Uruguay
Saqueo en sequía, sin agua potable en Montevideo

Montevideo se enfrenta a una crisis nunca vivida donde la salinidad del agua se mantiene pasados los meses y los niveles de cloruro y sodio duplican con holgura el estándar de la Organización Mundial de la Salud. Carlos Santos, antropólogo, docente de la Udelar e integrante de la Comisión Nacional en defensa del agua y de la vida, lo resume en una frase: “Uruguay, primer país del mundo en incluir por iniciativa popular el derecho humano al agua en su constitución, acaba de tomar una serie de medidas que determinan la no potabilidad del agua del sistema metropolitano”.

No es la primera sequía de la región, ni el primer saqueo que vive el país, pero sí está siendo una de las crisis hídricas más graves y continuadas en el tiempo. Respecto a situaciones pasadas, Daniel Pena, Sociólogo y docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Udelar habla de “una de las primeras heridas ambientales” que recuerda sentir “con fuerza entre el dolor y la perplejidad” ya que “nos habían robado la posibilidad de disfrutar de un arroyo que atraviesa la ciudad” y todo “para avanzar en el glorioso desarrollo”. Pena habla del Arroyo Miguelete en Montevideo, para relatar su “relación literalmente tóxica con las fuentes de vida”.

El pasado 5 de mayo de 2023 el Ministerio de Salud Pública “firmó el acta de defunción del agua potable pública”, en palabras de Pena. En un contexto de sequía y escasez de agua en el arroyo Santa Lucía que abastece a Montevideo, el gobierno nacional decretó que empezaría a extraerse agua del río de la Plata. Además de al sistema metropolitano, esta situación afecta a la costa del departamento de Canelones y a la ciudad de Minas, ya que el arroyo abastece de agua a una de cada seis personas uruguayas.

“Uruguay, primer país del mundo en incluir por iniciativa popular el derecho humano al agua en su constitución, acaba de tomar una serie de medidas que determinan la no potabilidad del agua del sistema metropolitano”

El país carece de la infraestructura necesaria para la desalinización, por lo que el agua distribuida por la empresa pública, OSE, contiene niveles de sodio y cloruro de alrededor de 450 y 700 mg/litro respectivamente, cantidades que doblan las recomendadas por la Unidad Reguladora de los Servicios de Agua y Energía (URSEA), en relación a las normas UNIT y a organismos de referencia internacional como la EPA o la APHA. Sin embargo, las autoridades nacionales defienden que esta agua es “apta para el consumo humano”. Frente a estas medidas, Santos establece que “en territorios como el nuestro, densamente irrigado por cursos de agua dulce, implementar políticas de protección de las fuentes de agua para consumo humano sería mucho más indicado”.

El problema es que esta situación no la solucionará la lluvia, razón por la que una de las consignas en las concentraciones autoconvocadas es “no es sequía, es saqueo”. En una situación de sequía inédita se ha permitido que las empresas forestales como UPM y Montes del Plata disminuyan la capacidad de las cuencas a la mitad. UPM es una compañía de origen finlandés que se dedica a la creación de pasta celulosa. Tiene 250 mil hectáreas de cultivo de eucaliptos, una cuarta parte del territorio, y está instalada en el país desde la década de los noventa. En Uruguay opera como Forestal Oriental S. A. Su primera fábrica de celulosa está en marcha desde el año 2007 en Fray Ventos, haciendo frontera con Argentina. De hecho, en su momento supuso un conflicto binacional entre ambos países, con gran respuesta de los movimientos ambientalistas. Este caso terminó en la Corte Internacional de la Haya. Además, el principal inversor de esta empresa es el Estado Finlandés. En Pueblo Centenario, en el centro del país, acaban de poner una segunda planta, que opera con agua del río Negro.

“El saqueo viene porque esta empresa viene a aprovechar la riqueza de recursos naturales sin pagar por ellos. La plantación de estos árboles parte de una dinámica extractiva a los nutrientes del suelo, al agua subterránea”, Santos afirma. Y es que la planta de Fray Ventos llega a utilizar un millón de metros cúbicos de agua al día por los que no se paga, lo que supone una huella hídrica mayor que la de toda la población del país. “Estas acciones son de corte colonial”, dice Santos al explicar cómo el contrato entre el Gobierno Uruguayo y la empresa compromete a Uruguay a construir un ferrocarril que conecte a la empresa y a fomentar carreras técnicas para formar trabajadoras para la planta. Además “en este caso saqueo —que se suma a los graves efectos de la sequía— implica el deterioro de la calidad de agua potable para el abastecimiento humano, en un contexto de “ofertas” de iniciativas privadas que incluyen tecnologías desalinizadoras para el Río de la Plata (Proyecto Neptuno) y —eventualmente— algunos puntos de la costa Atlántica”.

La planta de celulosa de capital finlandés en Fray Ventos llega a utilizar un millón de metros cúbicos de agua al día por los que no se paga, lo que supone una huella hídrica mayor que la de toda la población del país. “Estas acciones son de corte colonial”

El Proyecto Neptuno se encuentra actualmente en proceso de licitación y ha sido impugnado por colectivos y organizaciones sociales. Se trata de la instalación de una planta potabilizadora en la zona de Arazatí en el departamento de San José, junto con iniciativas privadas para la instalación de plantas desalinizadoras en los departamentos de Canelones y Maldonado. La flexibilización de las normas para aumentar la salinidad es para Santos “sin dudas el primer paso para una medida permanente que le permita a los privados ingresar fuertemente en el ‘negocio’ del agua potable” lo que supone una contradicción con los principios de la Constitución de Uruguay sobre el carácter público, sustentable y participativo de la gestión del agua en el país incorporados por una iniciativa popular ya en 2004.

Frente a esta situación, el Ministerio de Salud Pública advierte de la necesidad, “en caso de ser posible” de tomar agua embotellada para personas hipertensas, con patologías cardíacas o renales. Se recomienda atención a las actividades cotidianas del uso del agua, al ahorro individual. Estas restricciones de uso no controlan ni incluyen a los grandes usuarios de agua en el país: las empresas embotelladoras, las industrias o el agronegocio. Las grandes comercializadoras privadas de agua, como Salus, DINAGUA, Nativa y Vitale (de Cocacola), aumentan sus extracciones y, con ellas, sus ganancias.

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La “emergencia climática” para el sector agropecuario se declaró el mes de octubre de 2022, sin embargo, no fue acompañada de medidas preventivas, a pesar de que el déficit de precipitaciones continuaba avanzando. Incluso ya en noviembre de 2022, un grupo de investigadoras e investigadores del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias y el Centro Universitario Regional Este alertaron de que “el abastecimiento de agua potable en el sur del país, en particular en el área metropolitana, experimenta una creciente vulnerabilidad, poniendo en riesgo la soberanía nacional en el uso y acceso del agua” y pusieron a disposición sus recomendaciones y medidas preventivas, además de denunciar las problemáticas ambientales del Proyecto Neptuno.

Varey Viera, militante de la FEUU (Federación de Estudiantes Universitarios de Uruguay) e integrante de la Coordinadora por el agua y la vida puntualiza que “no es una crisis hídrica, sino ecopolítica” donde “la injerencia de las multinacionales en el territorio nos lleva a una situación donde el agua, un derecho y una necesidad básica, se ve afectada”. No se trata de los conocidos fenómenos meteorológicos del Niño y la Niña, que dan paso a la sequía que afecta al cono sur latinoamericano, sino que se suma el uso masivo y continuado de los reguladores del medio, como los humedales, para la producción de arroz, maíz o soja junto con una política de estado que ha permitido el desarrollo de los monocultivos y la acción empresarial extractiva. Por esto Viera habla de saqueo, “todo esto se da por la producción de recursos o injerencia de multinacionales para generar dinero sin importar el bienestar de la población, un robo a nuestros recursos naturales. Es parte de la política neoliberal del Estado”.

“No es una crisis hídrica, sino ecopolítica” donde “la injerencia de las multinacionales en el territorio nos lleva a una situación donde el agua, un derecho y una necesidad básica, se ve afectada”

La población contesta. Estas dos últimas semanas, cada día, han tenido lugar diversas acciones autoconvocadas. Viera explica que “la población ha reaccionario mediante acciones sin una organización central que dirija la convocatoria” consiguiendo así la “descentralización de las acciones”. De esta forma, se ha consolidado la Coordinadora por el agua y la vida, presente de diversas formas en los distintos barrios: cortes de rutas y calles, manifestaciones coordinadas con el movimiento sindical, conciertos y toques de música, murales… son solo algunas de las acciones que se siguen llevando a cabo. La reivindicación, tal y como dicen los cánticos que se escuchan en las concentraciones, es tan simple como que “agua queremos tomar, que salga limpia de la canilla”.

“Hay un límite que establecer y es urgente”, dice Santos, al demandar que “el agua para la vida no esté condicionada a las actividades extractivas”. Viera concuerda con que “pedimos que se deje de dar el agua potable a UPM y que el Estado se haga cargo de la salud de la gente”. Por eso las principales reivindicaciones sociales son la descentralización de las fuentes de agua, la promoción de la reconversión productiva a actividades sustentables como la agroecología y no la intensificación agrícola o la producción forestal sin límites.

“La discusión pública y las movilizaciones aumentan día a día tras la grave afectación al acceso al agua potable en la zona metropolitana”, cuenta Pena. Y es que tras más de un mes de alerta la situación no ha mejorado, así que las protestas se han incrementado. Viera sale a la calle “porque tiene que haber agua para todes, independientemente del lugar y contexto de donde venga” y por “una lucha contra el extractivismo y todas las formas de explotación”. Santos se une también a las movilizaciones, “por una preocupación de recomponer una dinámica de vínculo más armónico entre las personas y la naturaleza, la preocupación de que dejemos un planeta habitable y no diezmado” y es que se trata de “una reivindicación por la vida presente y futura, una búsqueda de justicia y exposición de las desigualdades que nos atraviesan para tratar de revertirlas”.