Derecho a la vivienda
Emergencia residencial #46 y media

Vamos a empezar este larga crónica veraniega con una afirmación ‘edgy’: en la España de 2024 no hay crisis de vivienda. De haberla, es lo suficientemente exótica, rara y multiforme como para que no afecte al Gobierno. A ningún Gobierno. De Sánchez a Ayuso, de Barbón a Mazón, de Chivitea Bonilla, de Illa a Page (je).

Todos estos nombres lo que hacen es gestionar otra cosa. Algo que los activistas y políticos progresistas, con nuestro gusto por dar cuerda a muñequitos-eufemismo que luego adquieren vida propia, han o hemos llamado “emergencia residencial”. Tocamos a una por año: 47, como (casi) los años de la Constitución y como el número de su  famoso artículo sobre el derecho a la vivienda, estratégicamente situado por sus señorías fuera del ámbito de los derechos fundamentales. Como Lorca en Nueva York, esta emergencia tiene un rostro distinto cada día. No vas a tener una casa en tu puta vida. Stop desahucios. Stop titulizaciones. Alquileres justos. No a los alquileres temporales. No a los pisos turísticos. Fuera Desokupa.

Emergencias, y no crisis, pues. Porque con las emergencias uno se tropieza, tienen esa cualidad meteorológica. Se gestionan con tiendas de campaña y chalecos reflectantes, como las inundaciones o los incendios. En esta gestión los avances son pequeños pero históricos, acumulables, irreversibles, y a pesar de ello frágiles y preciosos: se venden no una sino todas las veces que haga falta. A veces, echando mano de la memoria de pez. Por ejemplo, cinco años después del acuerdo de investidura que lo consagraba, el tope de alquileres solo se aplica —es un decir: sigan leyendo— en Cataluña desde marzo.

Cinco años después del acuerdo de investidura que lo consagraba, el tope de alquileres solo se aplica (es un decir) en Cataluña

De Aragonés a Illa, de Chivite a Barbón, de Ayuso a Page, las autonomías de todos los colores políticos estudian, crean grupos de trabajo, dejan brechas normativas o se ciscan directamente en la regulación, subidas a la chepa de amplias coaliciones sociales y culturales que no compran la mercancía averiada de las políticas paliativas progresistas. Porque la crisis de vivienda, de emergencia en emergencia, para amplias capas de la sociedad de propietarios no es sino un accidente biográfico, el resultado molesto de un divorcio temprano o una muerte tardía y no de los tipos de interés, los infrasueldos o la nacionalidad. Los alquileres, mientras, cantan, vuelan, sueñan con ovejas eléctricas y aprenden a pasos agigantados como la Inteligencia Artificial.

Cuando la memoria de pez o el comodín Ayuso no es suficiente, el progresismo echa mano de la mentira dura, no interpretable, directa. Dentro Íñigo Errejón: el 11 de junio, el portavoz de Sumar se desmelenaba en sede parlamentaria. “Hemos logrado que ninguna familia se encuentre desprotegida por desahucios en ningún intervalo hasta 2028”.  Reseñamos y ponemos en cursiva la continuación porque no cuenta como diagnóstico ni como amenaza. Tiene importancia en sí misma, como frase: “Un logro necesario, pero insuficiente. El precio de la vivienda sigue siendo el principal problema en nuestro país y el PSOE tiene que ser consciente”.

Logros necesarios, insuficientes y falsos, pero avances históricos en una mejora siempre gradual: es el relato cansino de movimientos sociales y partidos a la izquierda del PSOE de 2019 en adelante. Y el PSOE, en consecuencia, tiene que ser consciente. Ustedes dirán, después de subirnos al tiovivo que sigue, si el cínico es el autor del artículo.

21 de mayo: la ministra Rodríguez, defensora de lo público y lo Botín

La frase más estomagante de este verano es de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. No, no es la que ustedes piensan. Esta la pronunció millones de años antes, es decir un mes y medio antes, en un acto con representantes del banco Santander. Decía así: “Como defensora de lo público, me enorgullece que nuestro país pueda garantizar y avalar el acceso a la vivienda de los jóvenes y de las familias”.

La ministra se refería al acuerdo, largamente deseado por Ana Patricia Botín, por el que el Gobierno de España básicamente avalará la parte de la hipoteca que no están concediendo los bancos, por acuerdos internacionales post crash inmobiliario que no vamos a explicar ahora, ni nosotros ni la señora Rodríguez. Lo que en este caso no es moco de pavo: 2.500 millones en avales vía ICO de aquí a 2025, que podrán pedir parejas con ingresos de hasta 73.000 euros al año. Al carro se han subido ya la mayoría de entidades tras años de demanda hipotecaria anémica y concentrada en tramos súper altos de renta que han generalizado el pago al contado. Si la iniciativa tiene éxito, se prorrogará.

Los alquileres, mientras, cantan, vuelan, sueñan con ovejas eléctricas y aprenden a pasos agigantados como la Inteligencia Artificial.

De momento, los 2.500 que el ICO pone a disposición del modelo propietarista en apenas dos años superan a todo lo presupuestado en el último Plan Estatal de Vivienda (1.400 millones, de ejecución además cuatrianual, y que ya de por sí incluye múltiples líneas de apoyo a la propiedad). El globo sonda propietarista, en medio de las discusiones eternas sobre los alquileres, nos acecha y encuentra difusores insospechados.

21 de mayo: el varapalo conservador a la Ley de Vivienda que tu locutor progre no conoce

Seamos generosos con el progresismo, pese a las trampas que continuamente se tiende: la sentencia del Tribunal Constitucional que se carga los artículos de la Ley de Vivienda que creaban algo así como un cinturón de seguridad para evitar la vuelta al mercado libre de la futura vivienda protegida no supondrá de por sí la posibilidad de que los fondos de inversión vuelvan a comprar vivienda pública. Hasta los sospechosos habituales (Madrid, o Andalucía, que fue el gobierno autonómico que metió el recurso de inconstitucionalidad del que hablamos ahora) habían legislado ya contra esa práctica.

No obstante, las autonomías seguirán teniendo carta blanca para establecer los periodos de descalificación que se les antoje, con lo cual la vivienda protegida sí podrá terminar (alerta: referencia cultural fuertemente boomer) donde siempre: si no en manos del Buitre Buitraker, sí del Lobo López, como ha venido siendo norma y no excepción. Importante, como veremos, porque la financiación para la llamada vivienda asequible la pondrán el Estado y la UE, pero su definición caerá allí donde las políticas progresistas de vivienda pierden su nombre: en las comunidades autónomas, de Barbón a Mazón, de Chivite a Illa, etc. ¿Sonaron mil clarines al aire de los despejadísimos cielos progresistas para alertar contra los posibles efectos de esta sentencia, como sí sonaron para celebrar el hito histórico ya borrado para siempre de la Ley de Vivienda? No, no sonaron.

Guía para no perderse en los avances y “coladeros” de la Ley de Vivienda

Martín Cúneo

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Derecho a la vivienda

Derecho a la vivienda Guía para no perderse en los avances y “coladeros” de la Ley de Vivienda

Martín Cúneo

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La Ley de Vivienda consensuada entre los socios de Gobierno incluye demandas históricas del movimiento social, pero también “está llena de agujeros” que hacen muy difícil que la norma sirva a su propósito.

Pablo Carmona Pascual “Las políticas progresistas de vivienda han muerto”

23 de mayo: el bloqueo al tope de alquileres que emocionó a Spielberg

Once días después de las autonómicas adelantadas, el Parlament tumba el decreto catalán de alquileres temporales, que venía a cubrir la principal brecha del control de rentas, que en los términos poco top de la Ley de Vivienda quiere decir en el mejor de los casos la posibilidad de rebajar el precio de la renta a niveles tolerables: 1) para un sueldo medio 2) solo en el caso de grandes tenedores (la minoría, y que cuentan con sus propios trucos para saltarse la LAU); y, 3) de mantenerlo a niveles intolerables, pero sin que suba mucho más, para la gran mayoría de inquilinos. Hasta legislación tan timorata ha quedado hecha trizas en Cataluña por los consabidos alquileres temporales. El PSC se abstuvo alegando prisas en la redacción del decreto que los ataba a la regulación en zonas tensionadas.

El  siempre lúcido Arturo Puente interpretaba así el bloqueo a la norma a la luz de los resultados del 12 de mayo:

La votación de hoy sobre la regulación del alquiler de temporada consigue a la vez resumir la legislatura que acaba y clarificar la que entra. Todos (todos, ¿eh?) los partidos que han apoyado este decreto perdieron votos el 12M. Y no pocos: como bloque perdieron el 40% de escaños

— Arturo Puente (@apuente) May 23, 2024

24 de mayo: primer aniversario de la Ley de Vivienda del Gobierno de coalición.

Ok.

6 de junio: hipotecas algo más baratas: Españita contiene la respiración

El Banco Central Europeo baja los tipos de interés un cuarto de punto, hasta el 4,25%. La primera bajada en dos años comienza a alentar esperanzas en el sector inmobiliario de un repunte en la compraventa de viviendas. Por su parte, la Reserva Federal norteamericana se mantiene más prudente y no espera rebajar los tipos hasta la vuelta del verano. En estos dos años, los bancos ni han sentido el impuesto especial del Gobierno gracias en parte a esta bonanza caída del euribor. Además, la fortaleza del empleo ha evitado una espiral de aumento de la morosidad y las ejecuciones hipotecarias similar a la vivida en 2008: ambas siguen su goteo incesante, pero nada parecido a una crisis sistémica. Veremos qué pasa. 

9 de junio: ¿Elecciones europeas? Rápido, hablemos de vivienda

En la campaña, el progresismo y la izquierda de todas las gradaciones intentan situar el problema de vivienda en el marco del ascenso de la extrema derecha, según una lógica persistente, de resultados pobres y, para el caso, algo misteriosa: allí donde se ha observado una correlación ha sido en países mucho más avanzados en vivienda social. Mucho que matizar y que investigar ahí. Con todo, determinadas interpretaciones de la esfera progresista española reinciden en la sospecha frente a las clases bajas (o, de manera aun más explícita: los excluidos del acceso a la vivienda) como posible zona cero del incendio ultra en España. Mal negocio y sobre todo, mal ojo, como el verano se encargará de demostrar. Von Der Leyen sale de campaña recogiendo el guante de los progresistas y prometiendo más dinero europeo para políticas de vivienda.

11 junio: Intrahistoria de un bulo sobre desahucios

El mismo día de las declaraciones de Errejón en el Congreso, el CGPJ publica las cifras de desahucios judiciales ejecutados del primer trimestre de 2024: un 12,8% más que en el mismo periodo de 2023. Ya es mala suerte. Las declaraciones de Errejón hacían referencia a la prórroga de una medida antidesahucios en marcha desde 2013 (con el PP en el poder) que caduca cada cuatro años. En 2024 tocaba, y se prorrogó hasta 2028. Afecta a hogares hipotecados a quienes servicios sociales y juzgado consideren “vulnerables”. 

Lo que había pasado en realidad es aún menos edificante, y dice mucho, y nada bueno, sobre la política social y comunicativa progresista. Meses después de su salida del grupo parlamentario de Sumar, Podemos llevó su política de tensionamiento del Gobierno hasta un punto de cierta crisis, al anunciar en enero que votaba en contra del decreto de reforma del subisidio de desempleo por incluir recortes en la sobrecotización de los parados de larga duración mayores de 52 años. Sí, ustedes recuerdan ese partido, que acabó ganando Podemos por goleada.

Como paralelamente se votaba la renovación de las medidas del escudo social, y como EH Bildu le ganó ahí la partida a los de Belarra pactando por su parte con el PSOE una prórroga para todo el año 2024 de las medidas antidesahucios de alquileres —con Ione Belarra en el Gobierno, se habían venido prorrogando semestralmente desde 2020—, Podemos tuvo que justificar su apoyo al decreto diciendo en un canutazo frente al Congreso que había arrancado al PSOE una prórroga aún mayor: hasta 2028.

No solo no era cierto —esencialmente, hablamos de prórrogas distintas—, sino que el PSOE olvidó su compromiso (o no hubo tal compromiso) y la prórroga hipotecaria solo entró en el último minuto en el Consejo de Ministros previo a su caducidad definitiva el 15 de mayo. Alguien en la oficina de Errejón no se enteró, o no se dió por enterado, y semanas después contribuyó a aumentar en varios decibelios el gran ruido que reina con todo lo relacionado con la vivienda mezclando prórrogas, confundiendo casuísticas y sí, mintiendo. Hay dos medidas, una hipotecaria, caduca en 2028, otra de alquileres, caduca en 2024. Y miles de desahucios judiciales ejecutados cada año. 

El mismo día de las declaraciones de Errejón en el Congreso, el CGPJ publica las cifras de desahucios judiciales ejecutados del primer trimestre de 2024: un 12,8% más. Ya es mala suerte

20 junio: la vivienda, segunda preocupación en el CIS

El barómetro del CIS, efectuado mediante 4.011 entrevistas entre el 31 de mayo y el 6 de junio, sitúa a la vivienda como segunda preocupación de los encuestados, por detrás de los problemas políticos en general. El centro dirigido por Tezanos no incluye en la respuesta abierta la posibilidad de explicar si el problema es que la vivienda no ha subido aún lo suficiente. 

21 junio: Collboni saluda con sombrero ajeno y se carga el 30% de Colau

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni (PSC) anuncia que para 2028, 10.000 pisos turísticos serán historia en Barcelona. En el mismo pleno, Collboni anuncia los avances en la normativa que sustituirá a la medida por la que, desde 2018, el 30% de las nuevas edificaciones en la ciudad, o en su caso el 30% de las operaciones de rehabilitación, deben destinarse a vivienda protegida. El primero es un anuncio amparado en la normativa autonómica catalana, pero no aplicable hasta finales de 2028 y por tanto fuera del actual mandato de Collboni. El segundo es una contra-medida frente a una de las normativas estrella del periodo de Colau, cuyo alcance desconocemos y nos abstenemos de juzgar. Sí, 2028 está muy, muy lejos.

23 de junio: incendio provocado contra el movimiento de vivienda

Un incendio provocado calcina la sede del Sindicato de Inquilinos de Tenerife. El Sindicato responsabiliza a la empresa de desahucios extrajudiciales EZ Property Solutions.

29 junio: miles de personas se manifiestan en Málaga contra el turismo masivo y la  carestía de los alquileres

1 de julio: el doble suicidio de Barcelona y el desahucio de Entrevías

Dos eventos relacionados con desahucios, de impacto desigual pero verificable en la opinión pública. El primero, el suicidio de dos hermanas que iban a ser desahuciadas en Barcelona. El segundo, el desalojo de una familia en una infravivienda de Entrevías (Madrid). Ambos desahucios eran por impago de alquiler, ambos por caseros particulares. En el caso de Entrevías, la vivienda —apenas un trastero a pie de calle— era propiedad de un profesor universitario militante del Partido Comunista de España (PCE) y experto en procesos de paz.

2 de julio: España, en el top 10 de mayor subida de la vivienda en la Eurozona

La oficina estadística de la Unión Europea, Eurostat, sitúa a España entre el top 10 de países de la eurozona donde más creció el precio de la vivienda en el primer trimestre de 2024: +6,4%, frente al conjunto de la eurozona donde bajó un 0,4%. Se distinguen dos bloques: en los países centrales del euro (Alemania y Francia, junto con Italia) la vivienda baja con fuerza, mientras en los países del Este, más España y Portugal, las subidas comienzan a acercar los precios a los máximos de la burbuja inmobiliaria de los 2000.  

3 de julio: reuniones han sido mantenidas

La ministra Isabel Rodríguez anuncia el resultado de un grupo de trabajo ministerial sobre los alquileres temporales. Esto, así aislado, no dice nada. Algunas organizaciones por el derecho a la vivienda expresan su enojo por haber estado marginadas de estas conversaciones. Insistimos, no es importante. Lo importante es cómo rebota este anuncio en otro titular veraniego del 31 de julio. Ánimo, ya queda poco verano y poco artículo. En el momento de este anuncio, Rodríguez dice en Málaga la que posiblemente sea la única frase cierta de todas las citadas en este texto, o en cualquier texto: si suben tanto los alquileres, quién nos va a limpiar los zapatos. O las casas. Algo así. 

6 de julio: Camarero, hay un nativo en mi granissat de toronja

La manifestación contra la turistificación en Barcelona se difunde internacionalmente con fotos de turistas que ven interrumpido su tentempié por grupos de manifestantes que se les encaran. Desde el 20 de abril, cuando la manifestación de Islas Canarias adquiere rasgos de masividad y de indignación social transversal frente al fenómeno del monocultivo turístico, se habrán producido protestas metropolitanas en Girona, Palma, Cádiz y Málaga, Barcelona, y marchas barriales como la de Lavapiés (Madrid).

24 de julio: un plan Viena sin rojos y con 4.400 casas menos

Sareb recorta en 4.400 viviendas el alcance de lo que ha llamado Plan Viena. Establecida fuertemente en la mente progresista (vía Jordi Évole, por supuesto) como el ejemplo de lo que debe ser una política de vivienda, pero sin ninguno de sus elementos históricos como un movimiento obrero  y sindical fuerte, el banco malo usa el nombre de la capital austriaca para vender su plan de construcción de hasta 10.400 viviendas de alquiler en suelos de su propiedad, mediante acuerdos con constructores privados que explotarán esos futuros alquileres por 70 años. Algo así como un Zendal –el pseudo hospital construido a toda prisa por Ayuso durante la pandemia mediante colaboración público-privada— llevado a la vivienda y sin indignar a los progres.

Vivienda en Viena: la ambición de Hugo Breitner

Manuel Gabarre

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Derecho a la vivienda

Historia Vivienda en Viena: la ambición de Hugo Breitner

Manuel Gabarre

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El ayuntamiento de Viena construyó más de 66.000 nuevas viviendas entre los años 1923 y 1934 que alojaron a unas 200.000 personas. La fórmula del éxito se basó en un secreto: los impuestos progresivos.

La cifra que venía dando el Gobierno desde el anuncio de Pedro Sánchez en plena campaña electoral en las municipales de 2023 era de 15.000 viviendas, dentro de un conjunto de 50.000. Sin embargo, ahí siguen esas 4.400 viviendas fantasma incluidas en todos los recuentos oficiales de futura vivienda asequible. Completan el listado virtual de 50.000 viviendas 14.000 viviendas ya habitadas que siguen sometidas a su eventual venta en el mercado antes de 2027 y 21.000 viviendas (en diferente estado de deterioro) para su reventa a las Comunidades Autónomas, reventas que siguen sin concretarse un año después del anuncio de Sánchez. El presidente de Sareb, Javier Torres, ha cuestionado públicamente que las administraciones públicas tengan capacidad para gestionar esas viviendas y ya apunta a una futura gestión público-privada del parque remanente de peor calificación aun en manos del banco malo.

29 julio: Más números, otras letras

El Gobierno añade otras 43.000 viviendas a su previsión de 180.000 viviendas asequibles, en realidad un listado amorfo, mutante y en continua ampliación virtual (ver entrada de Sareb del 24 de julio), que ha convertido cualquier información y monitoreo sobre anuncios oficiales relacionados con construcción de vivienda protegida y/o social en un campo de minas. Economía financiará proyectos, tanto de promotores públicos como privados, de construcción de vivienda para alquiler llamado asequible, con hasta 6.000 millones de euros (de los que 2.000 son avales sobre estos mismos préstamos).

La opción escuadrista que hemos visto en Tenerife y en el SUP es aún poco más que una  plataforma para el networking, la promoción personal y política de un puñado de emprendedores delincuentes

La miga: la etiqueta asequible tendrá fecha de caducidad de 50 años. Lo cual nos dice que, mucho antes de la sentencia del TC, el Gobierno ya contaba con saltarse su propia Ley de Vivienda que establecía periodos indefinidos de protección pública. Estos seismilmillones de dinero principalmente NextGeneration podrán financiar por tanto vivienda asequible versión Ayuso (las casas del madrileño Plan Vive se caen ya a trocitos), o versión Illa: lean, lean.

31 de julio: Illa tendrá acceso a una máquina del tiempo

Más anuncios. Los Comuns, que no habían salido en la foto del culebrón veraniego, plantean sus condiciones para investir al president Illa. Albiach habla de legislatura de la vivienda. Se anuncia la promoción de 15.000 viviendas protegidas en cuatro años (la Generalitat ha entregado 500 en diez años). Además, Cataluña va a perder la calificación de protegida de hasta 43.000 viviendas de aquí a 2030, y el acuerdo habla de prorrogar la calificación del parque protegido que esté localizado en municipios que hayan sido declarados zona tensionada (140 en Cat, que reúnen a la mayoría de la población, y cuya ampliación a 271, aún pendiente del okey ministerial, se anunció en abril), mientras dure la declaración de zona tensionada. Una fuente consultada por este redactor indica que la medida sería novedosa y jurídicamente complicada, pero no imposible.  

La gran tomadura de pelo: acuerdo con Illa para cambiar la LAU y que esta regule los alquileres temporales. Dos temas: no está muy claro que esto sea una buena idea (regular aquello cuya legalidad es dudosa tiene otro nombre: legalizar), y sobre todo, esta ley no se cambia en las Corts, sino en las Cortes. Lo cual además de tomadura de pelo supone remitirse a la entrada del 3 de julio, a la ministra Rodríguez y sus grupos de trabajo. No hacía ni tres meses que el PSC se había cargado la regulación catalana junto con Junts (dentro del govern Illa, con un conseller que aportará humanismo cristiano, ha dicho el del PSC), PP y Vox.

3 de agosto: lo del SUP

Vamos terminando. La empresa escuadrista Desokupa firma un acuerdo de formación con el Sindicato Unificado de Policía. Entre reacciones y ramificaciones se ha escrito casi tanto de esto como de todos los demás elementos de este artículo juntos. Dejémoslo en que estas manifestaciones dan una pista: el progresismo gestiona la crisis como emergencia, y alerta del problema de la extrema derecha —basa en ello, de hecho, toda su política electoral—, pero no termina de creerse ni una ni otra.

Teme a la ruptura del statu quo más que a la propia crisis de vivienda que tanto dice preocuparle. O traducido, aunque me temo que igual de críptico: como dice Pablo Carmona, el progresismo sigue apostando a que el sindicato del pueblo, el sindicato de la clase media, sea el Estado.

Pero entre medias, las clases propietarias versión Lobo López se pueden pasar en serio y en masa a su propio sindicato. La opción escuadrista que hemos visto en Tenerife y en el SUP es aún poco más que una  plataforma para el networking, la promoción personal y política de un puñado de emprendedores delincuentes: una extensión de la vieja economía social de la extrema derecha, un paso más allá de los gimnasios para maderos y las librerías para nazis. La tensión entre su integración y su política outsider se decidirá en medio de las crisis políticas y sociales para las que tendremos que desarrollar nuestras propias herramientas, nuestros propios análisis y nuestra propia defensa.