Violencia machista
Madrid acreditará la condición de víctima de violencia de género sin denuncia, como ya hacen Galicia y Navarra

Devastada. Bloqueada. Anulada. Con sentimientos de culpa o estrés postraumático. Es habitual que una víctima de violencia machista no esté en su mejor momento cuando da el primer paso para salir del círculo de violencia en pareja. Y es justo en ese momento cuando el sistema le pone una condición para abrir las puertas a algunos recursos necesarios para su recuperación: interponer una denuncia.

“Yo abogo por que la concesión de ese título habilitante que supone el acceso a los derechos que reconoce la Ley Integral no dependa de una denuncia o una orden de protección, sino que baste un informe técnico”,  explica María Gavilán Rubio. Sabe de lo que habla. Gavilán es jueza y profesora de Derecho Penal. En su intervención como experta en la subcomisión del Pacto de Estado contra la Violencia de Género llamó la atención sobre algunas contradicciones que afectan a la concesión del “título habilitante”, que reconoce la condición de víctima de violencia de género.

“No se trata de conceder el título al tuntún, sino de que un médico, psicólogo, los servicios sociales o un profesor, en el caso de menores, puedan acreditar que una mujer sufre violencia de género”, argumenta. Porque las mujeres que acuden a un juzgado se enfrentan a una difícil situación en la que no siempre están preparadas para seguir adelante, máxime cuando se les exige declarar contra la persona con quien han mantenido una relación.

“En mi última guardia atendí a una mujer que decidió acogerse a su dispensa de no declarar y, en muchos casos, no hay más elemento probatorio que su declaración”, explica. Gavilán plantea que la denuncia debe formar parte de un proceso en el que las víctimas puedan decidir si quieren denunciar cuando se sientan empoderadas, respetando sus ritmos.

“No estoy diciendo que las víctimas estén desamparadas, porque de hecho se las está atendiendo; pero es importante modificar la ley”, explica. De hecho, ya hay comunidades que conceden ese “título habilitante” con un informe técnico gracias a sus leyes autonómicas. Es el caso de Galicia o Navarra. A la lista se sumará próximamente la Comunidad de Madrid, gracias a la modificación de dos artículos de la Ley contra la Violencia de Género autonómica. En el País Vasco, donde existe una ley de Igualdad con algunos artículos relativos a violencia de género, pero no una ley específica, se trabaja en concretar algunos cambios para ajustarse al mandato del parlamento autonómico.

Para Francisca Guisado, trabajadora social en el Ayuntamiento de San Fernando de Henares y que atiende desde los años 90 a víctimas de violencia de género, la modificación de la ley madrileña es “fundamental” y supone ser sensible a las particularidades de la violencia de género en pareja o expareja.

Porque el planteamiento actual, dice Guisado, no respeta el ritmo del proceso de recuperación de las mujeres. “Cada proceso es diferente y cada mujer tiene unos ritmos para salir de ese infierno que ha vivido; el itinerario no puede ser el mismo para todas”, asegura. “La violencia machista es una vulneración de derechos y tiene que ser denunciada, pero tiene que serlo cuando la mujer está preparada para ello y pueda tomar libremente esa decisión”. 

Tanto Guisado como Gavilán coinciden en que la Ley Integral de 2004, que fue un referente y que consideran una herramienta indispensable en la lucha contra la violencia de género, necesita catorce años después algunos retoques. Y uno de esos cambios pasa por modificar los mecanismos de concesión del título habilitante.

Un dato justifica la necesidad de esa revisión para Gavilán. En 2015, la Macroencuesta de violencia contra la mujer del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad reveló que el 65% de las víctimas de violencia de género no denuncian su situación. La misma encuesta refleja que solo el 1,44% de las denuncias por violencia de género fueron interpuestas por familiares o amigos, pese a que el 84% de las víctimas aseguró que alguna persona de su entorno conocía la situación de maltrato.

¿Por qué muchas mujeres no denuncian? Los datos que recoge esta macroescuesta dan algunas pistas. Lo que predomina es la consideración de que el hecho no tuvo importancia suficiente para ser denunciado, que minimizó la situación, según este informe (44,6%). Las siguientes razones son el miedo a las represalias (26,6%) y la vergüenza (un 21,1% reconoce no haber denunciado por apuro o porque no quería que nadie lo supiera).

Pero, ¿tiene que formar parte la denuncia necesariamente de este proceso? “Yo soy jueza, entonces pienso sí es necesaria la denuncia para luchar contra la violencia de género, porque es un ataque a los derechos humanos”, dice Gavilán, que es también socia de la Asociación de Mujeres Juezas de España.

Un paso de gigante

El pasado lunes, la Comisión de Mujer de la Asamblea de Madrid aprobó la reforma de dos artículos de su ley autonómica para que las víctimas puedan acceder a los recursos de la comunidad sin necesidad de denunciar ni de obtener una orden de alejamiento. Se trata de los artículos 17 y 31, que con estas modificaciones reconocerían el derecho al acceso prioritario a una vivienda con protección pública y la posibilidad de que el título habilitante pueda otorgarse con un informe técnico.

“Hay muchísimas mujeres que no denuncian y hay otras que se arrepienten de denunciar. Muchas veces se arriesgan y finalmente no les conceden la orden de protección. En Madrid se deniegan el 47% mientras que en provincias como Granada se conceden el 94%”, explica Clara Serra, diputada de Podemos en la asamblea de Madrid e impulsora de esta reforma.

Hasta ahora el acceso a los recursos era un vía crucis, tal y como relata Serra. “En el artículo 17 se decía expresamente que a la vivienda pública solo se accedía con orden de protección o denuncia. En los puntos municipales contra la violencia de género, que dan asistencia psicológica, te decían claramente que sin denuncia no te atendían. Con el acceso a otros recursos como las casas de acogida se hacían excepciones, lo que traía inseguridad jurídica”, cuenta Serra mientras festeja que, después de que la reforma pase por el Pleno de la asamblea en las próximas semanas, el acceso a estos recursos será igual para todas y “de manera inmediata, pues se debe activar en 20 días”.

El camino hacia esta reforma no ha sido fácil. El grupo de Podemos en la Asamblea registró una Proposición No de Ley en 2015 que incluía el acceso a la vivienda para todas las víctimas entre sus puntos. Esta se aprobó con el voto en contra del PP y, como no era vinculante, “el gobierno nunca hizo nada”, se queja Serra. “En 2016 presentamos una Proposición de Ley, que sí es vinculante, y se aprobó”, recuerda.

Tras esto, se constituyó una ponencia que estuvo parada durante un año a la espera de la aprobación del Pacto de Estado contra la violencia de género. En medio de este proceso el gobierno de Madrid de manera unilateral registró una reforma de los artículos 17 y 31 que hacen alusión a la vivienda y al título habilitante de víctima de violencia de género. “Su proyecto era insuficiente, decían que las mujeres accederían a los recursos sin denuncia con carácter excepcional. Al final serían ellos los que decidieran quién sí y quién no podría acceder. Yo hice una enmienda a la totalidad de ese texto que se aprobó. Se creó una segunda ponencia y ya hemos sacado adelante un acuerdo”, resume la diputada.

“Me parece un cambio muy profundo que va a tener efectos muy tangibles y de forma inmediata. Supone que las mujeres van a tener más vías para acceder a los recursos. Hay que proteger a las víctimas sin que tengan que pasar por los juzgados”, explica Serra, quien añade que profesionales como trabajadores sociales, responsables de las casas de acogida, técnicos de inspección de trabajo, médicos o profesores podrán acreditar la condición de víctima mediante un informe.

Un mapa sin uniformidad

Para las expertas, la falta de uniformidad territorial es un obstáculo. “Unificar criterios entre las comunidades autónomas sería necesario pero sobre todo porque hay que respetar los estándares internacionales. El Comité de la ONU que vela por la convención para la eliminación de la discriminación de la mujer, ratificado por España, tiene establecidos que todos los servicios de atención y recuperación integral deben de suministrarse a todas las víctimas con independencia a su grado de colaboración con el proceso judicial”, expone Cristina de la Serna, consultora de derechos humanos y violencia contra las mujeres. “En el momento en el que exiges a una mujer que denuncie y que obtenga una orden de alejamiento, estás poniendo un obstáculo en el disfrute de unos derechos que el estado tiene obligación de suministrar”, añade de la Serna.

Para esta consultora todas las leyes autonómicas deberían de guiarse por los estándares internacionales, y pone un ejemplo en el que mirarse: la ley navarra, que es de los textos más recientes —2015— y, por ello, ha tenido la capacidad de enmendar los problemas que las profesionales han ido detectando en la aplicación de la 1/2004.

“La ley navarra es la mejor ley de violencia de género con diferencia. El ejemplo paradigmático de buena práctica y en el que todas las comunidades deberían mirarse pues es un compendio de estándares internacionales”, asegura. La comunidad foral establece un listado muy amplio de las formas que tienen las mujeres de acreditar que sufren violencia. “Una de las formas de acreditarlo es con una denuncia o una orden de alejamiento. Pero también bastaría con el informe de servicios sociales. No se limita a la parte judicial”, asegura.

También la Ley para la Prevención y el Tratamiento Integral de la Violencia de Género gallega de 2007, establece diversas formas de acreditar la situación de violencia, además de la orden de protección o una sentencia: un informe de los servicios sociales o sanitarios, la certificación de los servicios de acogida de la Administración o informe de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social son algunas alternativas para que se conceda ese título.

Para Yaiza Muñoz, terapeuta de la Fundación Ana Bella de supervivientes de la violencia de género, una modificación así eliminaría una de las mayores dificultades que se encuentran las profesionales que trabajan con las víctimas. Muñoz, desde Andalucía, confirma que muchas mujeres dan un paso atrás cuando al tener esa primera iniciativa de salir de la violencia en pareja se les informa de qué supone la interposición de denuncia. “Denunciar supone un impedimento porque muchas no lo hacen en un primer momento, ya que valoran que esto puede ponerlas en una situación peor que la situación en la que se encuentran”, explica.

“En mi opinión, lo mejor en la mayor parte de las veces es poner la denuncia en algún momento; pero en algunos casos particulares la situación no resuelve la situación, sino que la empeora”, explica Muñoz.