Acuerdos comerciales
Trece asuntos comerciales que debes conocer si el TTIP te aterró

El 27 de febrero se reúnen en Sofía los máximos responsables de la política comercial de la Unión Europea y sus Estados miembros. Aprobarán una hoja de ruta que excluye a los parlamentos nacionales de la ratificación de los nuevos tratados comerciales y propone un Tribunal Multilateral de Inversiones que contradice todos los principios del Estado de Derecho. El periódico El Salto publica los borradores confidenciales de esta reunión.

1. Ofensiva neoliberal

Otro año intenso de política comercial. Aunque la mayoría de los responsables políticos ya están pensando en 2019, el año en que se renueva el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, el ejecutivo europeo sigue el ‘business as usual’.

Con el tratado transatlántico (TTIP) congelado y el acuerdo con Canadá (CETA) aplicado provisionalmente —aunque le quedan aún muchos obstáculos para su ratificación—, muchos habrán pensado que lo peor de la tormenta pasó. Tenemos malas noticias: el frente de huracanas en forma de tratados será aún peor y no tiene visos a amainar.

La UE intentará finalizar las negociaciones comerciales con México y el Mercosur, obtener la aprobación del Parlamento Europeo para los acuerdos con Singapur, Vietnam y Japón, y prepararse para una relación comercial posterior al Brexit con el Reino Unido. Además, se lanza a constituir un tribunal internacional para expandir la arquitectura jurídica de la impunidad corporativa.

La quiebra en enero de la empresa británica Carillion, un importante proveedor privado de servicios públicos, ha vuelto a constatar lo que significa el modelo económico comprendido en toda esta política neoliberal. Miles de trabajadoras y trabajadores enfrentan la pérdida de sus empleos y el gobierno tuvo que intervenir para mantener funcionando los servicios públicos.

Además, las movilizaciones de los pensionistas y de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) o el nombramiento de Luis de Guindos como vicepresidente del Banco Central Europeo, nos llevan a recordar que se cumplen 10 años de la quiebra de Lehman Brothers —De Guindos fue alto directivo de este banco especulativo— acontecimiento que desencadenó el inicio de una profunda crisis financiera, económica, social, alimentaria, ambiental y democrática.

Lo que está claro es que las elites de la UE no han aprendido lección alguna. Todo lo contrario, la desigualdad se ha incrementado y la brecha salarial en el mundo entre mujeres y hombres aumentó hasta el 32%. El Foro Económico Mundial de Davos advirtió del peligro de una nueva recesión: los riesgos sistémicos de "incertidumbre, inestabilidad y fragilidad" se multiplican. Entre otras cosas por tratados comerciales como los que vamos comentar aquí.

2. Tribunal Multilateral de Inversiones

El año pasado, la Comisión Europea ha propuesto un tribunal para corporaciones (Multilateral Investment Court). Con ello pretende institucionalizar y expandir el mecanismo de solución de controversias inversionista-estado (ISDS, por sus siglas en inglés).

El mecanismo permite a inversores privados demandar a un Estado cuando alguna ley o medida vaya en contra de sus intereses. Los amplios privilegios que se otorgan a los inversores en los tratados internacionales de comercio e inversión, así como en el sistema internacional de arbitraje Inversor-Estado constituyen una de las grandes injusticias del derecho internacional y de la globalización neoliberal.

En nombre de la protección de los inversores, los gobiernos se ven obligados a pagar a las corporaciones indemnizaciones por la protección laboral o la prevención del daño ambiental.

En todo el mundo se sufre la influencia de las corporaciones sobre las políticas públicas en cada nivel de gobierno. Pero, como uno de los países más corruptos del mundo, en España se hace especialmente palpable este desequilibrio de poder.

En diciembre se inició el ‘procedimiento de silencio’ en el Consejo de la UE para aprobar el mandato con el que la Comisión Europea busca negociar el Tribunal Multilateral de Inversiones

El Tribunal Multilateral de Inversiones agrandaría este desequilibrio y contradice todos los principios del Estado de Derecho porque socava las instituciones democráticas estatales priorizando las ganancias empresariales por encima de todo lo demás. Los mecanismos de arbitraje de inversiones pueden poner en jaque políticas públicas y decisiones parlamentarias.

Además provocan un enfriamiento legislativo, otorgan privilegios injustificados a los inversionistas extranjeros y permiten que árbitros con conflictos de intereses juzguen lo que es legal o no. La nueva iniciativa de la UE busca salvar este controvertido sistema reemplazándolo con una copia renombrada. Básicamente significa vestir un atentado a la democracia con un disfraz de institucionalidad.

A mediados de diciembre se inició el ‘procedimiento de silencio’ en el Consejo de la UE para aprobar el mandato con el que la Comisión Europea busca negociar el Tribunal Multilateral de Inversiones en la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil (Uncitral), tal como solicitó Juncker en septiembre de 2017. Un controvertido proceso de toma de decisiones utilizado en contextos políticos internacionales basándose en el principio "silencio significa consentimiento".

El Reino Unido paralizó el procedimiento pidiendo una cláusula que diga que si las negociaciones del tribunal multilateral no pueden iniciarse en Uncitral, Bruselas deberá solicitar un nuevo mandato. Se recogió la preocupación del Reino Unido en un anexo y solo queda por resolver si se publica el documento final porque varios gobiernos se niegan a que el mandato sea publicado tan pronto como sea adoptado por el Consejo. De hecho, en la última versión filtrada del mandato no recoge la obligación de hacerlo público. Otro ejemplo de la falta de transparencia. 

Para que la Comisión Europea reciba luz verde, falta por aprobarse el mandato en una reunión del Comité de Representantes Permanentes de los Estados miembros (Coreper), un órgano interno del Consejo de la UE, compuesto por representantes de los gobiernos con rango de embajador, así como ser firmado en alguno de los consejos ministeriales de la UE.

3. 2018: ISDS

En Europa y también en el Estado español (con la campaña contra TTIP/CETA al frente) hay muchas organizaciones sociales y políticas con la voluntad de impedir este tribunal como demuestra la reciente entrega de 420.000 firmas. Exigen a los Estados que cumplan con sus obligaciones y regulen en aras del interés público y el cumplimiento de los derechos humanos. 

La UNCTAD ha calculado que para finales de 2018 habrá aproximadamente 1.600 tratados bilaterales de inversión que se podrán dar por terminados o renegociar en cualquier momento. Esto representa aproximadamente el 70% de todos los tratados bilaterales en vigor que protegen a los inversionistas e incluyen los tribunales de arbitraje. Aunque algunas potencias (UE, Japón, Corea del Sur y China...) han continuado firmando nuevos acuerdos, la mayoría de los tratados bilaterales de inversión ahora son vulnerables al cambio.

Además, la sociedad civil organizada es cada vez más fuerte reclamando el fin de la impunidad empresarial y, en particular, la abolición de las disposiciones del ISDS.

Dichas críticas —con millones de firmas e iniciativas parlamentarias contra el ISDS en TTIP, CETA y el TPP— han criticado la falta de legitimidad y transparencia, el costo y los impactos en los poderes reguladores del estado. Esas críticas han contribuido a que algunos Estados como Nueva Zelandia, India, Indonesia, Ecuador, Sudáfrica o Holanda también hayan cuestionando el sistema ISDS.

Se están preparando campañas en muchos países del mundo bajo el lema “ISDS: 50 años bastan”. Un año es muy poco tiempo para tumbarlo, pero el reclamo por alternativas a esta asimetría legal, que amenaza los Derechos Humanos, se extiende más y más.

4. México

A pesar de la grave crisis de los derechos humanos en México (asesinatos, feminicidio, miles de desaparecidos, represión) y los altos niveles de impunidad, la Unión Europea sólo piensa en los intereses de sus multinacionales. Desde 2016, ambas partes tratan de “modernizar” el acuerdo comercial que ha cumplido 20 años y que proporcionó a las corporaciones europeas una plataforma de producción de bajo costo y un mercado para vender servicios. El acuerdo de 1997 contiene una cláusula de respeto de los derechos humanos que la UE nunca ha aplicado.

Ambas partes no lograron llegar a un acuerdo en diciembre e informan desde entonces casi semanalmente del “buen progreso" de las negociaciones, pero aún quedan varios temas conflictivos sin resolver: agricultura (acceso a los mercados para productos agrícolas europeos como los lácteos y la ternera, denominación de origen), propiedad intelectual, las reglas de origen en las exportaciones mexicanas de automóviles, la protección de los inversionistas y los tribunales de arbitraje, entre otros.

Irán a la décima ronda de negociaciones, pero el calendario se complica. Intentarán anunciar en marzo un acuerdo político para concluir las negociaciones. Como las elecciones presidenciales mexicanas son en julio, la presión es enorme. Las amenazas de que se agraven las violaciones de derechos humanos para millones de personas son inmensurables. Seguimos en máxima alerta con el tema.

5. Mercosur

A pesar de los alarmantes avisos en diciembre, la UE y los miembros del MERCOSUR (Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay —Venezuela está ilegalmente suspendido desde diciembre de 2016—) no lograron concluir su acuerdo en Buenos Aires durante la conferencia ministerial de la OMC. Se filtraron varios textos de negociación que ayudaron a aumentar la atención pública.

Iniciadas en 2000, estas negociaciones tuvieron siempre grandes apuros por los asuntos agrícolas. El bloque suramericano llegó a advertir de que no participará en nuevas conversaciones hasta que la UE haga una mejor oferta para las importaciones a la UE de carne y etanol. Bruselas puso como condición la entrada de máximo 600.000 toneladas anuales para el etanol y de 70.000 toneladas de carne bovina, una cantidad que los países del Mercosur, grandes productores de carne de vacuno, soja y caña de azúcar, consideraron "insuficiente". En febrero la Comisión Europea amplió su oferta a 99.000 toneladas de importación de carne bovina libres de aranceles que aún no satisface todos los gobiernos del Mercosur.

La poderosa agro-industria brasileña y argentina, entre ella las multinacionales de carne, los grupos de presión de terratenientes, bancos y otros grandes capitales están presionando para exportar aún más materias primas (sobre todo etanol y soja para agrocombustibles, la industria química y bioplásticos, etc.) y carne a la Unión Europea.

En Europa, la reticencia al acuerdo proviene principalmente de Francia, Polonia e Irlanda. Allí el sector agrario teme la importación de grandes cantidades de carne, piensos y agrocombustibles por debajo del precio de producción europeo lo que podría destruir miles de empleos y provocar el cierre de explotaciones agrarias europeas. En varios países, los sindicatos agrarios han mostrado "gran preocupación" y llaman a los gobiernos a que postergan el calendario de Bruselas.

El sector agrario francés se ha movilizado fuertemente y presiona para romper la negociación UE-Mercosur.

La Comisión Europea había programado para primavera la final de la negociación con el Mercosur. Es dudoso que Bruselas logre cumplir su calendario. El Secretario de Estado alemán de Economía, Matthias Machnig (SPD), ha dicho que las negociaciones corren el riesgo de retrasarse hasta finales de 2019.

La UE quiere más en materia de contratación pública, reglas de origen, propiedad intelectual, indicaciones geográficas, servicios, y aún no se han resuelto varios asuntos sobre la agricultura.

Esta semana tiene lugar en Asunción una ronda de negociación decisiva sobre el tema más conflictivo: el comercio de carne y agrocombustibles. Paraguay ocupa la presidencia pro tempore del Mercosur durante el primer semestre de 2018.

La parte europea ha hecho muchas demandas en temas tales como propiedad intelectual en farmacéuticos, transporte marítimo y sector automotriz, pero no ofrecen nada a cambio, lo que enoja a los funcionarios del Mercosur.

El 2018 traerá elecciones en Paraguay y Brasil. Lo que aumenta la presión para cerrar las negociaciones. Fuentes del Mercosur han indicado que antes de abril se debería concluir el acuerdo para que no interfiera con el calendario electoral de esos dos países.

6. Tres nuevos tratados similares al CETA

Entre marzo y junio, Bruselas pretende concluir y firmar los tratados con Japón, Singapur y Vietnam. Todo ello se está discutiendo en secreto en el Consejo de la UE sin que el Gobierno de Rajoy haya consultado al parlamento y la sociedad civil organizada a pesar de las importantes repercusiones para la economía española que tendrían estos tratados.

El asunto no es menor porque para estos acuerdos la Comisión utilizaría un “nuevo enfoque”: dividir los acuerdos entre una parte comercial y otra con las disposiciones sobre protección de inversiones, inversión en cartera y los mecanismos de arbitraje de disputas entre inversor y Estados (conocido como ISDS, por sus siglas en inglés).

En la reunión ministerial de la UE de hoy se discutirá una declaración que trata de dar respuesta a una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de mayo de 2017, que justificó este enfoque antidemocrático. Respaldó legalmente la ratificación de tratados comerciales como acuerdos exclusivos de la UE siempre que estén separados la protección de la inversión y la inversión en cartera.

La mayor parte de contenidos quedarían como competencias exclusivas de la UE, y requerirían solo la votación del Consejo y el Parlamento Europeo. Se impide así que los parlamentos nacionales o regionales puedan analizar, debatir y votar los tratados comerciales. Bruselas pretende evitar que se repita lo ocurrido en octubre de 2016, cuando cuatro gobiernos y parlamentos regionales de Bélgica, con Valonia a la cabeza, bloquearon la firma del tratado con Canadá (CETA).

Los ministerios europeos apoyan el enfoque para dividir los tratados, con el fin de "negociar, firmar y concluir acuerdos de comercio (…) de forma más rápida y efectiva"

Esto significa que los acuerdos comerciales pueden ser ratificados más rápido sin esperar la aprobación en unos 40 parlamentos nacionales y regionales de la UE. La Comisaria europea de comercio, Cecilia Malmström, lleva desde el año 2015 maniobrando, en pleno auge de la oposición al TTIP, para elaborar una nueva arquitectura de política comercial que permita sortear los parlamentos nacionales.

El borrador de la declaración al que El Salto ha tenido acceso y que los ministros tienen que discutir y aprobar, confirma que los ministerios apoyan el enfoque para dividir los tratados, con el fin de "negociar, firmar y concluir acuerdos de comercio (…) de forma más rápida y efectiva". Y exigen, además, que los acuerdos de protección de inversión separados deberían negociarse en paralelo a los acuerdos comerciales. Énfasis que había apoyado entre otros España, entre otros Estados.

Los Gobiernos de la UE solicitan a la Comisión Europea que no divida automáticamente la parte de la protección de la inversión de los acuerdos comerciales, sino que aplique la nueva arquitectura para los acuerdos comerciales de la UE "caso por caso, dependiendo del socio de negociación" según el borrador de conclusiones del consejo informal de ministros de Comercio de la UE.

Una vez que los acuerdos comerciales sean considerados de competencia “exclusiva” de la UE, pueden ser aprobados por una mayoría calificada, lo que significa solo 16 de los 28 estados, siempre que representen el 65% de la población de la UE.

Por ejemplo, el tratado con Mercosur podría ser adoptado teóricamente incluso con la negativa de Francia donde los sindicatos agrarios el fin de la negociación por las cuotas de importación de carne y azúcar, que podría hacer desaparecer entre 21.000 y 25.000 explotaciones agrícolas. Muy similar a la situación en España. El sindicato agrario COAG advierte de que el acuerdo UE-Mercosur podría causar pérdidas económicas de 2.700 millones de euros al sector ganadero.

7. Singapur

El tratado con Singapur será el primero en el que la Comisión Europea aplicará la separación de las disposiciones relativas a las inversiones extranjeras en los mercados de valores o el arbitraje de controversias entre inversores y Estados agrupándolas en un acuerdo paralelo, para tramitar la parte “comercial” como competencia exclusiva de la Unión, sin esperar la aprobación de los parlamentos nacionales. Pero según filtraciones, los gobiernos de Francia y Alemania insisten en el carácter ‘mixto’ del acuerdo. Parece más una decisión política que técnica. Será un asunto caliente en la reunión de hoy en Sofia.

Con un país tan desconocido como Singapur, la UE intenta cerrar un acuerdo comercial desde 2010 y que además de la reducción de los aranceles y protecciones no arancelarias en el ámbito del comercio de mercancías y de servicios, contiene diversas disposiciones que afectarán negativamente a las mayorías sociales (propiedad intelectual e industrial, inversiones y contratación pública).

Las Naciones Unidas advierten de que la reducción de aranceles lleva a la pérdida de ingresos aduaneros, algo que se nota especialmente en los presupuestos de los países en el Sur Global. Menos ingresos, menos gastos sociales. Las proyecciones muestran también pérdidas significativas en el empleo. En el sudeste asiático se prevén pérdidas de puestos de trabajo en los sectores de metal, automotor, electrónica, cuero, calzado, muebles y en el sector de productos plásticos.

En España nos afectaría este acuerdo con Singapur por ejemplo en el sector portuario y de transporte marítimo, empeorando las condiciones laborales. Por eso se hizo la reforma del decreto de la estiba. Para agilizar la sustitución de trabajadores fijos y bajar salarios. La liberalización total de la estiba española facilita los negocios a grandes operadores navieros daneses, chinos o de Singapur. Como se ha visto con la venta de la mayor concesionaria de terminales portuarias de España, Noatum Ports, por el banco de inversión JP Morgan a la naviera China Ocean Shipping Company (Cosco).

En el área de servicios la mayor preocupación es por los cambios en la reglamentación interna. Los tratados comerciales dan lugar a una mayor liberalización y la entrada de inversiones extranjeras. Algo que empeora la calidad de los servicios y excluye a mucha personas del acceso a ellos porque se vuelven demasiado caros.

Otro tema crucial es el acceso a medicamentos. El gran énfasis que pone la UE en el reconocimiento y cumplimiento de los Derechos de Propiedad Intelectual es incompatible con el derecho a la salud. Las medidas de Tailandia o India de emitir licencias obligatorias para los medicamentos clave o producir medicamentos genéricos, han generado gran revuelo entre la multimillonaria industria farmacéutica. 

8. Japón

Tras el acuerdo político alcanzado en julio de 2017, el 8 de diciembre de 2017 se anunció el final de las negociaciones del Acuerdo de Asociación Económica UE-Japón (JEFTA) y podría ser la mayor amenaza para las y los trabajadores en el sector metalúrgico en España. Especialmente en la industria del automóvil.

La Comisión pretende que el acuerdo entre en vigor antes de que finalice su mandato en 2019, después de la aprobación del Consejo y el Parlamento Europeo. Sin embargo, continuarán las negociaciones sobre los privilegios de los inversionistas y los tribunales de arbitrajes de inversiones. La mayoría de los capítulos están online y requieren todavía de un análisis exhaustivo.

La liberalización arancelaria ha sido un tema importante, especialmente en sectores como los automóviles y los productos agrícolas. Las principales compañías de Japón han presionado para eliminar los aranceles para los productos industriales y las normativas que enfrentan en la UE en los sectores automotriz, químico y de procesamiento de alimentos. Así que se han rebajado estándares de protección en los alimentos procesados y los productos químicos así como regulaciones en los servicios de telecomunicaciones y financieros.

Además, las multinacionales europeas obtendrán un mayor acceso a la contratación pública en Japón (incluidos los ferrocarriles).

Las aparentes diferencias entre el modelo de protección de inversión han sido una cortina de humo para justificar la separación del capítulo de inversión y lograr que el resto del acuerdo pueda ratificarse como un acuerdo exclusivo de la UE, y que ya no tenga que pasar por los parlamentos nacionales y regionales de la UE.

9. Vietnam

El acuerdo comercial entre la UE y Vietnam, un país mal llamado "en desarrollo" de más de 90 millones de habitantes (tres veces más que en Canadá), es muy similar al CETA. Los impactos señalados respecto a Singapur serían muy similares para Vietnam.

El tratado perjudicaría especialmente a la pequeña agricultura familiar, abriría el sistema eléctrico vietnamita a compañías europeas, pondría en peligro el acceso a medicamentos y asignaría al país el rol de exportador de productos de bajo valor agregado.

Vietnam ya absorbe una inmensa producción que se deslocaliza desde China por tener salarios más bajos. Igual que el CETA garantiza derechos exigibles a los inversores, pero no proporciona un mecanismo para sancionar a las empresas por incumplimiento de las normas sociales y medioambientales.

Vietnam y la UE han acelerado sus contactos. Están reestructurando el acuerdo para adaptarlo a la propuesta de separar las cuestiones de solución de controversias entre inversionistas y estados (ISDS) en un nuevo acuerdo además del acuerdo comercial. 

Otro punto de controversia será el debate sobre el capítulo de comercio y desarrollo sostenible (TSD) en los acuerdos comerciales. Un tema que surge por la presión de la sociedad civil para abordar los derechos laborales y las normas ambientales de manera más efectiva, y para imponer sanciones si no se cumplen los estándares acordados.

Aparentemente, el asunto se ha vuelto urgente para el acuerdo comercial entre la UE y Vietnam, donde el Parlamento Europeo ha amenazado con no ratificarlo a menos que el país asiático implemente las normas clave de OIT.

10. Australia y Nueva Zelanda

Según fuentes de la burbuja de la burocracia europea, no ha terminado aún la discusión sobre los mandatos de negociación con Australia y Nueva Zelanda que se preparan a puertas cerradas sin control parlamentario. Una vez acordados los detalles, debe ir al Coreper y luego ser adoptado por el Consejo de ministros antes del inicio oficial de las negociaciones.

Es ahora que el Congreso de los Diputados y el Senado deberían exigir al Gobierno español analizar, debatir y votar resoluciones para enmendar o rechazar dichos mandatos.

11. Hong Kong, Taiwán y China

En este semestre, la Comisión Europea pretende presentar dos mandatos para negociar tratados bilaterales de protección de inversionistas con Hong Kong y Taiwán, pero todo depende de cómo avancen las negociaciones con China, cuyo gobierno ha anunciado nuevas restricciones a inversores extranjeros. Algo que no ha gustado al ejecutivo comunitario.

12. El Gobierno español se pone del lado del gran capital

En diciembre, la secretaria de Estado de Comercio, Marisa Poncela García, escribió a la Comisaria de Comercio de la UE, Cecilia Malmström diciendo que España apostaría por mantener el capítulo de protección de la inversión en los acuerdos comerciales y "prefiere firmemente llevar a cabo negociaciones paralelas de acuerdos comerciales y de inversión, en particular con socios clave". Según la carta de Poncela, las negociaciones separadas "tienen el riesgo de reducir el alcance y la envergadura de la política de inversión de la UE" y advirtió contra "una pérdida de tracción en algunos de los expedientes más desafiantes".

Malmström, ha tratado de disipar las preocupaciones. En su respuesta, dijo que la separación de la protección de la inversión de la parte comercial de dichos acuerdos era necesaria para "poder ratificar y aplicar los acuerdos de comercio e inversión de la UE de una manera legítima y eficiente", una alusión a la situación de 2016 cuando la movilización social en Europa y concretamente en Bélgica consiguió que el Gobierno y el parlamento de Valonia retrasaron la firma del acuerdo comercial con Canadá.

Malmström añadió que, en su opinión, la UE es muy capaz de negociar acuerdos de inversión individuales, como lo hace actualmente con China y Myanmar, y que los países de la UE "negociaron tratados de inversión bilaterales independientes durante décadas".

13. Bruselas quiere un nuevo tratado comercial cada seis meses

Este año comenzarán las negociaciones con Chile para modernizar el tratado comercial existente desde 2000. Continúan igualmente las negociaciones con China, Marruecos, Túnez e Indonesia (la cuarta ronda de negociaciones acaba de pasar del 19 al 23 de febrero). Otros blancos son India, Malasia y Tailandia. 

Dos países preocupen especialmente desde el punto de vista de los derechos humanos: Filipinas y Birmania. “Si la situación política mejora (hay pocas probabilidades)”, dice el informe interno de la Comisión Europa, se finalizaría un tratado con Birmania/Myanmar y se reanudarían las conversaciones con Filipinas, gobernado por el presidente Duterte, quien ha lanzado una campaña de represión contra las drogas que se ha cobrado la vida de más de 6.000 personas en operaciones policiales directas, ha declarado la ley marcial en la provincia de Mindanao y ha amenazado con matar y decapitar a los defensores de los derechos humanos que critiquen sus políticas. 

En las esferas europeas no hay límites. Se busca finalizar el tratado de protección de inversión con Birmania/Myanmar (antiguo Burma), a pesar de la grave crisis de los derechos humanos. El año pasado más de 400.000 personas de la etnia rohingya huyeron a Bangladesh en una operación limpieza étnica planificada por el Gobierno de Myanmar.

Actualmente miles de rohingyas se encuentran fuera de sus hogares y se calcula que más de un millón de civiles permanecen en situación de desplazamiento interno o en países vecinos viviendo en campos de refugiados como efecto de las más de seis décadas de conflicto. El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas alertaba sobre la hambruna de la minoría musulmana afectando a más de 80.000 niñas y niños menores de cinco años.

En relación a Birmania, la preocupación por el carácter étnico del conflicto eclipsó las responsabilidades y los intereses en la zona. Las tierras asignadas a grandes proyectos agro-industriales han aumentado en un 170% entre los años 2010 y 2013. Asimismo, la nueva Ley de Tierras y la Ley de Inversiones Extranjeras de 2012, abrió las puertas al 100% del capital extranjero en el país y a periodos de arrendamiento de hasta setenta años para favorecer las grandes adquisiciones corporativas.

La anterior gran crisis vivida por la comunidad rohingya emerge durante este periodo y se ve representada en la actualidad por los desalojos masivos de pequeños campesinos y campesinas.
En los últimos años, el gobierno de Myanmar asignó 1.268.077 hectáreas en el área de los rohingya para proyectos agro-industriales. Es uno de los casos más graves de acaparamiento de tierras que afecta a la vida de millones de personas y comunidades en todo el mundo. Con millones de pequeños agricultores expulsados de sus tierras en Myanmar/Burma, es notable observar que sólo la religión ha capturado la atención mediática internacional.

En conclusión: la agenda de la UE agrava la crisis ambiental global y de los derechos humanos, dispara la pobreza y las desigualdades, especialmente en las regiones donde la guerra contra la vida se ha recrudecido dramáticamente en estos últimos años.