Derecho a la vivienda
Alquilar en Barcelona ya no es de jóvenes

En los últimos cinco años, el mercado de la vivienda en Barcelona ha experimentado un proceso de “polarización social”. No solo ha aumentado el porcentaje de población que vive de alquiler sino que, al contrario de lo manifestado en múltiples declaraciones políticas y artículos en prensa, ya no es reducto transitorio para población joven de clase media, a la espera de que la casa familiar se quede vacía. 

La encuesta realizada por el Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA por sus siglas en catalán) hecha pública el 10 de mayo revela un envejecimiento progresivo de la población inquilina y una escasa movilidad hacia otras modalidades, en especial hacia el régimen de propiedad. El informe Generación inquilina, basado en más de mil entrevistas, refleja una “gran brecha” donde casi la mitad de la población en la capital catalana vive de alquiler, muchas veces en condiciones de inestabilidad, desahucios invisibles, precariedad vital y escasas perspectivas de mejorar su situación.

El informe de IDRA refleja una “gran brecha” donde casi la mitad de la población en la capital catalana vive en condiciones de inestabilidad, desahucios invisibles, precariedad vital y escasas perspectivas de mejorar su situación

Este estudio, señala Jaime Palomera, codirector de IDRA y uno de los fundadores del Sindicat de Llogaters de Catalunya, no solo es una radiografía de las condiciones de vida de la población inquilina en Barcelona sino que alerta sobre unas dinámicas que ya se están dando en otras ciudades españolas. “Lo cierto es que Barcelona marca tendencia, es un referente de las dinámicas del mercado del alquiler y el sector inmobiliario suele experimentar con ella. Lo estamos viendo con el alquiler de temporada, que está extendiéndose a gran velocidad, y pronto veremos cómo en Madrid aparecen edificios enteros dedicados a residencias de estudiantes o a nómadas digitales”, explica.

La primera evidencia de esta “gran brecha” es que el alquiler gana posiciones frente a otros regímenes habitacionales y ya representa en Barcelona el 42% del total de viviendas. La segunda, que ya no se trata en exclusiva de población joven. De hecho, el informe confirma un cambio de tendencia: la mayoría de la población que vive de alquiler ya tiene más de 35 años. Según destacan desde IDRA, hay tanta gente entre 35 y 40 años viviendo de alquiler como gente de 40 a 45. Se trata, define Palomera, de “dos generaciones inquilinas que no tienen perspectiva de dejar de vivir de alquiler”. 

Y si tienen pocas perspectivas de cambio es, entre otras razones, porque no van a heredar una vivienda. Siete de cada diez personas no prevé heredar nada parecido a un piso, mientras que el 20,5% cree que podrá aspirar a heredar, como mucho, una habitación. El 8,4% restante espera contar con más de dos habitaciones cuando fallezcan sus allegados.

Pero esto no es todo. De ese 28,9% de la población barcelonesa que prevé heredar una vivienda, solo uno de cada diez lo hará en exclusiva, sin tener que compartir el piso con otros herederos o herederas. El 83,7% de las personas que creen que heredarán un piso tendrán que compartirlo con al menos otra persona coheredera.

Cuatro de cada diez personas que viven de alquiler confiesan que fueron forzadas a dejar su vivienda por el aumento de los precios dentro de la modalidad de desahucios invisibles

Estas dos generaciones de inquilinos, cuenta Palomera, representan una población que está envejeciendo y queda encadenada en contratos cortos sucesivos: el 70% de las personas entrevistadas no ha conseguido vivir más de cinco años en el mismo piso, una “locura” producida por la libertad de los propietarios para expulsar a los inquilinos sin causas justificadas, algo que obliga la normativa de otros países vecinos.

Esta licencia para especular con la vivienda —que la Ley de Vivienda no ha corregido—, se traduce en el crecimiento de los llamados “desahucios invisibles”, aquellos que se producen sin orden judicial pero motivados por la incapacidad del inquilino de seguir pagando unos precios que en la ciudad han subido más del 50% en los últimos años. Cuatro de cada diez personas entrevistadas confiesa que fue forzada a dejar su vivienda por este tipo de desalojos.  

Sin embargo, incluso en los “cambios voluntarios” de domicilio puede haber desahucios invisibles, matiza Palomera. Es habitual, explica este investigador, que la gente que vive de alquiler “naturalice formas de expulsión” o que normalice que no puede vivir donde le gustaría por el aumento de los precios y que se vea obligado a mudarse a zonas donde el alquiler es más barato.

Otra de las bases de esta gran brecha es la continua expulsión y degradación de las condiciones de vida de los hogares que alquilan. Prueba de ello es que siete de cada diez cambios de domicilio realizados por las personas entrevistadas se realizaron a barrios de igual o menor renta. 

Entre los factores que explican esta realidad de expulsión de la población inquilina a barrios de menor renta destaca el aumento del precio generalizado en la ciudad. Unos incrementos que se ven  acentuados en aquellas viviendas gestionadas por agencias inmobiliarias. En los pisos donde el propietario tiene un trato directo con el inquilinos, el precio del alquiler aumentó un 31% en los últimos cinco años. Mientras, en los casos en los que el trato es exclusivo con la agencia, sin ningún tipo de contacto con el propietario, el incremento del precio llegó al 46,6%.

El aumento de precio también varía si el casero es un gran tenedor o un pequeño propietario. En los bloques de propiedad vertical, con un solo gran tenedor, los precios aumentaron casi el 50%, 15 puntos más que en los edificios de propiedad horizontal, donde generalmente hay muchos pequeños propietarios.