruel cautiverio, un aprisionamiento calculado que, como revelan numerosos informes de organizaciones internacionales, persigue controlar férreamente a la población femenina.

Esta reclusión en el hogar ha traído consigo un incremento exponencial de los crímenes sexuales contra ellas y la normalización de las atrocidades machistas en la sociedad afgana. Concretamente han experimentado un aumento del 35% en el último año, tal y como ha denunciado recientemente Purple Saturdays, movimiento de mujeres afganas creado para visibilizar y protestar contra el impacto de las restricciones talibanas en los derechos humanos de las mujeres. Las víctimas de abusos ya no pueden denunciarlos y el Estado ha eliminado a destajo la totalidad de los recursos de protección que existían en el país. Ahora, las vías para escapar de los abusadores han desaparecido mientras que ellos gozan de total impunidad para seguir violentando a sus parejas o familiares. Las agresiones no solo se perpetran por parte de los propios maridos, sino también por miembros masculinos de la familia y los amigos del cónyuge.

Un informe notifica un aumento de matrimonios precoces y forzados (de niñas cuya edad ronda los siete u ocho años en muchos de los casos) y con ellos de la violencia sexual

Para entender en toda su complejidad la vorágine de violencia sexual que atraviesan las mujeres es preciso conocer la coyuntura económica del llamado Emirato Islámico de Afganistán. País en el que la la pobreza afecta a más del 55% de la población y donde cerca de seis millones de ciudadanos sobreviven al borde de la hambruna. La destrucción de empleo, la pérdida de poder adquisitivo de la población y ausencia de tejido empresarial, especialmente en los sectores dependientes de la cooperación internacional, han convertido estos últimos años al país en un lugar sin esperanza de progreso. Estos datos se derivan de un informe procedente de la oficina de información diplomática en Afganistán del Ministerio de Asuntos Exteriores español, donde además se pone de manifiesto que el PIB ha llegado a desplomarse más de un 20% en los últimos años. El presupuesto estatal se destina en su mayor parte al salarios de los funcionarios y a la seguridad, mientras que las cantidades destinadas a los servicios públicos esenciales como la educación o la salud representa un porcentaje anecdótico en comparación.

Ante el depauperamiento progresivo de las condiciones de vida de la población diezmada por las políticas austericidas del Gobierno, las mujeres, que en el pasado podían desempeñar algunas actividades laborales para asegurarse un sustento y cierta autonomía en un régimen ya per se patriarcal, ahora constituyen una carga para sus familias. Su exclusión de la vida pública, económica y política las ha convertido en eternas menores y en seres absolutamente vulnerables en cualquier ámbito. Por ende, si antes los matrimonios forzosos ya eran moneda corriente en el país, ahora la crisis ha llevado a muchos padres a casar a sus hijas por el “precio de la novia” que reciben. Así lo confirma un informe reciente de Amnistía Internacional, que notifica un aumento de matrimonios precoces y forzados (estamos hablando de niñas cuya edad ronda los 7 u 8 años en muchos de los casos), y con ellos la violencia sexual. Dentro de esta organización, Beatriz Martos destaca a El Salto que “muchos padres alegan que ahora, tras el casamiento, ya no van a tener que alimentar tres bocas, sino únicamente dos. Muchas veces es la última de las soluciones, pero es que es la única opción viable, casar a las mujeres para que ya no sean una carga económica”.

Afshin (nombre falso para preservar su seguridad) es una de las mujeres afganas que lidera Purple Saturdays. Subraya que los datos sobre el crecimiento sin precedentes de la violencia sexual van aparejados al hecho de que hoy por hoy la existencia de las mujeres está ligada inexorablemente a la de un mahran u hombre protector, según dicta la ley islámica o sharia. Aunque la violencia sexual existía antes y existe también ahora, dos hechos han cambiado por completo el contexto en el que se reproducen las violaciones en Afganistán. Por un lado, la clausura, tras la llegada de los talibanes al poder, del Ministerio de Asuntos de la Mujer, que brindaba cierta protección a las mujeres que sufrían agresiones por parte de sus maridos, y su sustitución por el Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio.

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Por otro, el desmantelamiento masivo de los centros de acogida para las víctimas, que conformaban una red nacional de albergues y servicios gratuitos, entre ellos representación jurídica, tratamiento médico y apoyo psicosocial. Estos centros, la mayoría de ellos gestionados por entidades humanitarias internacionales, fueron saqueados y actualmente el personal que trabajaba en ellos es hostigados y sufre ataques constantes contra su integridad física.  De hecho, las proveedoras de servicios de salud que trabajaban en estos centros de ayuda a la mujer han recibido múltiples amenazas por parte de familiares de las víctimas en los últimos años. Al cerrar estos espacios, muchas mujeres y niñas sobrevivientes de violencia de género han tenido que regresar con sus familias (lo que en muchos casos implica a su vez volver con sus agresores).

“Por supuesto el sistema no era perfecto, pero sí daba cobijo a muchas supervivientes de violencia. Ahora tenemos casos de que son los propios familiares los que han secuestrado a estas niñas y mujeres de los albergues y ya no tienen un sitio en el que cobijarse, porque se han desmantelado completamente”, narra Beatriz. Todos los recursos que antes podían suponer para las mujeres una forma de escapar de la violencia (inclusive la asistencia sanitaria de emergencia) ahora ya no existen: las víctimas se encuentran así en un oscuro y profundo callejón sin salida, donde es imposible concebir siquiera un horizonte de cambio.

En el hipotético caso de que procedieran a denunciar, ¿cómo hacerlo si es imposible salir de casa sin acompañamiento de un varón que casi siempre es el mismo conviviente que ejerce las agresiones? ¿Cómo escapar de un matrimonio si el propio sustento, o el de las criaturas en común, depende enteramente de su fuerza de trabajo? Sin posibilidades educativas ni laborales de ningún tipo, su supervivencia está atada a la tutela de sus maltratadores en el seno de un sistema se ha ido diseñando calculadamente para dejarlas sin otra opción que la de acatar ciegamente esa violencia.  

Muchas mujeres que antaño denunciaban violencia por parte de sus parejas ante la Policía ya recibían como respuesta que “no deberían quejarse”

Afshin explica que la ausencia de vías para escapar del horror de las agresiones se agrava en las áreas rurales, donde “las fuertes prácticas tradicionales y los bajos niveles de concienciación y alfabetización hacen que muchas mujeres de estas zonas desconozcan incluso sus derechos más básicos”. Quienes son instruidas bajo el pensamiento patriarcal de que mantener relaciones sexuales sin desearlo es un deber más que cumplir para satisfacer a sus cónyuges ignoran siquiera estar sufriendo reiteradas violaciones por parte de sus esposos en la vida cotidiana. De hecho, según la OCHA, muchas mujeres que antaño denunciaban violencia por parte de sus parejas ante la Policía ya recibían como respuesta que “no deberían quejarse”, o que probablemente “se merecían las palizas que habían recibido”. En estos momentos la situación ha empeorado con creces.

Mónica Bernabé, periodista conocida por su trabajo como corresponsal en Afganistán durante casi ocho años —ha sido la que más tiempo ha permanecido en este país— incide también en que es la falta de educación sexual la principal causante de esta normalización de la violencia machista. “El sexo es un tema completamente tabú, nadie habla de ello y cuando la mujer se casa se considera que tiene que llegar virgen al matrimonio, por lo que en la noche de bodas es obligatorio mantener relaciones sexuales para que el marido pueda comprobar que esa mujer es pura”, comenta la comunicadora.

Tras esa primera noche de convivencia, apunta, “llegan a los hospitales muchas chicas jóvenes con desgarros vaginales y ellas mismas reconocen el dolor que les producen las primeras relaciones sexuales, pero te lo presentan como si fueran las contracciones del parto, algo por lo que tienes que pasar sí o sí”. Pero este terror no se circunscribe solo al ámbito de la pareja. Los combatientes talibanes llevan desde 2021 aprovechando la situación de dependencia absoluta de las mujeres, así como su incapacidad de denunciar cualquier violencia, “para agredirlas en todo tipo de espacios sabiendo que cuentan con total impunidad ya que no van a sufrir represalia alguna”, lamenta Afshin.  

La violencia tras la violencia: ostracismo y persecución para las víctimas

“Con la creciente influencia de los talibanes, la sociedad afgana se ha vuelto más misógina y tradicional, hasta el punto de que las víctimas de violencia sexual suelen ser tachadas de pecadoras e impuras”, comenta Afshin. El problema ya no solo recae en la imposibilidad de denunciar las agresiones, sino en que las mismas víctimas son consideradas en la mayor parte de los casos las culpables por haber mantenido relaciones extramatrimoniales cuando son violadas por vecinos, funcionarios públicos, familiares o amigos de éstos. Mientras ellos quedan completamente impunes, ellas se convierten en el blanco de los ataques por haber perdido su honor femenino. Es frecuente que, tras el trauma de las agresiones, a las víctimas las persiga, dentro de su comunidad, el rechazo social, el ostracismo, la persecución y, por parte del Estado, castigos físicos como flagelaciones, amputaciones y, en el peor de los casos, la lapidación.

Además, según ha reportado Purple Saturdays, los talibanes amenazan a las víctimas y a sus familias con la muerte y el encarcelamiento para que no denuncien estos crímenes, manteniendo a la comunidad en un estado de miedo y pasividad constantes. La interpretación estricta de la sharia o, incluso, la invención de artículos que no figuran siquiera en los textos sagrados como pretexto para poder subyugar a las mujeres ha supuesto la reintroducción de la pena de muerte en todo el país. El terror de las mujeres ante este tipo de represalias se ha convertido para muchos dirigentes en un arma verdaderamente efectiva para poner coto a su libertad e impedir su emancipación.

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“Nos encontramos con testimonios desgarradores y estremecedores de mujeres que habían sido agredidas sexualmente por combatientes talibanes. Una mujer relató que cuando fue agredida por un comandante talibán local, no sólo no se la defendió sino que su familia la encarceló en un establo tras 35 días de tortura, diciendo que merecía estar allí. Contó que la mantuvieron hambrienta hasta que estuvo a punto de morir, y que la presión psicológica de esta experiencia la llevó a creer que se había vuelto impura y que no era digna de vivir. Ahora sufre ataques de pánico y se autolesiona”, cuenta con angustia Afshin.

De hecho, tal y como ya ha denunciado la AWCSWO (Afghanistan Women and Children Strengthen Welfare Organization), las mujeres y niñas de Afganistán víctimas de la violencia sufren enfermedades y problemas psíquicos a raíz de su situación. El miedo a la vergüenza y a la condena pública ha llevado en algunos casos a las víctimas a sufrir depresiones severas, autolesiones y, en última instancia, al suicidio, consecuencia vinculada a la cruenta guerra que libra el Estado contra las mujeres todos los días. Así, la violencia sexual y de género en su conjunto deviene una herramienta de control y sometimiento patriarcal a través del debilitamiento de los tejidos sociales que antes empoderaban a las víctimas y su exclusión de la vida pública. Cada vez son más las organizaciones internacionales que han catalogado toda esta estrategia de silenciamiento por parte del Gobierno talibán como un apartheid de género.

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