Derecho a la vivienda
Vecinas de Torrelodones demandan a la Comunidad de Madrid por “un cambio ilegal” en el régimen de su vivienda

A principios de mayo de 2023, en plena campaña preelectoral, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) admitió a trámite el recurso contencioso-administrativo que la Asociación de Vecinos Prado del Estudiante de Torrelodones presentó contra la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid. Más de 30 vecinas denunciaron que la constructora Avintia, por iniciativa del Ayuntamiento de Torrelodones, modificó en 2019 el régimen de sus viviendas protegidas que pasaron de ser de alquiler con opción a compra a solamente de alquiler. La Comunidad de Madrid ha sido la responsable en autorizar este cambio que según la asociación “ha sido ilegal” y que ha beneficiado a la constructora, sin tener en cuenta el burofax enviado por 50 vecinas poniendo en evidencia a la administración autonómica de esta situación.

En 2008 el Ayuntamiento de Torrelodones cedió suelo público a la empresa Acción Aragonesa de Viviendas para que construyera casas de alquiler con opción a compra. Para sorpresa de nadie, la burbuja explotó y la promotora quebró. El contrato pasó a manos de Avintia que construyó las viviendas una década después, con la condición de que tenía que hacer un cambio de régimen de uso, de ser alquiler de protección social con opción a compra tenía que pasar a únicamente de alquiler.

El 19 de julio de 2019, Avintia solicitó a la administración autonómica el cambio de régimen para quitar la posibilidad de compra de 171 viviendas, 39 de protección pública para arrendamiento con opción a compra (VPPAOC) y 132 viviendas de protección pública para arrendamiento con opción a compra joven (VPPAOCJ). La constructora cambió la tipología de las viviendas con el permiso del gobierno de Ayuso, a pesar de que las vecinas advirtieron en numerosas ocasiones sobre la ilegalidad de esto. Según la legislación de la Comunidad de Madrid el cambio de la tipología solo puede realizarse cuando se demuestra que no hay demanda. Es decir, Avintia tenía que probar que no había ninguna vecina interesada en comprar su vivienda.

“En la firma del contrato nos obligaron a firmar un papel ilegal en el que ponía que renunciábamos a la opción a compra”

“Tenemos los 27 mails de los vecinos interesados en hacer la compra y al principio nos dijeron que sí. Pero en la firma del contrato nos obligaron a firmar un papel totalmente ilegal en el que ponía que renunciábamos expresamente a la opción a compra. Si no lo hacíamos no nos daban las llaves de la casa. Yo ya había hecho la mudanza y no tenía a dónde ir. En ese momento tú firmas lo que haga falta porque tienes que entrar”, denuncia Susana Rubio, presidenta de la Asociación de Vecinos Prado del Estudiante.

Este cambio de régimen fue una solicitud del Ayuntamiento de Torrelodones a la constructora, registrada en el Pleno del 13 de noviembre de 2018, “para incrementar el parque de vivienda destinada al alquiler a largo plazo”. Desde la Asamblea de Vivienda de Villalba que están asesorando jurídicamente a las vecinas afectadas tienen dudas al respecto, “desde que estalló la crisis inmobiliaria, los fondos y las constructoras están apostando más por un modelo de construir para alquilar que de construir para vender. Es muy posible que la constructora también estuviese interesada en este cambio. No sabemos realmente si esta iniciativa viene del propio Ayuntamiento o de Avintia. Lo que está claro es que la constructora se dio una prisa enorme en cambiar la tipología a los dos días y la Comunidad de Madrid le dio barra libre”, afirma Mijail, integrante de la Asamblea.

Las ilegalidades que permitieron el cambio de régimen

La demanda de las vecinas se fundamenta en dos ilegalidades: la aplicación de un decreto que no era y una declaración falsa. La cédula de calificación definitiva de las viviendas estaba sujeta al amparo de dos decretos, el de 2005 y el de 2009, algo que no es posible. “Cuando nos dimos cuenta, fuimos a la Comunidad de Madrid, hicimos una corrección de errores y la administración nos dijo que finalmente estábamos en el de 2005. Pero la promotora ha estado cogiendo partes de un Decreto que le interesaba y partes del otro”, alega Susana.

La Comunidad de Madrid terminó por concederle el cambio de régimen a Avintia a través de una declaración responsable, a pesar de que esta solicitud está amparada bajo el Decreto de 2009, no así por el del 2005. En julio de 2022, las vecinas presentaron una solicitud de revisión de oficio para que la administración autonómica tomara cartas en el asunto e investigara las irregularidades del proceso y revocara la declaración responsable que era “falsa”. “Tardaron en contestar y nos dijeron básicamente que no iban a hacer nada, por eso demandamos a la Comunidad de Madrid, porque era quién debería haberlo parado”, aclara Susana.

Las irregularidades no terminan aquí. Según la Asociación, Avintia les hizo firmar otro documento para validar el contrato delante de la Comunidad de Madrid. “Yo no me fiaba y no firmé. Me fui a la Comunidad de Madrid y me respondió que en ningún momento requirieron la firma de un nuevo contrato. Muchos vecinos firmaron, en el papel aparecía la cédula de calificación definitiva en la que te hacías conocedora de que había habido un cambio de régimen de uso. Nos mintieron, falsearon la necesidad de ese nuevo contrato”, explica Susana.

“Avintia llegó a amenazar a vecinos con que si no firmaban les echaban de sus casas”

“Encima nos chantajearon porque a los que firmaban les regalaban un año más de contrato. Incluso, Avintia llegó a amenazar a vecinos con que si no firmaban les echaban de sus casas”, denuncia María Pérez, también de la Asociación de afectadas. De hecho, Susana cuenta que fue una de las amenazadas, “lo tengo por escrito, me dijeron que me tenía que ir de la casa si no firmaba el nuevo contrato y yo les contesté que les denunciaría”.

Cuando las viviendas de protección social dejan de ser sociales

Susana vive con su hijo de 21 años que todavía está estudiando, tiene un trabajo fijo como funcionaria por el que consigue poco más de 1.000 euros y destina más del 70% de su salario al alquiler. Cuando decidió apuntarse a esta promoción de viviendas protegidas su pensamiento era otro. “La publicidad que vimos era engañosa porque ponían viviendas a partir de 600 euros y pensé que subiría quince o cincuenta euros. Cuando entré a vivir la subieron a 700 y ahora con la inflación estoy pagando 750 euros. De vivienda social tiene poco, en mi casa solo hay un salario”.

María vive con su hija de 16 años y se deja el 80% de su salario en el alquiler. Aunque trabaja en la Administración Pública no tiene un puesto fijo

María Pérez también vive con su hija de 16 años y se deja el 80% de su salario en el alquiler, y aunque trabaja no tiene un puesto fijo. “Las consecuencias son claras. Hoy por hoy la vivienda está por las nubes. Cuando cuentas con poder comprar una casa en Madrid resulta que te lo frustran absolutamente. Ahora te ves en la calle en poco tiempo y habiendo pagado un dineral”, cuenta la vecina.

La Asociación también denuncia que el precio del alquiler no se ha corregido con el cambio de la tipología. “Nos están cobrando el alquiler como si fuera todavía de opción a compra, con lo cual están ganando a manos llenas. Por eso hay gente que a lo largo de estos años se fueron, ya no solo porque desistan, sino porque su situación económica ha empeorado, y más con la crisis de la pandemia”.

“Lo que llaman vivienda pública no es ni pública ni social, porque obedece a un modelo de colaboración público-privada donde los ganadores son los agentes privados"

Desde la Asamblea de Villalba, creen que “esto es un ejemplo muy bueno de que lo que llaman vivienda pública no es ni pública ni social, porque obedece a un modelo de colaboración público-privada donde los ganadores son los agentes privados, es decir, las constructoras y los fondos, y las que pierden son las administraciones y la ciudadanía en su conjunto, ya sea suelo o dinero públicos. En este caso, además, con una serie de ilegalidades que se han cometido, por eso lo denunciamos en los tribunales”.

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Miles de vecinas y vecinos de Madrid se enfrentan a un posible desalojo por no poder pagar el suelo donde se asientan sus casas, que el Ayuntamiento cedió a precio protegido en 1989.

Desde la Asociación vecinal piden que todo este procedimiento se declare nulo. De momento ya se ha admitido el recurso y ahora todo dependerá de los tribunales. Aunque creen que el contencioso saldrá adelante, aseguran que “recurriremos a donde haya que recurrir”. “Mi hija se ha criado aquí y es su entorno. Necesito vivir cerca de mi familia y por eso estoy aguantando”, cuenta María. “Queremos nuestro derecho a comprar nuestras viviendas. Tengo todas las esperanzas, sé que lo vamos a ganar”, sentencia Susana.

A principios de mayo, una encuesta del CIS anunciaba el sorpasso de la vivienda colándose en el ranking de las principales preocupaciones para la población española. Se posicionó en el número siete. Ni ETA, ni la “okupación”, ni Venezuela, en Madrid y en el conjunto del territorio español a la gente le preocupa sus casas. El próximo 28 de mayo la gestión del gobierno de Ayuso será evaluada por la ciudadanía madrileña, también su política de vivienda para las rentas más bajas, basada en las colaboraciones público-privadas de dudoso carácter social y, en el peor de los casos, cometiendo ilegalidades como ha ocurrido con las vecinas del Prado del Estudiante de Torrelodones.