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Derecho a la vivienda
Los alquileres suben un 65 por ciento en Mérida en una década mientras su Alcalde rechaza regular el mercado
El precio del alquiler ha subido en Mérida un 6,2 por ciento el último año, según el portal inmobiliario Idealista, quien analiza el precio medio de los alquileres “a través de la tecnología de idealista/data: tecnología para el análisis inmobiliario”, con la que “se calcula una estimación mensual del precio promedio residencial de la oferta viva en Idealista”.
Una subida que se suma a la tendencia de la última década, donde, según este portal, el precio de los alquileres en Mérida se ha encarecido un 65 por ciento, desde los 4,3 €/m² de media que costaba en diciembre de 2014 hasta los 6,9 €/m² que cuesta en diciembre de 2024. O lo que es lo mismo, el alquiler medio de un piso de 90 m² (el más común en la capital extremeña entre los que se suelen alquilar según el Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler de Vivienda del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana) se encuentra actualmente en los 621 euros, cuando hace tan solo una década el precio estaba en 387 euros de media.
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Por tanto, mientras que el salario bruto medio ha subido un 20,6 por ciento en la Comunidad, el precio del alquiler lo ha hecho el triple en la capital, suponiendo mucho más para los inquilinos en su salario el alquiler que hace una década.
Sin embargo, su Alcalde, el socialista Antonio Rodríguez, rechazaba la semana pasada intervenir el mercado para bajar los precios del alquiler, en unas polémicas declaraciones vertidas en una entrevista: “No hay que regular el mercado del alquiler, sino pagar salarios dignos”, afirmaba, a pesar del enorme encarecimiento de los alquileres que se ha producido en la capital desde que él es el regidor local (2015).
Con esta postura, el alcalde del PSOE se alinea con la postura de las derechas, PP y Vox, de no intervenir el mercado y de dejar el derecho a la vivienda en manos de la mano invisible. Sin ir más lejos, el Gobierno de María Guardiola, se negó el pasado mes de marzo a declarar zonas tensionadas del mercado del alquiler en Extremadura y a aplicar el índice de precios de alquileres aprobado por el Gobierno estatal de coalición. Por su parte, Vox a nivel nacional ha rechazado la Ley de Vivienda del Gobierno argumentando que “contiene medidas intervencionistas en el mercado del alquiler como el control de precios”.
Mientras que el salario bruto medio ha subido un 20,6 por ciento en la Comunidad, el precio del alquiler lo ha hecho el triple en la capital
Las declaraciones de Rodríguez Osuna no se quedaron solo ahí sino que presumió en la entrevista de haber comprado y vendido una Vivienda de Protección Oficial: “Yo empecé viviendo en una vivienda de protección oficial, que luego la compré definitivamente. Y ahora la he vendido para irme a otro sitio”. Osuna informó en su declaración de bienes poseer al 50 por ciento dos vivienda, una valorada en 119.246 euros y otra en 101.755, ambas hipotecadas.
Además, el alcalde emeritense lanzó un guiño a los apartamentos turísticos, a pesar de que es la segunda ciudad con más apartamentos turísticos de Extremadura (204), solo por detrás de Cáceres (236): “Aquellos apartamentos turísticos legales, que rehabilitan edificios, que pagan sus impuestos, que generan trabajos, que impulsan la economía... son una oportunidad y no un problema”, decía Rodríguez Osuna.
Unidas por Mérida pida declarar a la ciudad Zona de Mercado Residencial Tensionado
Unidas por Mérida, confluencia de IU, Podemos y Alianza Verde, ha sido el único partido de la oposición en oponerse a estas palabras de Rodríguez Osuna. En una nota de prensa han criticado que “son unas declaraciones lamentables ya que posicionan al gobierno municipal del lado de los intereses de los sectores inmobiliarios y de los rentistas, que son los que fijan, de manera abusiva, los precios de alquileres de vivienda, escudándose en lo que eufemísticamente identifican como ‘mercado’”.
De esta forma, Unidas afirma “desconocer los intereses empresariales de los miembros del equipo de gobierno, y por qué se ponen del lado de esos intereses inmobiliarios, debiendo gobernar para todos los sectores sociales de la población de la ciudad”.
Unidas afirma “desconocer los intereses empresariales de los miembros del equipo de gobierno, y por qué se ponen del lado de esos intereses inmobiliarios, debiendo gobernar para todos los sectores sociales de la población de la ciudad”
La formación de izquierdas ha acusado al socialista de “lobista”: “En una democracia, ningún representante público se debe poner del lado de unos intereses comerciales concretos, en este caso inmobiliarios, haciendo ‘lobby’ para ellos, y es intolerable que lo haga en referencia a la vivienda de uso habitual, que es un bien básico y un derecho constitucional”.
Por contra, la confluencia de izquierdas ha exigido al gobierno local socialista que aplique la Ley de Vivienda estatal y declare la ciudad como zona tensionada: “En contra de lo que ha declarado el alcalde, existen ya mecanismos legales con la actual ley de vivienda para poder solicitar al actual gobierno autonómico, competente en la materia, que se inicie el procedimiento para declarar nuestro municipio como Zona de Mercado Residencial Tensionado y poder poner en marcha la serie de medidas que correspondan para reducir los precios y así ayudar a las familias de nuestra ciudad a garantizar su derecho a la vivienda y estabilizar la realidad habitacional de nuestros vecinos y vecinas”.