Derecho a la vivienda
Admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad de 50 senadores del PSOE contra la Ley de Suelo de Madrid

El pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de cincuenta senadores del Grupo Parlamentario Socialista contra la modificación de la Ley de Suelo de la Comunidad de Madrid.

El recurso había sido presentado el 15 de enero contra la Ley 1/2020 por la que se modifica la Ley 9/2001. Los socialistas denuncian “la existencia de vicios en el procedimiento de aprobación de la Ley, determinantes de su inconstitucionalidad” y consideran que en su aprobación “se han vulnerado los derechos fundamentales de la minoría parlamentaria al impedirles el ejercicio de su actividad legislativa, con afección del núcleo esencial de su función representativa parlamentaria”.

Los socialistas denuncian “la existencia de vicios en el procedimiento de aprobación de la Ley, determinantes de su inconstitucionalidad”

La decisión de presentarlo, con la intención de dejar sin efecto la nueva Ley, se había tomado tras una reunión entre la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, con Ángel Gabilondo y Ander Gil, portavoces del partido en la Asamblea de Madrid y el Senado, respectivamente. Desde el PSOE de Madrid se cuestionaba “la decisión de la mayoría, formada por PP, Ciudadanos y Vox, para impedir el ejercicio del voto por parte de cerca de la mitad de los diputados para tramitar la Ley mediante el procedimiento de lectura única (sin posibilidad de presentar enmiendas) y para modificar de manera unilateral y antirreglamentaria el Orden del Día de la sesión plenaria correspondiente”.

La Ley recurrida permite liberalizar el sector urbanístico y suprimir la mayoría de las licencias por un mecanismo de “declaración responsable”

La Ley aprobada por el Gobierno de Ayuso permite liberalizar el sector urbanístico y suprimir la mayoría de las licencias.  “Si promovemos un contexto óptimo para las empresas, estaremos generando las oportunidades necesarias para que puedan seguir siendo un foco generador de riqueza y empleo”, destacó en la sesión del 1 de octubre la consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, Paloma Martín.

A cambio de las licencias y con la excusa de “aumentar la competitividad y productividad en los sectores que favorecen el empleo”, la Ley establece un mecanismo de “declaración responsable”. “Vamos a suprimir todas las licencias urbanísticas excepto las estatales y las vamos a sustituir por declaraciones responsables. De esta manera, estas licencias que se otorgaban en 12 meses se pueden hacer de inmediato para que tanto los ayuntamientos como particulares no estén perdiendo el dinero ni el tiempo”, explicó a los medios la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

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La Ley incluso, descarta la necesidad de una declaración responsable “todas aquellas obras y actuaciones urbanísticas de menor entidad, como el cambio de instalación eléctrica, de gas o aire acondicionado, la sustitución de alicatados de baños y cocina y el cambio de puertas y ventanas, entre otros”.

Con esta medida, el Tribunal Constitucional resuelve dar traslado de la demanda y demás documentos del Congreso de los Diputados, al Senado, al Gobierno, a la Comunidad y Ayuntamiento de Madrid para que en un plazo de 15 días puedan personarse en el proceso y hacer las alegaciones que considere pertinentes.