Derecho a la vivienda
La prórroga del límite del 2% a la subida del alquiler enfrenta a los propietarios y a los sindicatos de inquilinos

El presidente Pedro Sánchez lo confirmaba el pasado 2 de junio: el Gobierno prorrogará otros tres meses, hasta el 30 de septiembre, el paquete de medidas lanzado para hacer frente a la crisis económica acentuada por la guerra de Ucrania. Entre las principales medidas prorrogadas, la limitación de subidas del alquiler al 2% es una de las más celebradas por las organizaciones de vivienda y también la más criticada por las patronales del sector.

Las asociaciones de propietarios y arrendadores, con la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval) a la cabeza, han mostrado su rechazo a esta ampliación y aseguran que están estudiando medidas legales para “reclamar compensaciones al Estado por el perjuicio causado por la intervención inasumible en las rentas”. Desde esta patronal consideran que “no es aceptable que se prorrogue una medida que se aprobó únicamente como una herramienta excepcional y acotada en el tiempo”. Según esta asociación de propietarios, “con esta medida se produce una transferencia de renta de los propietarios a los inquilinos injustificada”. Un estudio del portal inmobiliario Idealista cifraba en 560 millones de euros las “pérdidas” de los propietarios por este tope en sus tres primeros meses de aplicación. 

Desde esta patronal Asval consideran que “no es aceptable que se prorrogue una medida que se aprobó únicamente como una herramienta excepcional y acotada en el tiempo”

Para el Sindicat de Llogaters (inquilinos) de Catalunya, esta medida no hubiera sido necesaria si la actualización de los alquileres no estuviera vinculada directamente al IPC en la vigente ley de alquileres estatal. Mucho menos se tendría que recurrir a medidas de este tipo si ese límite del 2% ya estuviera recogida en la Ley de Vivienda en trámite —algo que por ahora no pasa— y si esa ley estuviera ya aprobada y en aplicación, algo que nadie espera en el corto y medio plazo. 

La prórroga de esta medida, señalan desde el Sindicat, “da un respiro a las familias inquilinas cuyos contratos cumplen anualidades en los próximos meses, pero sigue dejando en la incertidumbre a otras muchas”. Según esta organización, que cumple cinco años de vida, esta medida “llega tarde” ya que muchas familias que renovaron sus contratos hasta marzo ya han sufrido aumentos del alquiler de hasta el 9,8%.

El movimiento de vivienda lleva años mostrando su rechazo a una actualización de los alquileres en función del IPC: “No tiene ningún sentido que los alquileres aumenten de forma automática, mientras los salarios no lo hacen”

El movimiento de vivienda lleva años mostrando su rechazo a una actualización de los alquileres en función del IPC: “No tiene ningún sentido que los alquileres aumenten de forma automática, mientras los salarios no lo hacen”. Especialmente cuando el aumento de los costes energéticos —los que más han subido y han arrastrado el resto de precios— no tienen “repercusión alguna” sobre los costes del arrendador vinculados a la vivienda. Frente a esta situación crítica, en la que tres de cada cinco familias deben hacer un sobreesfuerzo para pagar su vivienda, el Sindicat de Llogaters insiste en la necesidad de aprobar una enmienda presentada para incluir este límite en la Ley de Vivienda.